#4 Tiempos
El enemigo | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Desde el mes pasado, la Fiscalía General de la República ha solicitado ya en dos ocasiones a un juez federal que libre órdenes de aprehensión a 31 académicas y académicos del país, denunciados por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de delincuencia organizada. En ambas ocasiones, los jueces federales han rechazado la solicitud de la Fiscalía, argumentando con sobrada razón, por un lado, que no existen elementos suficientes en el acervo probatorio y, por otro, que sencillamente no hay delito. Sin embargo, la Fiscalía ha anunciado sus intenciones de intentar por tercera vez conseguir que se giren dichas órdenes de aprehensión para que las y los académicos acusados lleven su proceso desde prisión.
Sin anticiparnos a la eventual decisión del juez al que se le presente el caso, considero que es importante reflexionar qué hay detrás de un procedimiento así y por qué es tan preocupante. Antes de ello, hay que reconocer que, naturalmente, es válido cuestionar e investigar cómo se han estado operando y gastando los recursos públicos, sin importar que se trate de la comunidad científica o no. Sin embargo, es necesario precisar que esa no es la historia que nos está contando el Gobierno Federal y la Fiscalía. El verdadero relato del oficialismo ubica a la comunidad científica como una suerte de enemigo a vencer. Las acusaciones que ahora impulsa con tanta urgencia la Fiscalía son solo un capítulo más; uno más incisivo y desproporcionado que los anteriores.
Desde el inicio de la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del CONACYT, la comunidad científica ha sido objeto de recortes desproporcionados a su presupuesto, descalificaciones, desmantelación de sus estructuras y, ahora, de persecuciones penales.
Justo durante los primeros meses del inicio de la pandemia, el presidente de la República decretó recortar en un 75% el presupuesto operativo de toda la administración pública federal durante 2020, lo cual, evidentemente impactó con mayor fuerza a las dependencias de cultura, arte, ciencia y tecnología y sus ya limitados recursos. Por fortuna, luego de algunas semanas de presión, los Centros Públicos de Investigación quedaron exentos de este recorte al presupuesto. Sin embargo, meses después llegó uno de los principales embates dirigidos a la comunidad científica. Se trata, sin duda, de la extinción de más de 60 fideicomisos operados por el CONACYT y de otros 26 operados por Centros Públicos de Investigación. El Poder Legislativo simuló con el parlamento abierto y, de un plumazo, acabaron con un instrumento —si bien perfectible— bastante eficiente para la operación de los recursos. Así, el Gobierno Federal minó la autonomía de los Centros Públicos de Investigación, al eliminar el instrumento jurídico que les permitía llevar a cabo proyectos multianuales sin estar sujetas sus operaciones únicamente al presupuesto que reciben año con año.
Posteriormente, sin consultar ni tomar en cuenta a la comunidad científica, el CONACYT aprobó el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, en donde excluyeron a más de 1,600 investigadores de instituciones privadas de recibir apoyos y estímulos económicos. De la misma manera, las convocatorias y becas para proyectos de investigación y posgrados en el extranjero se redujeron dramáticamente. También, en sem anas recientes, el CONACYT anunció requisitos injustificados para las Cátedras CONACYT, lo cual podría dejar sin empleo a cientos de investigadoras e investigadores.
En la cancha del Poder Judicial, la ministra Yasmín Esquivel solicitó al Pleno de la Suprema Corte la sustitución de un criterio jurisprudencial que busca modificar el régimen laboral al que están incorporados, entre otros, los investigadores y académicos de los centros públicos de investigación.
Este cambio de régimen laboral los haría transitar al apartado B del artículo 123 constitucional, lo cual significaría convertirles en empleados de confianza y hacerles dependientes directos del Poder Ejecutivo Federal. Lo problemático es lo siguiente: ¿qué sucede con la investigación y la academia cuando le es incómoda a tu patrón (el presidente de la República)? A los empleados de confianza, la ley permite, entre otras cosas, despedirles sin mayor justificación (mas que la pérdida de confianza) y sin derecho a solicitar una reubicación. El efecto inhibitorio a la libertad de expresión de la academia, en ese supuesto, es evidente. Sobre este particular, recomiendo leer https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/el-regimen-laboral-mexicano-de-vuelta-a-1974/.
Ahora, con las acusaciones penales formuladas por la Fiscalía a 31 académicos y académicas, el oficialismo reitera una vez más el carácter de enemigo que se le ha asignado a la ciencia y a la investigación mexicana. Si todo lo anterior no lo había demostrado, la acusación de delincuencia organizada ha venido a poner la cereza en el pastel. Ser acusado de delincuencia organizada abre la posibilidad de que se intervengan las comunicaciones privadas; de que se decomisen y vendan tus bienes aun sin que haya sentencia; de que te retengan por cuatro días en el Ministerio Público; de que detengan en arraigo por hasta 80 días; o de que te encarcelen en prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento. Este régimen penal fue utilizado con holgura durante el sexenio de Calderón en contra de las personas acusadas de narcotráfico, e históricamente se ha utilizado por las Procuradurías y Fiscalías en contra de quien el gobierno considera como enemigo público en ese momento en particular.
Estas recientes acciones de la Fiscalía sin duda le correrán un costo político muy elevado tanto al fiscal Gertz Manero, como a la directora del CONACYT, Álvarez-Buylla. Sin embargo, el relato que el oficialismo nos ha querido contar sobre la comunidad científica avanza con los excesivos recortes, estigmatizaciones, despidos y ahora con persecuciones penales. Será, entonces, tarea de los tribunales federales estar a la altura que necesita nuestro Estado constitucional para leer y entender esta historia de persecución y hostigamiento a un gremio que el gobierno ha demostrado considerar como incómodo y opuesto a la narrativa oficial.
Lee también: México en la Corte Penal Internacional, ¿cuándo? | Columna de Víctor Meade C.
#4 Tiempos
Hagamos cuentas | Columna de Arturo Mena “Nefrox”
TESTEANDO
Comienza el torneo de la Liga MX, un torneo previo a la Copa del Mundo es un torneo con reglas diferentes, este año la cosa es simple, solo los ocho mejores de la tabla general calificarán a la liguilla, lo cual reduce las posibilidades de jugar postemporada. Esta situación me hace pensar que San Luis tiene muy pocas chances de colarse entre esos equipos que pelearán por el título al final de la temporada regular.
Pero en fin, como cada inicio, hagamos el ejercicio de pronosticar los puntos que puede llegar a hacer el cuadro potosino, jornada tras jornada.
Jornada 1.- Tigres / derrota (0 puntos)
Jornada 2.- América / derrota (0 puntos)
Jornada 3.- Tijuana / empate (1 punto)
Jornada 4.- Chivas / empate (2 puntos)
Jornada 5.- Necaxa / empate (3 puntos)
Jornada 6.- Querétaro / victoria (6 puntos)
Jornada 7.- Atlas / empate (7 puntos)
Jornada 8.- Puebla / victoria (10 puntos)
Jornada 9.- Mazatlán / victoria (13 puntos)
Jornada 10.- Cruz Azul / derrota (13 puntos)
Jornada 11.- Pachuca / empate (14 puntos)
Jornada 12.- León / victoria (17 puntos)
Jornada 13.- Monterrey / derrota (17 puntos)
Jornada 14.- Toluca / derrota (17 puntos)
Jornada 15.- Pumas / empate (18 puntos)
Jornada 16.- Santos / victoria (21 puntos)
Jornada 17.- Bravos / derrota (21 puntos)
Según el presupuesto, 21 puntos tendrá San Luis al terminar la temporada regular , una suma que le daría para culminar la competencia aproximadamente en el lugar 10 del torneo, mismo que lo estaría dejando fuera de los puestos de liguilla.
Siendo realistas, la plantilla de San Luis es muy limitada, con buenos jugadores pero que no puede competir contra las grandes nóminas, es un plantel modesto con pocas incorporaciones y aunque en este torneo parece que tiene diferentes opciones, no aspira a grandes números para revertir por mucho lo sucedido en los torneos anteriores, el equipo humilde tiene que distinguirse por el trabajo y demostrar.
Será un torneo complicado para San Luis, desesperante para la afición y de largo aliento para la prensa y dirigencia del equipo, ojalá que la suerte los apoye y el presupuesto aquí dicho se quede corto, que se sumen más de 21 puntos y se aspire a una calificación, ojalá las cosas mejoren y sea el despertar de una reconciliación con la afición, saquemos la calculadora, el rosario y suframos el bendito futbol mexicano, que al fin, es lo que hay.
Lee también: 2025, el año en que Toluca volvió a mandar | Columna de Arturo Mena “Nefrox”
#4 Tiempos
SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC) .
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
#4 Tiempos
Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.
Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.
Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.
La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.
Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.
El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.
Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:
El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.
La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.
También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
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