mayo 5, 2026

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Congreso del Estado

Morena propone prisión para quienes ejerzan cobranza ilegítima en SLP

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El diputado Antonio Lorca presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para cualquier acto de molestia indebida a un deudor

Por: Redacción

José Antonio Lorca Valle, diputado local en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa de reforma al artículo 168 BIS del Código Penal del Estado, para imponer prisión de 1 a 4 años y multa de 150 a 300 unidades de medida y actualización a quien cometa el delito de cobranza ilegítima, enmarcado como un delito delito que, con la intención de requerir el pago de una deuda ya sea propia del deudor, o quien funja como referencia o aval, utilice cualquier medio ilícito, efectúe actos de hostigamiento, intimidación, amenazas de cualquier índole, actos de molestia al deudor, o violencia física, sin mediar orden emanada de autoridad competente.

Lorca Valle indicó que esta iniciativa fue presentada al Pleno del Congreso del Estado con la finalidad de instrumentar esta reforma de tipo penal y de cobranza ilegítima, ampliar sus supuestos y aumentar las penas aplicables, para mejorar la protección a los deudores.

La propuesta también establecerá que, de acuerdo al Título Segundo Delito Contra la Paz, y la Seguridad de las Personas en su capítulo IX Amenazas del Artículo 165 BIS, se plantea que “además de las sanciones que correspondan, si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión, o si se empleó violencia física, se podrá configurar el delito de cobranza ilegítima

”.

El diputado local expuso que en caso de incurrir en usurpación de funciones o de profesión, al realizar estas acciones, se aplicarán las reglas del concurso de delitos previstas en este Código.

La tipificación de este delito aplica también a las acciones realizadas por terceros independientes de quien otorgó el crédito originalmente, sin menoscabo del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza”, añadió.

Antonio Lorca aclaró que “no constituye cobranza ilegitima el acto de informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles”.

La iniciativa del diputado José Antonio Lorca Valle, fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y discusión.

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Congreso del Estado

Congreso busca autonomía financiera como derecho de mujeres víctimas de violencia

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El fortalecimiento de la autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia

Por: Redacción

Con el objetivo de incorporar la autonomía financiera como derecho y como eje de acción programática, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.

La iniciativa propone establecer que las mujeres víctimas de violencia tendrán derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera y formación para el trabajo, así como a cursos, talleres y otras herramientas orientadas al desarrollo de la autonomía económica y financiera, que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.

La legisladora indicó que esta propuesta responde a una re alidad concreta

, ya que no basta con proteger, es necesario generar condiciones para que las mujeres puedan reconstruir sus vidas con independencia y seguridad, por lo que este enfoque permite avanzar hacia una igualdad sustantiva y no solo formal.

El fortalecimiento de l a autonomía económica también contribuye a reducir la reincidencia de la violencia, ya que estudios recientes han señalado que las mujeres con ingresos propios tienen hasta un 50 por ciento menos de probabilidad de regresar con su agresor

, lo que revela la importancia de no limitar las acciones del Estado a medidas de protección, sino avanzar hacia estrategias de empoderamiento sostenido.

Agrega que experiencias nacionales e internacionales muestran que cuando las mujeres acceden a capacitación laboral y educación financiera, incrementan sus ingresos entre un 20 y un 30 por ciento en promedio. Además, tienen mayores probabilidades de iniciar pequeños negocios o incorporarse al mercado formal de trabajo. Esto no solo mejora su calidad de vida, también tiene efectos positivos en sus familias y comunidades.

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Congreso del Estado

Aprueban reforma a la ley de ganadería para incorporar perspectiva de género

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La inclusión de las mujeres rurales en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, y mejorar la seguridad alimentaria: Dip. Dulcelina Sánchez de Lira

Por: Redacción

Con el objetivo de garantizar que el Poder Ejecutivo incorpore un enfoque de igualdad de género en el sector pecuario, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado, aprobó la reforma a la Ley de Ganadería del Estado de San Luis Potosí.

La propuesta busca asegurar que las mujeres dedicadas a la actividad pecuaria, particularmente en zonas rurales, cuenten con un acceso equitativo a recursos, proyectos productivos y programas de impulso al campo.

Al respecto, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, promovente de la iniciativa, señaló que la incorporación de la perspectiva de género en esta legislación no responde a una tendencia discursiva, sino a una realidad social que exige acciones concretas para fortalecer el desarrollo rural.

Dijo que, “la omisión de este enfoque limita el potencial del sector, al mantener en condiciones de desventaja estructural a una de sus fuerzas productivas más importantes, como lo son las mujeres”.

Expuso que como parte del dictamen, se plantea la reforma de las fracciones VII y VIII del artículo 9º, así como la adición de la fracción IX al mismo artículo y la incorporación del artículo 37 BIS.

Durante la sesión de trabajo, la legisladora destacó que, integrar la perspectiva de género

en la planeación, regulación, fomento y desarrollo de la actividad pecuaria permitirá avanzar hacia la igualdad sustantiva, fomentar la participación efectiva de las mujeres y garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, apoyos, capacitación, tecnología y oportunidades dentro del sector.

Asimismo, subrayó que el Estado debe actuar ante las evidencias de desigualdad y generar condiciones materiales que permitan el ejercicio pleno de los derechos.

Reconocer a las mujeres rurales desde un enfoque de interseccionalidad es fundamental, ya que su inclusión en igualdad de condiciones contribuye a incrementar la productividad, mejorar la seguridad alimentaria, diversificar los ingresos y fortalecer la resiliencia ante situaciones de crisis”.

En la sesión estuvieron presentes el diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión; la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, vicepresidenta; la diputada Nancy Jeanine García Martínez, secretaria; y el diputado Marcelino Rivera Hernández, vocal.

El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.

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Congreso del Estado

Proponen cartilla electrónica de vacunación en San Luis Potosí

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La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física

Por: Redacción

La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.

La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e  incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.

Dicha cartilla  misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud  como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.

En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.

Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.

Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.

Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.

Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.

La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.

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