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Médicos presuntamente responsable de la muerte de la niña Camila fueron liberados
Enfrentarán en libertad su proceso y cuentan con el respaldo del Colegio de la Profesión Médica
Por: Ana G Silva
El domingo 16 de octubre, los tres médicos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos señalados como responsables del fallecimiento de Camila, la menor que fue declarada dos veces muerta en el municipio de Salinas, fueron vinculados a proceso con el retiro de la medida cautelar de prisión preventiva, informó José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado. Luego de esto, Antonio Chalita Manzur, presidente del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, celebró la decisión, pues argumentó que los involucrados en el caso tienen derecho a defenderse en libertad bajo el precepto de presunción de inocencia.
Chalita Manzur comentó que la negligencia médica implica un descuido de “algo que se dejó de hacer y que se podía hacer”, y en el caso de los doctores aún no se les ha pedido por parte de la Fiscalía General del Estado participar en el expediente de Camila, para conocer si hay responsabilidad médica:
“Nosotros vamos a designar peritos en pediatría y urgencias médicas para que ellos vean cómo estuvo el proceso y se pueda decir si hubo responsabilidad médica civil o no”.
El presidente del Colegio de la Profesión Médica resaltó que muchos de estos hospitales comunitarios son carentes de materiales y ya se ha pedido a las autoridades equiparlos, pues cuando suelen suceder hechos parecidos los médicos no tienen con qué trabajar.
“Para poder determinar el fallecimiento en el caso de la niña, se necesitaba un encefalograma que registra la actividad cerebral y este estudio demuestra la muerte cerebral ya no hay nada que hacer; si no se hace de forma clínica, esto con la ausencia de respiración, ausencia de pulso y ausencia de reflejos neurológicos, que es como seguramente hicieron en la muerte de la pequeña 
Antonio Chalita indicó que el grupo MEDICAL Legal Center, ahora defensa de los doctores involucrados, se ofreció a tomar el caso de manera gratuita y solicitó al juez que el proceso fuera llevado en libertad, pues aseguró que este homicidio había sido clasificado como doloso y se logró reclasificar a culposo.
“El Colegio de la Profesión Médica nos manifestamos porque el acto médico no es algo que se cometa de forma dolosa, sino que es para ayudar a las personas, por eso pedimos a las autoridades de la Fiscalía que se reconsiderara el delito que se les imputan a los médicos y se reclasificaron porque no era posible, además de que los médicos llevarán su proceso en libertad”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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