julio 25, 2025

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#EXCLUSIVA | “80% del dinero para campañas políticas proviene del narco”: Buscaglia

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El investigador asegura que México no ha dejado de vivir en una mafiocracia

Por: Itzel Márquez
“No se puede disminuir la delincuencia a cero, como tampoco podemos desaparecer por completo el pecado, pero si pueden limitarse para que no cause tanto daño”.
 
Edgardo Buscaglia, es académico Senior de la Universidad de Columbia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y autor de numerosas investigaciones y libros acerca de la delincuencia organizada y narcotráfico en México. El investigador habló para La Orquesta acerca de su experiencia sobre estos temas en diversos países, las dimensiones de la delincuencia organizada en México, la relación entre el narcotráfico y la política, a propósito del próximo periodo electoral.
 
Buscaglia manifestó desde temprana edad interés por temas políticos y sociales, especialmente la relación que existe entre economía, derecho y crímenes, por lo cual en el doctorado y post doctorado comenzó a escribir al respecto: “me dediqué a escribir sobre ese tema con base en datos de gobiernos, como hacen los expertos mexicanos, pero los datos no eran satisfactorios, porque eran muy defectuosos, nunca realmente lograban satisfacer mi necesidad de análisis de campo, desde ahí empezamos a organizar trabajos de campo para sacar datos con mis equipos en cada país y obtener datos más precisos”.
 
Al haber colaborado en investigaciones sobre delincuencia organizada a lo largo de tantos países, el académico afirma que en todos existe delincuencia organizada en diferentes niveles, lo cual constató en un estudio publicado en 2003 por la ONU, de tal forma que pudo obtener indicadores de delincuencia organizada. Desde ahí, México ya aparecía en uno de los lugares más elevados, “junto con Colombia, Rusia y países africanos.”
 
En cuanto al combate del crimen en México, Edgardo Buscaglia retoma la información proporcionada por la ONU en la Convención contra la delincuencia organizada, en donde se menciona que al estado mexicano le hace falta 18 instituciones, que se traducen en vacíos de estado, para poder combatir de forma efectiva este problema, entre las cuales se encuentran: órganos de auditoría de financiamiento de campañas electorales: “tenemos un pacto político de impunidad mafiosa, que hacen que la delincuencia organizada en México se comporte como la delincuencia organizada de Afganistán y no como la delincuencia organizada de Alemania, la delincuencia organizada mexicana comete crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 o la fosa común de San Fernando Tamaulipas”.
 
Al respecto de la delincuencia, el investigador primero delimitó lo que se entiende por este término y la diferencia con asociación delictuosa, el primero de ellos se entiende por: “una organización criminal mucho más sofisticada que tiene cinco tipos de personas involucradas, personas morales, empresas y personas físicas, personas y asociaciones civiles como ONG, cinco tipo de personas forman parte de la delincuencia organizada de todo país”; mientras que el segundo se define como: “asociaciones de personas al mismo nivel que de vez en cuando cometen delitos”.
 
Ahora bien, pasando a las cinco dimensiones de la delincuencia organizada, según Buscaglia, se encuentran inmiscuidos estos actores sociales: políticos, “quienes brindan protección a que brindan protección, lavan dinero y a veces se meten operativamente a traficar drogas”, jueces, fiscales y policías, “que brindan protección operativa”, el tercer tipo son las empresas, “que puede ser una empresa fachada que sirve para lavar dinero o puede ser una empresa privada que produce insumos a los cárteles de la droga”, el cuarto tipo son las Asociaciones civiles o religiosas, “que supuestamente ayudan a combatir a la pobreza, que reparten agua, que reparten comida, que reparten medicina” y el quinto son los sicarios
, “México vive en una simulación, combatiendo solo esta dimensión de la delincuencia organizada no combaten el resto porque ahí están metidos los actores verdaderos del poder, el pacto político de impunidad mafiosa consiste en que el estado se niega a limpiar de jueces, fiscales y policías corruptos, se niega a limpiar a sus políticos mafiosos en el congreso, en el gobierno federal”.
 
Ahora, sobre la intromisión del narcotráfico en las campañas políticas, Edgardo Buscaglia sostiene que México vive en una mafiocracia y define este término de la siguiente forma: “cuando más del 80% del dinero que entra en campañas y pre campañas proviene de fuentes ilícitas, algunas de la delincuencia organizada, algunas otras de empresarios legales que son amigos de los políticos y les van a dar dinero por debajo de la mesa” y recalcó que mientras el estado mexicano no instaure las 18 instituciones faltantes, la relación política-narcotráfico seguirá siendo igual que como lo fue desde el año ’98 con el presidente Zedillo y, que si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en 2021 será bajo estos términos: “continuamos con esa mafiocracia, AMLO ganó muy bien, con un amplio margen de votos, nadie duda de eso, pero muchos de esos votos fueron conseguidos a través de preventas y clientelismos con dinero ilegal”.
 
Por último, sobre la incidencia de los mexicanos en las instituciones gubernamentales, dijo que el principal problema es la falta de capacidad legal para auditar a las instituciones del estado y las campañas políticas, pero que esto no va a cambiar mientras que los ciudadanos solo se preocupen por sacar dinero del gobierno y no por exigir una ley de auditoría ciudadana, e hizo un símil entre la sociedad mexicana en la actualidad y la italiana en la década de los 80, cuando los mafiosos eran héroes y modelos a seguir para los niños, como ocurre ahora con los sicarios en el norte de México, hasta que el pueblo se unió para exigir una ley de auditoría ciudadana al estado, con lo cual ahora ellos son quienes reciben los bienes decomisados y los reparten entre los afectados por la delincuencia organizada, esto fue un parteaguas para pasar de ser parte de problema, a la solución.
 
“No tengo ninguna duda de que si la sociedad mexicana se despierta y comienza a operar, ustedes van a pasar de una delincuencia organizada afgana que desangra a México, que causa desapariciones forzadas de decenas de miles, van a pasar de crímenes de des humanidad a una delincuencia organizada acotada como la japonesa que no comete crímenes de alto impacto social, uno nunca puede disminuir a la delincuencia a cero, como tampoco podemos disminuir el pecado, pero si pueden limitarlo para que no cause tanto daño”.
 

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“Tecmol” presume entrega de despensas; Gobierno estatal se deslinda

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Romero Calzada publicó una fotografía recibiendo apoyos del gobierno estatal para su supuesta entrega; Sedesore afirmó que se entregan directo a beneficiarios

Por: Redacción

José Luis Romero Calzada, recién militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles por la oposición, publicó en sus redes sociales que recibió un cargamento de despensas –parte del programa de Seguridad Alimentaria del gobierno estatal– y en la que, presumiblemente, serían entregadas por él mismo a las y los habitantes de ese municipio en la Huasteca potosina.

Romero Calzada aseguró que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le envió estos paquetes, y que mensualmente entregarán 15 mil de estas despensas.

Además, afirmó que él mismo incluirá alimentos perecederos en estos apoyos, como huevo, pollo o pescado, por ser ricos en proteína.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) informó mediante un comunicado que los programas de apoyo se otorgan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios

y sin otro propósito que atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social.

En el escrito se señala que quienes se ostenten como intermediarios o “enlaces” en la distribución de apoyos sociales, incurren en faltas contra la ley.

Reiteró que el objetivo del Gobierno del Estado al otorgar apoyos sociales es el de mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, a través de acciones que buscan reducir la desigualdad, la pobreza y promover el desarrollo social.

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26 años de prisión a homicida de líder de Coparmex en SLP

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La Fiscalía de SLP informó que se dictó esta sentencia por el atentado a ex regidor de Valles en 2020; se trata del mismo homicida de César Galindo, ocurrido en 2021

Por: Redacción

En 2021 se dio a conocer que Julio César Galindo Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de San Luis Potosí, fue baleado por sujetos desconocidos y más tarde perdió la vida en un hospital.

Este 24 de julio, se dio a conocer que un juez penal en San Luis Potosí otorgó una sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión en contra de Rudy “N”, por el delito de homicidio calificado, tras hechos suscitados en la Huasteca potosina.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2020, cuando el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, privó de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego a un ex regidor y líder cañero en la Delegación El Pujal, del municipio de Ciudad Valles. Por este delito, en la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la pena privativa de libertad de más de dos décadas de prisión.

No obstante, el sujeto hallado culpable habría sido el mismo responsable del homicidio de Julio César Galindo Pérez

, quien se desempeñaba como líder empresarial y presidente de Coparmex en la entidad potosina.

El crimen, ocurrido en 2021, conmocionó al sector empresarial y a la sociedad potosina. Tras una investigación por parte de las autoridades estatales, se logró la identificación, captura y proceso judicial del implicado, quien ahora enfrentará más de dos décadas en reclusión como castigo por su responsabilidad penal en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la resolución judicial y detalló que, además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño a los familiares de la víctima, conforme a lo establecido por la ley.

El caso representa uno de los fallos más relevantes en materia de justicia para líderes del sector privado en San Luis Potosí, y marca un precedente en la lucha contra los crímenes de alto impacto en la entidad.

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Ayuntamiento de SLP

Adiós al Nido del Crímen; Ayuntamiento de SLP comenzará cercado

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El alcalde Enrique Galindo aseguró que tuvieron contacto con el dueño del inmueble, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en esa zona de la avenida Carranza

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, dio a conocer que han tenido contacto con los propietarios del inmueble ubicado en la esquina de la avenida Venustiano Carranza y la calle Francisco Eduardo Tresguerras, en la zona Centro de la capital potosina.

El alcalde de la capital aseguró que con este encuentro, se iniciarán las acciones para limpiar la propiedad, cercarla y evitar el ingreso de personas ajenas.

“Yo lo que me ofrecí es ayudarle para resolverlo, y entre tanto, cuando menos, limpiarla porque ahorita está de verdad triste, terrible. La podemos limpiar con la autorización de quien corresponda, protegerla para que no se siga dañando más y quitarla como foco de infección, porque han sucedido muchas cosas” anunció.

Galindo Ceballos agregó que durante su encuentro con los propietarios, se explicó que la situación jurídica del terreno no es una responsabilidad directa del dueño

, sino un problema que se mantiene en una laguna legal en curso.

“Creo que hoy se abrió algo que no se había intentado, que es esta reparación y va por muy buen camino. Si esto se da en dos o tres días, empezamos también”. mencionó.

A través de este medio de comunicación se ha documentado a lo largo de tres años como se han practicado actividades ilícitas en este predio, además de provocar incendios, actividades contra la moral, e incluso la pérdida de vidas humanas. Mismo que debido a su estatus legal, era imposible una intervención por la autoridad municipal o estatal.

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