Ciudad
Fraccionamientos “fifis” deben pagar 250 millones al Interapas
Se trata de 10 mil casas en las que no está regularizado el abastecimiento de agua potable
Por: Ana G Silva
Ciudadanos Observando dio a conocer que Interapas, organismo operador del agua, y el Ayuntamiento de San Luis Potosí se comprometieron a obligar a diversos fraccionamientos en la capital potosina a regularizarse en pagos de agua. En entrevista con Enrique Torres, titular de la institución encargada del agua en la zona metropolitana, indicó que espera que antes de que termine el 2022 se logre regularizar a los cinco o seis de los fraccionamientos más grandes, que son alrededor de 10 mil viviendas, por lo que si cada una paga 25 mil pesos aproximadamente de derechos de incorporación, se hablaría de 250 millones.
Enrique Torres detalló que el porcentaje que incrementa la eficiencia comercial si estos fraccionamientos se regularizan será de al menos un 5 por ciento. Agregó que no ve el asunto como un negocio, sino como un tema de legalidad que tendrá como consecuencia beneficios económicos para la ciudad.
El titular de Interapas resaltó que se debe entender que no es una deuda, pues los fraccionamientos no están incorporados al organismo operador; sino a un ejercicio de estado de derecho y de regularización: “Implica dinero que le pagarán al Interapas, pero hasta que se ejerzan estas facultades”.
Torres indicó que el trabajo de Interapas será localizar los fraccionamientos que no están regularizados, llamarlos, ver las instalaciones construidas para verificar si están aplicando la normativa, realizar un proceso de entrega de esos activos (tuberías, bombas y todo lo que tiene que ver con el sistema hidráulico), hacer la regularización y después la entrega.
“Son varios desarrollos, uno de los más característicos es Villa Magna, hay otros y más antiguos, pero Villa Magna es un proceso que iniciaron en la administración pasada y cuando llegamos la revisamos porque es una operación de 130 millones de pesos, nos dimos cuenta que de ese dinero se pagaron 40 y el resto con terrenos: con la planta de tratamiento, dos pozos y un terreno, la ley lo permite, pero están tasados muy caro a valor comercial y el Interapas no los puede vender, tienen que estar tasados por la utilidad que representa, llamé a los desarrolladores y les comenté que no lo podré tomar en ese precio y ahí es donde se atora la entrega recepción”.
El funcionario señaló que hay mucha resistencia para regularizar los fraccionamientos y no solo de los desarrolladores, sino también de los colonos, a quienes no les cobran y aquellos que quieren regularizarse son porque desean vender y necesitan un contrato del agua para hacerlo, el cual no pueden obtener de manera individual.
El director del organismo operador aclaró que lo dicho por el alcalde Enrique Galindo Ceballos tiene un contraste, pues hay desarrollos que no se han municipalizados, pero la mayoría de estos son en términos de uso de suelo, por lo que el rezago con respecto al agua es menos severo.
“Cuando un nuevo desarrollador tiene que entregar y viene, primero lo pasamos por todo el proceso: generamos una factibilidad, revisamos sus proyectos, tienen que pagar derechos de incorporación en ese momento, no después, como se venía haciendo para supervisarlos y cuando termine hacemos un acta de entrega-recepción, eso es lo que se debe hacer, es lo que se hace, pero el problema son los que están rezagados, no son todos, pero sigue habiendo”.
Enrique Torres dijo que se tienen detectados alrededor de 10 fraccionamientos no regularizados, aunque solo en Villa Magna hay 3 mil viviendas, es decir que actualmente el organismo operador recibe un ingreso del 60 por ciento, cuando debería ser cerca del 90 por ciento:
“La Vista que es un tema muy añejo y nosotros lo queremos resolver, son predios que deberían de pagar el agua al Interapas y que hoy no está entrando en la caja. Por ejemplo Lomas del Pedregal, aunque todo estaba en orden, no estaba entregada, fue de las primeras que puse en orden, nos dijeron que ya nos habían entregado los pozos y no era así, estaban escriturados, pero ellos lo seguían operando, me decían que me convenía porque nosotros cobramos el agua, pero no se trata de que haya excepciones es que todo tiene que entregarse al organismo y los obligamos a que nos los entregaran”.
Torres subrayó que estos fraccionamientos irregulares se encuentran en San Luis Potosí y Soledad, en donde hay residencias de nivel socioeconómico alto y por tanto es necesario que se regularicen, pues tienen consumos muy elevados.
El titular de Interapas comentó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí puede sancionar a quienes se nieguen a regularizarse, al negarles el permiso de venta de viviendas o terrenos que otorga Desarrollo Urbano
Finalmente, el funcionario destacó que los nuevos desarrolladores ya están controlados por el organismo operador, para regularizarse a tiempo, el problema es aquellos que ya están establecidos y tienen la cultura de que pueden autoabastecerse, como lo ha hecho ver Aguas del Poniente.
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“Teníamos entre cuatro y cinco reportes por semana en el municipio, ahora han aumentado hasta 16 o 18”: Dirección de Protección Civil
Por: Redacción
Martín Bravo Galicia, titular del área de coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, indicó que por indicaciones de Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa de Soledad, se cuenta con personal de guardia que brinda atención a las necesidades de la población, entre estas, los reportes por fugas de gas, los cuales se han incrementado de forma considerable en los primeros días del periodo de receso escolar.
El coordinador de Protección Civil señaló que el incremento en los reportes por fugas de gas “probablemente sea debido a que con los pequeños en casa, hay más movimiento y manejo de gas”, agregó que las temperaturas han sido inestables.
Bravo Galicia afirmó que el incremento comenzó a ser evidente a partir del mes de junio; mencionó que a la par de mantenerse alerta de las denuncias ciudadanas, el área a su cargo trabaja en el operativo para detectar irregularidades en las instalaciones de gas en los negocios que se encuentran establecidos en el municipio.
El titular de la Dirección de Protección Civil invitó a la ciudadanía a ser cautelosos con el uso de gas y reportar a esta área cualquier situación irregular que detecten en sus domicilios, a fin de evitar cualquier hecho de riesgo para los habitantes soledenses.
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El alcalde señaló que la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana requiere una inversión de mil 500 millones de pesos
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, afirmó que el Gobierno Federal, Gobierno del Estado, los tres municipios que integran el Interapas y el Congreso local están en armonía para plantear soluciones en el tema del agua, pues la infraestructura hidráulica de la Zona Metropolitana requiere una inversión de mil 500 millones de pesos, “que muchas administraciones dejaron pasar”.
Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí esperará a contar con todos los elementos e información técnica para determinar qué camino seguir en el tema del agua.
“Hay buena disposición de todos los involucrados, hoy apelo a la buena coordinación que tenemos para sentarnos a discutir cómo invertirle al tema del agua, cómo le metemos lana a esto, porque hay muy buena coordinación y muy buena voluntad política. Si no le entramos juntos va a ser muy difícil”.
El alcalde señaló que el problema del agua es nacional, por lo que todos los órdenes de gobierno deben estar involucrados para plantear soluciones, que se requieren con urgencia y con responsabilidad para evitar situaciones como la sequía que se ha vivido recientemente en la zona conurbada de Monterrey.
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Energreen exige al gobierno de Enrique Galindo 465 millones de pesos por la rescisión de un contrato firmado en la administración de Victoria Labastida
Por: Redacción
La empresa Energreen San Luis S.A.P.I. de C.V. ganó una demanda por rescisión de contrato de operatividad del tiradero de Peñasco contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que el gobierno municipal debe pagar 465 millones 497 mil 775.55 pesos a la empresa, que representa un 12.82 por ciento del presupuesto de 3 mil 396 millones 102 mil 298.14 pesos que tiene el gobierno capitalino para este 2022.
De acuerdo con el medio digital Astrolabio, Víctor Salgado Delgadillo, primer síndico municipal, informó que la actual administración capitalina, encabezada por Enrique Galindo Ceballos, promovió hace tres meses un juicio de amparo ante los juzgados federales en contra de la resolución emitida en abril por el tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
En 2006, el Congreso del Estado autorizó a Octavio Pedroza Gaitán, entonces presidente municipal capitalino, el permiso para contratar los servicios de captura, eliminación y aprovechamiento del gas metano que se produce en el tiradero de Peñasco y en el relleno sanitario de Santa Rita, por un periodo de hasta 15 años. No obstante, en 2012 las empresas firmaron un convenio de terminación de contrato, en el cual se especificó que el Ayuntamiento no había entregado el predio de Peñasco y el tiradero acumuló más desechos que al inicio de los estudios.
En ese mismo año la entonces alcaldesa Victoria Labastida celebró un segundo contrato exclusivamente con la empresa Energreen San Luis S.A.P.I de C.V., para cumplir con los mismos servicios que la administración solicitó anteriormente, por una vigencia de 15 años más. Aunque en el docum ento se estipulaba que una de las obligaciones del municipio era entregar al contratista el acceso a los sitios y si no garantizaban este acceso, sería un motivo de terminación anticipada del contrato, en el que se debía indemnizar al contratista.
En 2018, mientras el Gobierno Municipal estaba liderado por Ricardo Gallardo Juarez, la empresa Energreen interpuso una demanda ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), con la cual se pretendía rescindir el contrato por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento.
En 2020, el TEJA determinó que el contrato celebrado entre el Ayuntamiento y Energreen San Luis debía rescindirse; dicha resolución fue confirmada el 5 de abril de 2022, después de que se presentó un recurso de apelación.
El primer síndico municipal comentó que la actual administración intentó promover una apelación ante el Tribunal, pero esta no se consideró y por ello se decidió promover un juicio de amparo ante los juzgados federales, mismo que ya fue admitido, por esa razón el municipio no está obligado a pagar ningún finiquito hasta el momento.
Según Salgado Delgadillo, si el juicio de amparo no fuera favorable para el Ayuntamiento, aún tendría la opción de ir por una revisión del amparo y si no se resolviera a favor de la empresa, habría que comenzar un proceso para cuantificar el finiquito adecuado que se pagaría a la empresa.
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