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A 2 años de la Alerta de Género, los feminicidios crecieron 80% en SLP
En los 24 meses a partir de la implementación de la Alerta de Género han ocurrido 48 feminicidios; los 24 meses previos habían registrado 18 casos
Por: Redacción
Más de 19 meses después de la solicitud, un año y medio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
A partir de la declaratoria de Alerta de Género en el estado, los feminicidios no han dejado de crecer. En los dos años que han transcurrido a partir de la implementación de la Alerta, entre junio de 2017 y mayo de 2019, San Luis Potosí ha tenido 48 casos de feminicidio.
A esa cifra habría que sumar otros homicidios de mujeres que, por sus características, no fueron considerados como feminicidio. En los dos años previos a la implementación de la Alerta, se habían registrado 18 feminicidios, de junio de 2015 a mayo de 2017.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí se dio porque, al momento de la solicitud, en diciembre de 2015, ya se consideraba alarmante el número de feminicidios ocurridos en la entidad.
El grupo de trabajo para la Solicitud de la Alerta de Género estableció que entre enero de 2011 y noviembre de 2016, 71 meses, fueron asesinadas 161 mujeres en San Luis Potosí.
43 de esos crímenes fueron investigados como feminicidios y los 118 restantes, como homicidios dolosos.
El grupo de trabajo es el cuerpo colegiado de la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, que definió que era necesaria la Alerta de Género en seis municipios del estado.
Pero si la violencia feminicida en San Luis Potosí era entonces alarmante, ¿qué adjetivo podría usarse para definir las cifras que se han alcanzado desde la implementación de la Alerta?
Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, el primero de los dos años previos a que Conavim emitiera la Alerta de Género en Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; el estado había tenido tres casos de feminicidio, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el año anterior a que la Alerta fuera implementada, el número de feminicidios en San Luis Potosí se multiplicó por cinco, comparado con los doce meses previos, pues 15 casos fueron registrados como feminicidios.
Después, a partir de la implementación de la Alerta, hace exactamente dos años, no se ha logrado detener el crecimiento en los casos de ese delito presentados en San Luis Potosí.
Entre junio de 2017 y mayo de 2018, los primeros doce meses con la Alerta de Violencia de Género en el estado, San Luis Potosí registró 21 casos de feminicidio, un incremento de 40 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2016-2017.
De junio de 2018 a mayo de 2019, los más recientes 12 meses registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en San Luis Potosí fue de 27, un incremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2017-2018.
16 ASESINATOS DE MUJERES ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019
Durante este año han ocurrido al menos 16 asesinatos de mujeres en San Luis Potosí: 12 investigados como feminicidios y cuatro como homicidios dolosos.
Por homicidios dolosos de mujeres, sin que sean considerados como feminicidios, San Luis Potosí es el sexto estado con menos casos en todo el país, después de Campeche, Veracruz y Yucatán, que de enero a abril no habían registrado ningún caso y Nayarit y Sinaloa, cada uno con un caso.
En contraste, los feminicidios en la entidad mantienen a San Luis Potosí como el noveno estado con más casos, entre enero y abril. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar, con 67; seguido del Estado de México, con 28 y Nuevo León, con 20. Después están Puebla, con 18; Chihuahua y Sonora, con 16; Jalisco y Tabasco, con 13; Ciudad de México, con 11; Coahuila, Morelos y Sinaloa, con 10 y San Luis Potosí, con 9.
En el mes de mayo ocurrieron otros tres feminicidios en San Luis Potosí, aunque la lista por entidad federativa será actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el próximo 25 de junio.
Además de los asesinatos, San Luis Potosí es el décimo lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres en el país, entre enero y abril de este año, con 660 casos. En ese mismo periodo, seis potosinas han sido víctimas de secuestro, lo que tiene al estado como el sexto lugar nacional en mujeres que han sufrido ese delito en los primeros cuatro meses de 2019.
También se registró un delito de tráfico de mujeres menores de edad en San Luis Potosí. En todo el país, de enero a abril, solo se registró otro caso, en Guanajuato.
En San Luis Potosí hubo además cuatro mujeres víctimas de corrupción de menores y dos de trata de personas.
El teléfono 911 registró 1,019 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
Hubo en la entidad 49 casos de abuso sexual, octavo lugar nacional; y 47 de acoso u hostigamiento sexual, posición 13 en el país.
Se presentaron también 32 casos de violación, noveno lugar entre los 32 estados del país.
BUSCAN TRES MUNICIPIOS MÁS
El 19 de marzo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, afirmó que solicitarán que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.
El ombudsman comentó que dicha solicitud se enviará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que en total habría nueve municipios con Alerta de Género 
“El primer paso es que acudiremos personalmente con la titular de Conavim, le estaremos exponiendo este informe, lo que se ha hecho desde 2015 y estaremos haciendo ya la solicitud expresa para la ampliación a tres municipios”, explicó.
López Espinosa declaró que Tamuín es el municipio más atrasado respecto al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, exhortó a los demás municipios de atender este tema.
“Primero el mensaje de cero tolerancia, la creación de las unidades, son temas muy específicos. Las unidades de atención a la violencia de género a nivel municipal solo las tienen Soledad y San Luis, es muy importante la creación de estas unidades para que se coordinen y den inmediata atención”.
Ese mismo 19 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en el que se da cuenta de una serie de deudas burocráticas que ha tenido el gobierno del estado en el cumplimiento de los puntos que forman parte de la declaratoria de Alerta de Género..
El informe explica que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal haya difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
Al día siguiente de la presentación del Informe por la CEDH, el secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, declaró que la Alerta de Violencia de Género emitida en diferentes estados de la República no es una “varita mágica” que evita los feminicidios.
“Estamos cumpliendo lo que dice la Alerta de Género, pero no es una varita mágica que te resuelva y diga que en los estados con Alerta de Género ya no va a haber feminicidios, de todos los 17 estados con Alerta de Género ninguno ha salido, ni automáticamente han bajado, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que entrarle a esto para darle certeza y seguridad a las mujeres”, dijo.
El funcionario estatal explicó que la Alerta de Género emitida en seis municipios del estado “es una normatividad y una ruta para ir cumpliendo una serie de requerimientos para la prevención, sin embargo, esto no es una limitante para el gobierno, estamos trabajando enormemente en esto, la gran ventaja es que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos, más del 70% son problemas intrafamiliares, de pareja, de noviazgo”.
Luego agregó: “esto no justifica ni da tranquilidad, seguimos trabajando, haciendo polígonos en colonias con nuevas estrategias de seguridad, (…) que haya una certeza de que pudieran transitar todas las mujeres a cualquier hora del día. No hemos fallado, nos falta mucho por avanzar”.
Al mencionarle que la CEDH afirmó que varios feminicidios registrados en San Luis Potosí pudieron evitarse con una correcta coordinación de autoridades, dijo: “hemos evitado muchos casos gracias a los refugios y a los centros de mujeres, hay otros que no hemos alcanzado a evitar, pero esto no es una justificación o una alegría, qué bueno que lo podemos hacer, pero necesitamos cero tolerancia”.
La senadora afirmó que excluir a una mujer de la política por sus vínculos familiares es violencia
Por: Redacción
La senadora Ruth González Silva afirmó que ha sido blanco de mentiras, señalamientos y críticas dirigidas a ella, a su familia y a su género, y sostuvo que ninguna mujer debe ver limitado su derecho a participar en la vida pública por sus vínculos familiares.
Lo dijo este lunes en su Segundo Informe como senadora de la República, en el Teatro de la Paz de la capital potosina, donde también negó haber expresado interés en el proceso electoral de 2027.
“Nunca me he pronunciado al respecto y jamás he dicho que quiera participar en el proceso electoral de 2027. Sin embargo, he sido blanco de mentiras, de señalamientos, de críticas, y no solamente hacia mí, sino también hacia mi familia y hacia mi género”, dijo.
Crítica a su trabajo, no a su vida personal
González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, distinguió entre el escrutinio a su trabajo legislativo y los cuestionamientos a su vida personal. Reconoció que la crítica forma parte de la democracia y que debe responder por las decisiones que toma en el Senado.
Pero, señaló, es muy distinto sostener que la vida personal de alguien determine si puede o no participar en las decisiones de su estado.
“Desacreditar, restringir o excluir a una mujer de la política por razones ajenas a su capacidad o a su desempeño está reproduciendo una forma de violencia”, afirmó.
Agregó que cuando se pretende que una mujer renuncie a participar “por el entorno que la rodea”, no solo se vulnera un derecho individual, también se debilita la democracia. “No podemos combatir las violencias contra las mujeres y al mismo tiempo tolerar las limitaciones para que puedan intervenir en la vida pública”, dijo.
La senadora anunció que defenderá ese derecho para ella y para las mujeres que quieran participar en la vida democrática de San Luis Potosí. “Antes de ser una profesionista de la comunicación, antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser esposa, incluso antes de ser senadora de la República, soy mujer”, expresó.
Para respaldar su trayectoria, mencionó sus recorridos por las cuatro zonas del estado y su trabajo en el Senado, donde, dijo, ha impulsado leyes “que han cambiado para bien la vida de millones de mexicanos y de mexicanas”.
“San Luis Potosí es tiempo de mujeres”
En la parte final de su mensaje, afirmó que, “independientemente de mis decisiones”, el proyecto político que gobierna el estado debe continuar. Llamó a preservar el transporte público digno, los programas sociales, la infraestructura carretera y las oportunidades de empleo, y advirtió que no se puede “regresar al pasado” con gobiernos que calificó de “deshumanos”.
“Así como la Presidencia de la República, San Luis Potosí es tiempo de mujeres”, concluyó.
El pasado 29 de septiembre, Gallardo Cardona dijo en entrevista que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aún no tenía la certeza de postular a la senadora a la gubernatura y que la definición llegaría entre diciembre y enero. El proceso electoral de 2027 arranca el 15 de noviembre.
Lee también: Verde aún no decide si postulará a Ruth González, afirma Gallardo
En su segundo año en el Senado presentó 91 iniciativas, 34 de ellas individuales
Por: Redacción
Ruth González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por San Luis Potosí, informó que ha presentado 134 iniciativas en sus primeros dos años en el Senado de la República. Lo dio a conocer en su Segundo Informe Legislativo, en el Teatro de la Paz.
En el segundo año presentó 91 iniciativas: 34 individuales y 57 en conjunto con el Grupo Parlamentario del PVEM.
Según su informe, el total acumulado supera por más del doble el registro previo más alto entre sus antecesores potosinos en el Senado, de 66 iniciativas conjuntas en un periodo similar. Sus iniciativas individuales superan en 53 por ciento la marca anterior, que era de 30.
En salud, propuso incorporar la salud hormonal a la atención integral y aplicar tasa cero de IVA a los equipos para medir glucosa y presión arterial. También propuso actualizar el marco jurídico del cáncer infantil y crear espacios recreativos para personas adultas mayores. Además, respaldó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales para sancionar la reincidencia en maltrato.
En educación y empleo, planteó un seguro médico escolar contra accidentes, llevar la educación cívica a los entornos digitales y estímulos fiscales para el primer empleo de jóvenes.
En materia familiar y de igualdad, propuso mecanismos judiciales para garantizar pensiones alimenticias cuando quien debe pagarlas está desempleado. También propuso medidas para reducir la brecha salarial
Desde las comisiones, participó en la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales hacia 2030 sin afectar salarios. También en la protección contra burós laborales injustificados y en la protección de la voz y la imagen de artistas frente a la inteligencia artificial.
Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, participa en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Su informe señala que en ese proceso ha defendido los empleos locales y la proveeduría de más de 113 mil micro, pequeñas y medianas empresas potosinas.
Asistieron al informe: Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado; dirigentes nacionales del PVEM, como Karen Castrejón y Manuel Velasco; senadores de Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura
Por: Redacción
El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.
Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.
Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.
Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.
Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.
Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.
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