La agresión habría ocurrido frente a compañeros de la dependencia; Margarita Guerrero Ortiz también tiene una denuncia en su contra por desvío de recursos

Por: Redacción

Margarita Guerrero Ortiz, la directora del Instituto Registral y Catastral del estado enfrenta una denuncia penal por haber agredido a dos trabajadoras de esa dependencia de gobierno.

De acuerdo con un documento en poder de este medio, Guerrero Ortiz deberá asistir la siguiente semana a una sesión de mediación y conciliación a la Fiscalía General del Estado “por hechos con características del delito de lesiones”.

Según la versión dada a conocer a La Orquesta por una de las víctimas, el ataque ocurrió hace aproximadamente dos meses. Guerrero Ortiz despidió a las trabajadoras, aunque después tuvo que reinstalarlas, debido a que el Sindicato al que pertenecen ejerció presión.

Las afectadas aseguran que, después del despido, se les intentó revisar sus pertenencias “y nos trató como si nos fuéramos a robar algo”.

Además, según dicen las víctima de la agresión, esta ocurrió frente a muchos de los trabajadores de la dependencia.

Ya era investigada por desvío de 25 mdp

En marzo de este año, Luis Alberto Suárez Castillo, José Corpus Salazar y José Emilio Grimaldo Sánchez, integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO), denunciaron un desvío de 25 millones de pesos en el Instituto Registral y Catastral del Estado.

De acuerdo con los denunciantes, Margarita Guerrero Ortiz, la titular de esta área, habría simulado la realización de un estudio para el programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad

Dicha información se obtuvo por medio de solicitudes de información a diferentes dependencias y ayuntamientos, con los que se constató la subcontratación de empresas licitantes y la simulación de 32 mil inspecciones y vuelos de identificación para dicho programa.

Según comentan, el financiamiento del programa se estableció en 25 millones mil 248.98 pesos, de los cuales correspondió aportar a Sedatu, 15 millones 6 mil 757.98 pesos y al gobierno del estado, a cargo de Juan Manuel Carreras López, 9 millones 994 mil 496.89 pesos.

“Sería desafortunado el hecho de que se sustituyan los vuelos por información cartográfica de Inegi y que se suplantara el trabajo de campo con el escaneo de los archivos del catastro del estado y de los ayuntamientos involucrados. No existe rastro alguno de que dichas actividades, vuelos y trabajo de campo se realizarán”, finalizaron los denunciantes.

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