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Visita presidencial de “caras y gestos”. Crónica de Jorge Saldaña
Por: Jorge Saldaña.
“Shhhhhhh… cállense”.
El dedo índice de Rosa Icela Rodríguez, la potosina de más carrera en la política que en el periodismo, llevaba y traía su dedo índice hacia sus labios como metrónomo de maestra en salón rebelde. La escena ocurría en la entrada sur del Centro de Negocios Potosí, donde se agrupaban familiares, diputados, dirigentes y devotos de Morena. Esa especie de elegidos con privilegios de primera fila que corearon cuando la tuvieron a la vista:
—“¡Gooo-ber-nadora, gooo-ber-nadora, gooo-ber-nadora!”
La secretaria de Gobernación, vestida como maestra de convento —ataviada de negro, pelo recogido de bolita y lentes de armazón grueso—, parecía cargar todavía las tablas de quien sabe poner orden con solo mirar.
Silencio, les exigía, porque tras de ella estaba por entrar la mujer con la que compartió luchas, marchas, sobremesas y hasta hospedajes serranos en casa de las hermanas Rodríguez Velázquez, allá en Xilitla.
Era su amiga de décadas, su aliada, su cómplice: Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
La presidenta, la primera en la historia, llegaba a San Luis Potosí. Y no era cualquier visita: era una cargada de símbolos y la presentación de su primer informe en territorio potosino, ese suelo donde las lealtades se pintan de guinda y verde fosforescente, y donde la coreografía del poder es más elocuente que cualquier discurso.
El bloque guinda y el invitado inesperado
En el corazón del bloque morenista, tras las vallas que los separaban del resto de mortales, una presencia destacaba como pez en pecera ajena: Enrique Galindo, alcalde de la capital, priista de cepa y panista de circunstancia, en un sorpresivo y simbólico equilibrio de acercamientos.
Invitado directo desde la oficina presidencial, se estrenaba en un evento federal en su propia ciudad (nunca lo habían invitado).
Una foto en ese lugar y con esa compañía, equivalió a un mensaje cifrado.
El resto del cortejo federal entró casi inadvertido: Mario Delgado, secretario de Educación, prefería mirar su celular que a la multitud; otros pasaban como sombras de reparto en una obra que no les pertenece. La expectativa miraba más alto: Sheinbaum aún no entraba, y ya el aire olía a electricidad contenida.
La entrada del “Pollo”
Un poco antes, pero de el otro lado del recinto, por la puerta opuesta, apareció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado. Pantalón claro, camisa blanca de lino, aire festivo pero contenido. Su arribo fue anunciado por el micrófono, con tan mala acústica que nadie pareció darse cuenta.
El gobernador, acostumbrado a entradas estruendosas, se detuvo un instante: como extrañando la reacción, y la reacción no llegaba.
El salvavidas vino de José Luis Fernández, diputado federal y animador de la “pollobancada”. Con brazos en alto, agitó a la multitud como director de orquesta desesperado:
—“¡Ya entró el gobernador!”
Entonces sí, estalló el coro verde:
—“¡Gobernador, gobernador, pollooo, poollooo!”
Aplausos, algarabía, una ola que creció de norte a sur. El gobernador respondió saludando a la primera fila, esa franja VIP donde se mezclaron empresarios, diputados locales, rectores, dirigentes sindicales, dueños de medios y hasta representantes de pueblos originarios con su quesqueme de gala.
Un mural de México en miniatura
De un lado, la élite verde, con chalecos que parecían uniforme; del otro, el guinda con invitado que resaltaba como cereza en pastel de coco.
Y si en la zona VIP de Morena sobresalió la presencia de Galindo, en la del Verde se percibió la ausencia de la senadora Ruth González.
Entre ambos bandos, saludos medidos y a lo lejos. Sonrisas tensas, cortesías que se dan mirando de reojo. La política en versión tardeada de la secundaria.
El templete y el ruido
El salón estaba lleno: 12 mil asistentes según el conteo oficial. Playeras blancas con vivos verdes, otras con letras guindas, contingentes magisteriales con camisas del SNTE. Un mosaico tricolor que parecía más un mitin de tres campañas que un acto de gobierno.
El sonido, pésimo. Se anunciaban nombres y cargos en el presidium, pero la mayoría no escuchaba nada.
Una escena para pasar aceite: cuando llegó el turno de la presentación de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se escuchó un vergonzoso y sordo abucheo:
—“Buuuuuuuuuhhhhhh”.
Un bochorno. Gallardo de inmediato reaccionó serio, negó con la cabeza, apretó los dientes y recriminó con mirada de espada a los suyos, como maestro a niños indisciplinados. Ese gesto, más que regaño, era advertencia: ¿Cómo se les ocurre?
Minutos después, vino el turno del gobernador para tomar la palabra, aunque dudó de su presentación hasta que se inclinó hacia la presidenta:
—“¿Ya me nombraron? ¿Ya paso?”
—“No sé…”, respondió Sheinbaum.
—“Es que no se oye nada.” Dijo Ricardo y se levantó al atril.
Gallardo habló breve, cálido, festivo. Parafraseó a Sheinbaum en su informe de Palacio: “Con nuestra presidenta vamos bien y vamos a ir mejor”. El aplauso verde sofocó los abucheos tímidos de algunos morenistas y maestros. Otra vez, la marea fosforescente se impuso en volumen.
El turno de la presidenta
Y entonces sí, llegó la voz que todos esperaban. Claudia Sheinbaum, con brazos alzados, como alcanzando un triunfo permanente que sostiene día con día, saludó a la multitud. El grito fue unánime:
—“¡Presidenta, presidenta!”
Pero el griterío magisterial no paraba y la presidenta tuvo que poner orden:
—“¿Me van a escuchar? Les traigo buenas noticias…”
El silencio se abrió paso. Anunció que el gobierno federal apoyaría a San Luis Potosí para pagar a los maestros. No explicó cómo ni cuándo, pero bastó. El alivio se convirtió en aplausos, como si una promesa ya fuera pago en efectivo.
Enumeró programas sociales, destacó la labor de las mujeres, habló del tren de pasajeros, del aeropuerto de Tamuín, de 40 mil viviendas y de un programa de agua. Más que detalles técnicos, ofreció horizonte político. Y como en cada gira, recordó que no se volvería al pasado de la “noche triste neoliberal”.
El evento, con presidenta presente, duró cincuenta minutos. Al terminar su intervención hubo abrazo con palmadas al gobernador; abrazo fraternal, largo, entrañable, con Rosa Icela. Gesto que se volvió foto, y la foto en mensaje.
Caras, gestos y señales
El himno nacional cerró el acto oficial. Todos de pie, todos correctos, todos con la misma solemnidad que en segundos se esfuma cuando el poder baja del templete.
La presidenta, una vez más escoltada de Gallardo, recorrió la otra primera fila, esa parte que no atendió en su llegada. Saludó rápido a diputados, (extrañamente el diputado Héctor Serrano ya no se encontraba y testigos aseguran que al llegar la presidenta, se le vio salir apurado del recinto)
Cortesía por igual par empresarios, sindicalistas, pausa breve pero notoria con el rector Zermeño, y otra pequeña parada para recibir un obsequio y firmar un libro.
Más selfies que conversaciones. Más sonrisas que palabras.
José Luis Fernández, siempre dispuesto al guiño, se presentó:
—“Soy diputado federal de la pollobancada.”
La presidenta sonrió.
Pero el tiempo real de Sheinbaum estaba reservado. El reencuentro fue en el bloque guinda, donde Rosa Icela había impuesto silencio al inicio. Ahí, sin prisa, Sheinbaum se tomó fotos con todos, abrazó a Rita Ozalia la dirigente estatal, escuchó, sonrió. Ahí sí se detuvo.
Afuera, la realidad
Mientras tanto, los asistentes —12 mil según el conteo— esperaban la salida. No había puertas abiertas hasta que la presidenta abandonara el recinto. El aire se hacía espeso, los ánimos cansados.
Y es que no llegaron caminando ni tarde. Desde las seis de la mañana se consignó que camiones verdes y guindas se estacionaron en el Tangamanga. El acarreo de siempre, con lonas y pancartas listas.
Para muchos, la visita presidencial duró diez horas, una jornada agotadora entre esperar, escuchar, aplaudir, salir.
La crónica se cierra como se abre: con gestos.
El silencio impuesto por Rosa Icela, la sonrisa diplomática de Gallardo, los abucheos inoportunos, el abrazo largo, los invitados sorpresivos, las palmadas de rigor, los camiones alineados en el parque. Todo cuenta, todo dice.
Así se vivió y se sintió la gira de Claudia Sheinbaum en territorio potosino: un acto de Estado vestido de mitin, una coreografía donde cada quien jugó su papel, un episodio contado con caras y gestos que, más que narrarse, se lee entre líneas.
Una visita que más que registrarse en boletines, se recordará como postal política: entre presencias y ausencias notorias, entusiasmos forzados, abucheos imprudentes, abrazos sinceros y silencios que pesan más que los discursos.
San Luis Potosí, por un día, se convirtió en espejo: verde y guinda frente a frente, disputando el micrófono, midiendo aplausos, compartiendo escenario. Aliados que se sientan por separado, se reclaman y se miran de reojo.
En medio, una presidenta que promete futuro con frases de alivio inmediato.
Una visita que, como suele pasar en la política mexicana, más que se cuenta… se descifra.
Aquí una galería:
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
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