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Sin argumentos, el Congreso rechazó el aborto legal en SLP
En lo que va del año,cuatro potosinas han enfrentado la justicia por interrumpir ilegalmente sus embarazos; ayer, diputados rechazaron despenalizar el aborto
Por: Abelardo Medellín y El Saxofón
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado desechó ayer una iniciativa que busca despenalizar el aborto antes de las doce semanas de gestación, después de una votación donde la única que votó en contra de desechar la iniciativa fue Marite Hernández Correa.
En cambio, Sonia Mendoza Díaz, María del Rosario Sánchez Olivares, Edgardo Hernández Contreras, Rubén Guajardo Barrera y Paola Alejandra Arreola Nieto fueron los legisladores que votaron a favor de desechar la iniciativa, con lo que se evita que llegue a votación del Pleno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso del Estado aún puede devolver las iniciativas a la Comisión de Justicia, en caso de que en próximos días se considere de esa manera.
Una de las justificaciones para rechazar la iniciativa, que llamó la atención de los asistentes a la reunión de la Comisión de Justicia de Congreso fue la de la diputada por el PAN, Sonia Mendoza Díaz, quien dijo que «el aborto no es un derecho que tengan las mujeres».
La legisladora Beatriz Benavente salió del salón de la reunión varios minutos antes de que se debatiera esa iniciativa.
Durante el debate, la legisladora Marite Hernández Correa se pronunció y señaló que es una propuesta que “se trata de justicia social”.
Añadió que “la estigmatización, prohibición y penalización no evitará que los abortos sucedan”. La diputada también dijo que su voto está dirigido “a que las mujeres no se mueran por las condiciones de clandestinidad».
Asimismo, Hernández Correa puntualizó que “el aborto es un derecho y la maternidad una decisión”.
En oposición, la diputada Sonia Mendoza comentó que “el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y no un derecho humano”. También indicó que en el dictamen se señalan aspectos que “ya están regulados en la legislación“.
El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que entre los argumentos que se expusieron en la reunión de trabajo de la Comisión destaca el hecho de que el artículo 16 Constitucional ya prevé ciertas situaciones para realizar el aborto en forma legal y existe la política pública del Centro de Justicia para Mujeres, para que puedan acudir en caso de violación y tiene las herramientas para llevar a cabo medidas conforme a derecho y será el pleno del Congreso del Estado en donde se votará el dictamen.
Sin más aportaciones, los diputados votaron para rechazar esta iniciativa. Posteriormente se rechazó también el segundo dictamen en el mismo tema, impulsado por Hernández Correa.
Dijeron que todo ya estaba en la ley: Hernández Correa
La diputada Marite Hernández Correa aseguró que no hubo argumentos válidos o serios que llevaran a que la iniciativa fuera desechada. Por ejemplo, Hernández Correa explicó que la panista Sonia Mendoza Díaz “dijo que ya todo estaba contenido en la ley y me parece que no es cierto. Ella dijo que no era un tema de derechos humanos, por lo que la contradije porque por supuesto que lo es el decidir sobre nuestros cuerpos”.
“Se debió haber estudiado más, porque no es una decisión fácil. Los abortos se practican diariamente, no nos engañemos, eso sucede todos los días y más vale que se regule en ese aspecto”, dijo Hernández Correa.
“Hay convenios internacionales en la materia y también derechos fundamentales que se le niegan a las mujeres. Es negarnos la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de tener autonomía sobre nuestras decisiones”, explicó la diputada, promovente de una de las iniciativas presentadas, que buscaban despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Cuatro mujeres han ido a la cárcel este año por abortar
En lo que va de 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto cuatro carpetas de investigación contra mujeres por aborto, práctica que sigue tipificada como delito en el Código Penal del Estado.
En todo el 2018 la Fiscalía inició investigaciones contra 10 mujeres por este mismo delito, sin embargo, se ignora el destino que han tenido dichas carpetas de investigación, es decir, no se sabe si fueron turnadas a un juez, si fueron cerradas, o siguen en manos del Ministerio Público.
Y es que la mentalidad conservadora que caracteriza a los diputados locales de San Luis Potosí representa el mayor obstáculo para que la interrupción del embarazo sea un derecho para las potosinas, por lo que la justicia tiene que seguir persiguiendo a las mujeres que toman esta decisión.
Previo al rechazo de ayer de la Comisión de Justicia, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Paola Arreola, dictaminó “no procedente”, una iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad. Incluso, la legisladora se declaró “provida”, y afirmó haber hecho “un sondeo al azar”, con gente del Distrito V Local, en el cual, la mayoría de los consultados se manifestó en contra de la iniciativa.
Incluso detalló que acudió con grupos de mujeres de Quintas de la Hacienda, Cactus, Hogares Ferrocarrileros, la Unidad Ponciano Arriaga, Jardines del Valle, El Polvorín, Azaleas, San Felipe, San José, entre otras; se visitaron 300 mujeres en cada una de esas colonias, y 280 le dijeron que no estaba de acuerdo con la iniciativa, mientras que otras 20 respondieron que sí o que no les interesaba el tema.
Aunque son pocas las voces de mujeres dentro de la función pública que se pronuncian a favor de la interrupción legal del embarazo, no obstante en octubre pasado, Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de la Mujer en el Estado (Imes), se manifestó a favor de que las mujeres potosinas tengan este derecho.
Al externar su postura sobre el tema, dijo: “Hemos sido muy claras en todas las mesas de trabajo a las que nos han invitado”, y agregó “no podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan muriendo por abortar”.
Incluso, dio a conocer que en este 2019 el Imes ha recibido dos casos de mujeres que deseaban abortar, a las que se les ha brindado asesoría al respecto: “Se les dieron las opciones y además acompañamiento”.
A pesar de que la LXI Legislatura cuenta con 13 diputadas, al parecer la mayoría o están en contra de la legalización del aborto (como Paola Arreola) o le tiene miedo al tema, pues de todas ellas, solo tres se han manifestado abiertamente a favor de conceder este derecho a las mujeres.
Se trata de las legisladoras Martha Barajas, Beatriz Benavente y Marite Hernández Correa.
En su momento, Martha Barajas declaró a la prensa: “Yo estoy a favor, creo que cada mujer debe decidir lo que pasa en su cuerpo, hoy la ley contempla el aborto en casos de violaciones o incluso en casos de malformación genética, pero considero que las mujeres debemos ser libres para decidir qué pasa en nuestro cuerpo”.
Por su parte, Beatriz Benavente consideró que “la penalización del aborto es un tema de inequidad, porque hay mujeres que tienen los medios para practicarse un aborto seguro, sin riesgos y sin dejar rastro alguno, mientras que las mujeres que son puestas en prisión por la práctica de un aborto son aquellas que no tuvieron los recursos económicos para trasladarse a una ciudad donde el aborto es permitido y de mejores condiciones para realizárselo y al haber complicaciones en un aborto clandestino, éstas deben acudir a instituciones públicas desde donde son reportadas y posteriormente detenidas y encarceladas”.
Desde el 2007, hasta 2018, 167 mujeres habían acudido a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) según las estadísticas que proporciona el gobierno de esa entidad.
En lo que va de 2019, esta cifra ha aumentado a 186, lo cual quiere decir que este año, al menos 19 potosinas han viajado a la capital del país, donde pueden interrumpir legalmente su embarazo.
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APUNTES
Culto Público, hijos de la comisión sin gremio:
Bien dice el refrán, “Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar”.
¿Por qué lo digo? Porque resulta que hoy en SLP cualquiera se puede poner un gaffete, agarrar un micrófono, patear puertas, y circular comunicados sin nombre, para hablar en nombre de “todos los periodistas” (…achis)
Con la pena, pero yo zafo, a mí no me preguntaron, y más allá: Ni ellos ni nadie me representa. Y si alguien tiene que hablar, protestar, negociar o pelear por mí, pues muchas gracias, pero yo solito puedo. Ni Omar, ni Anahí, ni Ana Dora son mis líderes ni mis representantes.
Seamos claros: Una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta es usar el oficio como pasamontañas político (Y ustedes saben perfectamente que hablo de Sánchez Zumaya, autor intelectual de una “manifestación” que si bien es legal y válida, también es muy chapucera, porque no defienden lo que dicen, su objetivo no es proteger al gremio, su objetivo ulterior es tener una razón para desgastar al poder. ¿Les salió bien?
Sí. Y de una vez se los adelanto para quien quiera escucharlo: De no ser más inteligentes, les van a repetir estas manifestaciones, van a reunir a “mil y un causas” (pagadas) para instalar una narrativa de polarización con fines políticos usando a ingenuos…y hasta en nombre de los periodistas
En mi opinión, el Congreso lo hizo mal: después de la tormenta creó una comisión para atender “periodistas” sin saber primero quiénes son…a ver: ¿tienen un padrón?, ¿hay examen? ¿cómo se entra a esa lista que no existe?
Entonces, si la comisión es para dialogar con el gremio, pues primero que resuelvan quién y cómo se pertenece o no al mismo, de otra forma habrá -siempre- quien se sienta no incluido.
Ahora bien, que si la comisión es para atender a Omar, Anahí y Ana Dora… pues que le pongan así a la comisión y ya, sin tanta ceremonia republicana.
Respecto a la “indignación” sobre la inclusión de Héctor Serrano y Sara Rocha en la dicha comisión atendedora, hace falta ser muy estúpido para no ver que esa indignación es justo lo que quería el diputado Serrano: le regalaron el mejor argumento (y hasta los hizo pensar que era idea de ustedes) para lavarse las manos y salirse del ojo del huracán.
Si con ellos es la inconformidad, ¿para qué hablar con alguien más?
Yo prefiero arreglarme con el que me chocó el carro, que con su pariente que ni en el carro iba…digo.
¿Soy “pro-Serrano? No. ¿Estoy a favor de la ley Serrano? No.
Soy anti ignorancia, soy anti ingenuidad, soy anti manipulación del Huasteco y su vocero, soy anti el uso de la IA para arruinar vidas y que los autores de ello sean defendidos por Artículo 19 usando como bandera para el colapso público y familiar de cualquiera, la “Libertad de Expresión”.
Soy anti supuestos medios “anónimos” *como Emisor, Central San Luis, No nos van a callar (las dos) el blog de la policía y muchos otros que son propiedad del que se llama “el más bueno, el más íntegro y más puro de los periodistas”, mientras escribe insultos en las sombras, hace periodismo militante en lo público y saca sus complejos en lo oscurito. (Mañana me insulta, se los apuesto 2 a 1)
Eso se llama hipocresía, se llama cobardía. (y mándenle captura si quieren, no es grilla y yo si lo digo de frente y lo firmo)
¿La ley en cuestión tiene que ser reformada para ser precisa y útil para todos y no solamente para el poder?Definitivamente.
Pero de eso, a que quieran utilizar la conversación pública para intentar manipular los hilos de la narrativa en favor del “amparado del PT” que les mata el hambre…pues caray, que mal están jugando.
Lo peor es que además, se están tomando decisiones que, contrario a poner las cosas en su lugar, están fomentando absurdos como el que estamos viendo y haciendo tierra fértil para que lo verdaderamente importante se desvirtúe
Somos más, los que no somos imbéciles
Para ser bueno o ser malo solo hace falta no pensar más allá de las narices. Preguntarse ¿respecto de qué se es lo uno o lo otro? es otra cosa.
Yo soy Jorge Saldaña
El secretario Crisógono Sánchez Lara dijo que muchos jóvenes buscan empleo temporal en vacaciones para costear su próximo ciclo escolar
Por: Redacción
El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Crisógono Sánchez Lara, pidió a las empresas de San Luis Potosí abrir espacio a los jóvenes que buscan empleo durante el periodo vacacional, muchos de los cuales necesitan recursos para inscribirse al próximo ciclo escolar.
Sánchez Lara explicó que la Secretaría del Trabajo mantiene un esquema de colaboración institucional con empresas para canalizar a jóvenes hacia las vacantes disponibles, a partir de su currículo y del perfil que buscan las compañías.
“Las puertas de la Secretaría están abiertas para poder nosotros, a través de la inclusión, incidir entre las mismas empresas, llevando el currículo de por medio, y con eso lo encauzamos con las propias empresas, y ver qué perfil traen para que se puedan hacer incorporados”, dijo el funcionario.
La pregunta sobre esta práctica surgió porque algunas empresas enfrentan rotación cuando los jóvenes contratados por temporada vacacional se van después de algunos meses, lo que afecta la operación de los negocios. Sánchez Lara no ofreció una respuesta específica sobre cómo mitigar ese efecto, más allá de reiterar la disposición de la Secretaría para vincular perfiles con las vacantes disponibles.
El secretario evitó dar una cifra exacta de cuántos jóvenes se integrarán este año al mercado laboral temporal, aunque dijo esperar “una captación fuerte” de estudiantes que buscan trabajar durante las vacaciones.
Sánchez Lara mencionó también un programa estatal —sin precisar su nombre completo en la entrevista— que permite a jóvenes trabajar y estudiar al mismo tiempo, y que, según dijo, en algunos casos les asegura un empleo en la misma empresa una vez que concluyen sus estudios.
El funcionario señaló que el objetivo de la dependencia es que los jóvenes potosinos consigan empleo dentro del estado y no tengan que buscarlo en otras entidades, aunque aclaró que San Luis Potosí también recibe a personas de otros estados que buscan trabajo.
También lee: SLP frena caída de empleo en mayo frente al año pasado
Medicina vuelve a encabezar la lista de las carreras más solicitadas, seguida por Derecho, Contabilidad, Psicología, Economía e Ingeniería
Por: Redacción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aplica este viernes el examen de admisión a cerca de 15 mil aspirantes, de los cuales solo 7,800 obtendrán un lugar en las licenciaturas, informó Alejandro Zermeño Guerra, rector de la institución, durante un recorrido por las sedes donde se realiza la prueba.
Para este ciclo se registraron 15 mil 190 preinscritos, aunque el rector explicó que entre 350 y 400 de ellos no se presentaron al examen por no haber tramitado a tiempo su diploma de terminación de preparatoria. Con ese ajuste, la universidad calculó una asistencia de entre 14 mil 800 y 15 mil aspirantes.
El examen consta de dos partes: una prueba teórica de tres horas y, tras un descanso, un examen psicométrico de una hora. Mientras se aplicaba la prueba, Zermeño Guerra afirmó que la evaluación es única para todos los aspirantes y que solo mide conocimientos que deben dominar los egresados de preparatoria.
Del total de aspirantes, únicamente siete mil 800 obtendrán un lugar, lo que equivale a alrededor del 50 por ciento. Las licenciaturas con mayor demanda son Medicina, con más de dos mil 700 aspirantes distribuidos en tres programas; Derecho, Contabilidad, Psicología, Economía e Ingeniería, esta última con cerca de dos mil aspirantes.
La capacidad limitada de la universidad explica en parte esa proporción: la UASLP
Zermeño Guerra indicó que quienes no obtengan lugar en su primera opción podrán buscar un espacio en facultades con cupo disponible, entre ellas Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades y algunas licenciaturas de Agronomía, además de las sedes de Matehuala y Salinas.
Al momento del recorrido no se habían reportado incidentes graves, salvo el caso de un aspirante que llegó a un edificio equivocado, según el rector. Tampoco se habían registrado desmayos, aunque los servicios médicos permanecían disponibles en todas las sedes.
En la vigilancia del examen participan entre 400 y 500 maestros de la universidad, a razón de cinco por cada 100 alumnos, además de estudiantes que colaboran como vigilantes en sus propias facultades.
Los resultados se darán a conocer en un plazo de ocho días, adelantó Zermeño Guerra.
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