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10 años después, la FGR atrajo el caso de “los 4 desaparecidos de Toranzo”
Las autoridades potosinas fueron omisas y negligentes para investigar el caso de “los desaparecidos de Toranzo”, desaparición ocurrida en 2009
Por: Marcela del Muro
“Hija Perla Guadalupe… mi corazón nunca estará completo hasta que no regreses al hogar. Resiste mi niña, yo te encontraré” se podía leer bajo la ficha de búsqueda de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, durante el volanteo que realizó el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Tere, mamá de Perla Guadalupe, busca a su hija y yerno desde hace seis años: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, un comando irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Ríoverde, San Luis Potosí. Iban por José Alberto, pero Perla lo defendió y también se la llevaron. Los dos hijos de la pareja y la suegra de Perla fueron testigos.
Desde entonces, el miedo ha invadido a Tere, pero no ha parado. Los primeros años no hubo avances en la averiguación y ella comenzó la investigación por su cuenta: preguntando a todos los que se topaba en la calle, buscando en internet, pegando volantes. Han pasado los días, meses y años, ahora, se siente más cobijada y su búsqueda continúa.
El año pasado, trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.
La Desaparición Forzada se define como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o complicidad del Estado. Es un delito negado, silencioso, encubierto que en México empezó con la guerra sucia, en la década de los setentas, pero para el 2006 se disparó con más fuerza por la “guerra contra el narcotráfico”.
En San Luis Potosí, existen dos casos donde se señala la desaparición forzada como línea de investigación.
El 31 de mayo, el caso de los “cuatro desaparecidos de Toranzo” pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada. El 11 de octubre del 2009, en la colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, fue la última vez que vieron a Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado y Luis Francisco Medina Rodríguez; quienes colaboraban en la campaña, del entonces candidato, Fernando Toranzo Fernández.
Según la definición de este delito, la desaparición forzada va seguida de la negación en el reconocimiento de la privación de la libertad, así como, la negligencia para la investigación por parte del Estado. Cuando la familia de Moisés Gámez acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hijo de 23 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les negó el servicio, tenían que esperar 72 horas. Regresaron al tiempo indicado, interpusieron la denuncia y, entonces, comenzaron las llamadas de extorsión para el rescate de Moisés. La familia no tardó en avisar al agente encargado de la investigación, quien sugirió entregar el dinero a los extorsionadores, además, de mantenerse al margen para no perjudicar el rescate de Moisés, el cual fue falso.
Para Carmelita, mamá de Moisés, este fue el primero de muchos actos de omisión, encubrimiento y revictimización que vivieron. “Se nos negaba todo. Donde d esaparecieron hay cámaras de seguridad, pero no servían. Pedíamos audiencia con Toranzo, era el gobernador y mis hijos (Carmelita es madre de Moisés, pero también busca a sus tres compañeros desaparecidos y los llama hijos en esta lucha) trabajaron en su campaña, pero nunca nos ayudó, ni nos recibió, no quiso darnos la cara ”. En octubre de este año, se cumplen 10 años sin tener rastros de Moisés, Marco Antonio, Julio César y Luis Francisco.
Hasta la fecha, se han realizado dos búsquedas referentes a la carpeta de investigación: la primera en el municipio de Soledad, la cual fue negativa; y la segunda en el Ejido Matanzas, Moctezuma, San Luis Potosí, que ha sido positiva y continúan trabajando en el predio.
Madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, sobrinos, hijos e hijas buscan de muchas formas a su familiar desaparecido. El 30 de agosto, también, buscaron, mediante un volanteo en la plaza Juárez en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sabían que no los hallarían físicamente, pero pedían empatía de la ciudadanía para encontrar rastros que los ayuden con la investigación de su ser querido.
Varios cientos de fichas de búsquedas impresas se repartieron en las calles colindantes a la plaza. La ciudadanía se inquietó, se impactó, se quedaron mudos al recibir las hojas. No era un papel cualquiera, es la esperanza de todo un comunidad por encontrarlos.
El colectivo Voz y Dignidad estuvo acompañado de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Luz María Montes, titular de la Unidad de Búsqueda, comentó que es esencial sensibilizar a la ciudadanía y los servidores públicos para la cooperación con los familiares de personas desaparecidas, además, comentó su compromiso para la pesquisa y poder llevar a todos a casa, preferentemente, con vida.
El sol sofocaba pero los familiares marcharon por las calles cercanas a la plaza: “¿Por qué los buscamos? porque los amamos” se escuchaba repetidas veces mientras caminaba por las calles, “ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” los familiares mostraban carteles con fotografías de sus desaparecidos, “aquí, allá, los vamos a encontrar”.
Seis personas se presentaron en las carpas de la plaza para dar datos de sus familiares desaparecidos en el municipios, dos de las cuales no contaban con denuncia. José Joaquín Martínez Aguilar, Coordinador Estatal de Búsqueda Inmediata, comentó la importancia de denunciar una desaparición y perder el miedo a las instituciones. El Licenciado Martínez Aguilar fue el encargado, dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda, de investigar y encontrar al bebé Luis Fernando Perales Alonso.
La reciente conmemoración del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada nos acerca a la realidad de un país con más de 40 mil personas desaparecidas y donde ninguna familia está exenta de sufrir este mal.
También lee: Ejido Matanzas: los restos de la crueldad en el Altiplano potosino
#4 Tiempos
MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
También lee: SSPC debe socializar nuevo Reglamento de Tránsito
Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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