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40% de los camiones no cumplen los requerimientos: Cambio por San Luis
La Ley de Transporte contempla un aumento automático a la tarifa del camión, aunque el servicio ha tenido un atraso, afirmó Michel Hernández
Por: Abelardo Medellín
“De más de mil unidades de transporte público, el 40 por ciento incumple con los requerimientos mínimos que solicita la ley, por tanto no cumplen con la norma y no deberían ser beneficiarios del aumento en la tarifa”, comentó hoy en entrevista Michel Hernández Piña, activista integrante del grupo Cambio Por San Luis, quien habló de que se ha hecho oficial el incremento inflacionario y por ende, el aumento en la tarifa del transporte.
De acuerdo con el artículo 94 de la Ley de Transporte del Estado de San Luis Potosí 
Michel Hernández Piña, en compañía de integrantes de Cambio Por San Luis, manifestaron su postura en contra de este aumento: “Consideramos que sigue siendo la dinámica que hemos denunciado año con año, tenemos corrupción en el sistema de transporte público y al mismo tiempo tenemos un atraso en el servicio, anualmente se les otorga un premio y se les da un aumento, esto es terriblemente injusto”.
Hernández Piña dijo que así como el artículo 94 de la Ley de Transporte indica que el aumento es automático, también estipu la que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López 
El activista integrante de Cambio Por San Luis agregó que las unidades de transporte urbano continúan con el permiso de transitar a pesar de su estado irregular solo para evitar que “colapse la ciudad”, pero que esto no justifica un aumento que “los concesionarios no merecen ni aprovechan”.
Hernández Piña comentó también que una posibilidad para subsanar el problema del transporte irregular y al mismo tiempo el de la alza en la tarifa, sería el tener dos tarifas distintas: una para transporte que sí cumpla con la norma y que aquellos que no cumplan la ley de transporte no reflejen un aumento en su cobro.
“Ya antes hubo un esquema similar, en la ciudad se manejaba tarifas diferenciadas, hasta tres tarifas, y pues sólo solicitamos que se cumpla la ley en ese sentido, y se refleje en las unidades que la cumplan”.
Además de la solicitud al gobernador Carreras López para que frene el alza la tarifa, el colectivo Cambio por San Luis entregó entre sus peticiones que se considere la posibilidad de que los concesionarios entreguen tarjetas de prepago gratuitas y que instalen un sistema homologado para poder usar ambas tarjetas en todas las unidades: “Los concesionarios nos han dicho que no pueden ponerse de acuerdo con entregar las llaves electrónicas o tener un solo sistema porque no es negocio, pues si no es negocio para ellos, que dejen las llaves electrónicas y se retiren”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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