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Súper delegado Gabino Morales, ¿el del PRIAN?
Con votos del PRI y del PAN fue que el súper delegado logró correr a la exoficial Mayor del Congreso
Por La Orquesta
Fue con los votos de los diputados del PRI y el PAN, y no los de Morena, con los que Gabino Morales Mendoza, el súper delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, operó la expulsión de su compañera de partido Marcelina Oviedo Oviedo de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.
Y es que de acuerdo con los números oficiales, solamente 4 legisladoras de la coalición, Morena-PT-PES votaron en contra de la expulsión de su compañera de partido, mientras que Edson Quintanar y Pedro César Carrizales “El Mijis” de Morena y PT prefirieron salir de la sesión y así omitir su voto y el legislador Mario Larraga, del PES, se abstuvo en la votación.
A favor de la expulsión de la morenista Oviedo Oviedo, votaron sus compañeras Paola Arreola y Alejandra Valdés Martínez junto a la fracción tanto del PAN y PRI con excepción de José Antonio Zapata Meraz que no asistió a la sesión.
Fuentes consultadas señalan que con estos datos se confirma que, luego de la expulsión de la diputada federal María Luisa Veloz como presidenta del Consejo Estatal de Morena el pasado 24 de febrero por parte del delegado Gabino Morales, siguió la expulsión de Marcelina Oviedo, quien fue la suplente de Paloma Rachel Aguilar Correa en su candidatura al V distrito federal, ambas consideradas de un grupo opositor al superdelegado.
Al margen de la operación política y la suma de votos que expulsaron a Marcelina Oviedo, cabe recordar que la propia Auditoría Superior del Estado, un día después de la votación confirmó que Oviedo Oviedo nunca cumplió con los requisitos legales para ostentar el cargo.
De cualquier forma, en los círculos de la política local se considera que el superdelegado se anotó un segundo golpe contra adversarios de su propio partido aliándose con miembros tanto del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional.
También lea: Ilegal, paso de Marcelina Oviedo como Oficial Mayor del Congreso: ASE
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
También lee: Caso Rich, aún sin funcionarios bajo investigación
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
También lee: Suspenden proyecto de la presa Las Escobas por baja rentabilidad
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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