noviembre 13, 2026

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A 2 años de la Alerta de Género, los feminicidios crecieron 80% en SLP

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Alerta de Género

En los 24 meses a partir de la implementación de la Alerta de Género han ocurrido 48 feminicidios; los 24 meses previos habían registrado 18 casos

Por: Redacción

Más de 19 meses después de la solicitud, un año y medio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

A partir de la declaratoria de Alerta de Género en el estado, los feminicidios no han dejado de crecer. En los dos años que han transcurrido a partir de la implementación de la Alerta, entre junio de 2017 y mayo de 2019, San Luis Potosí ha tenido 48 casos de feminicidio.

A esa cifra habría que sumar otros homicidios de mujeres que, por sus características, no fueron considerados como feminicidio. En los dos años previos a la implementación de la Alerta, se habían registrado 18 feminicidios, de junio de 2015 a mayo de 2017.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí se dio porque, al momento de la solicitud, en diciembre de 2015, ya se consideraba alarmante el número de feminicidios ocurridos en la entidad.

El grupo de trabajo para la Solicitud de la Alerta de Género estableció que entre enero de 2011 y noviembre de 2016, 71 meses, fueron asesinadas 161 mujeres en San Luis Potosí.

43 de esos crímenes fueron investigados como feminicidios y los 118 restantes, como homicidios dolosos.

El grupo de trabajo es el cuerpo colegiado de la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, que definió que era necesaria la Alerta de Género en seis municipios del estado.

Pero si la violencia feminicida en San Luis Potosí era entonces alarmante, ¿qué adjetivo podría usarse para definir las cifras que se han alcanzado desde la implementación de la Alerta?

Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, el primero de los dos años previos a que Conavim emitiera la Alerta de Género en Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; el estado había tenido tres casos de feminicidio, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el año anterior a que la Alerta fuera implementada, el número de feminicidios en San Luis Potosí se multiplicó por cinco, comparado con los doce meses previos, pues 15 casos fueron registrados como feminicidios.

Después, a partir de la implementación de la Alerta, hace exactamente dos años, no se ha logrado detener el crecimiento en los casos de ese delito presentados en San Luis Potosí.

Entre junio de 2017 y mayo de 2018, los primeros doce meses con la Alerta de Violencia de Género en el estado, San Luis Potosí registró 21 casos de feminicidio, un incremento de 40 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2016-2017.

De junio de 2018 a mayo de 2019, los más recientes 12 meses registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en San Luis Potosí fue de 27, un incremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2017-2018.

16 ASESINATOS DE MUJERES ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019

Durante este año han ocurrido al menos 16 asesinatos de mujeres en San Luis Potosí: 12 investigados como feminicidios y cuatro como homicidios dolosos.

Por homicidios dolosos de mujeres, sin que sean considerados como feminicidios, San Luis Potosí es el sexto estado con menos casos en todo el país, después de Campeche, Veracruz y Yucatán, que de enero a abril no habían registrado ningún caso y Nayarit y Sinaloa, cada uno con un caso.

En contraste, los feminicidios en la entidad mantienen a San Luis Potosí como el noveno estado con más casos, entre enero y abril. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar, con 67; seguido del Estado de México, con 28 y Nuevo León, con 20. Después están Puebla, con 18; Chihuahua y Sonora, con 16; Jalisco y Tabasco, con 13; Ciudad de México, con 11; Coahuila, Morelos y Sinaloa, con 10 y San Luis Potosí, con 9.

En el mes de mayo ocurrieron otros tres feminicidios en San Luis Potosí, aunque la lista por entidad federativa será actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el próximo 25 de junio.

Además de los asesinatos, San Luis Potosí es el décimo lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres en el país, entre enero y abril de este año, con 660 casos. En ese mismo periodo, seis potosinas han sido víctimas de secuestro, lo que tiene al estado como el sexto lugar nacional en mujeres que han sufrido ese delito en los primeros cuatro meses de 2019.

También se registró un delito de tráfico de mujeres menores de edad en San Luis Potosí. En todo el país, de enero a abril, solo se registró otro caso, en Guanajuato.

En San Luis Potosí hubo además cuatro mujeres víctimas de corrupción de menores y dos de trata de personas.
El teléfono 911 registró 1,019 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.

Hubo en la entidad 49 casos de abuso sexual, octavo lugar nacional; y 47 de acoso u hostigamiento sexual, posición 13 en el país.

Se presentaron también 32 casos de violación, noveno lugar entre los 32 estados del país.

BUSCAN TRES MUNICIPIOS MÁS

El 19 de marzo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, afirmó que solicitarán que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.

El ombudsman comentó que dicha solicitud se enviará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que en total habría nueve municipios con Alerta de Género

: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, además de los ya mencionados.

“El primer paso es que acudiremos personalmente con la titular de Conavim, le estaremos exponiendo este informe, lo que se ha hecho desde 2015 y estaremos haciendo ya la solicitud expresa para la ampliación a tres municipios”, explicó.

López Espinosa declaró que Tamuín es el municipio más atrasado respecto al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, exhortó a los demás municipios de atender este tema.

“Primero el mensaje de cero tolerancia, la creación de las unidades, son temas muy específicos. Las unidades de atención a la violencia de género a nivel municipal solo las tienen Soledad y San Luis, es muy importante la creación de estas unidades para que se coordinen y den inmediata atención”.

Ese mismo 19 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en el que se da cuenta de una serie de deudas burocráticas que ha tenido el gobierno del estado en el cumplimiento de los puntos que forman parte de la declaratoria de Alerta de Género..

El informe explica que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal haya difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

Al día siguiente de la presentación del Informe por la CEDH, el secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, declaró que la Alerta de Violencia de Género emitida en diferentes estados de la República no es una “varita mágica” que evita los feminicidios.

“Estamos cumpliendo lo que dice la Alerta de Género, pero no es una varita mágica que te resuelva y diga que en los estados con Alerta de Género ya no va a haber feminicidios, de todos los 17 estados con Alerta de Género ninguno ha salido, ni automáticamente han bajado, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que entrarle a esto para darle certeza y seguridad a las mujeres”, dijo.

El funcionario estatal explicó que la Alerta de Género emitida en seis municipios del estado “es una normatividad y una ruta para ir cumpliendo una serie de requerimientos para la prevención, sin embargo, esto no es una limitante para el gobierno, estamos trabajando enormemente en esto, la gran ventaja es que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos, más del 70% son problemas intrafamiliares, de pareja, de noviazgo”.

Luego agregó: “esto no justifica ni da tranquilidad, seguimos trabajando, haciendo polígonos en colonias con nuevas estrategias de seguridad, (…) que haya una certeza de que pudieran transitar todas las mujeres a cualquier hora del día. No hemos fallado, nos falta mucho por avanzar”.

Al mencionarle que la CEDH afirmó que varios feminicidios registrados en San Luis Potosí pudieron evitarse con una correcta coordinación de autoridades, dijo: “hemos evitado muchos casos gracias a los refugios y a los centros de mujeres, hay otros que no hemos alcanzado a evitar, pero esto no es una justificación o una alegría, qué bueno que lo podemos hacer, pero necesitamos cero tolerancia”.

Por medio de boquete roban casa de empeño

#4 Tiempos

Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.

Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.

Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?

La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.

Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.

Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.

En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.

Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.

Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.

¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.

Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?

Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos

.

Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.

Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.

Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.

Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.

Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.

El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.

Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?

A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.

Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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Ciudad

Galindo ve un ataque coordinado y responde: “Aquí están los documentos”

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El alcalde negó tener contratos con Gerardo Sánchez Zumaya y aseguró que las cuatro obras señaladas se asignaron mediante licitación pública

Por: Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos negó tener contratos con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Un reportaje de TV Azteca señaló cuatro obras como adjudicadas de forma directa a una empresa ligada a él. Galindo afirmó que se asignaron por licitación pública y que ya están concluidas.

“No tengo ningún contrato con Gerardo Sánchez, no tengo absolutamente ningún contrato”, dijo el alcalde. Sostuvo que no hay “una evidencia documental jurídica” que vincule al empresario con las obras.

El reportaje señaló que esas obras tienen observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Galindo respondió que las cuatro fueron auditadas por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ninguna tiene observaciones.

Según el alcalde, una de ellas pasó además por una auditoría forense, “la auditoría más fuerte que hay a nivel nacional”, y quedó “totalmente libre de observación”.

Galindo dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya hizo la aclaración ante la televisora. A su juicio, el documento en que se basa el reportaje “simplemente alguien lo filtró para allá, no se verificó”. Se comprometió a entregar este mismo viernes a los medios los números de las licitaciones, sus montos y las obras.

“Invítame, pero en el Congreso”

Para Galindo, el reportaje forma parte de un golpeteo. Dijo que llegó “despuesito” de que aclaró las licitaciones del puente Jacobo Payán. Después, según él, vinieron el IFSE, el diputado Luis Fernando Gámez Macías

, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde.

“No me siento perseguido, más bien siento que se alinean y dicen, ahora vas tú, organizan sistemáticamente el ataque del alcalde”, afirmó.

El 10 de noviembre, Serrano lo describió como alguien que “se ha declarado antigallardista”. Galindo lo invitó a debatir: “Lo considero todavía mi amigo (…) Invítame, pero en el Congreso”.

Gámez pidió que se entreguen los contratos. Galindo le respondió que el IFSE ya los tiene y que él mismo puede llevarlos al Pleno. También pidió a las demás bancadas, incluida la del PAN, que lo inviten a hablar de obras, licitaciones y auditorías. “Yo no tengo nada que ocultar”, dijo.

Galindo sostuvo que su respuesta no ha sido de ataque, sino de defensa con documentos: “Aquí está el contrato, aquí está el número, aquí está el monto, aquí está la observación, aquí no hay nada”.

TV Azteca le otorgó al Ayuntamiento el derecho de audiencia. Galindo prevé ejercerlo el lunes o el martes de la próxima semana.

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Chalita propuso eliminar impuesto sobre nómina para subir sueldos

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Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”

Por: Haniel Valdés

Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.

Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.

Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.

Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.

Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.

Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.

Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.

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Opinión

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