enero 13, 2026

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(VIDEO) Con armas, exdiputado de SLP amenazó a comuneros para quedarse con terreno

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Christian Sánchez evitó que se cumpliera una orden judicial por la que debe devolver un terreno de 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl

Por: Redacción

El exdiputado federal y local Christian Joaquín Sánchez Sánchez, amenazó con un rifle ar15 al actuario y comuneros que intentaban ejecutar una resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordenaba la restitución de un terreno de 27 hectáreas en el municipio de Tampacán, que el exlegislador poseía de manera irregular.

Christian Joaquín Sánchez Sánchez, también expresidente municipal de Tampacán, estuvo acompañado por su hermano Crisógono Néstor Sánchez Sánchez y otros trabajadores del terreno irrumpieron y amenazaron al actuario Juan Carlos Castillo Hernández.

El terreno debe ser devuelto a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, de acuerdo a la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, en el expediente 2007/43.

“Mejor váyanse de aquí porque en media hora va a venir un grupo y van a ver”, amenazó Christian Joaquín Sánchez a los comuneros. “Yo no soy el dueño, el propietario ya metió otro juicio, díganle que mejor ya no les mientan a los comuneros”, exclamó el exlegislador, quien se encontraba vestido con ropa para militar, de acuerdo con un video al que tuvo acceso este medio.

El conflicto inició en 1981, cuando por resolución presidencial se otorgó a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, 533 hectáreas, pero al momento de la entrega se dejó fuera una superficie de 27 hectáreas, según dio a conocer a La Orquesta el presidente de Bienes Comunales de dicha localidad, Rafael Santiago Hernández.
Desde entonces, ese terreno ha sido utilizado por la familia de Christian Joaquín Sánchez Sánchez, incluyendo a su padre, el también exdiputado local Crisógono Sánchez Lara.

La solicitud de tierras de Macuilocatl fue publicada con fecha del 26 de octubre de 1976, es decir hace casi 45 años. Sin embargo, el plano originario de la comunidad data del año 1925.

En ese lapso, los comuneros de Macuilocatl mantuvieron la batalla legal para recuperar el terreno. De acuerdo con fuentes consultadas por La Orquesta, el conflicto entre esta familia y los comuneros implicó una división y un choque de las comunidades indígenas náhuatl y los grupos priistas que mantuvieron el poder durante décadas.

Hoy, aproximadamente cien comuneros y descendientes acompañaron al actuario del Tribunal Unitario Agrario, quien por orden del Magistrado de dicha instancia, Antonio Luis Betancourt Sánchez, pusiera en posesión de las 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl.

La resolución del Tribunal Agrario “instruye al actuario de la adscripción, proceda a dar cumplimiento en todos sus términos a la resolución del 18 de septiembre de 2014”, hace exactamente cinco años.

Los comuneros de Macuilocatl solicitarán el apoyo de la Guardia Nacional y de los elementos del resto de las corporaciones de seguridad para evitar agresiones que podrían surgir ante la impotencia y molestia de Sánchez Sánchez y su familia.

Según testigos de los hechos, Christian Joaquín Sánchez Sánchez amenazó en diversas ocasiones a Filemón Hilario Flores, integrante de la comunidad y también exdiputado, a quien responsabilizó de la orden judicial para devolver 27 hectáreas a Macuilocatl: “Te voy a buscar y vas a ver cómo te va a ir…”

Los comuneros se replegaron por seguridad, pero durante la tarde grupos de desconocidos en camionetas merodearon la Comunidad, denunció el comisariado de Bienes Comunales de Macuilocatl, Rafael Santiago quien pidió para la próxima vez “haya un apoyo oficial para que esto no quede impune, sino que se cumpla el objetivo”.

La actual presidencia municipal de Tampacán está en manos de la priista, Brisseire Sánchez López, cuñada de Christian Joaquín Sánchez Sánchez.

 

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Gallardo ejercerá su derecho al veto contra “Ley Gobernadora”

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El gobernador expresó que la reforma electoral debe estar plenamente alineada con la Constitución

Por: Redacción

Con el objetivo de que se analice y se discuta a fondo la reforma a la Ley Electoral del Estado en materia de paridad de género para que se postulen sólo mujeres a la gubernatura en 2027 y evitar que se vulneren derechos constitucionales a toda persona que aspire al cargo, el gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona ha decidido hacer uso de su derecho de veto en dicha iniciativa.  

La propuesta de reforma presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y aprobada por el Legislativo el pasado 14 de diciembre por 19 votos a favor y 8 en contra obligaría a todos los partidos políticos a abanderar a una mujer con miras al relevo gubernamental del próximo año.

Precisó que ha solicitado que el CEEPAC replantee la iniciativa, que se abra una discusión más amplia, con la participación de expertos constitucionalistas, académicos y todas las fuerzas políticas, con el objetivo claro de fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales.

El Ejecutivo estatal dijo respetar la autonomía del Consejo Estatal Electoral y del Congreso del Estado, pero que como gobernador tiene la obligación constitucional de revisar a fondo las leyes que se aprueban, por lo que ha decidido ejercer su derecho de veto, ya que, como está planteada, dicha iniciativa presenta serias dudas de constitucionalidad.

Con esa decisión Gallardo Cardona echa por tierra las especulaciones vertidas en el sentido que la reforma tenía beneficiarios precisos. Aclaró, además, que “no se trata de estar en contra de la igualdad de género, al contrario. Se trata de que cualquier reforma electoral debe estar plenamente alineada con la Constitución, con criterios sólidos y con un sustento jurídico que resista cualquier impugnación.”

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FGESLP alerta sobre venta de vehículos robados

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La fiscal general exhortan a la ciudadanía a verificar el origen de las unidades antes de realizar cualquier compra

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de su titular, María Manuela García Cázares, informó que en los primeros días del año se ha registrado un número considerable de personas que han sido aseguradas en posesión de vehículos con reporte de robo, muchos de los cuales fueron adquiridos a través de ofertas publicadas en redes sociales, principalmente en plataformas de compraventa.

La Fiscal General explicó que el Código Penal contempla que cuando una persona acredita haber adquirido un vehículo de buena fe, no existe responsabilidad penal; sin embargo, precisó que en aquellos casos donde no se logra demostrar el origen lícito de la compra, las investigaciones sí continúan y pueden derivar en procesos judiciales.

Detalló que varias de estas unidades fueron robadas en otras entidades federativas y posteriormente comercializadas en San Luis Potosí, donde los compradores fueron citados en puntos de entrega para concretar la transacción, recibiendo los vehículos sin conocer que contaban con reporte de robo vigente.

García Cázares señaló que, tan solo en lo que va del año, se han registrado alrededor de 20 casos de este tipo, cifra que resulta elevada y que, de acuerdo con el análisis institucional, podría estar relacionada con el incremento de operaciones de compra durante la temporada de fin de año.

Asimismo, indicó que la FGESLP ya cuenta con diversas carpetas de investigación abiertas relacionadas con distintos esquemas de fraude en la compraventa de vehículos, entre los que se incluyen el uso de financieras inexistentes, documentación falsa, así como unidades con números de serie o motor alterados.

Finalmente, la Fiscal General hizo un llamado a la población para que, antes de adquirir cualquier vehículo, verifique su estatus legal, revise que los medios de identificación no estén modificados y, de ser posible, solicite apoyo de las autoridades para validar el origen de la unidad, con el objetivo de evitar ser víctima de estos delitos.

La FGESLP reiteró que continuará reforzando las acciones de investigación y prevención para combatir el robo de vehículos y los delitos asociados a su comercialización ilícita.

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Ciudad

TEE desecha impugnación en contra de la Ley Gobernadora

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El órgano electoral señaló que solo la SCJN tiene facultad para modificar la reforma electoral del Congreso local

Por: Redacción

De acuerdo con información de Global Media, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de San Luis Potosí desechó por unanimidad la demanda que buscaba frenar la reciente reforma electoral, popularmente conocida como “Ley Gobernadora”. Esta reforma estipula que, para el proceso electoral de 2027, los partidos políticos podrán postular exclusivamente a mujeres para la candidatura al Gobierno del Estado.

El proyecto, elaborado por la magistrada presidenta Deniss Porras Guerrero, determinó que el Tribunal local no tiene las facultades legales para modificar o anular una resolución tomada por el Congreso del Estado.

El dictamen subraya que cualquier impugnación de fondo contra esta reforma debe ser tratada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

a través de una controversia constitucional.

La demanda había sido promovida por el ciudadano Luis Fernando Leal Beltrán, quien pretendía revertir la disposición aprobada por el Poder Legislativo el pasado 14 de diciembre.

La resolución se dio este 12 de enero, luego de que la sesión del pleno fuera reprogramada tras haberse previsto inicialmente para el viernes 10 de enero. Con esta decisión, el TEE mantiene intacta la reforma propuesta originalmente por el Ceepac, bajo el argumento de que las pretensiones de los impugnantes son, en esta instancia, “inalcanzables”.

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Opinión

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