julio 28, 2026

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Aún con irregularidades, la Fiscalía dejó a Cayeyo en la cárcel

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Cayeyo

El tribunal no consideró grave las supuestas faltas al debido proceso que la defensa de Cayeyo Jr intentó comprobar; la sentencia se dará a conocer después

Por: María José Puente Zavala

Visiblemente descompuesto, el Cayeyo Jr recibió el fallo del tribunal que condujo el juicio oral en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre, en la capital de San Luis Potosí.

El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.

También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.

El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.

Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.

Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.

La defensa: hubo irregularidades y vamos a apelar

Mientras la sentencia contra el Cayeyo se leía en la sala de audiencias, el equipo de abogados que integró la defensa no lograba ocultar su desagrado y, una vez abordados por los medios de comunicación, rechazaron el fallo del tribunal sobre su representado; además, aseguraron que acudirán ante otras instancias hasta agotar las posibilidades de que este quede en libertad.

“Esta defensa no comparte el criterio de los jueces, estamos inconformes, estamos muy molestos, creo que hubo arbitrariedad por parte de ellos. (…) Es del dominio público la crisis de procuración de justicia por la que estamos pasando en el estado. Estamos cansados y, concretamente en este juicio, el Poder Judicial del Estado suple las deficiencias de la acusación de la Fiscalía y eso pasa en muchos juicios”, indicó Rafael Aguilar, vocero del equipo.

“¿Con qué certeza el tribunal condena cuando está plenamente demostrado que se ocultó un video y se condujo esa perito con falsedad cuando subió de testigo? Eso, por sí solo, conlleva la nulidad del juicio. ¿Qué certeza nos da que se hayan escondido otras evidencias que nosotros no hayamos visto? ¿En qué otros juicios lo pueden estar haciendo? Nosotros obviamente apelaremos este fallo, pero independientemente de ello, acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, si esto continúa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, amenazó.

Sobre las consecuencias que para el acusado debió arrojar el proceso penal, Aguilar afirmó que: “nosotros, como ustedes lo escucharon desde un principio, planteamos que nuestro defendido efectivamente había cometido el hecho que se le atribuye, pero fue en una riña. Entonces, planteamos que había sido homicidio en riña, pero con la prueba nueva que fue admitida y, contrario a lo que dijo el juez, no fue obtenida ilícitamente, esperábamos haber obtenido la inmediata libertad de nuestro defendido”.

Finalmente, Aguilar también sugirió que Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado, también podría tener que responder por su responsabilidad en el caso, toda vez que, cometido el crimen, el Cayeyo buscó al funcionario en su domicilio para confesar: “como se planteó en las incidencias, el fiscal se tuvo que haber excusado en un principio, por la relación que tenía con ambos intervinientes”.

Estamos en paz: familiares de Eugenio Castañón

Por su parte, el tío paterno de la víctima se dijo tranquilo con el fallo del tribunal colegiado e incluso elogió la actuación de la Fiscalía General del Estado: “Yo creo que en esta etapa nos ha quedado claro que el imputado cometió el crimen; nada más estaremos en espera de que se dicte la sentencia.

Creemos que es lo correcto; fueron dos años muy complicados para la familia y el día de hoy nos vamos en paz y esperemos que lo que venga sea favorable. Yo, en lo personal, entiendo la actitud de la defensa, ellos tienen que devengar su sueldo”, concluyó.E

GARZA Y CASTILLO CELESTINO MIENTEN, DIJO CAYEYO

  • Ayer, antes de la sentencia, el acusado rindió su declaración

Ayer, previo a que se conociera la sentencia en contra de Cayeyo Jr, el acusado rindió su declaración.

Eugenio Castañón Elizondo “era un conocido mío”. Así comenzó el Cayeyo Jr su declaración ante el tribunal colegiado que encabeza el juicio oral en su contra por el homicidio que cometió el 5 de mayo del 2017, después de una prolongada borrachera, en la cocina de su casa ubicada en el Fraccionamiento Campestre.

Aunque el avanzado estado de ebriedad del homicida quedó manifiesto durante la llamada que hizo a los servicios de emergencia, su exposición de los hechos, el lunes, fue nítida.

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaníaco”:

-Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?-habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la tapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

Garza y Castillo mienten: Cayeyo

Pese a que dirigir la mirada al tribunal es exigencia manifiesta no bien el testigo toma asiento para emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.

El acusado siguió:

“Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad”.

Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho “que su yerno estaba muerto en mi cocina”.

También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.

“Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche”.

El Cayeyo asegura que, contrario a lo declarado por el fiscal general del estado y el titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.

“En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar”, indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.

Cabe recordar que, según Federico Garza y J. Guadalupe Castillo, al llegar el segundo al exclusivo fraccionamiento, fue conducido por el fiscal general al domicilio del acusado.

También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Tras vertir su testimonio, guiado por uno de los cuatro abogados que integran su defensa, el Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctimas

“No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir”, cerró.

Acto seguido se incorporó a la compañía de su defensa y con un visible temblor en las manos apuró un largo sorbo a su botella de agua.E

LA DEFENSA QUERÍA ANULAR EL JUICIO

  • Buscaban demostrar irregularidades en el debido proceso

La defensa de Eduardo Hernández Jannet, conocido como El Cayeyo Jr, pidió ayer en la misma audiencia en la que se le dictó sentencia a su representado, anular el juicio que se seguía contra él por el homicidio de Eugenio Castañón Elizondo debido a irregularidades en el debido proceso.

El pasado jueves la defensa presentó como última prueba un video filtrado por un presunto policía ministerial en el que podría apreciarse que personal de la corporación realizó de manera equivocada -por tanto, ilícita, acusa la defensa- el procesamiento de la escena del crimen.

El tribunal a cargo del caso se retiró a deliberar sobre esta solicitud, después de que fueron desahogadas todas las pruebas que ambas partes, tanto la defensa como la Fiscalía, reunieron a lo largo de la investigación complementaria.

Al inicio del juicio oral la defensa solicitó una sentencia de entre 4 y 8 años.

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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro

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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito

Por: Redacción

A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.

A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.

La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.

De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.

Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.

Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.

No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.

La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.

Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.

El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.

Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.

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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital

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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado

Por: Ana G Silva

La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.

Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.

Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.

La comparación anual muestra un panorama distinto

Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.

En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento

, es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.

Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.

A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.

Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.

La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.

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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE

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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.

El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones

.

La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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