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El gobernador debe vetar Ley antiUber en SLP: Benavente
Desde el Congreso del Estado se buscará que el gobernador vete la Ley antiUber aprobada el jueves, al ser anticonstitucioinal
Por Abelardo Medellín
La diputada Beatriz Benavente Rodríguez consideró que “quienes deberían estar pagando las malas consecuencias de estas autorizaciones, no es la ciudadanía, sino los diputados que votaron a favor el día de ayer”, ello sobre la manifestación de usuarios de Uber y otras plataformas que cerraron el acceso al parque industrial WTC la mañana de este viernes.
Cabe recordar que los bloqueos se suscitaron debido a la aprobación en el Congreso de la llamada Ley antiUber, que busca regulaciones más severas para los trabajadores de plataformas digitales y la persecución del pirataje por oficio.
Sobre esta votación, Benavente Rodríguez comentó que la aprobación a este tema salió en “fast track”: “A nosotros nos reunieron a una reunión de trabajo, pidieron el voto de confianza y todos estábamos a favor, en ese momento creímos en las buenas intenciones de los compañeros, no había dictamen ni propuesta, vamos, siempre se ha puesto por delante el ánimo de trabajar, a las diez de la mañana ese martes se presentó un adendum”.
La diputada explicó que esta figura no existe en Ley General del Congreso y que este repentino cambio ocurrió “con el ánimo de que no nos enteráramos”.
Lamentó que se hubiera cambiado el orden del día para someter en votación los dictámenes 6 y 10 del orden original; “esto es irregular ya se había aprobado un orden del día en una gaceta (…) para saber quien está detrás de esto, nada más revisen quién voto a favor”, declaró.
La congresista calificó como penoso el hecho de que los legisladores que votaron a favor se hayan ausentado un día después de la votación, y que esto era una señal de “cobardía”, además de señalar que la ley no es retroactiva y que conmina a los nuevos conductores de plataformas digitales a que agilicen sus trámites para no tener que ser afectados cuando la ley entre en vigor durante enero de 2020.
Sobre si se buscará un juicio de inconstitucionalidad ante esta ley, Beatriz Benavente comentó que solicitará el apoyo de las demás legisladoras para revertir la modificación de ley, al igual de que buscará alguna recomendación desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la misma manera declaró que: “Me parece que podría ser responsabilidad también del gobernador buscar vetar esta ley, puesto que yo sé que esta muy preocupado por el tema”, señalando que el Poder Ejecutivo podría ser otra opción para revertir esta ley.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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