septiembre 12, 2026

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Despenalizado, pero no accesible: el aborto sigue sin garantizarse en SLP

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De 9 hospitales que supuestamente ofrecen la ILE, varios no la realizan y uno de cada tres médicos se declara objetor de conciencia

Por: Redacción

Hace un año, San Luis Potosí celebraba un avance histórico: la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el derecho a decidir sigue siendo, para muchas mujeres y personas gestantes, un privilegio y no una garantía.

La colectiva ILE San Luis Potosí presentó un balance sobre el acceso real a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), resultado de una investigación basada en solicitudes de información pública y visitas directas a hospitales.

De acuerdo con los datos oficiales entregados por los Servicios de Salud del Estado, solo nueve hospitales o unidades médicas realizan el procedimiento de ILE en todo San Luis Potosí. El problema, denuncian las activistas, es que varios de esos hospitales no brindan el servicio en la práctica, pese a figurar en los registros institucionales.

Por ejemplo, el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que opera bajo el esquema IMSS-Bienestar, se negó a ofrecer el servicio a las solicitantes, argumentando que “la mayoría del personal médico es objetor de conciencia”.

En total, la colectiva identificó que, de 107 puestos médicos en hospitales habilitados, uno de cada tres profesionales se niega a realizar el procedimiento. En el Hospital General de Ciudad Valles, 10 de 17 médicos y enfermeros se reportaron como objetores.

“Esta objeción de conciencia institucionalizada es una forma de negar derechos. Si el personal no está capacitado o se niega, la ley se vuelve letra muerta”, advirtieron.

El segundo hallazgo de la investigación es la falta de transparencia

en los registros de los Servicios de Salud. De acuerdo con la respuesta oficial recibida el pasado 22 de octubre, desde la entrada en vigor de la despenalización —entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025— se registraron 132 interrupciones del embarazo
.

Pero de ese total, el 100% corresponde a causales médicas, es decir, ninguno fue catalogado como interrupción voluntaria, pese a que la ley permite esta opción desde hace un año. De las 132 interrupciones, 127 fueron por riesgo a la salud de la madre y cinco por malformación congénita.

“Sabemos de casos de mujeres que solicitaron la interrupción voluntaria y que sí fueron atendidas, pero en los registros oficiales se invisibiliza su decisión. Esto muestra la resistencia institucional para reconocer el aborto como un derecho y no solo como una emergencia médica”, explicó la colectiva.

La Secretaría de Salud, además, omitió responder a la solicitud sobre el número de quejas o denuncias presentadas por usuarias ante la negativa o mala atención en los hospitales.

El panorama que presentan las activistas revela una brecha profunda entre la ley y la realidad. Aunque el aborto es legal en San Luis Potosí desde octubre de 2024, las instituciones no garantizan su acceso pleno, ni difunden información suficiente, ni aseguran personal capacitado y no objetor.

La colectiva ILE sostiene que los obstáculos no son casuales, sino estructurales. Desde la falta de capacitación, la omisión de registros voluntarios, hasta la opacidad informativa, todo apunta a una resistencia institucional para implementar un derecho conquistado por años de lucha feminista.

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Deudores alimentarios podrían quedarse sin licencia y sin candidatura en SLP

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El Congreso analiza siete iniciativas para modificar la operación del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas

Por: Redacción

Quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias podrían enfrentar nuevas restricciones en San Luis Potosí, entre ellas la imposibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular y de obtener una licencia de conducir, de avanzar siete iniciativas que analiza el Congreso del Estado.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, informó que se buscará realizar una sesión conjunta con las comisiones de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, para desahogar las propuestas relacionadas con la operación del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

Entre las modificaciones planteadas se encuentra también hacer público el padrón, de manera que pueda ser consultado por la ciudadanía, aunque se deberán proteger los datos personales y la información sensible de niñas, niños y adolescentes involucrados en los procesos de pensión alimenticia.

López Torres explicó que el dictamen ya se encuentra elaborado, pero requiere la opinión de las otras dos comisiones debido a las disposiciones relacionadas con las personas inscritas en el padrón.

Una de las propuestas establece que quienes aparezcan en el registro no puedan ser postulados como candidatos a cargos de elección popular

. Otra plantea que tampoco puedan solicitar la expedición de una licencia de conducir mientras permanezcan inscritos como deudores alimentarios.

La legisladora señaló que buscarán obtener a la brevedad las opiniones de las comisiones involucradas para avanzar en el dictamen, al considerar que se trata de un tema solicitado por integrantes de la sociedad civil.

López Torres agregó que el incumplimiento del pago de alimentos no se limita a hombres, pues también existen mujeres inscritas como deudoras, por lo que las medidas se aplicarían a cualquier persona que se encuentre en esta situación.

El objetivo, sostuvo, es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin exponer sus datos personales.

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Vinculan a proceso a Juan “N” por feminicidio de joven colombiana

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Tatiana “N”, de 32 años y originaria de Colombia, fue localizada sin vida el 1 de septiembre en Villa de Reyes

Por: Redacción

Juan “N” fue vinculado a proceso

por su probable participación en el feminicidio de Tatiana “N” y en el delito relacionado con la desaparición de personas, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Durante la audiencia, un Juez de Control determinó imponer al imputado la medida caute lar de prisión preventiva oficiosa

, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúa el proceso penal.

La autoridad judicial también estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir y fortalecer los elementos de prueba del caso.

Tatiana “N” había sido reportada como no localizada a finales de agosto, por lo que la FGESLP inició una carpeta de investigación y desplegó acciones de búsqueda a través de la Policía de Investigación y la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas No Localizadas.

La búsqueda concluyó el 1 de septiembre, cuando la víctima fue localizada sin vida en un paraje de la carretera 80, en el municipio de Villa de Reyes.

A partir de las investigaciones realizadas tras el hallazgo, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Juan “N”, quien fue detenido el 6 de septiembre como presunto implicado en los hechos.

Con la vinculación a proceso, el caso continuará bajo investigación durante los próximos seis meses, mientras se desahogan las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que Juan “N” mantiene la calidad de imputado y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal conforme avance el proceso.

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CEA advierte no bajar la guardia pese a niveles altos en presas

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Pascual Martínez, director de la CEA, dijo que las presas están entre 75% y 90% de su capacidad, pero advirtió no bajar la guardia ante una posible sequía en 2027

Por: Haniel Valdés

Las presas de San Luis Potosí se mantienen entre 75% y 90% de su capacidad tras una temporada de lluvias abundante, informó el director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez. Dijo que ese margen se ha sostenido desde octubre de 2025.

Martínez advirtió que, pese a esos niveles, el estado no puede bajar la guardia. Dijo que la CEA debe seguir exhortando y fortaleciendo a los organismos operadores y a los ayuntamientos para sostener acciones estratégicas de administración del agua, porque el volumen almacenado en las presas también da garantía de que se mantengan los mantos freáticos, “porque al final de cuentas van pegados de la mano”. Habló del tema al continuar el balance de obras hídricas de la administración estatal, que ya incluyó la rehabilitación de la presa El Peaje y la ampliación de la flotilla de pipas de la CEA.

Dijo que el objetivo central del organismo es garantizar que el agua llegue a la ciudadanía, y que ya se preparan estrategias ante la posibilidad de que 2027

traiga un “panorama desalentador” de sequía.

Martínez dijo que, junto con la infraestructura, la CEA impulsa entre las nuevas generaciones la cultura del agua, porque “no tenemos la cultura del pago del agua” en el estado. Explicó que ese esfuerzo incluye enseñar el concepto de ciclo urbano del agua: cómo las ciudades alteran el ciclo natural del recurso para tener una mejor calidad de vida, y la responsabilidad que eso implica para cada ciudadano.

El director general de la CEA dijo que San Luis Potosí ha atravesado varias sequías, y que por eso insiste en no bajar la guardia aunque los niveles de almacenamiento actuales sean buenos: la infraestructura ayuda, pero si no llueve o los mantos acuíferos se secan, el agua deja de llegar a las casas.

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