Estado
Apoyo a empresas por Covid-19 debió venir del gobierno federal: diputado
Mauricio Ramírez Konishi afirmó que no es momento para pensar en obras como el tren maya o la refinería de Dos Bocas, sino de apoyar al sector salud
Por: Redacción
El diputado Mauricio Ramírez Konishi reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado para invertir 3 mil 200 millones de pesos en acciones para rescatar la economía frente a la contingencia del COVID-19; sin embargo, consideró que el apoyo más relevante debió provenir del gobierno federal.
“El último día de marzo todas las personas morales tuvieron que hacer su declaración anual 2019 y no hubo ni la más mínima señal de empatía por parte de la Secretaría de Hacienda para que, con un compromiso de por medio de no despedir trabajadores, se pudiera diferir o, en el mejor de los casos, condonar IVA e ISR que son realmente los impuestos gravosos para las empresas”, dijo.
Ramírez Konishi dijo no entender por qué no se han tomado medidas para cancelar o posponer “obras faraónicas” que no son estratégicas en este momento como el tren maya o la refinería de Dos Bocas, pues sugirió que dichos recursos son indispensables en este momento para apoyar al sistema de Salud y reactivar la economía en cuanto pase la contingencia.
“Asimismo, es inconcebible que con actos ilegales e incongruentes se cancelen inversiones, como la de la cervecera en Baja California, cuando en este momento lo que se necesita es una estrecha y productiva relación con la iniciativa privada para generar empleos”, añadió.
Ramírez Konishi también propuso cuatro estrategias para hacer frente a la crisis económica generada por la contingencia sanitaria:
1.- Usar la fuerza del Estado para poder reactivar la economía mediante la obra pública y el gasto del gobierno en todo el país; carreteras, vivienda, hospitales, escuelas, caminos, etcétera, de tal forma que se genere derrama en todas las colonias y comunidades del país.
2.- Generar los incentivos para que los empresarios vuelvan, en el menor tiempo posible, a reactivar sus negocios y los empleos con créditos a bajo costo y mayor deducibilidad de impuestos a quien recupere y genere más empleos.
3.- Fortalecer emergentemente, los tratados de comercio con los países que van a tener una pronta recuperación económica para que nuestro país pueda participar en reactivación y por ende generar empleos.
4.- Reconstruir la confianza del inversionista, foráneo y local, en nuestro país. Se debe dejar de minar lo que tanto a costado construir y que es el motor de nuestra economía y lo que genera los empleos y los impuestos que el gobierno necesita.
Además, el diputado recomendó a los ciudadanos quedarse en casa y de esta manera evitar la saturación del sistema de salud.
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Congreso del Estado
Charcas, en riesgo por basurero clandestino
La diputada Sara Rocha hizo un llamado a Semarnat para que actualice inventarios de tiraderos y procedan a su suspensión
Por: Redacción
Es urgente que los tres órdenes de gobierno elaboren y actualicen inventarios de tiraderos; inspeccionen, clausuren y sancionen a quienes operan esta actividad por el bien del medio ambiente y la salud pública de las familias potosinas.
En un punto de acuerdo presentado en el Congreso local por la diputada Sara Rocha Medina, expuso el grave problema que enfrentan habitantes del municipio de Charcas a causa de los tiraderos de residuos a cielo abierto.
Por ello exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí y al Ayuntamiento de Charcas implementar medidas reales de remediación a un problema que también afecta la flora, la fauna y posibles mantos acuíferos.
“Las y los vecinos me han buscado, han alzado la voz en diferentes medios, han hecho manifestaciones, y hoy vengo a nombre de ellos a pedir por sus causas urgentes que no distinguen ni colores ni partidos”, enfatizó en la tribuna.
La también presidenta del PRI en San Luis Potosí mencionó la urgencia de que el gobierno federal mande recursos para atender las problemáticas de los tiraderos que no son solo exclusivos de este estado.
No podemos, dijo, ignorar el tema y es deber de la LXIV Legislatura del Congreso responder con acciones concretas.
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Destacadas
Gallardo supervisa ampliación del Río Santiago
Con trabajos en más de 10 kilómetros, las y los potosinos gozarán de una amplia ruta de movilidad
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, supervisó el avance de la obra de ampliación del bulevar Río Santiago, una inversión que transformará significativamente la movilidad en la zona metropolitana.
Con una extensión de casi 10 kilómetros, esta obra no solo facilitará la circulación vehicular, sino que también impulsa una movilidad sin límites, permitiendo a las y los habitantes de la capital y Soledad de Graciano Sánchez reducir sus tiempos de traslado y acceder con mayor facilidad a comunidades que antes estaban prácticamente desconectadas ante el abandono de la herencia maldita.
Durante su recorrido de supervisión, el Mandatario Estatal destacó que esta ampliación beneficiará directamente a más de 823 mil habitantes y forma parte de un conjunto de proyectos que en solo dos años han atendido y resuelto problemas históricos de movilidad en el Estado.
La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de puentes vehiculares y la implementación de un sistema de iluminación con 640 lámparas LED, además de la incorporación de un colector pluvial que prevendrá inundaciones.
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Congreso del Estado
Sumisión química será incorporada al Código Penal de SLP
La propuesta de la diputada Dolores Robles pretende sancionar a quien dé a consumir estupefacientes a una persona sin su consentimiento
Por: Redacción
Con el objetivo de incorporar la sumisión química como medio para la comisión de delitos, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, específicamente en los delitos de violación, abuso sexual, y robo.
Explica que el concepto Sumisión Química (SQ) puede definirse como la administración de sustancias estupefacientes a una persona, sin su consentimiento, con la finalidad de cometer en su agravio algún delito, de forma que se pueda manipular su voluntad o modificar su comportamiento.
Esta situación no se encuentra prevista en el marco normativo de Estado, por lo que considera necesario sancionar a quien incurra en la conducta de administrar a la víctima cualquier tipo de sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar la ejecución de los delitos de violación, abuso sexual o robo.
En el caso del delito de violación, se busca incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión, cuando a la víctima se le haya administrado alguna sustancia, que establezca la incapacidad para evitar la comisión del acto.
En el caso de abuso sexual, dichas acciones se incorporan al delito de abuso sexual, calificado y se aumentará la pena prevista en una mitad más. El abuso sexual se sanciona con una pena de seis a diez años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Y en el caso de robo, se considerará calificado, cuando se haya administrado a la víctima alguna sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar ser desapoderado de algún bien.
La legisladora Robles Chairez señala que es preocupante que independientemente del objeto de la sumisión química que persiga la persona victimaria, ya sea con fines de carácter sexual o de daño patrimonial, en el afán de lograr la sumisión, las dosis suministradas a las víctimas sean excesivas y puedan generar episodios letárgicos extremos, ceguera, o bien hasta el deceso de la víctima.
Cabe mencionar que en la sumisión química, las sustancias se colocan en la bebida de la víctima, quien además de los síntomas mencionados, también puede padecer dificultad respiratoria, taquicardias, hipotensión, convulsiones, aumento en la temperatura corporal, dificultad del movimiento y vómito.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.
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