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Acusan a juez de despojo y corrupción a días de elección judicial en SLP
Denuncian a Juan Fernando Salazar, juez primero del ramo familiar, por abuso de autoridad, corrupción y colusión con abogados; se suma a otros testimonios públicos en su contra
Por: Redacción
A pocos días de que se celebre la elección extraordinaria del Poder Judicial en San Luis Potosí, una nueva denuncia pública pone bajo severo cuestionamiento la candidatura del juez Juan Fernando Salazar Hernández, quien busca reelegirse como juez primero del ramo familiar. La acusación, realizada por el ciudadano Omar Monsiváis Guzmán, expone presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, despojo de bienes y una red operativa de complicidades que incluiría a abogados, personal del juzgado y funcionarios del sistema judicial.
La denuncia llega en un contexto delicado: el Poder Judicial del estado enfrenta presiones sociales por mayor transparencia, imparcialidad y combate a la impunidad, justo cuando se lleva a cabo un inédito proceso de selección mediante voto ciudadano para cargos clave.
En entrevista, Omar Monsiváis relató cómo su vida cambió radicalmente tras un proceso de divorcio incausado promovido por su esposa, el cual —asegura— fue tramitado de forma irregular, violando múltiples normas del Código Civil y del Código Penal del estado. Según su testimonio, la demanda fue recibida directamente por el juez Salazar Hernández sin pasar por la Oficialía de Partes, como establece la ley.
Nuevo documento(27)“Ese simple acto administrativo ilegal descalifica todo el juicio”, afirma Monsiváis, quien incluso acudió con un notario público a constatar que el expediente jamás fue registrado en la ventanilla correspondiente: “En cambio, en solo cuatro horas ya tenían lista una orden para congelarme mis cuentas, sacar mis cosas de la casa y restringirme el acceso a mi propio domicilio”.
Nuevo documento(29)Lo que siguió, dice, fue una cadena de atropellos. Su cuenta fue congelada por 900 mil pesos, su casa fue gravada y se le impidió el acceso a bienes personales y comerciales valuados en más de dos millones de pesos, incluyendo vehículos, electrónicos y equipo profesional. También acusa que se le impuso una orden de restricción sin pruebas ni audiencia previa, en supuesta respuesta a una acusación verbal de violencia intrafamiliar.
“Ni una prueba, ni una audiencia, ni siquiera un derecho de réplica. En cambio, cuando yo interpongo un escrito en defensa propia, el juez tarda 60 días en responderlo. ¿Por qué en mi contra actúa en horas, y a mi favor, nunca?”, cuestiona.
Monsiváis asegura que detrás de estas acciones existe un “modus operandi” ya conocido entre abogados del ramo familiar en San Luis Potosí. Señala directamente al abogado de su esposa, de apellido Esparza, como parte de una red de corrupción que incluye al propio juez, a su secretaria Ana Esmeralda Badillo Martínez, y a su actuario.
“Cinco abogados míos se vendieron. Este abogado tiene poder, reparte dinero, y con eso compran resoluciones. Es una mafia judicial. Si alguien paga, te destruyen la vida”, denunció.
Como parte de su defensa, Monsiváis presentó una denuncia penal contra el juez Salazar, su equipo y el abogado Esparza. También está en curso una recusación formal para que el juez se excuse del caso. Pero ahora, dice, el objetivo no es solo que el juez deje de conocer su expediente, sino que se le inhabilite de por vida y enfrente cargos penales. 
“Este señor no puede seguir siendo juez. Ha violado al menos 11 artículos del Código Penal vigente. No es un error administrativo, son delitos con consecuencias. Tiene que pagar con cárcel, no solo con su puesto”.
Lo más alarmante es que no se trata de un caso aislado. Hace apenas unos meses, otra víctima, Liliana Vázquez, denunció públicamente haber sido despojada de su casa y dejada en la calle por resolución del mismo juez Juan Fernando Salazar, en presunta complicidad con su agresor.
Vázquez acusó a Salazar y al secretario de acuerdos Luis Daniel Cifuentes Velázquez de haberla desalojado con uso de la fuerza pública en febrero pasado, sin tomar en cuenta las múltiples denuncias de violencia que ya había presentado.
“Es el mismo patrón: despojos ilegales, complicidad judicial, desprotección institucional. Este juez no protege ni a mujeres ni a hombres, protege a quien le paga”, dijo Monsiváis al conocer el testimonio de Vázquez.
Omar Monsiváis ha sido claro en su postura: no se trata de un conflicto conyugal, ni de una disputa patrimonial. Lo que está en juego, dice, es el derecho de cualquier ciudadano a ser tratado con legalidad, imparcialidad y debido proceso.
“Lo que me hicieron fue brutal. Estoy fuera de mi casa, sin acceso a mis cuentas, sin mis herramientas de trabajo. Si no fuera por algunos amigos que me han ayudado, estaría en la calle. ¿Eso es justicia? ¿Eso merece ser juez otra vez?”, cuestionó.
Durante la preparación de su denuncia, afirma que incluso otras personas se le acercaron en las oficinas judiciales para contarle historias similares. “Hay decenas de víctimas, pero nadie se atreve a denunciar formalmente. O los callan, o los aplastan”.
La figura de Juan Fernando Salazar Hernández aparece entre los perfiles elegibles para ser ratificado o removido en la elección del próximo fin de semana.
Sin embargo, la aparición de estas denuncias públicas y penales, con pruebas notariales y expedientes documentados, ponen en entredicho la idoneidad del juez para continuar en funciones.
“Estamos a tiempo de impedir que personas con este historial permanezcan impartiendo justicia. Si gana, el mensaje será claro: la corrupción no solo es tolerada, es premiada”, concluyó Monsiváis.
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El diputado federal Jesús Valdés Peña advierte que la renovación del tratado es una oportunidad irrepetible para transformar la economía nacional desde abajo
Por: Haniel Valdés Velázquez
La Cámara de Diputados acaba de constituir la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, un órgano plural integrado por todos los grupos parlamentarios y representantes de sectores empresariales y productivos. El diputado Jesús Valdés Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó la visión con la que el Poder Legislativo acompaña este proceso.
“Estamos en nuevos paradigmas: tecnológicos, del contrato social que se está reconformando, y económicos. En este contexto, el T-MEC implica fortalecer la parte comercial de América del Norte desde abajo hacia arriba”, comentó.
El legislador subrayó que las acciones de la comisión son de seguimiento y acompañamiento —no vinculantes—, y se desarrollarán en tres etapas: foros de consulta con empresarios y sectores productivos, reuniones con legisladores de los tres países del tratado, y coordinación interinstitucional para fortalecer la certeza jurídica en materia laboral, comercial y de inversiones.
En cuanto a la agenda negociadora, Valdés Peña identificó tres prioridades: aprovechar el nearshoring para potenciar a las casi 6 millones de pymes mexicanas; fortalecer el sector automotriz y de manufactura; y avanzar en la eliminación o reducción de aranceles sobre aluminio y acero. El objetivo de fondo es incrementar exportaciones y reducir importaciones para consolidar la economía nacional.
“La parte directa de la negociación está en el Poder Ejecutivo. Sabemos que el secretario Ebrard lo llevará de manera correcta, con su experiencia y visión de Estado
El diputado también destacó los avances en la relación con Canadá: más de 400 empresas han llegado recientemente al mercado canadiense, y una misión de más de 200 empresas mexicanas visitó ese país acompañadas directamente por el secretario Marcelo Ebrard. La visión, según Valdés Peña, es trilateral: lo que está en juego es la competitividad de toda la región de América del Norte en beneficio de la población de los tres países.
La comisión está presidida por el diputado Pedro Aces y cuenta con el respaldo del coordinador parlamentario Ricardo Monreal. Los grupos de trabajo abordarán temas comerciales, de inversiones, tecnológicos y legislativos, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica que México necesita para consolidar el Proyecto México.
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Guadalupe Torres aseguró que ningún funcionario podrá relajarse o aprovecharse del cargo
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, aseguró que la administración estatal mantiene una evaluación permanente de sus funcionarios y advirtió que cualquier servidor público que incurra en actos irregulares o pretenda aprovechar el cierre del sexenio para beneficio personal será removido y denunciado.
Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que el gobierno estatal ha logrado remontar rezagos importantes en áreas como seguridad, educación, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales, lo que —dijo— se refleja en las evaluaciones nacionales que colocan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona entre los mandatarios mejor evaluados del país.
“No vamos a aflojar el paso”, afirmó Torres Sánchez, quien destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno mantiene cambios y ajustes constantes dentro del gabinete para exigir resultados.
“Estamos rompiendo viejas tradiciones sexenales donde al final del gobierno ya nadie trabajaba y muchos buscaban su famoso ‘año de Hidalgo’
El secretario añadió que todos los funcionarios estatales continúan bajo revisión permanente y dejó claro que no habrá tolerancia para posibles actos de corrupción o abuso de funciones en la recta final de la administración.
“Ninguno se puede pasar de listo. Y el que se detecte que así sea, no solo se va, sino que además será denunciado administrativa y penalmente”, advirtió.
Torres Sánchez insistió en que el gobierno estatal seguirá manteniendo el mismo ritmo de trabajo rumbo al quinto informe de gobierno y al cierre del sexenio, con énfasis en resultados y vigilancia interna.
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El alcalde indicó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación
Por: Redacción
El proceso para que Soledad de Graciano Sánchez deje de formar parte de Interapas y cuente con un organismo operador propio registra avances importantes, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien afirmó que ya existen acuerdos claros sobre los aspectos técnicos, administrativos, laborales y jurídicos que implica la transición.
De acuerdo con El Sol de San Luis, el edil informó que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Interapas y con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, en la que se revisó el estado del procedimiento y se definieron los alcances de la futura separación.
Navarro destacó que uno de los principales objetivos es consolidar una nueva estructura municipal que permita a Soledad administrar directamente los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a través de un organismo operador propio.
“Avanzamos mucho y tenemos muy claro, tanto Interapas como nosotros, cuáles son los alcances técnicos y administrativos. El tema laboral ya está definido y vamos muy sólidos en ese sentido”, señaló.
El alcalde adelantó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación, con el fin de cumplir los requisitos legales que permitan concretar la separación.
Uno de los temas centrales en las mesas de trabajo ha sido la definición de la infraestructura hidráulica que quedará bajo control de cada municipio. De acuerdo con Navarro, existe consenso en que las redes, pozos y sistemas ubicados dentro del territorio soledense deberán ser operados por el futuro organismo municipal.
Asimismo, explicó que será necesario realizar la cesión legal de derechos de los pozos de abastecimiento para que el municipio pueda asumir formalmente la titularidad de estas fuentes de extracción.
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