El diputado Rubén Guajardo criticó la caída del 0.7 por ciento en el crecimiento económico de la entidad, y acusó que existe una “pasividad burocrática” para resolver el problema

Por: Redacción

El diputado Rubén Guajardo Barrera calificó como alarmantes las cifras que ha reportado el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), donde se indica un -0.7 por ciento de crecimiento económico, “lo que refleja malas decisiones en materia financiera tanto del Estado como de la Federación; lo que hace más difícil la tarea de abatir la pobreza en la que se encuentra el 50 por ciento de nuestra población”, mencionó.

Detalló que los resultados del estudio del Inegi señalan que en el trimestre enero-marzo de este año ha tenido un panorama negativo sobre la evolución económica en la entidad, pues dijo, “la cifra se encuentra muy por debajo de la media nacional y además nos coloca como la novena entidad con menos crecimiento económico”.

De acuerdo con Inegi, debido a la baja en la actividad industrial de la región Bajío, San Luis Potosí está con un saldo negativo por una caída de 6.6 por ciento, por la disminución de la minería en 6.3 por ciento, y en el caso de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se cayó hasta un 18 por ciento.

“Lo anterior, son datos que preocupan y que deben alarmar a las autoridades, porque sin crecimiento económico no hay posibilidades de avanzar, lo que estoy observando es que hay una pasividad burocrática tanto a nivel nacional y local, y lo más inquietante es que estas cifras van cayendo conforme pasan los meses. No sé si estemos a tiempo de frenar ese ritmo negativo, pues es sabido que en la recta final del año, hay despidos, y reacomodos de finanzas”, explicó Guajardo Barrera.

Por último, dijo que desde el Poder Legislativo se puede ayudar a revertir estas cifras negativas, “estos números están demostrando que hay una flojera gubernamental y que existe despreocupación hacia los números que recientemente emitió el Coneval, donde nos dejan entre las nueve entidades del país con 50 a 65 por ciento de población con algún grado de pobreza”.

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