marzo 31, 2026

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UASLP recibiría este año más de 400 denuncias por violaciones a derechos

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Algunas de estas serían presentadas contra profesores, profesoras alumnos, alumnas y personal administrativo por violencia de género,  hostigamiento o acoso sexual

Por: Ana G Silva

Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de a Defensoría de Derechos Universitarios, indicó que en lo que va del 2022 se han recibido 131 quejas y denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y se espera que para el cierre de este año serían más de 400, de las cuales el 30 por ciento corresponden a violencia de género, hostigamiento o acoso sexual por parte de profesores, profesoras, alumnos, alumnas y personal administrativo.

La titular de la Defensoría destacó que en 2020 se atendieron 124 casos de violaciones a derechos humanos, de los cuales 17 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual; en 2021 fueron 168 de los cuales 38 eran por violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, esto a pesar que en este periodo la mayoría de las clases se impartieron a distancia debido a la pandemia por el covid-19.

Navarro Sánchez detalló que en el caso de la violencia de género en los últimos años se dio entre pares, es decir compañeros; además de que han notado una nueva forma de violencia contra las mujeres, como es la violencia digital al compartir imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la persona.

La abogada señaló que las estudiantes han dado a conocer grupos y un canal de Telegram donde se comparten “packs”, que tiene más de dos mil usuarios. En lo que va del año hay cinco denuncias por violencia digital, mientras que en 2021 fueron dos, las cuales la Fiscalía General del Estado tiene conocimiento.

Urenda Navarro resaltó que del 100 por ciento de las denuncias que se hacen de violación de derechos humanos en la UASLP, el 30 por cuento corresponden a violencia de género o hostigamiento o acoso sexual, el resto de violeaciones de derechos universitarios.

“Cuando llega una víctima de violencia de género hay una unidad de atención temprana que recibe y se hace una evaluación de riesgo porque con eso determinamos si requiere una medida cautelar, antes siquiera de interponer una denuncia, la medida corresponde a la situación en particular, se le canaliza a la unidad de atención psicológica que a su vez sirve como un dictamen de afectación del daño, que se integra al expediente de investigación”.

Navarro Sánchez resaltó que la Defensoría está conformada por 22 personas, 11 de base y otras 11 por prestación de servicios y prácticas profesionales.

El 99 por ciento está integrada por mujeres con tres áreas prioritarias: una Defensoría de Quejas y Denuncias, una Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión y una Visitaduría General.

Urenda Navarro comentó que se debe entender que no todos los casos son de acoso o hostigamiento sexual, algunos de estos son de violencia de género:

“Sabemos que la comunidad puede enunciar una práctica y violencia de género como acoso y hostigamiento porque no son la parte técnica y no necesariamente tienen que saber a lo que se enfrentan, por ejemplo una mirada lasciva no es acoso ni hostigamiento, es un tipo de violencia, para que sea acoso o hostigamiento tiene que haber dos elementos: en el hostigamiento tiene que haber una relación supra subordinación como la de profesor-alumna, el acoso es entre pares, por ejemplo entre estudiantes. Para que se configure el acoso o hostigamiento lo que tiene que existir es el elemento del chantaje, el dar a cambio de algo, cuando no lo hay estamos ante otro tipo de violencia, aunque no quiere decir que la violencia sexual no sea grave”.

La titular de la Defensoría argumentó que en 2020 se creó un protocolo para establecer parámetros de definición para la aplicación de sanciones, los cuales son la gravedad de la conducta e intensidad del daño. Hay cuatro sanciones, actuando conforme a derecho, que son: la destitución de cargos y comisiones, amonestaciones, suspensión y rescisión de la relación laboral. El acoso y hostigamiento amerita recesión de la relación laboral y el resto de las conductas tendrá que ponderarse.

La contraparte tiene derecho a un debido proceso y a los mecanismos de defensa, muchos se han amparado, y los procesos se interrumpen porque ya no se pelean internamente sino ante un juzgado de distrito para determinar quién tiene la razón, si el trabajador o la universidad. Aunque todos los amparos que lleva la Defensoría los hemos ganado”.

Finalmente, Urenda Navarro dijo que en 2021 se logró expulsar a un profesor denunciado de hostigamiento, dos fueron destituidos de su cargo permanentemente y otro fue suspendido sin goce de sueldo por un año.

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Semujeres gestiona 40 mdp para atención a mujeres en SLP

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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios

Por: Redacción

Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.

Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.

En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.

“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”,

subrayó.

Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.

Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.

Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.

Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.

Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.

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¿Castigar más a menores? Gobierno estatal abre discusión tras delitos graves

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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.

El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.

“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.

Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.

“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.

“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.

No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.

“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.

Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.

“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.

“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.

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Ciudad

“Estamos igual que hace 4 años”: Galindo sobre separación de Soledad del Interapas

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El alcalde de SLP dijo que no existe solicitud formal ni pronunciamiento del Congreso o del municipio de Soledad

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que la posible separación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador Interapas no ha tenido avances y permanece en el mismo punto que hace años.

El edil señaló que, hasta el momento, no existe una solicitud formal ni un posicionamiento institucional que permita concretar el proceso: “Estamos exactamente igual que hace cuatro años. No hay una solicitud, no hay una petición, no hay un pronunciamiento del Congreso”, afirmó.

Galindo Ceballos añadió que tampoco hay una postura clara por parte de los municipios involucrados, incluido el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, ni de otras autoridades como Villa de Pozos o Cerro de San Pedro.

En otro tema, el alcalde desmintió versiones sobre un supuesto desmantelamiento de instalaciones del Interapas en Soledad,

calificando esa información como incorrecta. No obstante, reconoció que actualmente no hay un titular designado en esa zona, situación que —dijo— se mantiene desde hace más de cinco meses.

Explicó que el nombramiento corresponde, por cortesía política, al gobierno de Soledad, aunque también puede ser definido por la dirección del organismo: “Es una cortesía política que la Junta de Gobierno le deja al alcalde de Soledad”, indicó.

Ante ello, adelantó que buscará dialogar con el edil soledense para que se proponga y nombre a un encargado de despacho en el corto plazo: “Me urgiría que nombraran un encargado ya de Soledad”, concluyó.

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