El antropólogo León García Lam dijo que este documento permitirá imponer los valores indígenas ante los intereses mineros o turísticos que no toman en cuenta su cultura

Por: Ana G Silva

El 12 de septiembre, autoridades tradicionales wixárikas de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de decreto por el que se reconocen los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos wixárika, n’ayeri, o’dam y mexicanero, que busca la protección constitucional de cinco lugares que son considerados emblemáticos y sagrados, entre los que se encuentra Wirikuta, en San Luis Potosí.

La Orquesta conversó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, para preguntarle sobre la relevancia de dicha iniciativa, en la que destacó que se lograría reforzar la protección del lugar ante el constante acecho de empresas que mantienen intereses extractivistas sin esquemas de negociación intercultural.

El antropólogo dijo que la propuesta le permitirá a Wirikuta avanzar en términos de respeto, no solo para defenderse de los intereses mineros, sino de toda clase de intereses comerciales como el turismo.

“El decreto nos permite dejar de ver a Wirikuta como un sitio de beneficio económico y darle su dignidad como sitio sagrado. También nos permite comprender mejor la diferencia entre territorio y territorialidad. El territorio le pertenece, en primera instancia, a los ejidos y comunidades del Altiplano potosino y zacatecano y a sus municipios, pero la territorialidad está compartida con grupos indígenas de Jalisco y Nayarit”.

García Lam puntualizó que es importante entender que la propuesta no busca beneficiar directamente a San Luis Potosí “como estado”, sino a las comunidades indígenas que consideran a Wirikuta como un lugar sagrado, por lo que el beneficio para San Luis Potosí sería indirecto:

“Si se logra hacer respetar un lugar por la territorialidad de un grupo indígena (en este caso el pueblo Wixaritari) se puede extender hacia los otros grupos indígenas del estado que también poseen sus propios lugares sagrados que también requieren de una protección similar (como Xomokonko o La Peñita, por poner unos ejemplos)”.

Entre los problemas de desigualdad que podrían atenderse con este decreto constitucional será que los valores de las comunidades indígenas se pueden imponer a los distintos intereses lucrativos del mercado internacional (turismo y minería, por ejemplo).

León García Lam dijo que la entrega de este documento es “un gran avance”, por lo que espera que las autoridades federales sean sensibles ante esta añeja problemática. Agregó que las instancias potosinas deberían estar involucradas en esta propuesta; no obstante, las instituciones del estado han dejado mucho que desear en actitudes interculturales:

“Las anteriores legislaturas y la actual han demostrado desinterés por tomar en cuenta a las poblaciones indígenas del estado, al igual que las distintas direcciones e institutos del actual Gobierno del Estado (y las anteriores administraciones) al igual que la gran mayoría de ayuntamientos. Lo cual se vio reflejado con claridad en las últimas consultas indígenas, las cuales dispensaron recursos sin lograr reflejar los intereses, valores y visiones de las comunidades indígenas de San Luis Potosí”.

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