La reducción histórica en el pago consolida una política fiscal responsable que prioriza a las familias potosinas y mantiene a la entidad entre las más accesibles del país

Por: Redacción

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó que para el ejercicio fiscal 2026 el costo del control vehicular se reducirá de manera significativa, al pasar de dos mil 240 pesos en 2025 a solo mil 400 pesos. Esta medida representa un ahorro directo para miles de familias y responde a una visión de administración eficiente que busca aliviar la economía cotidiana de la población, bajo una conducción que ha optado por poner orden sin cargar nuevos costos a la ciudadanía.

Desde la Secretaría de Finanzas (Sefin) se precisó que durante este año no se cobrará el concepto de tarjeta de circulación, ya que su vigencia es trianual conforme a la ley. De este modo, las tarjetas emitidas en 2025 conservarán validez hasta 2028, lo que significa que durante la presente administración no habrá un nuevo cobro

para quienes ya cuentan con este documento, reforzando una política pública sin límites en favor de la certeza y la planeación familiar.

Con esta decisión, el pago del control vehicular en 2026 quedará integrado únicamente por el canje anual, manteniéndose en mil 400 pesos y posicionando a San Luis Potosí entre las entidades con menor costo a nivel nacional. Además, se reiteró que en el Estado no se cobra tenencia vehicular, una postura sostenida por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha rechazado de forma definitiva ese impuesto al considerarlo contrario al bienestar de las familias, incluso frente a la iniciativa de nivel federal por retomar dicho cobro.

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Gracias a la donación voluntaria de la ciudadanía, el Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea alcanzó su meta anual, fortaleciendo el abasto de sangre segura y la atención médica oportuna en el Estado

Por: Redacción

Durante 2025, el Centro Estatal para la Transfusión Sanguínea (CETS) registró la donación de cinco mil 933 unidades de sangre, obtenidas a partir de cinco mil 980 donantes efectivos, alcanzando la meta anual gracias a la participación voluntaria y solidaria de potosinas y potosinos.

Julia Mariana Coutiño Alcaraz, jefa del Departamento de Transfusión Sanguínea de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, destacó que estos resultados reflejan avances en la captación, procesamiento y distribución de sangre segura, logrados mediante el trabajo coordinado con instituciones públicas y privadas

, así como la realización de 25 campañas móviles durante el año.

Finalmente, la funcionaria reiteró el llamado a la población a sumarse de manera altruista y regular a la donación de sangre, al subrayar que este acto de responsabilidad social permite garantizar atención médica oportuna y contribuir directamente a la protección de la vida de quienes requieren una transfusión.

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Esto, a través de la aplicación de políticas, programas y acciones gubernamentales: Rubén Guajardo

Por: Redacción

A propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera, el pleno del Congreso del Estado aprobó modificaciones a diversos artículos de la Ley de Planeación del Estado y Municipios y de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, para establecer como principio de la planeación estatal y municipal, la protección de la organización, fortalecimiento y desarrollo de la familia.

Esta reforma a la Ley de Planeación del Estado, establece como principio de la planeación estatal y municipal, la protección de la organización, fortalecimiento y desarrollo de la familia, basado en los principios constitucionales, permitiendo que se lleve a cabo una protección especial por parte de todas las autoridades en el ámbito estatal y municipal, con la finalidad de mejorar los aspectos económicos y sociales.

Por ello, la reforma le otorga al ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, la facultad para diseñe y coordine políticas y programas para la protección y fortalecimiento de la familia, encaminadas a mejorar sus condiciones de vida, fomentando la participación de la sociedad y el gobierno, generando condiciones de vida digna para toda la población; y a los titulares de los ayuntamientos, la facultad para que diseñen y coordinen políticas y programas con el mismo fin, con base en la Ley de Planeación.

Se establece en la exposición de motivos del dictamen, que la Carta Magna de nuestro país otorga una alta prioridad al reconocimiento y a la observación de los derechos humanos, que son una condición fundamental para el desarrollo de los individuos en todos los sentidos.

En términos sociales, el escenario donde se dan una serie de desenvolvimientos claves en la vida de las personas es la familia.

Por tanto, y como otros aspectos regulados constitucionalmente, se trata de una obligación, crear las condiciones para cumplir este mandato, por ello la importancia de que se observe en la legislación estatal, y en la realización esquemática en forma de políticas, programas y acciones a favor de la familia, conducidas por los órdenes estatal y municipal.

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