Seguridad
60 candidatos en SLP han solicitado protección
El secretario general de Gobierno dijo que en su mayoría se ha prestado seguridad de la GCE y otros han sido proveídos por la Guardia Nacional
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, dio a conocer que en lo que va del proceso electoral, se han recibido 60 solicitudes de candidatos para brindarles protección adicional para sus actividades de campaña.
El secretario general de Gobierno dio a conocer que hasta la última semana de campaña, 41 de las personas que solicitaron protección fueron atendidas por la Guardia Civil Estatal (GCE), 
Torres Sánchez agregó que además de estas medidas de protección, se mantienen operativos de vigilancia constante en las cuatro zonas del estado para garantizar la paz social durante el desarrollo de la jornada electoral de este próximo 2 de junio.
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Se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales y temporales durante el desarrollo del recorrido
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, informa que este sábado 25 de julio se implementará un operativo especial de seguridad vial con motivo de la XIV Caravana por el Orgullo LGBTTTIQ+, con el propósito de brindar protección a las y los participantes, garantizar el orden en la movilidad y agilizar la circulación en vialidades alternas.
El contingente iniciará su concentración a partir de las 15:00 horas en la Glorieta Francisco González Bocanegra y la caravana dará inicio a las 16:00 horas. El recorrido partirá de ese punto para incorporarse a la avenida Venustiano Carranza con dirección al Centro Histórico, avanzando hasta Plaza de Fundadores y concluyendo en Plaza del Carmen.
Para la cobertura del dispositivo se colocarán señalamientos preventivos y barreras para efectuar cierres parciales y temporales durante el desarrollo del recorrido
Se exhorta a las y los automovilistas a anticipar sus traslados, atender en todo momento las indicaciones del personal de Policía Vial y utilizar vías alternas como avenida Salvador Nava Martínez, avenida Cuauhtémoc, Himno Nacional, Nicolás Zapata y Mariano Arista. Al concluir el paso de la caravana, la circulación vehicular se restablecerá de manera escalonada sobre la avenida Venustiano Carranza.
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Oscar Infante Muñoz, integrante de una brigada de la Comisión Nacional Forestal, señaló que el traslado en camionetas de carga representa una dificultad para el personal que combate incendios en distintos puntos del estado
Por: Redacción
Combatir incendios forestales implica enfrentar altas temperaturas, terrenos complicados y el riesgo permanente de quedar atrapado por el fuego. Sin embargo, para los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), uno de los retos comienza incluso antes de llegar a la emergencia: el transporte.
Oscar Infante Muñoz, brigadista forestal con siete años de experiencia, señaló que una de las principales necesidades de las brigadas es contar con vehículos adecuados para trasladar a todo el personal de forma segura hacia las zonas de combate.
Explicó que actualmente se movilizan en camionetas de carga sencilla, donde parte de los integrantes debe viajar en la parte trasera durante recorridos que en ocasiones son de varias horas.
“Nos gustaría más equipo, un vehículo mejor para salir y que todos los compañeros fueran adentro, porque nosotros nos transportamos en vehículos de carga sencilla; unos van afuera y otros adentro”, comentó.
Infante Muñoz indicó que la labor de un brigadista exige responsabilidad, disciplina y preparación constante debido a los riesgos que representa enfrentar incendios forestales
El combatiente recordó que uno de los incendios más complicados en los que ha participado ocurrió hace dos años en Matehuala, donde un operativo que inicialmente estaba previsto para durar unos días se extendió durante dos semanas debido a la rápida propagación del fuego.
Aseguró que en aquella ocasión el peligro fue tal que su brigada estuvo a punto de quedar atrapada entre las llamas y tuvo que ser auxiliada mediante un helicóptero tras refugiarse en una zona elevada.
Las brigadas forestales de la Conafor atienden incendios en diversas regiones de San Luis Potosí durante la temporada crítica, labor que requiere no sólo capacitación y experiencia, sino también condiciones adecuadas de equipamiento y movilidad para reducir los riesgos durante las operaciones.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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