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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP
El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús
Por El Saxofón
El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste” a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.
El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.
El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.
Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.
Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.
Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo, seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.
¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.
Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.
La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.
Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.
Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.
A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley. 
Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.
Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.
Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.
El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.
Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.
Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.
El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.
Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.
De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.
En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.
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Por: Haniel Valdés
Una semana de altibajos para el Atlético de San Luis Femenil ante Santos Laguna, y siete días después la respuesta inmediata: victoria de carácter ante Pachuca.
El domingo 13 de septiembre, en la jornada 7, San Luis se puso 2-0 muy pronto ante Santos con un doblete de Enyerliannys Higuera (9′ y 40′). Parecía partido resuelto, pero Santos descontó al cierre del primer tiempo con gol de cabeza de Gineva López (45+2) tras un tiro de esquina. En la segunda mitad se complicó todo: al minuto 56 llegó el empate 2-2, y cuatro minutos después, al 60′, Elaily Hernández vio la segunda amarilla y dejó a las potosinas con una menos. Con esa ventaja numérica, Santos remontó con el gol de Carol Soto (67′) para llevarse el partido 3-2. Un golpe duro, sobre todo por cómo se dio: dominando, adelante en el marcador, y dejándolo ir.
La respuesta no se hizo esperar. El domingo 20, en la jornada 8 y de nuevo en el Libertad Financiera, San Luis recibió a Pachuca y volvió a apoyarse en su goleadora estrella: Higuera anotó al cierre del primer tiempo (45+1) y amplió la ventaja al 62′, para un doblete que confirmó su gran momento. Pachuca descontó al 65′ con un autogol de Frida Gómez, pero el resultado ya no se movió: 2-1 para San Luis, victoria que reafirma el buen momento d el equipo pese al tropiezo previo.
Y ya que hablamos de Higuera, merece mención a parte. Con los dos dobletes de esta quincena, la venezolana llegó a 12 goles en el torneo
Con estos resultados, San Luis suma 8 jornadas jugadas, 5 victorias, 0 empates y 3 derrotas, 21 goles a favor, 15 en contra y 15 puntos, en el tercer lugar del Grupo 2, apenas por detrás de Guadalajara (15 pts, mejor diferencia) y de un América que sigue lejos de todos (22 pts).
Lo que dejan estas dos semanas es una lección de la que el equipo de Nacho Quintana tendrá que aprender rápido: cuando se pone en ventaja, necesita saber administrarla, sobre todo si el partido se complica con una expulsión. Higuera sigue siendo la diferencia, pero un equipo que aspira al play off no puede depender solo de su goleadora para sostener resultados.
La prueba de fuego llega el próximo domingo 27 de septiembre, cuando San Luis visite a Tigres, uno de los conjuntos más fuertes del torneo, en el Estadio Universitario, a las 18:00 horas.
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Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente
Por: Carlos Ruíz
El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).
Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.
Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.
Qué significa “10.9% más”
Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.
El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.
Quién recibe el dinero
El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.
El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.
El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.
“Cero rechazos” desde enero
La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.
En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.
Qué le toca a San Luis Potosí
San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.
Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.
Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.
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La estimación de crecimiento económico no se vota en el Congreso, pero es la variable de la que más depende el presupuesto
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que la economía mexicana crecerá 2.05% en 2027 —la cifra puntual con la que calculó cuánto dinero tendrá el país el próximo año, de acuerdo con el Paquete Económico 2027 entregado al Congreso el 8 de septiembre.
El crecimiento económico mide cuánto más produce y vende el país de un año a otro. Cuando la economía crece, las empresas venden más y más personas tienen trabajo e ingresos —y eso se traduce en más impuestos pagados, sin que las tasas suban. Por eso, si el país crece menos de lo que Hacienda calculó, el gobierno recauda menos, aunque los impuestos sigan siendo los mismos.
Esa estimación no se somete a votación en el Congreso, pero es, según el propio Paquete Económico, “quizá la variable más importante”: de ella dependen los ingresos tributarios, que representan 7 de cada 10 pesos de los ingresos públicos totales.
El rango que maneja Hacienda es de 1.5% a 2.5% para 2027, en línea con las proyecciones del Banco de México
De los ingresos tributarios que espera recaudar el gobierno en 2027, 52.5% provendría del impuesto sobre la renta (ISR) y 28.2% del impuesto al valor agregado (IVA). De acuerdo con el análisis de la organización México, ¿Cómo Vamos?, para que esa recaudación crezca como lo necesita Hacienda, “el crecimiento económico debe ser sostenido y con tasas superiores a las estimadas por especialistas y organismos internacionales”.
La Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos de la Federación a más tardar el 20 de octubre, y el Senado, el 31 de octubre.
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