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“Voluntariado” en supermercados; el fraude laboral vs los adultos mayores en SLP
La Orquesta felicita a todo su equipo por la obtención de 5 galardones en la reciente entrega del Premio Estatal de Periodismo.
Este escrito de José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel ganó el segundo lugar en la categoría de Reportaje.
¡Felicidades!
Ancianos trabajan como “cerillos” en tiendas, pero no reciben sueldo ni seguridad social
Por: José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel
Alfonso (a petición del entrevistado se cambió su nombre) tiene 79 años; y aunque su frente está arrugada por los años se le ve sonriente. Es empacador desde hace 6 años y desde entonces, según dijo, solo recibe su pensión que es pequeña y lo que gana de las propinas en el súper mercado para el cual “trabaja”.
Todos los días llega de pantalón café caqui y playera blanca, tal cual lo marca el reglamento del establecimiento. A las 3 de la tarde comienza su turno y se dispone a empacar con una sonrisa en el rostro, siempre amable para poder recibir una buena propina de sus clientes. Sus ingresos, según dijo, son variados ya que en quincena suben y en otros días, bajan.
Tiene 6 años prestando un servicio que entre las autoridades y los consorcios comerciales ha dado por llamar, voluntariado, ya que no recibe ni sueldo, ni prestaciones por las 112 horas al mes en las que presta sus servicios; es decir, pasa 4 horas diarias trabajando de pie, sin sueldo, porque las oportunidades que hay para los adultos mayores en México son muy pocas.
La Orquesta: ¿Considera que necesita un sueldo, prestaciones?
Alfonso: No, pues ahorita lo que caiga es bueno. Digo, a estas alturas ya no tiene uno más.
LO: ¿Le hicieron alguna entrevista para entrar?
A: No, pues directo, nada más me dieron mi capacitación para empacar y todo eso. En qué consiste, qué empacar, cosa con cosa, y ya.
CONDICIONES CONTRACTUALES DIFUSAS Y DESEQUILIBRADAS
De acuerdo con la información del encargado de la contratación de empleados para la cadena de supermercados en la que trabaja Alfonso, el vínculo entre empacadores adultos mayores y la empresa se hace a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: “te lo digo porque yo soy el encargado de la contratación, ellos nos los canalizan y aquí hacemos una entrevista para conocer a la persona y saber de dónde vienen. Una entrevista como si fuera un empleo normal, pero dejándole en claro que no es un empleo como tal, es un voluntariado. Que no tienen ninguna obligación con la empresa, pero tampoco la empresa con ellos”.
Ya que no hay un vínculo formal, en el momento en el que los adultos mayores decidan dejar el voluntariado, lo pueden hacer; sin embargo, como en un trabajo formal de medio tiempo: “si no cumplen con los lineamientos y normas que se pide al empacador voluntario, se le puede retirar el programa en el momento en el que la empresa requiera”, puntualiza la fuente.
Entre los puntos del reglamento que deben de seguir está: llegar 10 minutos antes de su hora de entrada para tomarles lista de asistencia o por si deben darles algún anuncio; durante la jornada no podrán entrar a piso a comprar; llevar su uniforme, el cual consiste en pantalón caqui, camisa blanca y gafete; se les asignan lockers en donde guardan sus pertenencias (…); a las tres faltas se les da de baja”, aunque esta regla, explica, poco se cumple, ya que “a esta edad una gripa los tumba y una semana se avientan porque no pueden venir hasta que se recuperen”.
UN FRAUDE LABORAL
En contraste con las declaraciones anteriores, el abogado especialista en materia laboral, Joel Hernández, afirmó en entrevista para LaOrquesta.Mx que los derechos laborales de 24 mil adultos mayores que sobreviven bajo este esquema de trabajo, son violentados: “nos dimos cuenta que tenían un horario, que tenían que obedecer ciertas instrucciones, tienen un uniforme, tienen que presentarse a una sucursal, que les indican qué hacer y cómo empacar las cosas, evidentemente estás ante una relación de trabajo; la pregunta siguiente fue cuántas personas hay en esto y la más importante, ¿por qué no pagarles?”.
“Definitivamente se benefician de ellos, no se trata de un chance de involucrarlos a la vida, ellos están trabajando y haciendo un servicio de la cual la tienda se aprovecha, por eso es que son merecedores de que se respeten sus derechos”, agregó.
LO: ¿Podrías ser más específico sobre qué leyes se están violando?
Joel Hernández: La Ley Federal del Trabajo porque se configura una relación laboral entre el supermercado y ellos; en segundo lugar, todas las leyes de seguridad social. Existe un fraude laboral porque no pagan un salario, no pagan institutos de seguridad social y exigen a los adultos mayores que ya sean pensionados por si tienen un accidente o les pasa algo ya tienen un seguro social que no paga el supermercado, hasta en eso fueron astutos. También crean un esquema de discriminación y de segregación para el que no tiene seguridad social; debe haber impuestos, seguramente normas fiscales que tampoco están siendo pagadas acerca de las deducciones de nómina, etcétera.
LO: ¿Exponer estas irregularidades ponen en peligro el trabajo de los adultos mayores?
Joel Hernández: Su trabajo no está en riesgo. Sería escandaloso, sería perverso, sería incendiario que mañana los supermercados despidieran a los 24 mil adultos mayores. Los propios clientes y la sociedad tendrían una reacción ante esto. Quedaría desnuda la crueldad y la voracidad con la que operan.
El abogado también fue enfático en exponer que actualmente los adultos mayores no tienen cabida en la industria ni en otros campos, “si tu eres un adulto mayor y por algún motivo; ya sea por gusto, o porque te quieres mantener activo, o porque tienes la necesidad apremiante del trabajo, (…) lo único que queda es estar ahí, no les queda de otra más que aceptar el trabajar por propinas. Insisto, este es un esquema no existe en la ley”.

Joel Hernández, abogado en materia laboral
UN FRAUDE LABORAL… CON PERMISO DE LAS AUTORIDADES
Por su parte, el doctor Pedro Ignacio Martínez de Korres de Ávila, enlace técnico de la representación estatal del Inapam en San Luis Potosí, explicó que, dentro del programa de autoempleo en el que ellos vinculan a los adultos mayores con las empresas para que puedan desempeñarse como empacadores, hasta el momento en la capital hay entre 150 y 170 personas.
Es un programa voluntario, es el programa al que más acceden, sobre todo aquí en la capital que más hay empresas de ese tipo, pero también las hay en Soledad, hay en Matehuala, Rioverde”, reconoció.
El funcionario reconoció que dicho modelo podría dar pie a pensar que se presente una situación de explotación laboral, aunque considera que, más bien, brinda oportunidades de desenvolvimiento a los adultos que pertenecen a ese tipo de programas ya que “las oportunidades laborales como tal en ese sentido son muy difíciles de encontrar. Vincular a la empresa, la voluntad de la empresa para abrir un espacio, para que alguien pueda tener un beneficio en un trabajo digno y en ayuda a terceros. Los adultos mayores están conscientes de que no es una situación de un empleo formal y de un contrato, es una situación de autoempleo, de autoayuda. En ese sentido es un programa de punto de apoyo y es voluntario por ambas partes”.


Sin embargo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, estipula que por objeto se debe garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
De la integridad, dignidad y preferencia:
A la protección contra toda forma de explotación.
Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 18 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
A pesar de eso, los adultos mayores afiliados al programa del Inapam de autoempleo, firman un formato que establece que el servicio que están prestando a las cadenas de supermercados es voluntario, por lo tanto no es formal, con todo y que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, dijo que en el caso en el que los adultos mayores tengan que cumplir un horario de trabajo, automáticamente se establece una relación trabajo formal, y de incumplir con darles prestaciones o un salario fijo, las sanciones podrían ir desde una multa al establecimiento, hasta a clausurar el centro de trabajo.
“Definitivamente si ellos están trabajando bajo una condición de horario; es decir, que la empresa les instruya a ellos qué hacer, el horario qué atender, es cuando se da la relación laboral, y obviamente esa empresa tiene que corresponder con un salario, las prestaciones de ley, un seguro social, un Infonavit”, aseguró el secretario estatal.
Y es que, según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, un trabajador es: “la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado”, que además cumple un horario. Asimismo, el artículo 14 establece que “las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados”.
Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.
Si se toma en cuenta lo dicho por Lozano Nieto, los adultos mayores que estén en esta situación “tendrían que ser contratados y recibir las prestaciones de un trabajo formal, en el caso en el que no suceda podrían acudir a la Procuraduría del Trabajo para poder comenzar una investigación al respecto”.
Por otro lado, el artículo 24 establece que “las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito poniendo los datos del prestador de servicio, horarios, salarios, etc”. Sin embargo; la falta de este tipo de escritos, no priva al trabajador de gozar de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, según lo establecido en el artículo 26 de la misma ley.
“Yo aprovecho tu espacio para invitarlos: si alguno de ellos está trabajando bajo esta condición, que se presente a la procuraduría de la defensa del trabajo para hacer la investigación correspondiente”, aventuró Lozano Nieto; sin embargo, Jorge Edgardo Cásares Rivas, titular de la dirección de Inspección del Trabajo, indicó que no se han presentado quejas sobre este tipo de voluntariado, y que, a diferencia de los niños “cerillitos”, no se requiere alguna autorización porque son adultos y ellos eligen.
Luego agregó, pese a lo aquí expuesto, que las autoridades se aseguran de que “les paguen sus prestaciones de ley, que tengan contrato, seguridad social, porque lo que vigilamos es que no les digan ‘¿sabes qué?, tu sueldo van a ser propinas’ No, tiene que tener su sueldo y aparte prestaciones”.
Pese a todo, el inspector aclaró que como ninguna queja ha sido presentada en esa división, no se pueden investigar los casos ni proceder legalmente.
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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
Culto Público, hijos de mis desvelos:
Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.
Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?
“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”
Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.
Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.
El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.
Ambos creen su verdad.
En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.
Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.
Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural .
Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.
El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.
El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.
Unos le ponen números, pero no se trata de números.
Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.
Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.
Si suben y escalan los tonos era de esperarse.
Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.
Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: Gallardo: puente de Glorieta de la Familia lleva 35% de avance
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La profunda conexión Gómez Mont con SLP: Más allá de cuatro empresas.
Investigación en exclusiva revela una amplia red empresarial y notarial potosina que operó detrás del caso
Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña
Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: 13 sociedades mercantiles, nueve más de las que se habían vinculado públicamente con el caso, relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.
La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.
Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.
La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.
Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.
Empresas constituidas en serie ante la misma notaría
Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.
En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.
La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.
Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.
El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.
Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.
Pero las coincidencias no terminaron ahí.
Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.
La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.
Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.
Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.
En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.
En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.
En total, seis compañías de la red se constituyeron ante el mismo notario: cinco en 2016 y una más, Arquitectura y Acabados Yardel, en julio de 2015.
Los nombres que conectan a las empresas
La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.
Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.
Además, las actas inscritas en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que fundó Vialidades del Tangamanga en 2008 y Tangamanga Innovaciones y Negocios en 2016. Ese mismo año compró el 80 por ciento de Innovación en Servicios Integrales Dicont y quedó como su administrador hasta 2018, cuando vendió sus acciones. En 2017 también fue nombrado comisario, es decir, encargado de vigilar las cuentas, de Electro-Construcciones Quiga.
Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.
El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).
La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.
El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.
Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.
En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.
Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.
Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría
La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.
La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.
Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.
En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.
Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.
En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.
Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.
Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.
El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.
El mismo objeto social en compañías diferentes
Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.
Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.
No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.
Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.
Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.
El vínculo con los millones investigados por la FGR
La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.
Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.
De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.
Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.
El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que recibieron en conjunto Tangamanga, Rancel y Comcelint, y también del valor total de los contratos federales investigados.
El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT
La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.
Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.
Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.
Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.
La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.
Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí
A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad fundada en 2010 en la Ciudad de México por Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro Mario Álvarez Puga y el potosino Sergio Martínez Vega, con un tercio de las acciones cada uno, según su acta constitutiva.
De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos. En la misma asamblea, Martínez Vega quedó como administrador único.
En esa operación, Alejandro Mario vendió todas sus acciones a su hermano Víctor Manuel, y Martínez Vega le vendió una parte de las suyas. Víctor Manuel quedó con el 70 por ciento del capital y Martínez Vega, con el 30 por ciento restante.
El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.
Según el Diario Oficial de la Federación, Mase Energy también fue incluida el 8 de abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.
Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.
La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.
En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.
Sin embargo, en las actas constitutivas de las 13 empresas y en las modificaciones societarias revisadas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.
La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.
Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.
Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.
Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso
La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.
La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.
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Frente frío 5 entraría el jueves con lluvia en la Huasteca
La coordinadora estatal de Protección Civil dijo que será un frente de frío seco, con lluvias en la Huasteca y la zona norte
Por: Redacción
Con mucha probabilidad, el frente frío 5 ingresará el jueves a San Luis Potosí, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil.
Explicó que será un frente «distinto y peculiar» porque es de frío seco. Aun así, favorecerá lluvias fuertes y moderadas, principalmente en la Huasteca y en la zona alta y norte del estado.
El estado se mantiene bajo el frente frío 4. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, sin que se haya llegado a cero, y para el jueves se espera que baje más. Las temperaturas más bajas se han registrado en las partes altas, principalmente en el Altiplano
.Para noviembre se esperan ocho frentes fríos y, en toda la temporada, un poco más de 60.
Ochoa Limón recomendó abrigar nariz y boca de los menores que acuden a la escuela por la mañana, para evitar contagios de enfermedades, y mantenerse atentos a la información oficial del Gobierno del Estado y del Servicio Meteorológico Nacional.
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