Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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La Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes
Por: Redacción
Para fortalecer y garantizar la implementación de mecanismos de difusión de la Alerta Amber en el estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 23 BIS a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora señaló que la Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo de sufrir daños por motivo de su no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.
Afirmó que fortalecer la difusión de la Alerta Amber es necesario e implica aprovechar los medios que ya se conocen e implementan, y emplear nuevas herramientas tecnológicas como las redes sociales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea y alianzas con empresas privadas que permitan que la ciudadanía se convierta en un aliado fundamental y estratégico en la búsqueda de personas.
Por ello, propone que las instituciones de seguridad pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán y brindarán apoyo inmediato a la autoridad competente en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas conforme a la legislación aplicable, para la difusión de boletines o alertas oficiales, incluidos los mecanismos de alerta Amber u otros análogos, a través de mensajes SMS o los medios tecnológicos disponibles, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren.
Se busca que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral
Por: Redacción
Con el objetivo de que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos legalmente como experiencia laboral, la diputada Ma. Sara Roche Medina, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado; y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta reforma, se busca que las autoridades educativas en coordinación con las instituciones de educación superior en el Estado, promuevan y garanticen que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral previa para efectos de contratación.
Para tal fin, se propone que la constancia o diploma de terminación emitida por la institución educativa deberá detallar las actividades y competencias desempeñadas, la cual tendrá validez oficial como comprobante de experiencia profesional. autoridades competentes a emitir certificaciones con validez oficial para fortalecer la empleabilidad y contratación futura de las y los jóvenes.
La legisladora señala en su exposición de motivos que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las y los jóvenes egresados en el Estado de San Luis Potosí, es la exigencia de tener experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo.
Aprobada iniciativa de la diputada para permitir regulación integral de inteligencia artificial
Por: Redacción
La diputada local Jessica Gabriela López Torres logró la aprobación unánime en la LXIV Legislatura de la derogación de artículos del Código Penal estatal que regulaban el uso de inteligencia artificial.
En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron el Decreto que elimina el artículo 187 TER y el Capítulo V, titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, junto con los artículos 272 BIS y 272 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por López Torres y por ciudadanas y ciudadanos que participaron en el análisis del dictamen. El voto unánime de la legislatura refleja un consenso político en torno a la necesidad de replantear cómo el estado regula la inteligencia artificial y, especialmente, cómo define y sanciona el “uso indebido” de esta tecnología en contextos de comunicación pública.
La decisión legislativa es más apertura que cierre. El Congreso enfatizó que la derogación “no limita la potestad del Congreso del Estado para continuar el análisis y, en su caso, desarrollar un marco jurídico integral en materia de inteligencia artificial”. Con la eliminación de estas tres normas, la legislatura abre espacio para una nueva regulación “sustentada en parámetros de control de regularidad constitucional”, es decir, con especial cuidado en que cualquier restricción a la tecnología no contravenga derechos constitucionales.
Para construir ese marco, el Congreso propiciará “mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa” que incluyan a instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos. Este enfoque sugiere que la legislatura busca escuchar más allá de su propio hemiciclo antes de escribir nuevas normas.
La próxima sesión de la Diputación Permanente está programada para el viernes 7 de agosto de 2026 a las 9:00 horas.
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