Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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El diputado del PAN señaló que las inconformidades en clínicas y hospitales federalizados reflejan problemas estructurales y cuestionó la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y las dificultades del IMSS-Bienestar
Por: Redacción
El diputado Rubén Guajardo Barrera pidió atender a la brevedad las demandas del personal médico de clínicas y hospitales federalizados, cuyas inconformidades han derivado en marchas y bloqueos pacíficos en distintas partes del país.
El legislador señaló que las condiciones del sistema de salud han generado malestar entre los trabajadores del sector y consideró que las protestas reflejan problemas estructurales que requieren soluciones inmediatas
Guajardo Barrera sostuvo que las deficiencias en materia de salud no son recientes, pero afirmó que se han acentuado desde el inicio de la actual administración federal. Entre los cambios que cuestionó mencionó la desaparición del Seguro Popular
El diputado recordó que la Federación asumió la responsabilidad de la política pública de salud, mientras que los gobiernos estatales dejaron de operar hospitales y mantienen principalmente funciones relacionadas con la prevención.
Ante este escenario, consideró necesario revisar de manera integral las políticas públicas implementadas para mejorar el sector, así como conocer las condiciones actuales de los servicios médicos y las responsabilidades de las autoridades involucradas.
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El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Educación para atender la violencia contra el personal educativo
Por: Redacción
Cuando un estudiante agreda a un maestro o a otro trabajador de su escuela, sus madres, padres o tutores deberán participar en procesos obligatorios de orientación y acompañamiento. Así lo establece una reforma a la Ley de Educación del Estado que el Congreso aprobó por unanimidad en sesión ordinaria.
La reforma agrega el artículo 83 Bis a la ley. Además de atender la violencia contra el personal docente, obliga a las escuelas a aplicar programas de formación en valores, cultura de paz, empatía y resolución pacífica de conflictos.
Qué deberán hacer las escuelas
En los casos en que un estudiante cometa actos de violencia contra el personal docente o educativo, las autoridades escolares deberán aplicar medidas formativas y correctivas “con enfoque educativo y restaurativo”. Se trata de que el estudiante entienda el daño y lo repare, más que de un castigo.
Si hubo daños, las autoridades deberán promover los mecanismos legales para que se reparen, conforme a la ley.
La reforma también pide a las escuelas que tengan acciones para prevenir, detectar a tiempo y atender la violencia escolar; que capaciten de forma continua a docentes y directivos en manejo de conflictos, y que tengan protocolos claros de actuación ante agresiones contra cualquier integrante de la comunidad educativa, en particular contra los maestros.
Otras reformas de la sesión
En la misma sesión, el Congreso aprobó la convocatoria para la Presea al Mérito Plan de San Luis 2026 y reformas para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin necesidad de un representante legal.
También aprobó reconocer la violencia digital contra las personas adultas mayores y definir en la ley qué es un evento deportivo masivo.
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Cuauhtli Badillo dijo que primero deben tener voluntad y que después se podrán analizar reformas en el Congreso
Por: Redacción
Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos por incumplir en materia de seguridad, aunque consideró prudente analizar en el Congreso reformas para empujar a los ayuntamientos.
Badillo dijo que el secretario de Seguridad del Estado le planteó propuestas de sanciones, pero que él no es partidario de “estrategias tan punitivas”. “Primero deben tener voluntad los alcaldes, las alcaldesas, y después ir aterrizando a otras estrategias”, afirmó.
El diputado reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo mínimo de 14 mil pesos para los policías municipales. La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija ese salario para los policías de los 59 municipios, con plazo que venció el 31 de agosto. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados.
Badillo dijo que muchos policías municipales ni siquiera están certificados y que lo primero es que todos tengan su Certificado Único Policial (CUP)
Dijo también que el año que entra entrará en vigor un cambio con el que las policías estatales y municipales tendrán tareas de investigación.
Badillo espera que el gobernador, que encabeza el Consejo de Seguridad, lo convoque a la brevedad para dar seguimiento a la reunión pasada, conocer las problemáticas y saber en dónde puede entrar la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Defensa Nacional.
Afirmó que hay buena coordinación entre el gobierno federal y el del Estado, pero que hace falta seguir exhortando a los alcaldes a apoyar a sus policías municipales.
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