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A 2 años de la Alerta de Género, los feminicidios crecieron 80% en SLP
En los 24 meses a partir de la implementación de la Alerta de Género han ocurrido 48 feminicidios; los 24 meses previos habían registrado 18 casos
Por: Redacción
Más de 19 meses después de la solicitud, un año y medio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
A partir de la declaratoria de Alerta de Género en el estado, los feminicidios no han dejado de crecer. En los dos años que han transcurrido a partir de la implementación de la Alerta, entre junio de 2017 y mayo de 2019, San Luis Potosí ha tenido 48 casos de feminicidio.
A esa cifra habría que sumar otros homicidios de mujeres que, por sus características, no fueron considerados como feminicidio. En los dos años previos a la implementación de la Alerta, se habían registrado 18 feminicidios, de junio de 2015 a mayo de 2017.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí se dio porque, al momento de la solicitud, en diciembre de 2015, ya se consideraba alarmante el número de feminicidios ocurridos en la entidad.
El grupo de trabajo para la Solicitud de la Alerta de Género estableció que entre enero de 2011 y noviembre de 2016, 71 meses, fueron asesinadas 161 mujeres en San Luis Potosí.
43 de esos crímenes fueron investigados como feminicidios y los 118 restantes, como homicidios dolosos.
El grupo de trabajo es el cuerpo colegiado de la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, que definió que era necesaria la Alerta de Género en seis municipios del estado.
Pero si la violencia feminicida en San Luis Potosí era entonces alarmante, ¿qué adjetivo podría usarse para definir las cifras que se han alcanzado desde la implementación de la Alerta?
Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, el primero de los dos años previos a que Conavim emitiera la Alerta de Género en Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; el estado había tenido tres casos de feminicidio, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el año anterior a que la Alerta fuera implementada, el número de feminicidios en San Luis Potosí se multiplicó por cinco, comparado con los doce meses previos, pues 15 casos fueron registrados como feminicidios.
Después, a partir de la implementación de la Alerta, hace exactamente dos años, no se ha logrado detener el crecimiento en los casos de ese delito presentados en San Luis Potosí.
Entre junio de 2017 y mayo de 2018, los primeros doce meses con la Alerta de Violencia de Género en el estado, San Luis Potosí registró 21 casos de feminicidio, un incremento de 40 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2016-2017.
De junio de 2018 a mayo de 2019, los más recientes 12 meses registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en San Luis Potosí fue de 27, un incremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2017-2018.
16 ASESINATOS DE MUJERES ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019
Durante este año han ocurrido al menos 16 asesinatos de mujeres en San Luis Potosí: 12 investigados como feminicidios y cuatro como homicidios dolosos.
Por homicidios dolosos de mujeres, sin que sean considerados como feminicidios, San Luis Potosí es el sexto estado con menos casos en todo el país, después de Campeche, Veracruz y Yucatán, que de enero a abril no habían registrado ningún caso y Nayarit y Sinaloa, cada uno con un caso.
En contraste, los feminicidios en la entidad mantienen a San Luis Potosí como el noveno estado con más casos, entre enero y abril. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar, con 67; seguido del Estado de México, con 28 y Nuevo León, con 20. Después están Puebla, con 18; Chihuahua y Sonora, con 16; Jalisco y Tabasco, con 13; Ciudad de México, con 11; Coahuila, Morelos y Sinaloa, con 10 y San Luis Potosí, con 9.
En el mes de mayo ocurrieron otros tres feminicidios en San Luis Potosí, aunque la lista por entidad federativa será actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el próximo 25 de junio.
Además de los asesinatos, San Luis Potosí es el décimo lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres en el país, entre enero y abril de este año, con 660 casos. En ese mismo periodo, seis potosinas han sido víctimas de secuestro, lo que tiene al estado como el sexto lugar nacional en mujeres que han sufrido ese delito en los primeros cuatro meses de 2019.
También se registró un delito de tráfico de mujeres menores de edad en San Luis Potosí. En todo el país, de enero a abril, solo se registró otro caso, en Guanajuato.
En San Luis Potosí hubo además cuatro mujeres víctimas de corrupción de menores y dos de trata de personas.
El teléfono 911 registró 1,019 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.
Hubo en la entidad 49 casos de abuso sexual, octavo lugar nacional; y 47 de acoso u hostigamiento sexual, posición 13 en el país.
Se presentaron también 32 casos de violación, noveno lugar entre los 32 estados del país.
BUSCAN TRES MUNICIPIOS MÁS
El 19 de marzo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, afirmó que solicitarán que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.
El ombudsman comentó que dicha solicitud se enviará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que en total habría nueve municipios con Alerta de Género 
“El primer paso es que acudiremos personalmente con la titular de Conavim, le estaremos exponiendo este informe, lo que se ha hecho desde 2015 y estaremos haciendo ya la solicitud expresa para la ampliación a tres municipios”, explicó.
López Espinosa declaró que Tamuín es el municipio más atrasado respecto al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, exhortó a los demás municipios de atender este tema.
“Primero el mensaje de cero tolerancia, la creación de las unidades, son temas muy específicos. Las unidades de atención a la violencia de género a nivel municipal solo las tienen Soledad y San Luis, es muy importante la creación de estas unidades para que se coordinen y den inmediata atención”.
Ese mismo 19 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en el que se da cuenta de una serie de deudas burocráticas que ha tenido el gobierno del estado en el cumplimiento de los puntos que forman parte de la declaratoria de Alerta de Género..
El informe explica que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal haya difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
Al día siguiente de la presentación del Informe por la CEDH, el secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, declaró que la Alerta de Violencia de Género emitida en diferentes estados de la República no es una “varita mágica” que evita los feminicidios.
“Estamos cumpliendo lo que dice la Alerta de Género, pero no es una varita mágica que te resuelva y diga que en los estados con Alerta de Género ya no va a haber feminicidios, de todos los 17 estados con Alerta de Género ninguno ha salido, ni automáticamente han bajado, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que entrarle a esto para darle certeza y seguridad a las mujeres”, dijo.
El funcionario estatal explicó que la Alerta de Género emitida en seis municipios del estado “es una normatividad y una ruta para ir cumpliendo una serie de requerimientos para la prevención, sin embargo, esto no es una limitante para el gobierno, estamos trabajando enormemente en esto, la gran ventaja es que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos, más del 70% son problemas intrafamiliares, de pareja, de noviazgo”.
Luego agregó: “esto no justifica ni da tranquilidad, seguimos trabajando, haciendo polígonos en colonias con nuevas estrategias de seguridad, (…) que haya una certeza de que pudieran transitar todas las mujeres a cualquier hora del día. No hemos fallado, nos falta mucho por avanzar”.
Al mencionarle que la CEDH afirmó que varios feminicidios registrados en San Luis Potosí pudieron evitarse con una correcta coordinación de autoridades, dijo: “hemos evitado muchos casos gracias a los refugios y a los centros de mujeres, hay otros que no hemos alcanzado a evitar, pero esto no es una justificación o una alegría, qué bueno que lo podemos hacer, pero necesitamos cero tolerancia”.
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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De forma preliminar no presentaba huellas visibles de violencia. Fiscalía ya investiga y la necropsia determinará la causa de muerte
Por: Redacción
Un hombre de entre 65 y 70 años fue localizado sin vida la noche del sábado dentro de un taxi estacionado en calles de la colonia San Ángel, en San Luis Potosí.
El hallazgo ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando vecinos de la zona reportaron a los servicios de emergencia que una persona se encontraba aparentemente inconsciente al interior de una unidad de transporte público, estacionada en el cruce de la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal.
El hombre se encontraba en el asiento del copiloto del taxi con número económico 2215. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que ya no presentaba signos vitales,
De manera preliminar, las autoridades no detectaron huellas visibles de violencia en el cuerpo; sin embargo, hasta el momento se desconoce qué provocó su fallecimiento.
Al lugar acudieron posteriormente agentes de la Policía de Investigación y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar si existe algún delito que investigar.
Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.
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