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#4 Tiempos

México en la Corte Penal Internacional, ¿cuándo? | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional aprobó la solicitud realizada por la Oficina del Fiscal de la misma Corte, quien pidió que se iniciara una investigación por los crímenes presuntamente cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, en el contexto de la guerra contra las drogas, iniciada por su presidente Rodrigo Duterte. Desde el inicio de su mandato en 2016, Duterte emprendió una política de Estado agresiva y de cero tolerancia para los consumidores de droga. Sin embargo, decenas de miles de personas fueron asesinadas por elementos policiales y por “escuadrones de la muerte” ligados al gobierno, lo cual, según la Oficina del Fiscal de la Corte, no constituye una política pública legítima.

En su solicitud, la Oficina del Fiscal evidenció que las cifras oficiales de personas asesinadas por la policía filipina durante operativos antidrogas —alrededor de cinco mil— son mucho menores a la realidad. Además, mediante testimonios e información recabada por organizaciones de defensa de derechos humanos, la Oficina del Fiscal desmintió el argumento oficial de que esas muertes se provocaron solo después de que los presuntos usuarios de drogas iniciaron las agresiones. Como realmente sucedieron estos crímenes, según la solicitud, fue con políticas de fabricación de culpables, plantación de evidencia, tortura y uso excesivo de la fuerza.

La Corte Penal Internacional, entonces, estará facultada para investigar los posibles crímenes cometidos en Filipinas durante los años en que formaron parte del Estatuto de Roma —instrumento internacional por el que se constituye a la Corte—, mismo que abandonaron formalmente en 2019 por la rotunda negativa de Duterte de que se investiguen las violaciones graves a derechos humanos producto de sus políticas antidrogas. La investigación que ahora deberá emprender la Corte podrá resultar en el procesamiento y eventual enjuiciamiento de los más altos funcionarios públicos responsables de estos crímenes. Ante ello, Duterte ha mencionado en reiteradas ocasiones que morirá antes de enfrentarse a cualquier tribunal internacional.

La guerra contra las drogas emprendida por Duterte y la posibilidad de que se le enjuicie invariablemente nos hace pensar en la posibilidad de que se lleve ante la justicia internacional a los funcionarios públicos responsables de los crímenes cometidos durante la comúnmente llamada “guerra contra el narco” de Calderón y años subsecuentes. Desde su inicio en diciembre de 2006, las detenciones arbitrarias, la fabricación de culpables, la tortura, las desapariciones y los asesinatos se convirtieron, como en Filipinas, en la política predilecta del Estado. Sin embargo, el caso mexicano contó con la particularidad de la transferencia de facultades a las Fuerzas Armadas, lo cual agravó exponencialmente las violaciones graves a derechos humanos durante los operativos conjuntos entre elementos policiales y militares. Sin aprender de esta terrible experiencia, hoy la militarización avanza con más fuerza que nunca.

Los resultados de la militarización de las funciones civiles de seguridad pública son ampliamente conocidos por todos: de 2006 a 2021 se han registrado a más de 90 mil personas desaparecidas; entre 2006 y 2012, más de 80 mil personas fueron detenidas sin orden de detención; más de 100 mil personas reportaron haber recibido golpes durante su arresto y casi 50 mil fueron presionados para dar testimonios falsos a las autoridades. De 2006 a 2019, la Fiscalía General de la República registró más de 13 mil investigaciones por casos de tortura y las fiscalías locales más de 21 mil. En cuanto a ejecuciones, el INEGI reportó más de 240 mil casos de homicidio entre 2007 y 2017, en su mayoría hombres ejecutados en la vía pública con arma de fuego. Además, en lo que va de la administración de López Obrador, se han registrado más de 90 mil casos de homicidio y feminicidio en el país. Si bien es cierto que el Estado mexicano —sea por acción o por omisión— ha participado en la comisión de esta clase de crímenes desde hace varias décadas, el hilo conductor de la incontenible situación de violencia que vivimos el día de hoy lleva claramente a 2006. Entonces, ¿cuándo y cómo se investigarán esos crímenes por la Corte Penal Internacional?

Desde hace diez años, tanto el Senado de la República como diversas organizaciones de la sociedad civil han presentado numerosas comunicaciones e informes bien documentados a la Oficina del Fiscal de la Corte. Sin embargo, la Oficina del Fiscal aún no ha determinado si en México existen bases razonables para la apertura de una investigación. Como suelen hacerlo los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional opera a pasos cortos y con procesos que tardan décadas. Mientras ello sucede, las víctimas y sus familiares permanecen en la indefensión que proporciona el Estado mexicano; los perpetradores de estos crímenes permanecen en la absoluta impunidad.

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Murió la pionera mexicana de la investigación en física nuclear | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

En la década de los cincuenta comenzó la participación de las mujeres en el ámbito de la física; por entonces comenzaban a instalarse instituciones educativas donde podía estudiarse la física profesionalmente fuera de la capital de la República, así tanto en Puebla como en San Luis Potosí se abrían escuelas de física siendo las primeras en provincia. En la UNAM, la Facultad de Ciencias donde se podía estudiar la carrera de física, contaba apenas con tres lustros de existencia, cuando ingresaban a sus filas las primeras mujeres mexicanas que se aventuraban en el mundo de la física. Las primeras estudiantes en la UNAM serían un par de amigas que habían estado estudiando juntas en su preparación desde la secundaria y que continuarían compartiendo sus estudios profesionales, Alejandra Jaidar Matalobos y María Esther Ortiz Salazar, quienes a la postre serían, en ese orden, las primeras físicas mexicanas.

Al ser compañeras durante toda su formación escolar, no podía faltar que prácticamente coincidieran sus titulaciones, ambas presentaron su examen profesional de física con horas de diferencia, convirtiéndose Esther Ortiz como la segunda física mexicana. En la propia UNAM obtuvo su maestría y doctorado siendo también de las primeras mujeres mexicanas en obtener un grado de posgrado en el área.

Lamentablemente María Esther Ortiz falleció el pasado 16 de octubre a la edad de 85 años, desarrollando un papel importante en la ciencia mexicana y en especial en la física nuclear en el país, área que a principios de los sesenta aglutinaba a la mayoría de los físicos mexicanos. Esther Ortiz era investigadora activa del Instituto de Física de la UNAM, y recientemente había sido nombrada Profesora Emérita en el Sistema Nacional de Investigadores y en 1998 lo había obtenido por la UNAM.

A lo largo de sus años de trabajo de investigación trabajó realizando estudios sobre los haces de iones radiactivos, la instrumentación y las reacciones nucleares con iones pesados. En su formación inicial trabajó en el primer equipo experimental instalado en México, el acelerador de partículas positivas de Van de Graaff, convirtiéndose también en una de las pioneras en la investigación de física nuclear experimental en el país.

En la actualidad el número de mujeres que se adentran al estudio de la física ha crecido de manera importante siguiendo el camino allanado por personajes como María Esther Ortiz que les tocó jugar el escabroso papel de pioneras, mostrando la capacidad de las mujeres en el desarrollo de la ciencia mexicana.

Como parte de su participación en el fortalecimiento de la enseñanza de la física, al momento de su muerte, presidía el Consejo de Acreditación de Programas Educativos en Física, que forma parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Entre sus múltiples cargos académicos fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Física.

Mientras iniciaba el ingreso de la segunda generación de físicos en la UASLP, María Esther Ortiz se titulaba en la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1961, al presentar su trabajo de tesis en física nuclear con un título que rezaba: “Determinación de las características angulares de los estados base y primer excitado de 170 a energías moderadas (aprox. 1.6 MeV) en y afuera de una resonancia de 18 F”.

Entre sus aficiones se encontraba el coleccionar frases y dichos mexicanos de los cuales tenía una abundante colección, seguramente una de las más ricas compilaciones sobre “dichos” que existen en México, interesante sería saliera a la luz, como María Esther deseaba como forma de preservar la memoria popular mexicana a través de sus dichos.

La ciencia mexicana pierde a una de sus importantes impulsoras y a una leyenda en el impulso de la participación de la mujer en la ciencia.

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Tekmol se alista para depredar la Huasteca | Columna de Felipe Donato

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DE CHILE, DULCE Y MANTECA

Mire usted lo que son las cosas. Se dice que uno debe procurar estar en donde es apreciado y valorado y tal parece que en este sentido es que el tristemente célebre José Luis Romero Calzada, alias El Tekmol, se encuentra buscando “su lugar”.

Si las mismas dependencias estatales analizan cambiarse de ciudad sede y por ejemplo Turismo se iría a Ciudad Valles, así El Tekmol tal vez analice cambiar la base de su organización: Redes Sociales Progresista, a algún punto de la Huasteca potosina, en donde ha tenido mucha actividad en las últimas semanas.

Déjenos contarle que Redes Sociales Progresistas ha mantenido una presencia muy fuerte en la calurosa región, especialmente, El Tekmol a quien ya se le conoce como “El Rajón del Altiplano”, por aquello de que se echó para atrás con la entrega de una ambulancia.

Para los que le saben a eso del profundo análisis político, grillos de cafetería e intelectuales de internet, el hecho de El Tekmol esté muy seguido en aquella parte de la entidad tiene cierta lógica pues fue allá donde sacó un mayor número de votos. Redes Sociales Progresistas hasta ganó una alcaldía cortesía de los peleoneros panistas y de su gandalla dirigencia estatal.

Además, esto se asemeja a lo que pasó hace algunos años en el cuarto distrito local en donde la gente le dio su apoyo al empresario del huachicoleo y de la hotelería, simplemente porque no le conocían las malas mañas.

Tarde descubrieron los votantes que la elección de Tekmol fue un grandísimo error, pues muchas familias fueron defraudadas por el legislador quien se quedó con el dinero que iba supuestamente a atender sus necesidades.

Mientras los ciudadanos se quedaron con las manos vacías, el locuaz Tekmol, pudo hasta estrenar su lujoso Spa en Salinas, evento en el que contó con la presencia del gobernador Juan Manuel Carreras López y de su esposa.

Ahora es la cónyuge del Tekmol quien se encuentra “en turno al bat”, es decir, quien ocupa una curul desde la cual podrá medrar recursos públicos estatales, ni lo dude usted.

Para la gente que se pregunta si Redes Sociales Progresistas podría llegar a tener oficinas como las que ya tiene en la Huasteca, todo parece indicar que no será así o no al menos mientras José Luis Romero Calzada esté al frente del Partido.

Déjenos explicarle: los resultados que obtuvo en la pasada elección en los seis municipios que integran el cuarto distrito, apenas fue de 2 mil 800 votos, o sea menos de 500 por municipio, lo que resulta todo un fiasco ya que cualquier otro aspirante hubiera obtenido un poco más de apoyos.

Para muchos el futuro político del besucón de burros y burras, el “Lalo Mora de lo équidos”, únicamente se encuentra allá con los huastecos.

Se menciona que incluso y en una de estos ataques de locura que lo caracterizan, cambiaría su residencia y buscaría una diputación local o federal dentro de tres años, pero como candidato huasteco. En una de esas y hasta nos resulta con estirpe tenek o náhuatl. Todo es posible con el sujeto en mención.

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Hacia una nueva política de drogas | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

Hace unos días me encontré con un informe realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) que lleva a cabo el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su sede Región Centro, ubicada en Aguascalientes. El informe —publicado en octubre del año pasado— lleva por título «La prohibición de las drogas en San Luis Potosí: elementos para una reforma» y fue patrocinado por el Gobierno del Estado de SLP, con información aportada por la Fiscalía estatal, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y diversas instituciones del sector salud. El propósito del informe es recopilar, analizar y presentar evidencia básica de la situación del uso problemático de drogas en el estado para poder tener una discusión informada sobre el impacto que han tenido las políticas prohibitivas en la sociedad e instituciones de San Luis Potosí.

El informe parte del supuesto de que las políticas prohibicionistas del uso de drogas han servido como fundamento para reprimir a las personas usuarias y que; además, pierden de vista que el verdadero problema no se trata del uso de drogas sino de su uso problemático. Esta criminalización a las personas usuarias de drogas —sin entender la problemática como un fenómeno social y de salud pública— resulta, entre otras cosas, en un uso ineficiente de los recursos públicos, en una sobrecarga al sistema penal y en violaciones a derechos humanos. Bajo estas premisas, el informe procede a analizar cuatro elementos importantes de la situación del uso de drogas en SLP, de los cuales me permito resaltar sus generales a continuación.

El primer capítulo del informe (La oferta de tratamiento para el uso problemático de drogas y sus usuarios en San Luis Potosí) analiza el acceso y la calidad de los centros de tratamiento en el Estado para las personas cuyo uso de drogas se considera como problemático. Como uno de sus principales hallazgos, el informe subraya que los centros de tratamiento consideran a los usuarios de drogas como pacientes con alguna patología.

Esto quiere decir que, de entrada, buscan tratar el uso de drogas como si se tratara del padecimiento de una enfermedad, lo cual implica desconocer tanto la dimensión placentera del uso de sustancias como el papel que dicho uso juega en las redes y vínculos con la comunidad. Entender al consumo de drogas como una enfermedad deriva, a su vez, en que la mayoría de los tratamientos contemplan el uso de medicamentos y atención psiquiátrica, lo cual dificulta aún más que las personas terminen los tratamientos.

Ante las problemáticas identificadas que prevalecen en los centros de tratamiento, el informe sugiere, entre otras cosas, transitar a un enfoque sociológico y antropológico que transforme la manera en que las personas se relacionan con las drogas y abandonar la postura centrada en la “rehabilitación” de los “adictos”. En ese sentido, el informe también sugiere tomar medidas que posterguen la edad en que las personas inician su consumo de sustancias, lo cual, indican, se trata de una cuestión de información. En el entendido de que las drogas —legales e ilegales— están ahí, lo importante está en brindar a las y los jóvenes la información completa y herramientas necesarias para decidir qué hacer frente a la alta disponibilidad de sustancias, así como entrenarles para lidiar con la presión social y manejar sus emociones de manera adecuada. Andar entre sombras y a media luz difícilmente lleva a buen puerto, en cualquier situación.

En el segundo apartado (Delitos contra la salud en el estado de San Luis Potosí), el informe analiza el procesamiento de los delitos contra la salud en el estado, así como el funcionamiento de las instituciones policiales y ministeriales. Sobre esto, encuentran que la mayoría de las detenciones por delitos contra la salud se realizan en la capital, por policías estatales, en la vía pública y a hombres de entre 18 y 24 años. El 100% de las detenciones se realizan en flagrancia (motivada por “actitud sospechosa”) y por posesión simple y, en la mayoría de los casos, solo hay una sustancia involucrada. Estas detenciones tienen por resultado castigar al consumo como una política preventiva de otros posibles delitos. Es decir, el punto de partida es, según los cuerpos policiales, que el consumidor va a cometer otro tipo de delitos. Esta estrategia de detenciones a gran escala implica desatender casi por completo la investigación de cómo opera el mercado de drogas ilícitas. Además, las autoridades procesan por posesión simple tanto a comerciantes como a usuarios, sin distinguir efectivamente entre unos u otros.

Para subsanar estas deficiencias, el informe recomienda —entre otras cosas— aclarar con precisión cuáles son los objetivos de la política de drogas del estado y, con ello en mente, registrar con una metodología bien definida los datos de las personas detenidas. Esto permitiría a la Fiscalía entender quiénes son y en qué circunstancias fueron detenidas esas personas, pues hoy la investigación se realiza de manera informal y sin capacidades técnicas ni materiales, lo cual obstaculiza aún más la posibilidad de atender a las causas concretas. De nuevo, en este punto queda de manifiesto la necesidad de estudiar este fenómeno desde una perspectiva socio-antropológica.

El tercer apartado (El impacto de las detenciones por delitos contra la salud en el incremento de los homicidios. Evidencia de San Luis Potosí) busca determinar si existe una relación causal entre las detenciones por delitos contra la salud —principalmente posesión— y homicidios relacionados con el crimen organizado. Con datos proveídos por la Fiscalía sobre detenciones y homicidios de 2011 a 2020, el informe concluye que a mayor número de personas detenidas por delitos contra la salud, más incrementan las tasas de criminalidad de otros delitos. En vez de cumplir con su objetivo disuadir, las detenciones desencadenan una espiral de violencia. De nueva cuenta, las políticas punitivitas demuestran su ineficacia.

En el cuarto y último apartado (El crimen organizado y la violencia en San Luis Potosí), el informe encuentra que existe una mayor presencia de grupos delincuenciales en el estado de lo que indican las fuentes oficiales. Además, el informe reporta que el CJNG es el grupo criminal con mayor presencia en la entidad, mientras que en segundo lugar le sigue el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste en tercero. El informe sostiene que los enfrentamientos y escalada de violencia en estados colindantes (como Guanajuato y Jalisco) han provocado la presencia de más cárteles en el estado. La información documentada por el informe obliga a poner particular atención a la evolución de estos grupos delictivos, pues solo con una visión integral de la complejidad del asunto se le podrá hacer frente de manera adecuada a la crisis de violencia en el estado.

Siempre es una buena señal que los gobiernos —sea el federal, los locales o los municipales— echen mano de investigaciones independientes, serias y de alta calidad técnica, que les muestren una realidad distinta a la que leen solo con sus datos oficiales, generalmente con menos registros de los reales. Sin embargo, estos valiosos insumos proveídos por el CIDE servirán para muy poco si el gobierno entrante no retoma la batuta y le da continuidad a este proyecto solicitado por Carreras. Los hallazgos y recomendaciones del informe deben ser prioritarios para el desarrollo de la política de drogas que emprenda el gobierno de Ricardo Gallardo, pues, si sus intenciones políticas están en el lugar correcto, deberíamos de contar en el futuro cercano con una política de largo aliento y con la prevención del uso problemático y los derechos de las personas usuarias de sustancias en el centro. Este asunto deberá ser uno de los aspectos fundamentales al momento de designar a la persona que llegue a ocupar la Fiscalía.

De continuar con el paradigma punitivista, seguiremos siendo testigos de como San Luis Potosí rema contra corriente en materia de derechos humanos —como suele hacerlo— y el fin de los noventa años de gobiernos conservadores acabará siendo solo un discurso. Tanto a nivel federal como estatal, necesitamos urgentemente de menos retórica y menos gendarmería. La sociedad potosina requiere reestablecer el equilibrio social y avanzar, con innovación e información completa, hacía una política de drogas plural, regulada y sin tabúes.

Tanto la versión completa del informe como el resumen ejecutivo los pueden consultar aquí: https://politicadedrogas.org/site/proyecto/id/20.html.

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