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“Voluntariado” en supermercados; el fraude laboral vs los adultos mayores en SLP
La Orquesta felicita a todo su equipo por la obtención de 5 galardones en la reciente entrega del Premio Estatal de Periodismo.
Este escrito de José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel ganó el segundo lugar en la categoría de Reportaje.
¡Felicidades!
Ancianos trabajan como “cerillos” en tiendas, pero no reciben sueldo ni seguridad social
Por: José Luis Vázquez y Xochiquetzal Rangel
Alfonso (a petición del entrevistado se cambió su nombre) tiene 79 años; y aunque su frente está arrugada por los años se le ve sonriente. Es empacador desde hace 6 años y desde entonces, según dijo, solo recibe su pensión que es pequeña y lo que gana de las propinas en el súper mercado para el cual “trabaja”.
Todos los días llega de pantalón café caqui y playera blanca, tal cual lo marca el reglamento del establecimiento. A las 3 de la tarde comienza su turno y se dispone a empacar con una sonrisa en el rostro, siempre amable para poder recibir una buena propina de sus clientes. Sus ingresos, según dijo, son variados ya que en quincena suben y en otros días, bajan.
Tiene 6 años prestando un servicio que entre las autoridades y los consorcios comerciales ha dado por llamar, voluntariado, ya que no recibe ni sueldo, ni prestaciones por las 112 horas al mes en las que presta sus servicios; es decir, pasa 4 horas diarias trabajando de pie, sin sueldo, porque las oportunidades que hay para los adultos mayores en México son muy pocas.
La Orquesta: ¿Considera que necesita un sueldo, prestaciones?
Alfonso: No, pues ahorita lo que caiga es bueno. Digo, a estas alturas ya no tiene uno más.
LO: ¿Le hicieron alguna entrevista para entrar?
A: No, pues directo, nada más me dieron mi capacitación para empacar y todo eso. En qué consiste, qué empacar, cosa con cosa, y ya.
CONDICIONES CONTRACTUALES DIFUSAS Y DESEQUILIBRADAS
De acuerdo con la información del encargado de la contratación de empleados para la cadena de supermercados en la que trabaja Alfonso, el vínculo entre empacadores adultos mayores y la empresa se hace a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: “te lo digo porque yo soy el encargado de la contratación, ellos nos los canalizan y aquí hacemos una entrevista para conocer a la persona y saber de dónde vienen. Una entrevista como si fuera un empleo normal, pero dejándole en claro que no es un empleo como tal, es un voluntariado. Que no tienen ninguna obligación con la empresa, pero tampoco la empresa con ellos”.
Ya que no hay un vínculo formal, en el momento en el que los adultos mayores decidan dejar el voluntariado, lo pueden hacer; sin embargo, como en un trabajo formal de medio tiempo: “si no cumplen con los lineamientos y normas que se pide al empacador voluntario, se le puede retirar el programa en el momento en el que la empresa requiera”, puntualiza la fuente.
Entre los puntos del reglamento que deben de seguir está: llegar 10 minutos antes de su hora de entrada para tomarles lista de asistencia o por si deben darles algún anuncio; durante la jornada no podrán entrar a piso a comprar; llevar su uniforme, el cual consiste en pantalón caqui, camisa blanca y gafete; se les asignan lockers en donde guardan sus pertenencias (…); a las tres faltas se les da de baja”, aunque esta regla, explica, poco se cumple, ya que “a esta edad una gripa los tumba y una semana se avientan porque no pueden venir hasta que se recuperen”.
UN FRAUDE LABORAL
En contraste con las declaraciones anteriores, el abogado especialista en materia laboral, Joel Hernández, afirmó en entrevista para LaOrquesta.Mx que los derechos laborales de 24 mil adultos mayores que sobreviven bajo este esquema de trabajo, son violentados: “nos dimos cuenta que tenían un horario, que tenían que obedecer ciertas instrucciones, tienen un uniforme, tienen que presentarse a una sucursal, que les indican qué hacer y cómo empacar las cosas, evidentemente estás ante una relación de trabajo; la pregunta siguiente fue cuántas personas hay en esto y la más importante, ¿por qué no pagarles?”.
“Definitivamente se benefician de ellos, no se trata de un chance de involucrarlos a la vida, ellos están trabajando y haciendo un servicio de la cual la tienda se aprovecha, por eso es que son merecedores de que se respeten sus derechos”, agregó.
LO: ¿Podrías ser más específico sobre qué leyes se están violando?
Joel Hernández: La Ley Federal del Trabajo porque se configura una relación laboral entre el supermercado y ellos; en segundo lugar, todas las leyes de seguridad social. Existe un fraude laboral porque no pagan un salario, no pagan institutos de seguridad social y exigen a los adultos mayores que ya sean pensionados por si tienen un accidente o les pasa algo ya tienen un seguro social que no paga el supermercado, hasta en eso fueron astutos. También crean un esquema de discriminación y de segregación para el que no tiene seguridad social; debe haber impuestos, seguramente normas fiscales que tampoco están siendo pagadas acerca de las deducciones de nómina, etcétera.
LO: ¿Exponer estas irregularidades ponen en peligro el trabajo de los adultos mayores?
Joel Hernández: Su trabajo no está en riesgo. Sería escandaloso, sería perverso, sería incendiario que mañana los supermercados despidieran a los 24 mil adultos mayores. Los propios clientes y la sociedad tendrían una reacción ante esto. Quedaría desnuda la crueldad y la voracidad con la que operan.
El abogado también fue enfático en exponer que actualmente los adultos mayores no tienen cabida en la industria ni en otros campos, “si tu eres un adulto mayor y por algún motivo; ya sea por gusto, o porque te quieres mantener activo, o porque tienes la necesidad apremiante del trabajo, (…) lo único que queda es estar ahí, no les queda de otra más que aceptar el trabajar por propinas. Insisto, este es un esquema no existe en la ley”.

Joel Hernández, abogado en materia laboral
UN FRAUDE LABORAL… CON PERMISO DE LAS AUTORIDADES
Por su parte, el doctor Pedro Ignacio Martínez de Korres de Ávila, enlace técnico de la representación estatal del Inapam en San Luis Potosí, explicó que, dentro del programa de autoempleo en el que ellos vinculan a los adultos mayores con las empresas para que puedan desempeñarse como empacadores, hasta el momento en la capital hay entre 150 y 170 personas.
Es un programa voluntario, es el programa al que más acceden, sobre todo aquí en la capital que más hay empresas de ese tipo, pero también las hay en Soledad, hay en Matehuala, Rioverde”, reconoció.
El funcionario reconoció que dicho modelo podría dar pie a pensar que se presente una situación de explotación laboral, aunque considera que, más bien, brinda oportunidades de desenvolvimiento a los adultos que pertenecen a ese tipo de programas ya que “las oportunidades laborales como tal en ese sentido son muy difíciles de encontrar. Vincular a la empresa, la voluntad de la empresa para abrir un espacio, para que alguien pueda tener un beneficio en un trabajo digno y en ayuda a terceros. Los adultos mayores están conscientes de que no es una situación de un empleo formal y de un contrato, es una situación de autoempleo, de autoayuda. En ese sentido es un programa de punto de apoyo y es voluntario por ambas partes”.
Sin embargo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 5, estipula que por objeto se debe garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
De la integridad, dignidad y preferencia:
A la protección contra toda forma de explotación.
Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les 18 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
A pesar de eso, los adultos mayores afiliados al programa del Inapam de autoempleo, firman un formato que establece que el servicio que están prestando a las cadenas de supermercados es voluntario, por lo tanto no es formal, con todo y que el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, dijo que en el caso en el que los adultos mayores tengan que cumplir un horario de trabajo, automáticamente se establece una relación trabajo formal, y de incumplir con darles prestaciones o un salario fijo, las sanciones podrían ir desde una multa al establecimiento, hasta a clausurar el centro de trabajo.
“Definitivamente si ellos están trabajando bajo una condición de horario; es decir, que la empresa les instruya a ellos qué hacer, el horario qué atender, es cuando se da la relación laboral, y obviamente esa empresa tiene que corresponder con un salario, las prestaciones de ley, un seguro social, un Infonavit”, aseguró el secretario estatal.
Y es que, según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, un trabajador es: “la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado”, que además cumple un horario. Asimismo, el artículo 14 establece que “las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados”.
Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.
Si se toma en cuenta lo dicho por Lozano Nieto, los adultos mayores que estén en esta situación “tendrían que ser contratados y recibir las prestaciones de un trabajo formal, en el caso en el que no suceda podrían acudir a la Procuraduría del Trabajo para poder comenzar una investigación al respecto”.
Por otro lado, el artículo 24 establece que “las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito poniendo los datos del prestador de servicio, horarios, salarios, etc”. Sin embargo; la falta de este tipo de escritos, no priva al trabajador de gozar de los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, según lo establecido en el artículo 26 de la misma ley.
“Yo aprovecho tu espacio para invitarlos: si alguno de ellos está trabajando bajo esta condición, que se presente a la procuraduría de la defensa del trabajo para hacer la investigación correspondiente”, aventuró Lozano Nieto; sin embargo, Jorge Edgardo Cásares Rivas, titular de la dirección de Inspección del Trabajo, indicó que no se han presentado quejas sobre este tipo de voluntariado, y que, a diferencia de los niños “cerillitos”, no se requiere alguna autorización porque son adultos y ellos eligen.
Luego agregó, pese a lo aquí expuesto, que las autoridades se aseguran de que “les paguen sus prestaciones de ley, que tengan contrato, seguridad social, porque lo que vigilamos es que no les digan ‘¿sabes qué?, tu sueldo van a ser propinas’ No, tiene que tener su sueldo y aparte prestaciones”.
Pese a todo, el inspector aclaró que como ninguna queja ha sido presentada en esa división, no se pueden investigar los casos ni proceder legalmente.
Ciudad
Cuatro empresas concentran 36% del transporte urbano en SLP
La empresa que más unidades controla también enfrenta una denuncia por incumplir su concesión
Por: Haniel Valdés
Un tercio del transporte urbano metropolitano de San Luis Potosí está en manos de solo cuatro empresas, según el padrón más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las 1,203 unidades registradas y los 217 titulares que las operan, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, Línea Guadalupe Siglo XXI, Transporte Urbano y Suburbano Tequis y Transportistas Asociados Línea Guadalupe concentran 435 unidades, el 36.1% del total. En un servicio que la ley concibe como un mosaico de decenas de concesionarios compitiendo por ruta, cuatro nombres deciden ya la disponibilidad de transporte para uno de cada tres pasajeros del sistema colectivo.
La tendencia además no se frena: entre los dos últimos cortes disponibles del padrón, el top 10 de empresas pasó de controlar 60.6% a 61.2% de las unidades, mientras el número de titulares bajó de 225 a 217. Menos empresas se reparten cada vez más unidades — un mercado que se consolida, no se fragmenta, y que llega a la mesa de negociación con la autoridad con más peso específico que hace apenas un par de años.
Tangamanga, la empresa con más unidades del padrón (123), es también la que concentra el señalamiento más serio. Según Ciudadanos Observando, mantiene suspendidas las rutas 29, 31 y 32 de su título de concesión, obtenido en 1999, desde la administración de Juan Manuel Carreras. Su presidente, José Guadalupe González Covarrubias, pidió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí cancelar la concesión si la empresa no la cumple y abrir una convocatoria nueva. El dato importa por el contraste: la empresa que más peso tiene en el padrón es la misma que, según esta organización, lleva años sin operar rutas completas sin que eso le haya costado la concesión.
El padrón de automóvil de alquiler muestra un patrón parecido, a escala de personas: de 368 concesionarios de ruleteo, 94 (25.5%) tienen dos o tres concesiones cada uno, y reúnen 41% del total disponible en esa modalidad. El taxi individual, pensado como un oficio de un permiso por persona, ya tiene también su propia versión de concentración: 4 de cada 10 concesiones están en manos de una cuarta parte de los concesionarios.
El propio padrón colectivo, además, tiene un salto que ninguna fuente pública explica: de 881 unidades en 2022 pasó a 1,202 en 2023, un incremento de 36% en un solo año. La cifra pesa porque contradice lo que la misma SCT ha declarado después: su titular, Araceli Martínez Acosta, informó en 2026 que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión nueva mientras corre un diagnóstico técnico, y reconoció que cerca de 350 camiones salieron de circulación apenas en 2024. Si la política reciente es de congelamiento y baja de unidades, el alta masiva de 2022-2023 no encaja con esa narrativa.
Ese diagnóstico, que arrancó en junio de 2026, contempla todas las modalidades del transporte público y privado regulado, y busca establecer con datos técnicos si hay zonas con déficit o saturación de unidades antes de decidir si se abren concesiones nuevas. Mientras ese estudio no concluya, el mapa de operadores del transporte urbano en San Luis Potosí seguirá siendo el que ya existe hoy: uno donde cuatro empresas deciden la mayor parte del servicio.
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Dos hombres fueron detenidos y una bodega quedó bajo resguardo tras el hallazgo de huachicol en el Ejido Los Gómez
Por: Redacción
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 2 mil 400 litros de hidrocarburo, tres tractocamiones, una cabina Kenworth, un semirremolque y un montacargas tras catear un inmueble en el Ejido Los Gómez.
El operativo derivó del seguimiento a un reporte de robo de un tractocamión en el Libramiento Poniente. En esa primera intervención fueron detenidos Juan “N”, de 29 años, y Cristian “N”, de 27, quienes presuntamente resguardaban el acceso a una bodega.
En el lugar se localizaron también un tractocamión International 2018 con reporte de robo y una camioneta Chevrolet. El inmueble quedó bajo custodia policial mientras se tramitaba la orden de cateo correspondi ente.
Con la orden ya en mano, autoridades federales catearon la propiedad y decomisaron el hidrocarburo
, los vehículos de carga y equipo para la aparente elaboración de combustible. También se localizaron siete inhibidores de señal, tanques de oxígeno y de gas LP, y otros indicios que quedaron a disposición de la autoridad investigadora.Los dos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y estatales para dar seguimiento a reportes de robo de vehículos y transporte de carga.
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Por: Redacción
La Secretaría de Turismo del Estado confirmó que los municipios de Villa de Reyes, Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Axtla de Terrazas y Cerro de San Pedro buscan sumarse al programa de Pueblos Mágicos, que hoy reconoce a seis localidades potosinas.
La secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que los candidatos deberán cumplir con capacitación, inversión en infraestructura y experiencias turísticas competitivas, además de contar con hotelería y oferta gastronómica tradicional.
Según la funcionaria, un nuevo nombramiento podría concretarse antes de que termine el año o a inicios de 2027.
Los seis Pueblos Mágicos vigentes se ubican entre los mejor evaluados del país, de un total de 177 reconocidos en México. La dependencia estatal trabaja, junto con Protección Civil del Estado, en completar los planes municipales de protección civil de los seis municipios, un requisito federal pendiente.
Cepeda Echavarría destacó la coordinación con la Secretaría de Turismo federal para ese proceso.
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