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(VIDEO) Con armas, exdiputado de SLP amenazó a comuneros para quedarse con terreno
Christian Sánchez evitó que se cumpliera una orden judicial por la que debe devolver un terreno de 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl
Por: Redacción
El exdiputado federal y local Christian Joaquín Sánchez Sánchez, amenazó con un rifle ar15 al actuario y comuneros que intentaban ejecutar una resolución del Tribunal Unitario Agrario que ordenaba la restitución de un terreno de 27 hectáreas en el municipio de Tampacán, que el exlegislador poseía de manera irregular.
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, también expresidente municipal de Tampacán, estuvo acompañado por su hermano Crisógono Néstor Sánchez Sánchez y otros trabajadores del terreno irrumpieron y amenazaron al actuario Juan Carlos Castillo Hernández.
El terreno debe ser devuelto a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, de acuerdo a la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 43 con sede en Tampico, Tamaulipas, en el expediente 2007/43.
“Mejor váyanse de aquí porque en media hora va a venir un grupo y van a ver”, amenazó Christian Joaquín Sánchez a los comuneros. “Yo no soy el dueño, el propietario ya metió otro juicio, díganle que mejor ya no les mientan a los comuneros”, exclamó el exlegislador, quien se encontraba vestido con ropa para militar, de acuerdo con un video al que tuvo acceso este medio.
El conflicto inició en 1981, cuando por resolución presidencial se otorgó a la comunidad de Macuilocatl, municipio de Tampacán, 533 hectáreas, pero al momento de la entrega se dejó fuera una superficie de 27 hectáreas, según dio a conocer a La Orquesta el presidente de Bienes Comunales de dicha localidad, Rafael Santiago Hernández.
Desde entonces, ese terreno ha sido utilizado por la familia de Christian Joaquín Sánchez Sánchez, incluyendo a su padre, el también exdiputado local Crisógono Sánchez Lara.
La solicitud de tierras de Macuilocatl fue publicada con fecha del 26 de octubre de 1976, es decir hace casi 45 años. Sin embargo, el plano originario de la comunidad data del año 1925.
En ese lapso, los comuneros de Macuilocatl mantuvieron la batalla legal para recuperar el terreno. De acuerdo con fuentes consultadas por La Orquesta, el conflicto entre esta familia y los comuneros implicó una división y un choque de las comunidades indígenas náhuatl y los grupos priistas que mantuvieron el poder durante décadas.
Hoy, aproximadamente cien comuneros y descendientes acompañaron al actuario del Tribunal Unitario Agrario, quien por orden del Magistrado de dicha instancia, Antonio Luis Betancourt Sánchez, pusiera en posesión de las 27 hectáreas a la comunidad de Macuilocatl.
La resolución del Tribunal Agrario “instruye al actuario de la adscripción, proceda a dar cumplimiento en todos sus términos a la resolución del 18 de septiembre de 2014”, hace exactamente cinco años.
Los comuneros de Macuilocatl solicitarán el apoyo de la Guardia Nacional y de los elementos del resto de las corporaciones de seguridad para evitar agresiones que podrían surgir ante la impotencia y molestia de Sánchez Sánchez y su familia.
Según testigos de los hechos, Christian Joaquín Sánchez Sánchez amenazó en diversas ocasiones a Filemón Hilario Flores, integrante de la comunidad y también exdiputado, a quien responsabilizó de la orden judicial para devolver 27 hectáreas a Macuilocatl: “Te voy a buscar y vas a ver cómo te va a ir…”
Los comuneros se replegaron por seguridad, pero durante la tarde grupos de desconocidos en camionetas merodearon la Comunidad, denunció el comisariado de Bienes Comunales de Macuilocatl, Rafael Santiago quien pidió para la próxima vez “haya un apoyo oficial para que esto no quede impune, sino que se cumpla el objetivo”.
La actual presidencia municipal de Tampacán está en manos de la priista, Brisseire Sánchez López, cuñada de Christian Joaquín Sánchez Sánchez.
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#4 Tiempos
SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC) .
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
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Ciudad
¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?
Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse
Por: Redacción
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.
Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.
La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado de estas plantas.
Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.
La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.
Lee también: CEA augura el 2026 como año positivo en el abasto de agua potable
Destacadas
SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE
El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional
Por: Redacción
El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.
El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria .
Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.
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