EL CRONOPIO

 

José Mariano Ignacio de Santa Elena Jiménez Maldonado, mejor conocido como José Mariano Jiménez, estudiaba en el Real Seminario de Minería, la primera casa de las ciencias de América, para ser perito facultativo minero. En esa institución se preparaban recursos humanos para enfrentar los serios problemas técnicos por los que pasaban las minas de la Nueva España, con una educación de corte científico que los colocaba en la frontera del conocimiento científico de aquella época. Así Mariano Jiménez llevó cursos de matemáticas, física, orictognosia, química entre otras disciplinas científicas. La planta de profesores del Colegio de Minería, como también se le llamaba, era de las más importantes en el mundo y gozaban de un gran reconocimiento y buena reputación. La totalidad de dicha planta ha trascendido en la historia de la ciencia con contribuciones sobresalientes.

Al terminar sus estudios fue enviado a encargarse de labores mineras tanto en Zacatecas como Guanajuato, lugar donde iniciaría la lucha insurgente por la independencia del país, y justo en ese momento toma las armas para unirse a la insurgencia y convertirse en uno de los principales generales donde desplegó su conocimiento científico en el establecimiento de estrategias militares. Lidero la insurgencia en su estado natal, en la marcha de los jefes insurgentes al norte del país. Fue capturado y fusilado junto a Allende y Aldama, entre otros cabecillas de la insurgencia.

José Mariano Jiménez nació en San Luis Potosí el 18 de agosto de 1781, ingresa al Seminario de Minería siendo alumno de profesores como Manuel Andrés del Río, el descubridor del elemento vanadio. Con una concepción moderna de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes compartieron con Del Río los ensayos que éste realizaba en el gabinete, sometiendo a riguroso escrutinio los nuevos elementos recolectados en distintos puntos del territorio novohispano. Los estudiantes estaban comprometidos a exponer sus conocimientos y experiencias adquiridas al final de sus cursos generales y en los centros mineros, en actos públicos, el examen público final que los acreditaría como peritos facultativos de minas.

En dichos exámenes públicos los estudiantes no sólo defendían los conocimientos adquiridos sino presentaban resultados novedosos en los diversos temas científicos, donde la contribución con nuevo conocimiento fue muy común en los alumnos del Real Seminario de Minería, como el caso de las presentaciones públicas en las que participó Mariano Jiménez, antes de su egreso en 1802 donde se recibió con Suma cum Laude.

Una de sus famosas presentaciones públicas fue en la materia de orictognosia, o el estudio de los fósiles, que en aquella época iniciaba como disciplina y en la cual, geognosia y labores mineras junto a su compañero Miguel Álvarez Ruiz. Con respecto a la orictognosia, manifestaron que de las notas o caracteres exteriores, químicos, físicos y empíricos que pueden servir para distinguir los fósiles y clasificarlos es necesario recurrir al análisis químico, pues su distribución en clases, familias, géneros, especies y variedades se funda en sus principios constitutivos. Esta conclusión guío los trabajos de investigación en el tema muchos años después.

Otra de sus contribuciones importantes fue en el área de la química y con ello inauguraba la introducción del estudio de la química moderna en México. Los químicos del siglo XVIII sostenían la presencia del flogisto como responsable de la combustión de los objetos, se decía que al arder los objetos perdían flogisto, por lo que, el flogisto era una sustancia que formaba parte de los cuerpos combustibles. Tal era el estado del arte en la química, cuando el joven potosino y su compañero Álvarez Ruiz demostraron que el aire y el agua eran sustancias compuestas, que la teoría del flogisto era falsa.

El estudio presentado por Mariano Jiménez y Álvarez Ruiz, contribuía a esclarecer los principios de la combustión y la composición de los cuerpos, pues aún en esos años algunos químicos seguían apoyando la teoría del flogiston y la aseveración que el agua no era una sustancia compuesta.

Mientras en Europa se seguía debatiendo sobre la validez de la teoría del flogisto o la aceptación de la nueva teoría de Lavoisier, en México se comenzó a enseñar la nueva teoría, desde la impartición de la primera cátedra de química y se realizaron experimentos tendientes a su comprobación como lo fue el trabajo de Mariano Jiménez y Álvarez Ruiz. En Gran Bretaña comenzó a aceptarse después de 1795 aunque un buen número de químicos, entre ellos Priestley, nunca abandonaron la teoría del flogisto. En Alemania, hasta después de 1799 comenzó la aceptación de la nueva teoría y el abandono de la teoría del flogisto. De ahí la importancia del trabajo realizado por Jiménez y Ruiz.

El estudio presentado por Jiménez y Álvarez Ruiz, contribuía a esclarecer los principios de la combustión y la composición de los cuerpos, pues aún en esos años algunos químicos seguían apoyando la teoría del flogisto y la aseveración que el agua no era una sustancia compuesta; se consideraba que el aire era una sustancia simple y primordial, y el agua como un elemento irreductible, como es el caso de Joseph Priestley quien en 1774 aisló el oxígeno. Priestley publicó en 1800, tres años después del acto público presentado por Jiménez y Álvarez Ruiz, su Doctrine of Phlogiston Established and Composition of Water Refuted.

En estos días de festejos patrios, es necesario recordar que los procesos de emancipación incorporan también al conocimiento y en este sentido los potosinos debemos sentirnos orgullosos de personajes como José Mariano Jiménez que brilló más allá de la lucha armada por construir un país.

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DE CHILE, DULCE Y MANTECA

Lo prometido es deuda y aquí le traemos esta nueva información sobre las transas de que es acusado el subdelegado de los Programas de Bienestar en el Altiplano, Jesús “Guille” Martínez Martínez.

Nunca hemos dicho lo contrario: efectivamente las autoridades de ese engendro llamado “Cuatro Te”, son efectivamente diferentes a sus antecesores, lo malo del asunto es que ser peor también es ser distinto.

Mire usted si no: El mencionado Guille, ha iniciado lo que bien podría considerarse como una “purga” de colaboradores en la región acusándolos de las más variadas irregularidades.

Lo cierto es que el funcionario federal simplemente se está deshaciendo de toda aquella gente que no ha querido “mocharse” con parte de sus ingresos y prestaciones para “la causa”, (“SU causa”, por supuesto).

Tal es el caso de la profesora retirada María del Carmen Martínez Mendoza, de Vanegas, quien ahora es una exservidora de la Nación ya que fue despedida por supuestamente ayudar a que unas enfermeras se vacunaran sin ser parte del sector público de Salud sino empleadas de una clínica privada.

Menciona la maestra Carmen que a ella, el subdelegado le pedía la friolera de mil 700 pesos ¡por mes!

Como ella no accedió, desató la iracunda respuesta de su ahora exjefe, quien con la mano en la cintura la expulsó del Peje-paraíso y hasta le inventó la falta, así no más, como para desanimarla a denunciar.

No es un caso único. Este medio cuenta con “los pelos de la burra en la mano” para demostrar que “Guille” no sólo es un funcionario corrupto, sino además ambicioso e insaciable. A la maestra le pedía mil 700 pesos, pero hay a quienes les baja hasta 3 mil 750 pesotes. Échele cuentas, el funcionario en mención tiene a aproximadamente 40 personas a su cargo. Obviamente todo “moche” que se respete debe ser entregado en efectivo y este caso no es distinto.

La maestra Carmen señala en su denuncia a la reportera Oralia Guzmán que ella expone el caso, no para que le regrese su trabajo, sino para que se castiguen de manera ejemplar estos actos de corrupción.

Tristemente ello resulta poco probable ya que otros empleados en la misma situación han hecho lo propio con el cada vez más tristemente célebre súperdelagado, Gabino Morales, quien olímpicamente los ha ignorado.

Tal indiferencia hace pensar lo peor: que Gabinito no sólo solapa a su achichincle en el Altiplano, sino que también es beneficiario de este robo en despoblado.

¡Ah que ingenuos fueron los mexicanos que se creyeron aquello de que la corrupción se había terminado! A ellos habría que recordarles que el presidente siempre dijo que combatiría la corrupción como se barre una escalera: de arriba para abajo. Nunca dijo nada de lo contrario, ¡qué pillín! Así, desde los niveles más bajos sube la lana para los mandos y estos a su vez repiten la operación. ¡Viva la Cuarta Revolución!, son aportaciones no transas.

¿Hay más?, ¡claro que aún hay más! Sucede que en la delegación potosina de la Secretaría del Bienestar hay fantasmas cobrones, (co-bro-nes, no piense mal). Si gente que sólo se aparece (extrañamente) los días de paga. Tal es el caso de un tal Sergio Fabián Medina Delgadillo o de Noé de Jesús Cruz Zárate, por mencionar sólo algunos.

Otra clase de fantasmas son las personas que habiendo partido de este plano terrenal siguen disfrutando de sus apoyos para la tercera edad. ¿Cómo le quedó el ojo?, beneficiarios post-mortem. Ahora sí que ¡tengan para que aprendan!

No lo dude. Le seguiremos informando de éstas y otras hazañas de nuestras autoridades locales, municipales y federales, al fin que para eso estamos.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada estuvo, definitivamente, protagonizada por la Suprema Corte de Justicia. Los importantísimos fallos del Pleno de la Corte y de su Primera Sala en materia de interrupción legal del embarazo y de libertad de expresión, así como los actos administrativos de su ministro presidente, Arturo Zaldívar, contrastan de manera dramática con la actividad del Congreso de la Unión, que continúa con su corte militarista, complaciente y sin capacidad de generar consensos.  

En las sesiones del lunes y martes, los ministros y ministras del Tribunal Pleno de la Corte aprobaron por unanimidad de diez votos —con grandísimas intervenciones y argumentos— la acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República en contra de diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila. Por una parte, resultaron invalidados los artículos y disposiciones del Código que sancionan con prisión tanto a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo como a la persona que la hiciere abortar y al personal médico involucrado; también se invalidó la disposición que limita el aborto en casos de violación, inseminación o implantación artificial. Por otra parte, la Corte invalidó una disposición del Código que establece una pena menor para el delito de violación entre parejas, con respecto de la pena por violación en general.

De esta manera, la Suprema Corte puso fin a una serie de intentos por despenalizar la interrupción legal del embarazo que se vieron truncados, por un lado, por los argumentos conservadores de las conformaciones pasadas de la Corte y, por otro lado, por plantear la problemática del asunto como un tema de competencias. Es decir, la Corte no se había pronunciado sobre el fondo del asunto, sino que los casos anteriores, en su mayoría, se decidieron por cuestiones meramente procesales.

Resalta la ausencia del ministro Jorge Pardo, quien no asistió a la sesión del martes —en la que haría su intervención— por “causas de fuerza mayor”, según lo anunció el ministro Arturo Zaldívar. Dada esa justificación, lo que sigue es mera conjetura mía, pero no podemos ignorar que Pardo se había pronunciado en contra de la despenalización del aborto en asuntos anteriores y que rara vez contradice sus votos previos. Por tanto, no es extraño pensar que Jorge Pardo decidió no asistir y, con su silencio, respetar la unanimidad de diez votos que se alcanzaría en la sesión, tan simbólica y relevante para un asunto de esta naturaleza.

Lo decidido por la Corte alcanzó la votación necesaria para convertirse en precedente obligatorio para todos los jueces y juezas del país, lo cual sin duda es un gran paso para su despenalización a nivel nacional y gran logro para las colectivas feministas y organizaciones de la sociedad civil que han impulsado este tema, tanto en la discusión pública como en el litigio. Sin embargo, el éxito para esta causa solo habrá de alcanzarse plenamente una vez que estos argumentos se vean plasmados en las leyes y códigos del país, pues, al ser solamente un criterio, sí se tendrá que iniciar un procedimiento penal en contra de la persona que aborte, aunque eventualmente el juez tendrá que aplicar el criterio generado por la Corte.

A raíz de lo anterior, el ministro presidente Arturo Zaldívar convocó a una rueda de prensa para anunciar que planteará al Consejo de la Judicatura la emisión de un acuerdo para encomendar al Instituto de la Defensoría Pública a asesorar a las mujeres sentenciadas o procesadas por el delito de aborto. A su vez, anunció que por primera vez en la historia de la Corte se contemplarán las licencias de paternidad por tres meses pagados para los hombres integrantes del Poder Judicial de la Federación, lo cual significa un gran paso para alcanzar una auténtica igualdad de género. Ya en la sección de preguntas de la conferencia, Zaldívar acordó que las estaría convocando al menos una vez al mes para informar de las actividades del Poder Judicial de la Federación.

En un tema completamente distinto, la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo a la organización no gubernamental Artículo 19, por considerar inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, promovida por el gobierno de Peña Nieto. Dicha ley —conocida como Ley Chayote— contempla una amplia discrecionalidad y vaga regulación para el gasto que puede ejercer el gobierno federal en materia de publicidad y comunicación social. Por ello, la Corte resolvió que, en efecto, el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa que se debe subsanar, pues tiene efectos adversos para el ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que genera censura para medios y periodistas críticos del oficialismo.

Mientras tanto, el Congreso de la Unión brilló por lo mismo que le ha distinguido, por un lado, con su pobre técnica legislativa y su incapacidad de generar consensos, y por otro, con la inconstitucionalidad que resulta de lo primero, particularmente desde que inició esta administración.*

La semana pasada, el Senado aprobó la Ley Orgánica de la Armada de México, en la cual la coalición oficialista mayoriteó y continuó con la consolidación de la militarización de las funciones de seguridad pública. La ley, por una parte, amplía las atribuciones de la Armada en materia de seguridad, pues comisiona a la Unidad de Policía Naval a realizar —con “carácter civil”— tareas de seguridad pública como parte de la Guardia Nacional. Además de los vicios de constitucionalidad que esto acarrea —y que la Suprema Corte eventualmente tendrá que resolver—, la Ley de la Armada contraviene a la Ley de la Guardia Nacional, que estipula que la GN es un cuerpo civil, aunque el 75% de sus miembros hoy sean militares activos.

De la misma manera, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Revocación de Mandato con casi 200 votos en contra, dado el despropósito de querer encuadrar a la revocación como un acto, mas bien, de ratificación del cargo. Ahora hay que esperar a la firma del Ejecutivo y de su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cierto que la naturaleza de las actividades y de los temas que resolvieron los poderes Judicial y Legislativo es muy distinta, sin embargo, también es cierto que se trata de una tarea basada en la capacidad de convencer y de generar consensos. Para vida de nuestro estado democrático y de derecho, el convencimiento debe de estar fundado en argumentos razonados desde el respeto a la Constitución y a los derechos que reconoce. Cuando esto no sucede —desafortunadamente sucede poco—, los asuntos votados por el Legislativo y firmados por el Ejecutivo terminan congelados por años en los tiempos de la Suprema Corte, saturada de acciones de inconstitucionalidad.

Es cierto, también, que la Corte actuó con maestría la semana pasada, aunque aún tiene que pasar varias pruebas de fuego en lo que resta del año, como el tema de la extensión del periodo de Zaldívar, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza y muchos otros proyectos torales de este gobierno cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.  

* Para ver más sobre las actividades y andanzas del Congreso de la Unión, la consultora Integralia presentó recientemente el siguiente informe, cuya lectura recomiendo: https://integralia.com.mx/web/index.php/2021/08/30/decimo-reporte-legislativo-lxiv-legislatura-2018-2021/.

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