noviembre 18, 2026

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A 2 años de la Alerta de Género, los feminicidios crecieron 80% en SLP

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Alerta de Género

En los 24 meses a partir de la implementación de la Alerta de Género han ocurrido 48 feminicidios; los 24 meses previos habían registrado 18 casos

Por: Redacción

Más de 19 meses después de la solicitud, un año y medio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

A partir de la declaratoria de Alerta de Género en el estado, los feminicidios no han dejado de crecer. En los dos años que han transcurrido a partir de la implementación de la Alerta, entre junio de 2017 y mayo de 2019, San Luis Potosí ha tenido 48 casos de feminicidio.

A esa cifra habría que sumar otros homicidios de mujeres que, por sus características, no fueron considerados como feminicidio. En los dos años previos a la implementación de la Alerta, se habían registrado 18 feminicidios, de junio de 2015 a mayo de 2017.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí se dio porque, al momento de la solicitud, en diciembre de 2015, ya se consideraba alarmante el número de feminicidios ocurridos en la entidad.

El grupo de trabajo para la Solicitud de la Alerta de Género estableció que entre enero de 2011 y noviembre de 2016, 71 meses, fueron asesinadas 161 mujeres en San Luis Potosí.

43 de esos crímenes fueron investigados como feminicidios y los 118 restantes, como homicidios dolosos.

El grupo de trabajo es el cuerpo colegiado de la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, que definió que era necesaria la Alerta de Género en seis municipios del estado.

Pero si la violencia feminicida en San Luis Potosí era entonces alarmante, ¿qué adjetivo podría usarse para definir las cifras que se han alcanzado desde la implementación de la Alerta?

Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, el primero de los dos años previos a que Conavim emitiera la Alerta de Género en Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; el estado había tenido tres casos de feminicidio, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el año anterior a que la Alerta fuera implementada, el número de feminicidios en San Luis Potosí se multiplicó por cinco, comparado con los doce meses previos, pues 15 casos fueron registrados como feminicidios.

Después, a partir de la implementación de la Alerta, hace exactamente dos años, no se ha logrado detener el crecimiento en los casos de ese delito presentados en San Luis Potosí.

Entre junio de 2017 y mayo de 2018, los primeros doce meses con la Alerta de Violencia de Género en el estado, San Luis Potosí registró 21 casos de feminicidio, un incremento de 40 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2016-2017.

De junio de 2018 a mayo de 2019, los más recientes 12 meses registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en San Luis Potosí fue de 27, un incremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2017-2018.

16 ASESINATOS DE MUJERES ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019

Durante este año han ocurrido al menos 16 asesinatos de mujeres en San Luis Potosí: 12 investigados como feminicidios y cuatro como homicidios dolosos.

Por homicidios dolosos de mujeres, sin que sean considerados como feminicidios, San Luis Potosí es el sexto estado con menos casos en todo el país, después de Campeche, Veracruz y Yucatán, que de enero a abril no habían registrado ningún caso y Nayarit y Sinaloa, cada uno con un caso.

En contraste, los feminicidios en la entidad mantienen a San Luis Potosí como el noveno estado con más casos, entre enero y abril. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar, con 67; seguido del Estado de México, con 28 y Nuevo León, con 20. Después están Puebla, con 18; Chihuahua y Sonora, con 16; Jalisco y Tabasco, con 13; Ciudad de México, con 11; Coahuila, Morelos y Sinaloa, con 10 y San Luis Potosí, con 9.

En el mes de mayo ocurrieron otros tres feminicidios en San Luis Potosí, aunque la lista por entidad federativa será actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el próximo 25 de junio.

Además de los asesinatos, San Luis Potosí es el décimo lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres en el país, entre enero y abril de este año, con 660 casos. En ese mismo periodo, seis potosinas han sido víctimas de secuestro, lo que tiene al estado como el sexto lugar nacional en mujeres que han sufrido ese delito en los primeros cuatro meses de 2019.

También se registró un delito de tráfico de mujeres menores de edad en San Luis Potosí. En todo el país, de enero a abril, solo se registró otro caso, en Guanajuato.

En San Luis Potosí hubo además cuatro mujeres víctimas de corrupción de menores y dos de trata de personas.
El teléfono 911 registró 1,019 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.

Hubo en la entidad 49 casos de abuso sexual, octavo lugar nacional; y 47 de acoso u hostigamiento sexual, posición 13 en el país.

Se presentaron también 32 casos de violación, noveno lugar entre los 32 estados del país.

BUSCAN TRES MUNICIPIOS MÁS

El 19 de marzo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, afirmó que solicitarán que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.

El ombudsman comentó que dicha solicitud se enviará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que en total habría nueve municipios con Alerta de Género

: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, además de los ya mencionados.

“El primer paso es que acudiremos personalmente con la titular de Conavim, le estaremos exponiendo este informe, lo que se ha hecho desde 2015 y estaremos haciendo ya la solicitud expresa para la ampliación a tres municipios”, explicó.

López Espinosa declaró que Tamuín es el municipio más atrasado respecto al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, exhortó a los demás municipios de atender este tema.

“Primero el mensaje de cero tolerancia, la creación de las unidades, son temas muy específicos. Las unidades de atención a la violencia de género a nivel municipal solo las tienen Soledad y San Luis, es muy importante la creación de estas unidades para que se coordinen y den inmediata atención”.

Ese mismo 19 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en el que se da cuenta de una serie de deudas burocráticas que ha tenido el gobierno del estado en el cumplimiento de los puntos que forman parte de la declaratoria de Alerta de Género..

El informe explica que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal haya difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

Al día siguiente de la presentación del Informe por la CEDH, el secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, declaró que la Alerta de Violencia de Género emitida en diferentes estados de la República no es una “varita mágica” que evita los feminicidios.

“Estamos cumpliendo lo que dice la Alerta de Género, pero no es una varita mágica que te resuelva y diga que en los estados con Alerta de Género ya no va a haber feminicidios, de todos los 17 estados con Alerta de Género ninguno ha salido, ni automáticamente han bajado, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que entrarle a esto para darle certeza y seguridad a las mujeres”, dijo.

El funcionario estatal explicó que la Alerta de Género emitida en seis municipios del estado “es una normatividad y una ruta para ir cumpliendo una serie de requerimientos para la prevención, sin embargo, esto no es una limitante para el gobierno, estamos trabajando enormemente en esto, la gran ventaja es que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos, más del 70% son problemas intrafamiliares, de pareja, de noviazgo”.

Luego agregó: “esto no justifica ni da tranquilidad, seguimos trabajando, haciendo polígonos en colonias con nuevas estrategias de seguridad, (…) que haya una certeza de que pudieran transitar todas las mujeres a cualquier hora del día. No hemos fallado, nos falta mucho por avanzar”.

Al mencionarle que la CEDH afirmó que varios feminicidios registrados en San Luis Potosí pudieron evitarse con una correcta coordinación de autoridades, dijo: “hemos evitado muchos casos gracias a los refugios y a los centros de mujeres, hay otros que no hemos alcanzado a evitar, pero esto no es una justificación o una alegría, qué bueno que lo podemos hacer, pero necesitamos cero tolerancia”.

Por medio de boquete roban casa de empeño

Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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