noviembre 10, 2026

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A 2 años de la Alerta de Género, los feminicidios crecieron 80% en SLP

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Alerta de Género

En los 24 meses a partir de la implementación de la Alerta de Género han ocurrido 48 feminicidios; los 24 meses previos habían registrado 18 casos

Por: Redacción

Más de 19 meses después de la solicitud, un año y medio, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el 21 de junio de 2017 la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado: Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.

A partir de la declaratoria de Alerta de Género en el estado, los feminicidios no han dejado de crecer. En los dos años que han transcurrido a partir de la implementación de la Alerta, entre junio de 2017 y mayo de 2019, San Luis Potosí ha tenido 48 casos de feminicidio.

A esa cifra habría que sumar otros homicidios de mujeres que, por sus características, no fueron considerados como feminicidio. En los dos años previos a la implementación de la Alerta, se habían registrado 18 feminicidios, de junio de 2015 a mayo de 2017.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género en San Luis Potosí se dio porque, al momento de la solicitud, en diciembre de 2015, ya se consideraba alarmante el número de feminicidios ocurridos en la entidad.

El grupo de trabajo para la Solicitud de la Alerta de Género estableció que entre enero de 2011 y noviembre de 2016, 71 meses, fueron asesinadas 161 mujeres en San Luis Potosí.

43 de esos crímenes fueron investigados como feminicidios y los 118 restantes, como homicidios dolosos.

El grupo de trabajo es el cuerpo colegiado de la Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, que definió que era necesaria la Alerta de Género en seis municipios del estado.

Pero si la violencia feminicida en San Luis Potosí era entonces alarmante, ¿qué adjetivo podría usarse para definir las cifras que se han alcanzado desde la implementación de la Alerta?

Desde junio de 2015 hasta mayo de 2016, el primero de los dos años previos a que Conavim emitiera la Alerta de Género en Tamuín, Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí; el estado había tenido tres casos de feminicidio, de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, el año anterior a que la Alerta fuera implementada, el número de feminicidios en San Luis Potosí se multiplicó por cinco, comparado con los doce meses previos, pues 15 casos fueron registrados como feminicidios.

Después, a partir de la implementación de la Alerta, hace exactamente dos años, no se ha logrado detener el crecimiento en los casos de ese delito presentados en San Luis Potosí.

Entre junio de 2017 y mayo de 2018, los primeros doce meses con la Alerta de Violencia de Género en el estado, San Luis Potosí registró 21 casos de feminicidio, un incremento de 40 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2016-2017.

De junio de 2018 a mayo de 2019, los más recientes 12 meses registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de feminicidios en San Luis Potosí fue de 27, un incremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo de 2017-2018.

16 ASESINATOS DE MUJERES ENTRE ENERO Y MAYO DE 2019

Durante este año han ocurrido al menos 16 asesinatos de mujeres en San Luis Potosí: 12 investigados como feminicidios y cuatro como homicidios dolosos.

Por homicidios dolosos de mujeres, sin que sean considerados como feminicidios, San Luis Potosí es el sexto estado con menos casos en todo el país, después de Campeche, Veracruz y Yucatán, que de enero a abril no habían registrado ningún caso y Nayarit y Sinaloa, cada uno con un caso.

En contraste, los feminicidios en la entidad mantienen a San Luis Potosí como el noveno estado con más casos, entre enero y abril. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar, con 67; seguido del Estado de México, con 28 y Nuevo León, con 20. Después están Puebla, con 18; Chihuahua y Sonora, con 16; Jalisco y Tabasco, con 13; Ciudad de México, con 11; Coahuila, Morelos y Sinaloa, con 10 y San Luis Potosí, con 9.

En el mes de mayo ocurrieron otros tres feminicidios en San Luis Potosí, aunque la lista por entidad federativa será actualizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta el próximo 25 de junio.

Además de los asesinatos, San Luis Potosí es el décimo lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres en el país, entre enero y abril de este año, con 660 casos. En ese mismo periodo, seis potosinas han sido víctimas de secuestro, lo que tiene al estado como el sexto lugar nacional en mujeres que han sufrido ese delito en los primeros cuatro meses de 2019.

También se registró un delito de tráfico de mujeres menores de edad en San Luis Potosí. En todo el país, de enero a abril, solo se registró otro caso, en Guanajuato.

En San Luis Potosí hubo además cuatro mujeres víctimas de corrupción de menores y dos de trata de personas.
El teléfono 911 registró 1,019 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres en San Luis Potosí.

Hubo en la entidad 49 casos de abuso sexual, octavo lugar nacional; y 47 de acoso u hostigamiento sexual, posición 13 en el país.

Se presentaron también 32 casos de violación, noveno lugar entre los 32 estados del país.

BUSCAN TRES MUNICIPIOS MÁS

El 19 de marzo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, afirmó que solicitarán que la Alerta de Violencia de Género se extienda a tres municipios más de San Luis Potosí: San Ciro de Acosta, Rioverde y Ciudad Fernández.

El ombudsman comentó que dicha solicitud se enviará a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por lo que en total habría nueve municipios con Alerta de Género

: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, además de los ya mencionados.

“El primer paso es que acudiremos personalmente con la titular de Conavim, le estaremos exponiendo este informe, lo que se ha hecho desde 2015 y estaremos haciendo ya la solicitud expresa para la ampliación a tres municipios”, explicó.

López Espinosa declaró que Tamuín es el municipio más atrasado respecto al cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, exhortó a los demás municipios de atender este tema.

“Primero el mensaje de cero tolerancia, la creación de las unidades, son temas muy específicos. Las unidades de atención a la violencia de género a nivel municipal solo las tienen Soledad y San Luis, es muy importante la creación de estas unidades para que se coordinen y den inmediata atención”.

Ese mismo 19 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en el que se da cuenta de una serie de deudas burocráticas que ha tenido el gobierno del estado en el cumplimiento de los puntos que forman parte de la declaratoria de Alerta de Género..

El informe explica que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal haya difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

Al día siguiente de la presentación del Informe por la CEDH, el secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, declaró que la Alerta de Violencia de Género emitida en diferentes estados de la República no es una “varita mágica” que evita los feminicidios.

“Estamos cumpliendo lo que dice la Alerta de Género, pero no es una varita mágica que te resuelva y diga que en los estados con Alerta de Género ya no va a haber feminicidios, de todos los 17 estados con Alerta de Género ninguno ha salido, ni automáticamente han bajado, es un esfuerzo de todos, todos tenemos que entrarle a esto para darle certeza y seguridad a las mujeres”, dijo.

El funcionario estatal explicó que la Alerta de Género emitida en seis municipios del estado “es una normatividad y una ruta para ir cumpliendo una serie de requerimientos para la prevención, sin embargo, esto no es una limitante para el gobierno, estamos trabajando enormemente en esto, la gran ventaja es que la mayoría de los feminicidios han sido resueltos, más del 70% son problemas intrafamiliares, de pareja, de noviazgo”.

Luego agregó: “esto no justifica ni da tranquilidad, seguimos trabajando, haciendo polígonos en colonias con nuevas estrategias de seguridad, (…) que haya una certeza de que pudieran transitar todas las mujeres a cualquier hora del día. No hemos fallado, nos falta mucho por avanzar”.

Al mencionarle que la CEDH afirmó que varios feminicidios registrados en San Luis Potosí pudieron evitarse con una correcta coordinación de autoridades, dijo: “hemos evitado muchos casos gracias a los refugios y a los centros de mujeres, hay otros que no hemos alcanzado a evitar, pero esto no es una justificación o una alegría, qué bueno que lo podemos hacer, pero necesitamos cero tolerancia”.

Por medio de boquete roban casa de empeño

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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

Culto Público, hijos de mis desvelos:

Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.

Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?

“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”

Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.

Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.

El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.

Ambos creen su verdad.

En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.

Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.

Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural

.

Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.

El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.

El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.

Unos le ponen números, pero no se trata de números.

Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.

Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.

Si suben y escalan los tonos era de esperarse.

Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.

Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: Gallardo: puente de Glorieta de la Familia lleva 35% de avance

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La profunda conexión Gómez Mont con SLP: Más allá de cuatro empresas.

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Investigación en exclusiva revela una amplia red empresarial y notarial potosina que operó detrás del caso

Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña

Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: 13 sociedades mercantiles, nueve más de las que se habían vinculado públicamente con el caso, relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.

La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.

Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.

La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.

Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.

Empresas constituidas en serie ante la misma notaría

Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.

En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.

La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.

Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.

El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.

Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.

Pero las coincidencias no terminaron ahí.

Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.

La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.

Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.

Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.

En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.

En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.

En total, seis compañías de la red se constituyeron ante el mismo notario: cinco en 2016 y una más, Arquitectura y Acabados Yardel, en julio de 2015.

Los nombres que conectan a las empresas

La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.

Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.

Además, las actas inscritas en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que fundó Vialidades del Tangamanga en 2008 y Tangamanga Innovaciones y Negocios en 2016. Ese mismo año compró el 80 por ciento de Innovación en Servicios Integrales Dicont y quedó como su administrador hasta 2018, cuando vendió sus acciones. En 2017 también fue nombrado comisario, es decir, encargado de vigilar las cuentas, de Electro-Construcciones Quiga.

Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.

El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).

La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.

El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.

Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.

En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.

Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.

Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría

La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.

La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.

Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.

En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.

Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.

En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.

Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.

Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.

El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.

El mismo objeto social en compañías diferentes

Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.

Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.

No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.

Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.

Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.

El vínculo con los millones investigados por la FGR

La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.

Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.

De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.

Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.

El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que recibieron en conjunto Tangamanga, Rancel y Comcelint, y también del valor total de los contratos federales investigados.

El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.

Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT

La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.

Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.

Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.

Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.

La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.

Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí

A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad fundada en 2010 en la Ciudad de México por Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro Mario Álvarez Puga y el potosino Sergio Martínez Vega, con un tercio de las acciones cada uno, según su acta constitutiva.

De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos. En la misma asamblea, Martínez Vega quedó como administrador único.

En esa operación, Alejandro Mario vendió todas sus acciones a su hermano Víctor Manuel, y Martínez Vega le vendió una parte de las suyas. Víctor Manuel quedó con el 70 por ciento del capital y Martínez Vega, con el 30 por ciento restante.

El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.

Según el Diario Oficial de la Federación, Mase Energy también fue incluida el 8 de abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.

Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.

La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.

En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.

Sin embargo, en las actas constitutivas de las 13 empresas y en las modificaciones societarias revisadas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.

La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.

Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.

Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.

Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso

La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.

La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.

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Frente frío 5 entraría el jueves con lluvia en la Huasteca

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La coordinadora estatal de Protección Civil dijo que será un frente de frío seco, con lluvias en la Huasteca y la zona norte

Por: Redacción

Con mucha probabilidad, el frente frío 5 ingresará el jueves a San Luis Potosí, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil.

Explicó que será un frente «distinto y peculiar» porque es de frío seco. Aun así, favorecerá lluvias fuertes y moderadas, principalmente en la Huasteca y en la zona alta y norte del estado.

El estado se mantiene bajo el frente frío 4. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, sin que se haya llegado a cero, y para el jueves se espera que baje más. Las temperaturas más bajas se han registrado en las partes altas, principalmente en el Altiplano

.

Para noviembre se esperan ocho frentes fríos y, en toda la temporada, un poco más de 60.

Ochoa Limón recomendó abrigar nariz y boca de los menores que acuden a la escuela por la mañana, para evitar contagios de enfermedades, y mantenerse atentos a la información oficial del Gobierno del Estado y del Servicio Meteorológico Nacional.

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