El trámite para el permiso de explotación se realiza en la Secretaría de Economía y en al menos otras 8 dependencias del Gobierno Federal.

Por: Redacción 

El Gobierno del Estado puntualiza que es competencia exclusiva del Gobierno Federal otorgar o no la autorización a la empresa Cemat Construction, para desarrollar un proyecto industrial vinculado a la producción de cemento en el ejido Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo.

El secretario de Desarrollo Económico, Jesús Salvador González Martínez manifestó que actualmente, la empresa se encuentra negociando con las y los ejidatarios la posible adquisición de 500 hectáreas de terreno de uso común que requiere y la decisión de vender o no corresponde exclusivamente a estas personas. En caso de concretarse la transacción será la Secretaría de Economía la responsable de otorgar la concesión para la explotación del yacimiento.

La pres encia de funcionarios de la secretaría a su cargo, concretamente de la Dirección de Minería,

Este proyecto de inversión contempla un desarrollo a tres años, con un capital de 400 millones de dólares y la generación de hasta 2 mil empleos directos en distintas fases del proyecto.

Aún con la oportunidad que representa para el Estado el hecho de que se invierta en una zona donde hacen falta fuentes de empleo y donde existen marginación y una migración histórica, corresponde al Gobierno Federal y a los ejidatarios la decisión de si la empresa se instala o no en esa zona.

También se propone la modificación de la denominación del pasaje de los Potosinos Ilustres a “Pasaje de Potosinas y Potosinos Ilustres”

Por: Redacción

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I “Profesor Carlos Jonguitud Barrios”, para que en el ámbito de sus obligaciones se tomen medidas necesarias para garantizar la inclusión y el reconocimiento de las mujeres potosinas en el pasaje de los Potosinos Ilustres.

La propuesta de la diputada Jessica Gabriela López Torres establece que, para ello, se solicita la instalación de esculturas que brinden homenaje a mujeres potosinas que hayan realizado contribuciones significativas en diversos ámbitos de la sociedad y que formen parte del legado histórico y cultural del Estado.

Se propone la modificación de la denominación del pasaje de los Potosinos Ilustres a “Pasaje de Potosinas y Potosinos Ilustres”, a fin de reflejar un reconocimiento objetivo de las figuras históricas del estado. También, la elaboración de un marco normativo que establezca criterios, objetivos y con perspectiva de género para la selección de personalidades a ser homenajeadas en dicho espacio, con el propósito de garantizar la inclusión y evitar futuras emisiones de carácter discriminador.

La diputada Jessica Gabriela López Torres dijo que “buscamos que haya acciones que visibilicen a las mujeres en la historia. San Luis Potosí le ha dado al país mujeres potosinas muy creativas, muy capaces, mujeres en la ciencia, mujeres en el arte y la cultura y me percaté que en uno de los pasajes más importantes de un acceso que es completamente familiar y recreativo, no existíamos”.

No descartó que haya reuniones con las autoridades correspondientes para aterrizar la propuesta establecida en el exhorto, “siempre he buscado la cercanía con quienes forman parte de lo que yo propongo. En la reforma a Ley Orgánica al Poder Judicial, por ejemplo, que es una de nuestras iniciativas más importantes y que pronto tendrá que salir, hemos mantenido reuniones con el Poder Judicial”.

Señaló la legisladora que “resaltar la labor de las mujeres en monumentos y espacios públicos es una acción  positiva clave para visibilizar su papel en la historia, la cultura, la ciencia, el arte y la vida social del país; durante mucho tiempo, las contribuciones de las mujeres fueron ignoradas o minimizadas en los relatos oficiales y en la construcción simbólica del espacio público, por ello, el incorporar en diversos espacios públicos la labor de mujeres destacadas no solo repara esa deuda histórica, sino que también inspira a nuevas generaciones a reconocer el valor de la igualdad y la inclusión”.

En la reunión de la Comisión de Igualdad de Género estuvieron la presidenta diputada Roxanna Hernández Ramírez, la vicepresidenta diputada Jacquelinn Jaúregui Mendoza, el secretario diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y la vocal diputada Gabriela López Torres. El Punto de Acuerdo será sometido a la consideración del Pleno en sesión ordinaria.

También lee: Piden diez años de cárcel a quienes maten perros en SLP

Colectivos animalistas en SLP exigen penas más severas por maltrato animal

Por: Redacción

Este lunes, colectivos animalistas se manifestaron frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir penas de hasta 10 años de cárcel a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. Durante la protesta, salió a la luz el testimonio de una mujer de la colonia Satélite, quien denunció que su vecino envenenó a su perrita. Tras meses de lucha legal, el responsable so lo fue sancionado con una multa de dos mil pesos.

La afectada relató que, tras antecedentes de envenenamiento en su zona, decidió instalar cámaras de seguridad en su domicilio. Gracias a estas grabaciones, pudo documentar el momento en que el agresor roció veneno en la comida que su mascota terminó consumiendo. Con esas pruebas, acudió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para presentar la denuncia formal.

Después de una larga espera y varias gestiones, el presunto responsable fue citado. Sin embargo, la resolución resultó profundamente decepcionante para la denunciante: apenas una multa administrativa. “Solo le pusieron una sanción de dos mil pesos… ¿eso es lo que vale la vida de un animal?”

El caso fue presentado como parte del respaldo a una iniciativa que busca reformar el Código Penal local para endurecer las sanciones por maltrato animal. Actualmente, aunque la ley establece penas de hasta cinco años por matar a un perro o gato, en la práctica la mayoría de los casos se castigan con multas mínimas o ni siquiera llegan a judicializarse.

Los colectivos exigen penas de hasta 10 años de prisión para quienes cometan estos delitos, argumentando que, sin castigos ejemplares, la impunidad alimenta la violencia. También señalaron que muchos agresores ni siquiera pisan la cárcel, lo que convierte estos crímenes en simples faltas administrativas.

“El maltrato animal no es un tema menor: quien es capaz de asesinar a un ser vivo indefenso, puede escalar su violencia. Necesitamos leyes con verdadero impacto”, reclamaron los activistas.

También lee: Piden diez años de cárcel a quienes maten perros en SLP