El gobernador del Estado defendió la necesidad de involucrar a instancias federales para evitar cualquier señalamiento de parcialidad o conflicto de interés

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se pronunció a favor de la iniciativa para que los aspirantes a cargos de elección popular se sometan a exámenes de control y confianza. El mandatario calificó la propuesta como una medida necesaria para garantizar que quienes lleguen al poder no tengan vínculos con la criminalidad.

Gallardo Cardona señaló que no ve con malos ojos la regulación de estos controles durante el proceso electoral, sugiriendo incluso que las pruebas, como el polígrafo, sean un estándar de revisión.

​”Nosotros desde el Ejecutivo no lo vemos mal, creo que es importante cuidar en este próximo proceso electoral que no exista gente coludida con los maleantes, con los delincuentes”, afirmó el gobernador.

Un punto clave en la postura del Ejecutivo estatal es la necesidad de involucrar a instancias federales para evitar cualquier señalamiento de parcialidad o conflicto de interés

Propuso que candidatos con dudas sobre los procesos locales puedan acudir directamente a la FGR y reiteró que estas opciones deben existir para que la ciudadanía y los mismos actores políticos “estén tranquilos”.

​Al ser cuestionado sobre si el hecho de que el Centro de Evaluación dependa de la Secretaría de Gobierno podría generar suspicacias, el mandatario descartó cualquier riesgo, insistiendo en que la apertura a la FGR es la “salida” para dar certeza al proceso. “Debe de haber opciones para que todos estén tranquilos y que todos sepan que se tiene que revisar”, concluyó.

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La administración estatal busca alternativas ante alza de precios de derivados del petróleo

Por: Redacción

El encarecimiento global de los derivados del petróleo alcanzó las arcas públicas del estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló que el costo del asfalto se disparó un 60%, lo que llevó a la administración estatal a realizar reajustes financieros críticos para no detener proyectos de infraestructura clave, como las laterales de la Carretera 57.

De acuerdo con el mandatario, mientras que otros insumos para la construcción se mantuvieron estables, el asfalto —insumo vital para la conectividad terrestre— sufrió un incremento desproporcionado derivado de la volatilidad en los precios internacionales del crudo.

“Nos pegó poquito en el tema de los costos del asfalto… se disparó un 60%. Eso nos hizo un reajuste precisamente en las laterales de la Carretera 57“, admitió Gallardo Cardona.

​A pesar del boquete financiero que representa este aumento, el gobierno estatal aseguró que la obra en la Carretera 57 no se detendrá

El compromiso del Ejecutivo es entregar estas laterales en un plazo máximo de 15 días, por lo que buscan mitigar el impacto que el retraso en la obra podría generar en el tráfico de una de las arterias más importantes del país.

​Este ajuste presupuestario coincide con la entrega de infraestructura en la Huasteca potosina, donde municipios como Aquismón esperan la inauguración de nuevas carreteras y unidades deportivas.

El reto para el cierre del semestre será mantener el ritmo de obra pública en el resto de las zonas del estado sin que el precio de los materiales comprometa la viabilidad de nuevos proyectos.

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Se busca que las campañas de gobernador, alcaldes y diputados duren lo mismo, tiempo en el que se celebrarían los debates correspondientes

Por: Redacción

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral para que las campañas electorales para la gubernatura del estado, así como para las diputaciones y ayuntamientos, tengan una duración de 45 días.

Asimismo, señala que en materia de debates, es obligatoria la realización de por lo menos dos entre todos los candidatos o candidatas a la Gubernatura del Estado, y uno entre los candidatos o candidatas por cada distrito.

La Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece actualmente una duración diferenciada de las campañas electorales: 60 días para la elección de la Gubernatura y 40 días para diputaciones y ayuntamientos. 

La congresista explicó que la iniciativa parte de una premisa constitucionalmente valida: la eficacia democrática de una campaña no depende exclusivamente de su extensión temporal, sino de que el tiempo previsto sea suficiente, proporcional y funcional para cumplir sus fines constitucionales.

Añadió que la reforma privilegia calidad deliberativa sobre duración excesiva, optimización del gasto electoral y racionalidad institucional,

Esta iniciativa no invade atribuciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues no modifica topes de gasto; fiscalización; financiamiento ni facultades administrativas del órgano electoral. La reforma incide exclusivamente en una definición legislativa sobre duración de campañas.

“No se trata de un argumento de reducción presupuestal, sino de racionalidad institucional. La duración de campañas debe ser suficiente para cumplir sus fines, sin extender temporalidades mayores a las necesarias”, puntualizó.

La propuesta se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen.

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