junio 9, 2025

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Aún con irregularidades, la Fiscalía dejó a Cayeyo en la cárcel

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Cayeyo

El tribunal no consideró grave las supuestas faltas al debido proceso que la defensa de Cayeyo Jr intentó comprobar; la sentencia se dará a conocer después

Por: María José Puente Zavala

Visiblemente descompuesto, el Cayeyo Jr recibió el fallo del tribunal que condujo el juicio oral en su contra por el homicidio de su amigo Eugenio, el pasado 5 de mayo del 2017, en la cocina de su casa, ubicada en el fraccionamiento Campestre, en la capital de San Luis Potosí.

El hijo de uno de los empresarios ganaderos más prominentes de la entidad fue hallado culpable por el delito de homicidio calificado, con el grado de ventaja y traición, pues, consideró el tribunal colegiado, quedó probado que se aprovechó de la confianza que su víctima le tenía y, en realidad, su vida nunca estuvo en peligro al grado de requerir la defensa propia utilizando un arma de fuego.

Los jueces también concluyeron que fue el Cayeyo quien alteró la escena del crimen y “sembró” un cuchillo en la mano derecha de su víctima después de que este se desplomó sobre el suelo, producto del disparo que recibió a la altura de la nariz y que le arrebató la vida de manera instantánea.

También consideraron que el homicida miente al asegurar que decidió dispararle a su víctima porque este lo agredió a golpes y posteriormente arrancó la tapa de un cajón para golpearlo, logrando herirlo en los antebrazos, para finalmente tomar un cuchillo e intentar lesionarlo.

La ruta genética; es decir, las manchas de sangre de Eugenio, fueron encontradas en el suelo de la cocina pero también en el portacuchillos y en la tarja de una cantina, ubicada en otro salón, lo que no calza con la versión del acusado, consideraron, toda vez que la víctima solo presentó la herida de bala en el rostro y no pudo, post mortem, dejar los rastros de su sangre en los puntos mencionados.

Contra lo que la defensa esperaba, el tribunal no consideró grave que una buena parte de los peritos que participaron en el procesamiento de los indicios no contase con la licenciatura en criminalística, y, en contraparte, argumentó que la experticia de los mismos quedó probada con la exposición de su respectivo historial profesional.

El video que la defensa presentó hacia la recta final del juicio tampoco fue considerado para su valoración al momento de tasar el fallo, toda vez que -indicaron los miembros del tribunal- fue obtenido de manera ilícita; es decir, aunque se dijo que fue una perito quien recabó el material, no se probó que ella hubiera entregado voluntariamente el material, además de que este, en sí mismo, es violatorio de los derechos humanos de la víctima, cuyo cadáver se exhibió, incluso, en un medio de comunicación.

Finalmente, los representantes del Poder Judicial del Estado concluyeron que, entre las cuatro y las seis de la mañana, Eugenio y Eduardo consumían bebidas alcohólicas, discutieron, y el primero se dirigió a una vitrina donde guardaba armas largas y cortas para tomar un revólver calibre .32.

Volvió a la cocina y le disparó a su amigo a la altura de la nariz, a una distancia no mayor a los 70 centímetros.

La defensa: hubo irregularidades y vamos a apelar

Mientras la sentencia contra el Cayeyo se leía en la sala de audiencias, el equipo de abogados que integró la defensa no lograba ocultar su desagrado y, una vez abordados por los medios de comunicación, rechazaron el fallo del tribunal sobre su representado; además, aseguraron que acudirán ante otras instancias hasta agotar las posibilidades de que este quede en libertad.

“Esta defensa no comparte el criterio de los jueces, estamos inconformes, estamos muy molestos, creo que hubo arbitrariedad por parte de ellos. (…) Es del dominio público la crisis de procuración de justicia por la que estamos pasando en el estado. Estamos cansados y, concretamente en este juicio, el Poder Judicial del Estado suple las deficiencias de la acusación de la Fiscalía y eso pasa en muchos juicios”, indicó Rafael Aguilar, vocero del equipo.

“¿Con qué certeza el tribunal condena cuando está plenamente demostrado que se ocultó un video y se condujo esa perito con falsedad cuando subió de testigo? Eso, por sí solo, conlleva la nulidad del juicio. ¿Qué certeza nos da que se hayan escondido otras evidencias que nosotros no hayamos visto? ¿En qué otros juicios lo pueden estar haciendo? Nosotros obviamente apelaremos este fallo, pero independientemente de ello, acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, si esto continúa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, amenazó.

Sobre las consecuencias que para el acusado debió arrojar el proceso penal, Aguilar afirmó que: “nosotros, como ustedes lo escucharon desde un principio, planteamos que nuestro defendido efectivamente había cometido el hecho que se le atribuye, pero fue en una riña. Entonces, planteamos que había sido homicidio en riña, pero con la prueba nueva que fue admitida y, contrario a lo que dijo el juez, no fue obtenida ilícitamente, esperábamos haber obtenido la inmediata libertad de nuestro defendido”.

Finalmente, Aguilar también sugirió que Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado, también podría tener que responder por su responsabilidad en el caso, toda vez que, cometido el crimen, el Cayeyo buscó al funcionario en su domicilio para confesar: “como se planteó en las incidencias, el fiscal se tuvo que haber excusado en un principio, por la relación que tenía con ambos intervinientes”.

Estamos en paz: familiares de Eugenio Castañón

Por su parte, el tío paterno de la víctima se dijo tranquilo con el fallo del tribunal colegiado e incluso elogió la actuación de la Fiscalía General del Estado: “Yo creo que en esta etapa nos ha quedado claro que el imputado cometió el crimen; nada más estaremos en espera de que se dicte la sentencia.

Creemos que es lo correcto; fueron dos años muy complicados para la familia y el día de hoy nos vamos en paz y esperemos que lo que venga sea favorable. Yo, en lo personal, entiendo la actitud de la defensa, ellos tienen que devengar su sueldo”, concluyó.E

GARZA Y CASTILLO CELESTINO MIENTEN, DIJO CAYEYO

  • Ayer, antes de la sentencia, el acusado rindió su declaración

Ayer, previo a que se conociera la sentencia en contra de Cayeyo Jr, el acusado rindió su declaración.

Eugenio Castañón Elizondo “era un conocido mío”. Así comenzó el Cayeyo Jr su declaración ante el tribunal colegiado que encabeza el juicio oral en su contra por el homicidio que cometió el 5 de mayo del 2017, después de una prolongada borrachera, en la cocina de su casa ubicada en el Fraccionamiento Campestre.

Aunque el avanzado estado de ebriedad del homicida quedó manifiesto durante la llamada que hizo a los servicios de emergencia, su exposición de los hechos, el lunes, fue nítida.

“Estábamos en mi casa ingiriendo bebidas alcohólicas; él me dijo que su familia tenía más dinero que la mía, que mi papá era un pinche cuidavacas y que yo era un mantenido”.

“Empezamos a discutir; Yo le dije que era un pinche quemaperros y un piromaníaco”:

-Cuídate, cabrón, que si ya maté a un trabajador en mi rancho y nadie se dio cuenta; ¿qué te puede pasar a ti?-habría sido la respuesta de la víctima.

“Se paró del banco y se me avienta a los golpes. Fue a un cajón de la cocina integral y arrancó la tapa”, continuó relatando el acusado para luego calzar la descripción de las heridas con la versión de los peritos contratados por su defensa.

Según dicha mecánica de hechos, expuesta durante la semana pasada, la víctima habría golpeado al Cayeyo en el antebrazo, cerca del codo, para después dejar la tapa del cajón sobre la repisa y tomar un cuchillo con la mano derecha.

“Saqué una pistola que traía en mi pantalón y le disparé para defenderme. Cerré los ojos, di un paso atrás, quedé en shock”.

Garza y Castillo mienten: Cayeyo

Pese a que dirigir la mirada al tribunal es exigencia manifiesta no bien el testigo toma asiento para emitir su declaración, el Cayeyo Jr respondió las preguntas sin cruzar mirada con los jueces, quienes en dos ocasiones advirtieron al acusado que rendir su testimonio podría incriminarle.

El acusado siguió:

“Colgué el teléfono, me subí a una camioneta de mi papá y me dirigí a la casa del procurador», adujo y explicó que tomó esa decisión dado que «él siempre fue el abogado de mi papá; yo sabía que es la máxima autoridad”.

Aunque en su momento, Federico Garza negó haber sido informado por el Cayeyo de la muerte de su futuro familiar político, el acusado asegura haberle dicho “que su yerno estaba muerto en mi cocina”.

También indicó el acusado que Garza Herrera le ordenó sentarse en la banqueta mientras llamaba al titular de la Policía Ministerial, J. Guadalupe Castillo Celestino, quien arribó minutos después y, sin mediar más, lo detuvo.

“Me dijo que me parara, que estaba detenido y que me subiera al coche”.

El Cayeyo asegura que, contrario a lo declarado por el fiscal general del estado y el titular de la Policía Ministerial, en ningún momento fue conducido a su casa, ni autorizó el acceso de Castillo para verificar los signos vitales de la víctima.

“En ningún momento me llevaron a mi casa, no es verdad que les haya dado autorización para entrar”, indicó el homicida para después agregar que los videos de las cámaras de videovigilancia del Campestre les fueron negados, bajo el argumento de que, justamente, entre las 5 y las 7 de la mañana, las dos cámaras que pudieron registrar sus movimientos, dejaron de funcionar.

Cabe recordar que, según Federico Garza y J. Guadalupe Castillo, al llegar el segundo al exclusivo fraccionamiento, fue conducido por el fiscal general al domicilio del acusado.

También dijo Garza que no ingresó a la escena del crimen, sino que se retiró dejando al policía ministerial y al homicida en el sitio y que ambos sí ingresaron hasta el sitio donde yacía el cadáver de Eugenio Castañón.

Tras vertir su testimonio, guiado por uno de los cuatro abogados que integran su defensa, el Cayeyo Jr cerró su participación en el estrado y se negó a responder pregunta alguna a los representantes de la Fiscalía General, así como a los asesores legales de la familia de la víctimas

“No quiero contestarle a la Fiscalía; ya dije lo que tenía que decir”, cerró.

Acto seguido se incorporó a la compañía de su defensa y con un visible temblor en las manos apuró un largo sorbo a su botella de agua.E

LA DEFENSA QUERÍA ANULAR EL JUICIO

  • Buscaban demostrar irregularidades en el debido proceso

La defensa de Eduardo Hernández Jannet, conocido como El Cayeyo Jr, pidió ayer en la misma audiencia en la que se le dictó sentencia a su representado, anular el juicio que se seguía contra él por el homicidio de Eugenio Castañón Elizondo debido a irregularidades en el debido proceso.

El pasado jueves la defensa presentó como última prueba un video filtrado por un presunto policía ministerial en el que podría apreciarse que personal de la corporación realizó de manera equivocada -por tanto, ilícita, acusa la defensa- el procesamiento de la escena del crimen.

El tribunal a cargo del caso se retiró a deliberar sobre esta solicitud, después de que fueron desahogadas todas las pruebas que ambas partes, tanto la defensa como la Fiscalía, reunieron a lo largo de la investigación complementaria.

Al inicio del juicio oral la defensa solicitó una sentencia de entre 4 y 8 años.

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A un año del caso Rich: justicia que llega a paso lento

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La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación; aún no hay sentencias ni castigos definitivos

Por Redacción

Este 7 de junio se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, donde el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves a otros ocho asistentes. A doce meses del incidente, el caso continúa abierto: tres personas enfrentan un proceso penal por homicidio y lesiones culposas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la posibilidad de judicializar a funcionarios públicos por omisiones.

La noche del 7 de junio de 2024, un sobrecupo estimado en más de mil 500 personas —cuando la capacidad permitida era de 200— derivó en el colapso estructural de un barandal, causando que varias personas cayeran desde una altura considerable. El saldo fue: dos jóvenes perdieron la vida, varios resultaron con lesiones graves, y algunos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Tras el accidente, tres personas encargadas de la operación del lugar —Ulises “N.”, Francisco “N.” y Nancy “N.”— fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 40 años de prisión para Nancy “N.”, mientras que el proceso penal continúa en la etapa intermedia, luego del cierre de la investigación complementaria a finales de 2024.

Además, la Fiscalía amplió las investigaciones para determinar si servidores públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Gobierno del Estado incurrieron en alguna responsabilidad. Hasta ahora, cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio han sido sancionados administrativamente con inhabilitaciones de seis a doce meses, aunque familiares de las víctimas han cuestionado la tibieza de estas medidas.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó un gasto cercano a los 4.8 millones de pesos para atención médica, funeraria, psicológica y legal a las víctimas y sus familias.

La Fiscalía reconoció que al menos seis de los lesionados presentan secuelas permanentes, y que algunos requerirán tratamiento durante al menos seis años.

Mientras que la Dirección de Comercio de la capital reformó su reglamento que cumple con compromisos como ordenar y dignificar el espacio público, además de brindar certeza jurídica tanto al comercio formal como al informal. 

A lo largo de estos doce meses, familiares de las víctimas han promovido acciones para garantizar justicia completa. Además de exigir sanciones más firmes contra responsables directos y funcionarios omisos, han solicitado reformas para evitar que hechos similares se repitan. Una petición pública en línea recabó firmas solicitando una investigación a fondo y cambios en la supervisión de establecimientos de entretenimiento.

Aunque el proceso penal contra los tres imputados avanza, aún no se ha dictado sentencia. Tampoco se ha determinado si funcionarios públicos serán judicializados. La Fiscalía ha reiterado que la investigación permanece abierta y no se descarta la judicialización de nuevas personas involucradas.

A un año de la tragedia, el caso Rich representa una herida abierta en San Luis Potosí: un recordatorio del costo de la omisión, la impunidad y la negligencia en la vida nocturna. Y también una prueba de que la justicia, cuando llega, lo hace a paso lento.

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Ayuntamiento de SLP

La prevención nos toca a todos, señaló Galindo

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El alcalde capitalino exhortó a la población a dar aviso preventivo ante situaciones de posible riesgo en sus colonias

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos presidente municipal de San Luis Potosí señaló que tras las intensas lluvias de la semana pasada hubo una respuesta inmediata por parte de las corporaciones de seguridad pública protección civil y obras públicas no obstante señaló en el sentido opuesto que la capacidad preventiva es una facultad que corresponde a las autoridades y a la ciudadanía por igual

El alcalde capitalino hizo un llamado a la población para prevenir que las situaciones meteorológicas afecten más de lo necesario a través de medidas como la limpieza correcta de las vialidades el no arrojar basura a las alcantarillas mantenimiento adecuado a la vegetación propiedad de los vecinos entre otras medidas

La prevención sí nos toca a todos nosotros proponemos medidas. por ejemplo la gente conoce sus árboles las vecinas nos dicen y nos advirtieron lo que puede pasar y venimos a podar. Creo que aquí la mejor labor es cuando la ciudadanía nos informa siente que se va a caer un árbol siente o sabe que se inunda su zona y ahí nosotros estamos adelantando acciones de trabajos preventivos podando árboles disminuyéndole su peso y una gran cantidad de acciones

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Destacadas

Nuevo Poder Judicial de SLP, con libertad de opiniones

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El actual magistrado presidente aseguró que la resolución de conflictos será mediante el criterio autónomo de cada una y uno de los electos

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí, manifestó que las y los magistrados electos en la pasada elección para renovar el Poder Judicial, gozarán de autonomía y una libertad para externar sus criterios en el ejercicio de su función.

El actual magistrado presidente estatal señaló que la conformación de este Poder Judicial a cargo de la ciudadanía no sólo permite que hayan llegado l os perfiles más votados por la población, sino que cada uno contará con sus propios puntos de vista o argumentos a la hora de emitir una sentencia.

Cada juez es autónomo para emitir sus propias determinaciones, esa parte está prevista desde la Constitución; cada juzgador, cada magistrado es independiente para emitir sus determinaciones. Hay libertad para cada uno de ellos”, afirmó.

Morales Silva recordó que el nuevo Poder Judicial entrará en funciones desde el 15 de septiembre de este año, permitirá la impartición de justicia, pronta y expedita y imparcial, con jueces electos por la ciudadanía. 

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Opinión

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