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San Luis Potosí, el tercer estado con más delitos ambientales
Las autoridades han sido omisas y acumulan una serie de escándalos en la materia
Por El Saxofón
En el estado de San Luis Potosí se está consumando un desastre en el tema ambiental. El declive que se atisbaba desde hace años en modo estructural finalmente reventó este mes desde varios flancos por omisiones de todos los niveles de gobierno.
La decadencia quedó patente ayer con un nuevo episodio: la Sierra de Álvarez perdió su condición de Área Nacional Protegida tras fallo de un tribunal federal.
La organización Cambio de Ruta informó que el Tribunal optó por sobreseer “el juicio por una supuesta falta de interés legítimo de los quejosos” e indicó que debido a ello las compañías mineras y empresas irregulares podría hacer lo que les venga en gana, aunque esto sea en detrimento del ecosistema potosino. Además, acusaron a las autoridades ambientales de tener desinterés “de las autoridades ambientales de aplicar un plan de manejo que debió emitirse desde 1981”.
Cambio de Ruta lamentó que no se estableciera un programa hidrológico que “hubiera permitido regular todas las actividades que se hacen en la Sierra de Álvarez, conservar la flora y fauna, preservar la reserva forestal que sirve de pulmón para San Luis Potosí y la recarga hidrológica, así como conservar el lugar de esparcimiento familiar que tanto disfrutando”.
El panorama deja cada vez más señaladas a las autoridades que hasta el momento no han dado una respuesta firme ante lo que es ya un acumulado de tropiezos.
SLP, TOP 3 EN DELITOS AMBIENTALES
Los delitos ambientales repuntaron en San Luis Potosí en enero pasado. Al inicio del año la entidad registró 18 denuncias por este tipo de delitos, ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México, que acumuló 43 denuncias y el Estado de México con 36.
De las carpetas de investigación abiertas por delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, 11 fueron por denuncias interpuestas en la capital del estado, 3 en Soledad de Graciano Sánchez, 2 en Ciudad Valles, una en Rioverde y una más en Villa de Reyes.
A nivel nacional, se denunciaron 119 casos de delitos Contra el ambiente. Otros estados que reportaron delitos contra el ambiente son Baja California (5) Chihuahua (3), Michoacán (3), Chiapas (2) Puebla (2) Quintana Roo (2), Aguascalientes (1) Guanajuato (1), Hidalgo (1), Jalisco 1 y Veracruz (1)
Los estados que no reportaron este tipo de delitos en enero pasado son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
En 2018 se denunciaron un total de 45 delitos contra el ambiente en San Luis Potosí, lo cual quiere decir que tan solo en el primer mes de 2019, ya se denunciaron una cantidad equivalente al 40 por ciento del total de delitos registrados el año pasado.
Aunado a ello, si se toma en cuenta que en enero de 2018 solo se presentó una querella por este tipo de delitos, en comparación, en enero de 2019 se registró un repunte de bastante considerable.
Tiradero clandestino de Draexlmaier
CONTAMINACIÓN EN VARIAS RUTAS
Algunos delitos contra el ambiente son de sobra conocidos en San Luis Potosí. En días pasados se denunció a la opinión pública, por enésima ocasión, la contaminación que genera en el Río Huichihuayan la descarga de aguas residuales provenientes de una fábrica de jugos.
Por otro lado, la Sierra de Álvarez se vio inmerso en la explotación de la empresa Cal Química de México, pese al rechazo de los pobladores, quienes sostienen que el trabajo de la compañía deteriora el ambiente.
Sobre este tema, los ciudadanos denunciantes acusan la falta de acciones por parte de las autoridades ambientales, en este caso la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, cuya titular Yvett Salazar Torres ha sido señalada en numerosas ocasiones por omisión en distintos casos de afectaciones al ambiente por parte de empresas.
Sin embargo, la ex diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene en el cargo.
AGUAS TURBIAS
En días pasados, el diputado presidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado señaló que los ríos de la huasteca potosina enfrentan severos problemas de contaminación, por lo que es necesario que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realicen una verificación continua y apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de la contaminación de estos afluentes.
Consideró que en lo que corresponde a la legislación local, sería necesario analizar la necesidad de endurecer las sanciones 
El diputado se refirió concretamente al caso de la juguera que por años ha vertido sus residuos al cauce del Río Huichihuayan, y subrayó la “poca atención” que las autoridades en materia de ecología han puesto a las denuncias ciudadanas por este caso de contaminación.
“La contaminación de los ríos en la zona Huasteca es muy grave, desgraciadamente se ha puesto muy poca atención a los reclamos de los ciudadanos, existe actualmente una fábrica de jugo de naranja que contamina seriamente el río de Huichihuayan”, dijo el legislador.
Además, señaló que en los ríos de Ciudad Valles y El Naranjo, también existe contaminación de parte de los ingenios azucareros, y aseveró que hay denuncias de que vierten sus desechos al río Gallinas.
“Realmente tenemos pocos ríos de agua pura, porque la mayoría están contaminados”, sentenció.
Lárraga Delgado, recordó que hace algunos años, se aplicó mano dura de parte de la administración municipal de Tanlajás, y así se logró frenar la contaminación del río Coy que era el sitio en donde los ingenios azucareros arrojaban sus desechos.
Yvett Salazar Torres
UNA LEY QUE SE IGNORA
El Código Penal Federal, en su Título Vigésimo Quinto, establece los Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental.
En su artículo 414, señala como delito, entre otras acciones, la descarga de sustancias que “cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.
En su artículo 416 precisa que “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.
Añade que “Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia una área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa”.
Cabe señalar que en enero pasado, en San Luis Potosí se registraron el 15 por ciento de los delitos contra el ambiente denunciados en todo el país.
Tiradero clandestino de deshechos de Draexlmaier
EL DRAEXLGATE Y LA COMPLICIDAD DE LA SEGAM
El punto más escandaloso de la negligencia ambiental quedó al descubierto por una investigación de La Orquesta en la que se demostró que solo el 3.33 por ciento de las 2 mil toneladas de desechos industriales que generó la planta Draexlmaier ubicada en San Luis Potosí, entre septiembre del 2017 y septiembre de 2018, fueron depositados en tiraderos autorizados, del resto se desconoce su disposición, aunque, como se probará en el presente reportaje, se encontraron toneladas de su “scrap” en tiraderos clandestinos, el mercado negro y, según ambientalistas, también podrían estar siendo usados como combustible de los hornos de ladrilleras altamente contaminantes que se ubican en la periferia de la ciudad.
Pese al revuelo que la noticia causó entre la población, las autoridades optaron por un perfil bajo para atender el asunto, además de minimizar la responsabilidad de la empresa alemana en los hechos. En las declaraciones hubo contradicciones y, sobre todo, un desdén sostenido.
También lea: Sierra de Álvarez pierde protección tras fallo de un tribunal federal
APUNTES
La tensión entre la autoridad estatal y municipal está alcanzando límites peligrosos. Es una tensión diaria, inocultable, palpable y al rojo vivo.
A pesar de expresiones esporádicas como esa de “no es tiempo de enfrentarse con nadie”, las mismas duran lo que dos parpadeos, se disuelven a la velocidad de las redes y se transforman nuevamente en señalamientos de ida y vuelta.
Sin necesidad, los umbrales de tolerancia de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo se desvanecen y el asunto ya traspasó lo institucional.
El núcleo del enojo —porque así lo comunican— radica en una suerte de competencia de colocación de mensajes y acciones que Gallardo los atribuye a Galindo y viceversa.
El riesgo es que esta guerra absurda se les salga de las manos y sean otros quienes, por “quedar bien”, escalen las hostilidades.
Se les llama “acomedidos”.
Gente que, asumiendo bandos y buscando una especie de “comprobación de lealtades”, toman “iniciativas” por su cuenta y alimentan el encono entre sus respectivos jefes.
Que eso ocurra es tanto como para un general no controlar el uso de su armamento ni a su tropa.
Como ejemplo, hace apenas un rato, el gobernador se quejó, notoriamente alterado y molesto, de que el municipio paga y pauta para que se difundan mentiras, como la del supuesto “búnker” del fraccionamiento Club de Golf, cuando se trató de un asunto doméstico (de alcances mucho más grotescos… pero finalmente un asunto íntimo con mucha violencia de género).
Por su parte, ayer domingo, el alcalde dejó ver en una entrevista (porque no acusó) que la manifestación en su contra… tenía todas las características de ser un acto de provocación.
Las mujeres inconformes se defendieron, como manada en peligro, insistiendo en que eran vecinas de la Garita de Jalisco, sin embargo, llamó la atención que no tuvieron intención de dialogar ni antes, durante ni después del evento.
Su consigna era muy vaga, poco clara, y el objetivo manifiesto, visto por muchos asistentes, era claramente arruinar el evento municipal. ¿Las mandaron? ¿Se mandaron solas? ¿Fue manifestación genuina? ¿Alguien ve Moros con tranchetes o tormentas en vasos con hielo?
El alcalde, en una frase, dejó ver lo que interpretó del asunto: “Lamento que se hayan cruzado esos límites.”
En ambos casos, estoy seguro (o por lo menos así me gusta pensar)
La responsabilidad de ambos es haber generado este ambiente de presión política a punto de erupción, produciendo sin control actos que ejecutan, con o sin consigna imaginaria, en el mejor de los casos, sus subalternos.
En el camino, el desgaste se lo llevan ellos, los corajes los padecen ellos, y mientras tanto, el ambiente político se enrarece y se polariza.
De acuerdo a lo que este aprendiz de reportero sabe, la comunicación institucional… es nula, lo que es un pésimo indicador.
Esta no es una guerra fría, es una guerra declarada y activa.
Habrá daños colaterales y al final pierde el Estado.
¿Cómo va a terminar esto?
Ambos gobiernos continúan con sus agendas de trabajo, y los dos tienen bastante qué presumir en obras y acciones: infraestructura, programas sociales, bacheo, iluminación, recuperación de espacios, grandes proyectos de movilidad, etc.
¿Para qué desviar la agenda pública de sus acciones desperdiciando su tiempo en efímeros golpeteos discursivos?
Finalmente, si están en guerra, ¿están seguros de controlar sus ejércitos?
Para nadie en los medios es un secreto que, con o sin conocimiento de sus jefes, perfiles y páginas son manejadas por funcionarios de Palacio (no me hagan dar nombres).
En una ruta hacia una tregua estratégica, ¿no sería sano para todos que cesaran la operación de sus portales “dejatemadreo”?
Es una idea.
Por lo menos dejarían de ser víctimas del algoritmo y de lo que ven en sus redes, que los está alterando y la ciudadanía lo nota.
Para cambiar la percepción, empiecen por cambiar la narrativa.
Yo soy Jorge Saldaña
Hasta mañana
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Leticia Vargas detalló que el hurto ha impedido que se concluya las obras de alumbrado
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), denunció que la instalación del alumbrado público en la Vía Alterna y Avenida Salk ha sido severamente obstaculizada por el robo constante de infraestructura, incluyendo postes completos.
“Van a plena luz del día, los cortan, los cargan en camionetas y se los llevan, incluso los postes enteros. En Salk, tengo reportados más de 20 robos”, declaró Vargas Tinajero, al subrayar que ya se han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes.
Aunque en algunos casos los responsables han sido detenidos, el problema persiste. Vargas no descarta que los responsables sean vecinos o personas que los venden por kilo
La funcionaria advirtió que estas acciones no solo afectan el desarrollo urbano, sino que ponen en riesgo la vida de quienes manipulan los cables, al hacerlo sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad. “Sí hay riesgo de electrocución, y es muy alto”, advirtió.
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La titular de los Servicios de Salud indicó que las embarazadas adolescentes tienen entre 13 y 17 años, aunque no hay un incremento inusual
Por: Redacción
Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, aseguró que no se ha registrado un incremento inusual en embarazos adolescentes durante el 2025, aunque reconoció que este fenómeno sigue presente y representa un desafío en salud pública pues uno de cada 5 embarazos son de menores de edad.
Dávila explicó que el porcentaje de embarazos en menores de edad se mantiene estable, dentro de los parámetros de años anteriores: “No se ha salido de la curva. Existen embarazos en adolescentes, pero no van a la alza.”
Según estimaciones de la dependencia, alrededor del 20% de los embarazos registrados anualmente en el estado corresponden a menores de edad, principalmente en rangos de 13 a 17 años. La funcionaria subrayó la gravedad del problema:
“Una madre de 13, 14 o 15 años es todavía una niña. Por eso estamos trabajando fuertemente para evitarlo.”
Para ello, destacó que se ejecutan programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la educación sexual, la prevención del embarazo no planificado y el acceso a servicios de salud. Estos esfuerzos se realizan en coordinación con los municipios, los DIFs y las instituciones educativas.
Dávila Chávez reiteró que, aunque la situación está contenida, no puede relajarse la estrategia, pues los embarazos adolescentes no solo implican riesgos para la salud de la madre y del bebé, sino también consecuencias sociales, educativas y económicas a largo plazo.
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