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132 potosinas fueron víctimas de lesiones dolosas en un solo mes
San Luis Potosí se ubica en el puesto número 9 a nivel nacional con más mujeres afectadas por dicho crimen
Por El Saxofón
El 43.7 por ciento de las víctimas de lesiones dolosas en San Luis Potosí durante el mes de enero fueron mujeres, según la “Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), enero 2019”.
En enero pasado, se interpusieron 302 denuncias por lesiones dolosas ante la Fiscalía General del Estado, en 132 de los casos, las víctimas fueron mujeres. San Luis Potosí tiene una de las tasas más altas de mujeres víctimas de lesiones dolosas, a razón de 9 víctimas por cada 100 mil mujeres, lo que lo ubica en el puesto número 9.
En general la mayor parte de las lesiones dolosas son provocadas “Con otro elemento” (255 casos en enero), pero en otros casos (15 en enero) los agresores usan armas de fuego o arma blanca (32).
A nivel nacional en enero pasado se registraron 4 mil 738 víctimas mujeres de lesiones dolosas. Esta cifra representa un repunte con respecto a diciembre de 2018, cuando se registraron 4 mil 507 casos.
En total, en 2018, se registraron 60 mil 551 mujeres víctimas de lesiones dolosas.
En enero de 2019, la entidad que presentó mayor número de casos fue el Estado de México con 1 mil 190 víctimas; le sigue Guanajuato con 511; Jalisco con 360; Michoacán con 291 y Baja California con 234.
Con 132 denuncias ante la FGE por lesiones dolosas, la entidad potosina se ubica en el lugar número 10, por número de casos, por debajo de estados como Querétaro con 220, Hidalgo con 169, Nuevo León con 157, y Oaxaca con 154.
En enero de 2018, la FGE abrió 196 carpetas de investigación por el delito de lesiones dolosas. En 43 de estos casos, las víctimas fueron mujeres. Estos datos permiten sacar las siguientes conclusiones:
Primero que las denuncias por este delito aumentaron 54 por ciento en enero de 2019 con respecto a enero de 2018.
Segundo, que las víctimas mujeres del delito de lesiones aumentaron en más de 20 por ciento, pues en enero de 2018, solo el 21.9 por ciento de las víctimas fueron mujeres, y para enero de 2019, la proporción se elevó al 43.7 por ciento.
¿CÓMO SE CASTIGA EL DELITO DE LESIONES?
En el artículo 136 del capítulo III del Código Penal de San Luis Potosí, se establece que “Comete el delito de lesiones quien causa una alteración o daño en la salud producido por una causa externa. Este delito se sancionará con las siguientes penas:
El artículo 138 precisa que “Al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a seiscientos días de salario mínimo”.
Por su parte el artículo 142 se añade que “Si el ofendido es ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado del responsable de las lesiones y éstas son causadas dolosamente con conocimiento de esa relación, se aumentará la pena que corresponda hasta dos años de prisión y, además, si el sujeto activo ejerce la patria potestad o la tutela, perderá este derecho”.
En este caso, se estaría hablando ya de violencia familiar, un delito que también ha aumentado en San Luis Potosí.
OTROS DELITOS CONTRA MUJERES
Durante el mes de enero pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió cuatro carpetas de investigación por el delito de Secuestro, en dos de los casos las víctimas fueron mujeres.
Con esta cifra, al arranque del 2019, San Luis Potosí registró una tasa de 0.14 víctimas mujeres de secuestro por cada cien mil mujeres. Se trata de la cuarta tasa más elevada a nivel nacional, solo por debajo de Nayarit (0.45), Veracruz (0.37) y Colima (0.25).
También lea: #8M | Martha: de la violencia familiar a la institucional en el Poder Judicial de SLP
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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