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10 años después, la FGR atrajo el caso de “los 4 desaparecidos de Toranzo”
Las autoridades potosinas fueron omisas y negligentes para investigar el caso de “los desaparecidos de Toranzo”, desaparición ocurrida en 2009
Por: Marcela del Muro
“Hija Perla Guadalupe… mi corazón nunca estará completo hasta que no regreses al hogar. Resiste mi niña, yo te encontraré” se podía leer bajo la ficha de búsqueda de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres, durante el volanteo que realizó el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.
Tere, mamá de Perla Guadalupe, busca a su hija y yerno desde hace seis años: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, un comando irrumpió violentamente en su casa en el municipio de Ríoverde, San Luis Potosí. Iban por José Alberto, pero Perla lo defendió y también se la llevaron. Los dos hijos de la pareja y la suegra de Perla fueron testigos.
Desde entonces, el miedo ha invadido a Tere, pero no ha parado. Los primeros años no hubo avances en la averiguación y ella comenzó la investigación por su cuenta: preguntando a todos los que se topaba en la calle, buscando en internet, pegando volantes. Han pasado los días, meses y años, ahora, se siente más cobijada y su búsqueda continúa.
El año pasado, trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.
La Desaparición Forzada se define como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo o complicidad del Estado. Es un delito negado, silencioso, encubierto que en México empezó con la guerra sucia, en la década de los setentas, pero para el 2006 se disparó con más fuerza por la “guerra contra el narcotráfico”.
En San Luis Potosí, existen dos casos donde se señala la desaparición forzada como línea de investigación.
El 31 de mayo, el caso de los “cuatro desaparecidos de Toranzo” pasó a la Fiscalía General de la República (FGR) como desaparición forzada. El 11 de octubre del 2009, en la colonia Jardines del Oriente, San Luis Potosí, fue la última vez que vieron a Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado y Luis Francisco Medina Rodríguez; quienes colaboraban en la campaña, del entonces candidato, Fernando Toranzo Fernández.
Según la definición de este delito, la desaparición forzada va seguida de la negación en el reconocimiento de la privación de la libertad, así como, la negligencia para la investigación por parte del Estado. Cuando la familia de Moisés Gámez acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hijo de 23 años, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) les negó el servicio, tenían que esperar 72 horas. Regresaron al tiempo indicado, interpusieron la denuncia y, entonces, comenzaron las llamadas de extorsión para el rescate de Moisés. La familia no tardó en avisar al agente encargado de la investigación, quien sugirió entregar el dinero a los extorsionadores, además, de mantenerse al margen para no perjudicar el rescate de Moisés, el cual fue falso.
Para Carmelita, mamá de Moisés, este fue el primero de muchos actos de omisión, encubrimiento y revictimización que vivieron. “Se nos negaba todo. Donde d esaparecieron hay cámaras de seguridad, pero no servían. Pedíamos audiencia con Toranzo, era el gobernador y mis hijos (Carmelita es madre de Moisés, pero también busca a sus tres compañeros desaparecidos y los llama hijos en esta lucha) trabajaron en su campaña, pero nunca nos ayudó, ni nos recibió, no quiso darnos la cara 
Hasta la fecha, se han realizado dos búsquedas referentes a la carpeta de investigación: la primera en el municipio de Soledad, la cual fue negativa; y la segunda en el Ejido Matanzas, Moctezuma, San Luis Potosí, que ha sido positiva y continúan trabajando en el predio.
Madres, padres, esposas, hermanas, hermanos, sobrinos, hijos e hijas buscan de muchas formas a su familiar desaparecido. El 30 de agosto, también, buscaron, mediante un volanteo en la plaza Juárez en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sabían que no los hallarían físicamente, pero pedían empatía de la ciudadanía para encontrar rastros que los ayuden con la investigación de su ser querido.
Varios cientos de fichas de búsquedas impresas se repartieron en las calles colindantes a la plaza. La ciudadanía se inquietó, se impactó, se quedaron mudos al recibir las hojas. No era un papel cualquiera, es la esperanza de todo un comunidad por encontrarlos.
El colectivo Voz y Dignidad estuvo acompañado de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda. Luz María Montes, titular de la Unidad de Búsqueda, comentó que es esencial sensibilizar a la ciudadanía y los servidores públicos para la cooperación con los familiares de personas desaparecidas, además, comentó su compromiso para la pesquisa y poder llevar a todos a casa, preferentemente, con vida.
El sol sofocaba pero los familiares marcharon por las calles cercanas a la plaza: “¿Por qué los buscamos? porque los amamos” se escuchaba repetidas veces mientras caminaba por las calles, “ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables” los familiares mostraban carteles con fotografías de sus desaparecidos, “aquí, allá, los vamos a encontrar”.
Seis personas se presentaron en las carpas de la plaza para dar datos de sus familiares desaparecidos en el municipios, dos de las cuales no contaban con denuncia. José Joaquín Martínez Aguilar, Coordinador Estatal de Búsqueda Inmediata, comentó la importancia de denunciar una desaparición y perder el miedo a las instituciones. El Licenciado Martínez Aguilar fue el encargado, dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda, de investigar y encontrar al bebé Luis Fernando Perales Alonso.
La reciente conmemoración del Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada nos acerca a la realidad de un país con más de 40 mil personas desaparecidas y donde ninguna familia está exenta de sufrir este mal.
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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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