mayo 6, 2026

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#8M | Martha: de la violencia familiar a la institucional en el Poder Judicial de SLP

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Juan Paulo Almazán Cue

Un caso que exhibe la violencia institucional a la que el Poder Judicial, al mando de Juan Paulo Almazán Cué, somete a una víctima de violencia familiar.

 

Por María José Puente Zavala

¿Cuáles son las situaciones más graves a las que se enfrenta una mujer que está peleando por sus hijos en un caso de violencia familiar?

-A la muerte

Elizabeth Rapp, presidenta del refugio Otra Oportunidad AC en SLP

 

Martha

Martha dice que ella nunca va a cumplir los 30. Tiene 28 y se ha hecho la promesa de congelar en 29 el avance del contador. Para cuando eso suceda, su hijo Emiliano tendrá ocho años; mientras que Elena, la menor, completará los seis.

Además, para ese momento, si no consigue darle un vuelco al tablero, otro aniversario la espera: cinco años. Cinco, desde aquel septiembre del 2014, cuando Óscar, su expareja, se llevó a los niños.

La Orquesta (LO) ¿Cómo comenzó?

Martha (M) : Con una violencia hacia mi persona; una violencia psicológica por parte de él, en cuanto a limitar, en cuanto a decir: “tú no vales”. Ofensas a mi familia y a mi persona como mujer.

LO ¿Qué fue lo siguiente que pasó que detonó este conflicto?

M: En el momento en que yo decido no aguantar más todas sus humillaciones y decirle: ‘no podemos seguir porque no puedo seguir aguantando todas estas humillaciones que me estás haciendo’.

(LO) ¿Cómo fue esa noche del 8 de septiembre de 2014?

M: Fue un sábado. Él regresa a la casa, igual regreso yo después de que él ya estaba en el domicilio. Bajo por un vaso de agua, lo veo que está en la sala sentado, se para a tratar de detener mi paso y me dice que arreglemos las cosas, que no puede dejarme; a lo que yo le respondo que no.

Salgo a pedir ayuda a una vecina porque me arrebató celular, me arrebató llaves, me dejó sin bolsa, me dejó sin mi cartera, me deja sin nada. En eso empiezo a escuchar que afuera (había) mucho ruido.

Después veo que están saliendo un coche tras otro y solo alcanzo a distinguir juguetes de mis hijos, maletas, ropa. Iba el papá de mis hijos con los niños, con ayuda de su abogado, otro hermano de él, primos tíos, muchos conocidos que fueron a ayudarlo para sacar todas las cosas personales de mis hijos.

Me acerco con un hermano de él y le pregunto:

-¿Qué está sucediendo?

Voltea y me dice:

-Yo no sé nada, Martha

Yo estaba frente al carro: yo creo que por no querer hablar conmigo, acelera, me aventó con el coche. No sé, cinco metros, tres metros, la distancia que era de la cochera a la puerta principal.

Llegó la policía y a mí me comentaban:

-Señora, no esté alterando

En San Luis Potosí, 39.2 por ciento de las mujeres reconoció haber sufrido violencia de pareja durante toda su relación, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). El caso de Martha parece calzar en la estadística.

Aunque ese fue el inicio de la lucha en que los hijos de ambos se convirtieron en los principales rehenes, ella relata que el entorno de violencia en que vivían sus hijos junto a Óscar, comenzó a dejar rastro desde un año antes, cuando la policía tuvo que acudir al domicilio que compartían en la capital del estado para detenerlo:

¿La razón?

Ella había decidido, por primera vez, terminar la relación. Y eso a él no le gustó.

Tras encerrarla en el sitio y propinarle agresiones físicas y verbales, la Policía Municipal, según registros en medios de comunicación y la propia víctima, detuvo a Óscar César Rodríguez de la Rosa, quien, días más tarde salió en libertad con el pago de una fianza.

365 días después, el presunto agresor de Martha y padre de sus hijos, inició una ofensiva legal de largo aliento que se ha extendido durante más de cuatro años, con dolorosas escalas en los pantanos del Poder Judicial para quitarle la patria potestad de sus dos hijos, con quienes ha perdido contacto, incluso, por más de un año.

LO: ¿Cuáles han sido los momentos más álgidos?

M: A las 5 semanas entramos en juicio por la custodia de mis hijos y la pensión alimenticia. La juez, analizando, escuchando a los menores, viendo la situación, decide regresármelos.

Por situaciones ajenas a mí, una juez decide regresarlos con él.

LO: ¿Cuántas veces ha habido resoluciones en tu caso a favor de él y cuántas veces a favor de ti?

M: A favor de él han sido todas, a favor mío ninguna, salvo la primera.

LO: Me contabas que él obtiene el fallo para que le devuelvan a los niños y te los quita en Rioverde.

M: Yo decido trasladarme a Rioverde. A las tres semanas falleció mi padre. Termina el novenario, voy a desayunar con mis hijos y mi madre, y llega un carro por delante, otro por detrás cuando íbamos manejando. Se bajan dos hombres, se acercan y nos dicen que nos bajemos de la camioneta porque están revisando carros robados.

No sé en qué momento nos abren ventanas, nos abren las puertas y empiezan a jalonearnos. A mí me sacaron del coche, me quitan mis llaves. Yo solo alcanzo a voltear y le digo a mi mamá: “mamá, los niños”.

Mi mamá agarra a los niños y se los pone en sus piernas. A mí me tienen bajo la camioneta dos hombres, agarrada de los brazos sin poder moverme.

Se hizo un reporte de secuestro.

En ningún momento me mostraron un documento, en ningún momento se presentaron como policías, como ministeriales. En ningún momento.

Al final de todo llega una persona que me dice que tengo que entregarlos porque tiene una orden en donde tengo que entregarle mis hijos a su papá.

LO: ¿Bajo qué argumentos él logra que le devuelvan a los niños?

El argumento fue que no le fue notificado el acuerdo, el día de la primera vez que me regresan a mí a mis hijos.

LO: ¿Ahora mismo no puedes ver a tus hijos?

M: No

LO: ¿Cuál es la razón por la que él argumenta que los niños deberían permanecer con él?

Argumenta que soy la peor madre, que los maltrato, que nunca les puse a tención, que no los cuidaba cuando me dedicaba totalmente, al cien por ciento a mis hijos.

LO: ¿Dependías económicamente de él?

M: Sí

LO: ¿Cómo te afectó esto?

Era la manera en la que él me podía manipular: tú te dedicas a la casa y yo me dedico a trabajar. (Después) Económicamente, yo tuve que buscar un trabajo para poder llevar a cabo todos estos gastos.

Para acelerar su asunto en el Poder Judicial, Martha ha buscado audiencia, incluso, con el magistrado presidente, Juan Paulo Almazán Cué, quien, en la última reunión también citó a Óscar César sin prevenirla a ella.

LO: Visitaste al magistrado presidente, tuviste dos audiencias, tú las solicitaste; ¿cómo se desarrollaron?

M: La primera vez que estuve presente con él me escuchó. Trató de ver qué es lo que pasaba, le informaron de cómo estaba el asunto.

La segunda vez estuve presente con él y, no sé si casualmente, llega también el papá de mis hijos diciendo que tenía una cita, entonces nos pasa el particular del magistrado Almazán, nos pregunta a las dos partes si estábamos de acuerdo en platicar con el magistrado a lo que contestó él primero y se opone.

Estuvimos desde las nueve de la mañana esperando la cita. Yo tenía la cita a las 9 de la mañana, lo pasan a él primero a platicar con él, yo creo que estuvo platicando más de una hora. A mí me tienen en la sala de espera. Me dieron las dos de la tarde. El mismo magistrado sale personalmente y me dice: “estoy muy saturado de trabajo. Yo creo que no voy a poder atenderte y si te atiendo son cinco minutos los que te voy a poder regalar”.

Esto fue en noviembre del año pasado. Entre que quién conoce o no conoce, no tengo un juzgado, no tengo una autoridad que resuelva mi asunto y por lo tanto no puedo ver a mis hijos desde entonces.

A la actitud parsimoniosa del magistrado presidente se suma una revelación que Martha compartió con este medio a través de un audio grabado en diciembre del 2018, cuando la juez María del Carmen Gómez Flores estaba a punto de excusarse de conocer el caso, lo que la convertiría en la tercera en incurrir en dicha acción.

En esa conversación, Gómez Flores reconoce que, en su juzgado y en el Poder Judicial en general, podrían estar ocurriendo casos de corrupción y lo relaciona con el rezago en el caso de Martha, quien busca reactivar las convivencias familiares que desde noviembre quedaron en pausa: “yo no tengo el apoyo de la gente de adentro porque desgraciadamente yo no sé a cuánta gente tienen comprada”, dice la juez.

También reconoce que “un día a la semana, (tiempo que le han autorizado a Martha para ver a los niños) no desarrollas de manera efectiva la convivencia con tus hijos” y agrega que “no había cuestiones de peligro que impidieran esa convivencia”, pues hay peritajes psicológicos que avalan la idoneidad de la madre para convivir con sus hijos, incluso, fuera de los juzgados.

Más dramático aún, la titular del Juzgado Tercero del Ramo Familiar reconoce que Óscar César “va delante de ustedes; o sea, es perverso”, y de alguna forma “se entera en tiempo real de cada acuerdo”. Además, evidencia haber reconocido en los hijos de Martha el fenómeno de la alienación parental; es decir, “no sé de qué manera los controlan, pero los niños llegan completamente manipulados”.

Aunque la funcionaria asegura en esa conversación que lo dicho por ella no podrá ser revelado y que, de hacerse público, ella lo desmentirá, incluso reconoce que la vida de Martha está en peligro pero que de toda la corrupción que podría estar ocurriendo en los juzgados, Juan Paulo Almazán Cué es ajeno:

“El presidente no sabe cómo están las cosas (…) tampoco sabe que hay una red de corrupción, obvio no lo sabe”.

LO: ¿Cuántos jueces se han excusado de tu caso y por qué razón?

M: He tenido excusas de todas las razones, van cuatro jueces que se excusan. 

LO: ¿Por qué quieres hacerlo público?

M: Tengo cuatro años y medio esperando que alguien vea por el bienestar de mis hijos, por toda esta violencia que he sufrido como mujer, como madre, que no me ha dado ni un solo derecho. Me arrebataron a mis hijos y aparte no sé nada de ellos y no puedo convivir con ellos. Por eso, porque ya estoy cansada de toda esta violencia institucional que he sufrido por parte del Tribunal.

¿Has pensado en algún momento decir YA?

No, no, jamás. Jamás lo he pensado. He tenido mucha paciencia. He vivido un abogado tras otro abogado. He buscado a quien tenga que buscar como lo hice con el magistrado Almazán pero, jamás.

Son mis hijos y voy a luchar hasta donde Dios me permita vivir. Cada día y cada instante.

Al cierre de este trabajo, en pleno 8 de marzo, el titular del Juzgado Quinto del Ramo Familiar, Sergio Eduardo Sánchez Ramírez, notificó a Martha la excusa para conocer de su caso; es decir, tampoco en esa instancia será atendida y la próxima escala de su viacrucis, indica, podría ser Santa María del Río.

 

https://laorquesta.mx/almazan-cue-acusado-ante-la-cedh-por-violencia-laboral-y-de-genero/

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¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña

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Con la iniciativa de pedir como requisito un examen de control y confianza que expide el poder ejecutivo ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría ? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Culto Público, hijos del detector del Metil y del metal:

Ayer, cuando lo leí por primera vez pensé que era Feic nius. Me reí incrédulo. Luego lo verifiqué y pensé: naaaaa (así digo “no” cuando dudo lo que pienso), ¿Es neta? Ok, no se oye mal…pero en eso estaba cuando me llamaron, vía oficial, para confirmar si tenía la información. Dios misericordioso…es real.

Ya no supe si reír o llorar. Me sentí como Canio, el payaso, (aunque por distintas razones) o como Garrick, el de Juan de Dios Peza (el de “cambiadme la receta”).

Pero basta de dramas y vamos al punto:

El diputado Héctor Serrano Cortés presentó ayer en el Congreso una propuesta que suena impecable en el papel y que, letras más o letras menos, dice que todos los aspirantes a cargos de elección popular —desde una regiduría hasta la gubernatura— deberán pasar exámenes de control de confianza antes de ser registrados como candidatos.

Pruebas psicológicas para que no estén tocadiscos, poligráficas para que no echen mentiras, toxicológicas para que no anden pachecos, y análisis socioeconómico para ver si lo que ganan corresponde a como viven.

Todo un aparato. Toda una medida institucional para evitar que pillos, malandrines, viciosos, loquitos, tranzas o cosas peores, lleguen a cargos públicos.

Miren, Culto Público, yo quiero entender la intención, y hasta me gustaría creerla.

Y es que tal como presentan la iniciativa, parece que es muy noble porque trata de blindar la elección que viene de sujetos indeseables.

¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie, al contrario, la propuesta planteada así, pues se merecería aplausos, bravos y a la bio a la bao y a la bimbomba… Ra, ra, (Bis.) (Bis.) (Bis.)

Pero antes del confeti hay que detenerse en un pequeño detalle: no vivimos en una esfera color de rosa ni tenemos 5 años, por lo tanto volvamos a poner los pies en la tierra y pensemos el asunto más despacio y con mayor criterio….

Una pregunta: ¿Quién, aparentemente (y lo subrayo) se beneficiaría de este nuevo requisito? Le doy una pista: no es la ciudadanía ni es el gobernador.

Claro, los malpensados y críticos alegarán -justificadamente- que es una iniciativa con una intención ulterior, y que el beneficiado es el poder ejecutivo al darle la capacidad de decir quién puede participar o quién no y le explico:

La propuesta exige como requisito para ser candidato que el resultado de las pruebas de confianza mencionadas, sean emitidas por el Centro de Evaluación de Control y Confianza, un órgano que depende ¿de quién cree? de la Secretaría General de Gobierno.

¿Ahora me entiende mi confusión entre frustración y risa, Culto Público?

Está bien fácil, al depender las candidaturas de un documento que expide el ejecutivo, la narrativa contra Ricardo Gallardo se escribe sola: “El gobernador quiere decidir quién participa y quién no”.

¿Qué necesidad?

Y por si se lo siguen preguntando, aquí va la respuesta de quién resulta favorecido con esta iniciativa: Todos los opositores al Verde.

Bueno, en una de esas hasta el Batman de Tanquián regresa y si me lo permite, vamos a usarlo de ejemplo:

Ese que anda en campaña diciendo que no anda en campaña. El señalado por contratos turbios con Pemex. El involucrado en lavado de dinero. El que tiene tanto que explicar sobre el origen de sus recursos que Washington se pondría en alerta si alguien preguntara demasiado fuerte.

Ese señor, Culto Público, no pasa un control de confianza ni en la salida de una tienda departamental. Si lo conectan al polígrafo, el aparato pide su liquidación y presenta renuncia. Si le preguntan por su entorno socioeconómico, la respuesta generaría una investigación internacional.

Y ese perfil de ejemplo, junto con todos los de su calibre, los que tienen cola que les pisen, o los que saben que no pasarán los exámenes, serán los primeros en hacer fiesta si la iniciativa en cuestión se aprueba.

¿Por qué? Pregunta sencilla. Respuesta sencilla.

Porque no hay mejor oportunidad para hacerse el mártir.

No importa que el señor Zumaya u otros aspirantes no aprueben ninguno de los exámenes.

Reprobar es oro puro para el discurso: “El Estado no me deja participar” “Gallardo me tiene miedo” “Ese requisito lo pusieron porque saben que les gano” “Quieren el camino libre.”

Con eso ya tienen narrativa para medio año de campaña victimista, con dramatismo incluido y costo político cobrado al jefe del ejecutivo.

No hace falta ser politólogo de Harvard para ver el tiro, y sin embargo, aquí estamos.

Y aquí es donde me guardo la risa.

El diputado Serrano Cortés no es un recién llegado. Es un hombre de colmillo curtido en estas lides, de los que conocen el terreno antes de pisarlo, de los que saben que en política las iniciativas no solo se leen en tribuna: se leen entre líneas, se leen hacia adelante y se leen en los periódicos del día siguiente.

Entonces, la pregunta que no me puedo quitar de encima es ¿qué no vieron o qué no estamos viendo?

No importa la respuesta, el resultado es el mismo: la iniciativa, incluso si no se aprueba, pone al Estado, al Partido Verde y al gobernador en el centro de la diana.

Lo de menos es el debate jurídico que venga. Lo grave es el desgaste político innecesario, ese que no se lo va a cargar el legislativo.

¿De qué vale que los números les den ventaja de más de 20 puntos a un proyecto  si parece —sea o no sea cierto— que ese proyecto quiere deshacerse a cualquier costo de sus rivales?

Primero la mal llamada Ley Esposa que tuvo que vetarse, y ahora esto, que seguro pronto van a llamar algo como “Ley Mártires”, “Ley Palomeo”, o la peor: “Ley Miedo”. Hagan sus apuestas.

¿Qué necesidad de impulsar algo que se parece a un discrecional “tu entras, tu no”?

Es entonces que uno se pregunta, y lo digo con genuina preocupación y sin ánimo de ofender a nadie: ¿Qué no hay ya quién se atreva a decirle al mandatario lo que se ve desde afuera, o a darle siquiera un análisis básico de cálculo?

No es que el ejecutivo tenga que conocer las iniciativas del legislativo pero…de verdad su amigo el diputado Héctor Serrano, no por obligación, sino por cortesía y confianza ¿no intercambió ideas con Ricardo antes de presentar la iniciativa?

A veces el mejor favor que le puede hacer alguien a un amigo es decirle: hermano, ¿para qué?

Los ciudadanos potosinos no somos niños. Sabemos quién tiene cola que le pisen. No necesitamos polígrafo para detectarlo: ellos mismos se delatan. No necesitamos análisis socioeconómico: ellos mismos lo presumen.

Para ya irme dejo esto aquí para quien lo quiera y me retiro despacito: Háganse un favor, no autogeneren oposición innecesaria a un movimiento que tanto ha transformado este estado. A veces lo que parece una idea brillante puede ser un error estratégico y la mejor arma del contrincante.

Si hubiera diputados mala onda, mala leche, o maquiavélicos…hasta lo aprobarían de inmediato, ganarían 2×1. Lo bueno es que no los hay.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

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Costo de asfalto golpea presupuesto de obras en SLP

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La administración estatal busca alternativas ante alza de precios de derivados del petróleo

Por: Redacción

El encarecimiento global de los derivados del petróleo alcanzó las arcas públicas del estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que el costo del asfalto se disparó un 60%, lo que llevó a la administración estatal a realizar reajustes financieros críticos para no detener proyectos de infraestructura clave, como las laterales de la Carretera 57.

De acuerdo con el mandatario, mientras que otros insumos para la construcción se mantuvieron estables, el asfalto —insumo vital para la conectividad terrestre— sufrió un incremento desproporcionado derivado de la volatilidad en los precios internacionales del crudo.

“Nos pegó poquito en el tema de los costos del asfalto… se disparó un 60%. Eso nos hizo un reajuste precisamente en las laterales de la Carretera 57“, admitió Gallardo Cardona.

​A pesar del boquete financiero que representa este aumento, el gobierno estatal aseguró que la obra en la Carretera 57 no se detendrá

. Actualmente, se mantiene un despliegue constante de maquinaria y pipas de asfalto para concluir los trabajos.

El compromiso del Ejecutivo es entregar estas laterales en un plazo máximo de 15 días, por lo que buscan mitigar el impacto que el retraso en la obra podría generar en el tráfico de una de las arterias más importantes del país.

​Este ajuste presupuestario coincide con la entrega de infraestructura en la Huasteca potosina, donde municipios como Aquismón esperan la inauguración de nuevas carreteras y unidades deportivas.

El reto para el cierre del semestre será mantener el ritmo de obra pública en el resto de las zonas del estado sin que el precio de los materiales comprometa la viabilidad de nuevos proyectos.

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Ciudad

Vehículos eléctricos y scooters deberán usar placas

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La distinción se hará por velocidad y tamaño; en el primer trimestre del año no se registró ningún incidente con este tipo de vehículos

Por: Redacción

El nuevo reglamento de tránsito que prepara el municipio de San Luis Potosí también contempla a los vehículos eléctricos y scooters, un sector que ha crecido en las calles de la ciudad pero que hasta ahora opera sin una regulación clara. Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, explicó que la clave para regularlos estará en la velocidad que alcanzan.

En cuanto a la velocidad que alcancen estos vehículos eléctricos, en razón de eso es que tendrán ciertas responsabilidades“, señaló el funcionario, dejando claro que no todos los vehículos de este tipo serán tratados igual bajo el nuevo marco normativo.

Para los de mayor velocidad y tamaño, la exigencia será similar a la de una motocicleta convencional: necesitarán placas. “Algunos, dependiendo del tamaño, va a ser necesario que requieran un pla queo como una motocicleta. Hay vehículos eléctricos que alcanzan velocidades ya similares a las de motos

“, detalló Villa Gutiérrez.

En cuanto al panorama actual, el secretario compartió un dato que da contexto a la urgencia de la regulación: durante el primer trimestre del año, las autoridades no registraron ningún incidente documentado en el que haya participado un vehículo eléctrico. “En este primer trimestre del año realmente no hemos tenido un conocimiento puntual en donde haya participación de un vehículo eléctrico, ya sea por tema de accidente o por tema de lesiones”, indicó, y apuntó que el problema en ese rubro sigue siendo las motocicletas.

El reglamento aún se encuentra en proceso y deberá ser aprobado antes de entrar en vigor.

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Opinión

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