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10 años después, la FGR atrajo el caso de “los 4 desaparecidos de Toranzo”
Las autoridades potosinas fueron omisas y negligentes para investigar el caso de “los desaparecidos de Toranzo”, desaparición ocurrida en 2009
Por: Marcela del Muro
“Hija Perla Guadalupe… mi corazón nunca estará completo hasta que no regreses al hogar. Resiste mi niña, yo te encontraré” se podía leer bajo la ficha de búsqueda de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, durante el volanteo que realizó el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Tere, mamá de Perla Guadalupe, busca a su hija y yerno desde hace seis años: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, un comando irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Ríoverde, San Luis Potosí. Iban por José Alberto, pero Perla lo defendió y también se la llevaron. Los dos hijos de la pareja y la suegra de Perla fueron testigos.
Desde entonces, el miedo ha invadido a Tere, pero no ha parado. Los primeros años no hubo avances en la averiguación y ella comenzó la investigación por su cuenta: preguntando a todos los que se topaba en la calle, buscando en internet, pegando volantes. Han pasado los días, meses y años, ahora, se siente más cobijada y su búsqueda continúa.
El año pasado, trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.
La Desaparición Forzada se define como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o complicidad del Estado. Es un delito negado, silencioso, encubierto que en México empezó con la guerra sucia, en la década de los setentas, pero para el 2006 se disparó con más fuerza por la “guerra contra el narcotráfico”.
En San Luis Potosí, existen dos casos donde se señala la desaparición forzada como línea de investigación.
El 31 de mayo, el caso de los “cuatro desaparecidos de Toranzo” pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada. El 11 de octubre del 2009, en la colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, fue la última vez que vieron a Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado y Luis Francisco Medina Rodríguez; quienes colaboraban en la campaña, del entonces candidato, Fernando Toranzo Fernández.
Según la definición de este delito, la desaparición forzada va seguida de la negación en el reconocimiento de la privación de la libertad, así como, la negligencia para la investigación por parte del Estado. Cuando la familia de Moisés Gámez acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hijo de 23 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les negó el servicio, tenían que esperar 72 horas. Regresaron al tiempo indicado, interpusieron la denuncia y, entonces, comenzaron las llamadas de extorsión para el rescate de Moisés. La familia no tardó en avisar al agente encargado de la investigación, quien sugirió entregar el dinero a los extorsionadores, además, de mantenerse al margen para no perjudicar el rescate de Moisés, el cual fue falso.
Para Carmelita, mamá de Moisés, este fue el primero de muchos actos de omisión, encubrimiento y revictimización que vivieron. “Se nos negaba todo. Donde d esaparecieron hay cámaras de seguridad, pero no servían. Pedíamos audiencia con Toranzo, era el gobernador y mis hijos (Carmelita es madre de Moisés, pero también busca a sus tres compañeros desaparecidos y los llama hijos en esta lucha) trabajaron en su campaña, pero nunca nos ayudó, ni nos recibió, no quiso darnos la cara ”. En octubre de este año, se cumplen 10 años sin tener rastros de Moisés, Marco Antonio, Julio César y Luis Francisco.
Hasta la fecha, se han realizado dos búsquedas referentes a la carpeta de investigación: la primera en el municipio de Soledad, la cual fue negativa; y la segunda en el Ejido Matanzas, Moctezuma, San Luis Potosí, que ha sido positiva y continúan trabajando en el predio.
Madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, sobrinos, hijos e hijas buscan de muchas formas a su familiar desaparecido. El 30 de agosto, también, buscaron, mediante un volanteo en la plaza Juárez en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sabían que no los hallarían físicamente, pero pedían empatía de la ciudadanía para encontrar rastros que los ayuden con la investigación de su ser querido.
Varios cientos de fichas de búsquedas impresas se repartieron en las calles colindantes a la plaza. La ciudadanía se inquietó, se impactó, se quedaron mudos al recibir las hojas. No era un papel cualquiera, es la esperanza de todo un comunidad por encontrarlos.
El colectivo Voz y Dignidad estuvo acompañado de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Luz María Montes, titular de la Unidad de Búsqueda, comentó que es esencial sensibilizar a la ciudadanía y los servidores públicos para la cooperación con los familiares de personas desaparecidas, además, comentó su compromiso para la pesquisa y poder llevar a todos a casa, preferentemente, con vida.
El sol sofocaba pero los familiares marcharon por las calles cercanas a la plaza: “¿Por qué los buscamos? porque los amamos” se escuchaba repetidas veces mientras caminaba por las calles, “ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” los familiares mostraban carteles con fotografías de sus desaparecidos, “aquí, allá, los vamos a encontrar”.
Seis personas se presentaron en las carpas de la plaza para dar datos de sus familiares desaparecidos en el municipios, dos de las cuales no contaban con denuncia. José Joaquín Martínez Aguilar, Coordinador Estatal de Búsqueda Inmediata, comentó la importancia de denunciar una desaparición y perder el miedo a las instituciones. El Licenciado Martínez Aguilar fue el encargado, dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda, de investigar y encontrar al bebé Luis Fernando Perales Alonso.
La reciente conmemoración del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada nos acerca a la realidad de un país con más de 40 mil personas desaparecidas y donde ninguna familia está exenta de sufrir este mal.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
También lee: Empresarios potosinos exigen acción contra Gerardo Sánchez Zumaya, señalado por red de factureras y huachicol
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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