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Vía Alterna de SLP: seis años de polémica
El carretera que pretendía darle solución a los problemas viales de la Zona Industrial ha quedado a medio construir y el gobierno de Ricardo Gallardo acusa a los dueños de los terrenos
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General en el gobierno de Ricardo Gallardo, dio a conocer el pasado 27 de febrero que no se continuará la construcción de la llamada Vía Alterna a la Zona Industrial, que comprendería de la avenida Juárez al Eje 140, debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía. Los conflictos por la construcción de esta ruta, crucial para el desarrollo de la ciudad, no son nuevos, ya que desde el 2017, empresarios potosinos solicitaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto y debido a los constantes retrasos nunca se pudo concluir.
Los conflictos de esta vía surgieron desde el 2017, cuando un grupo de empresarios manifestaron que la remodelación del Distribuidor Juárez planteada por Juan Manuel Carreras, ex gobernador del estado, no era algo prioritario, sino que era necesaria una alternativa para llegar a la carretera 57, que ayudara a desfogar el tráfico en la zona, por lo que propusieron una vía que conectara el Eje 140 y avenida Juárez, que tendría un costo de 500 millones de pesos. En febrero de ese año, Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí para evaluar las opciones. La presión se intensificó luego de que, en septiembre, Peña Nieto visitó el estado y anunció que el gobierno federal participaría en la obra, sin embargo, solo se habló que serían empresas potosinas las que arrancarían con los trabajos y que los proyectos eran viables por avenida Salk, avenida de Las Torres y avenida Juárez.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, luego de múltiples retrasos en el proyecto, el Gobierno del Estado solicitó mil 100 millones de pesos para la Vía Alterna en 2019; no obstante, no se incluyó en el presupuesto y el Gobierno del Estado buscó otras opciones de financiamiento y proyecto.
Finalmente, el 10 de junio de 2019, Carreras López afirmó que fue respaldado por el presidente López Obrador para la construcción de la ruta, por lo que se contemplaron dos proyectos: por la avenida Salk y la avenida Juárez.
Con el anuncio de los proyectos, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) interpuso en la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) un recurso de revisión en contra de la vía que pretendía construirse desde la avenida Juárez, pues señalaron que el trazo pasaba por una zona definida como Área Natural Protegida (ANP) del patrimonio paisajístico y de recarga, según el Plan del Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, del 2003.
Antes de terminar el 2019, Alfredo Lujambio, ex regidor de la administración de Xavier Nava, detalló que la obra por avenida Juárez ya tenía avances. Marcos Rosales, ex titular de la Junta Estatal de Caminos, dijo que esta vía quedaría concluida para el 2021 antes de que terminara la administración de Juan Manuel Carreras, no obstante, unos meses después se retractó dijo que la obra pasaría a la siguiente administración, aunque se dejaría un avance importante y el recurso garantizado.
Para 2020, aún no estaban garantizados los recursos de la federación y el diputado Hector Ramírez Konishi planteó la posibilidad de que fuera el sector privado el interesado en llevarla a cabo, pues existían cinco empresas asiáticas interesadas por poner plantas en el estado. Aseguró que en el proyecto de la vía alterna de la carretera 57 “no se toca ningún espacio del área protegida” y agregó que “esto solo pasa por las faldas del cerro no por las áreas protegidas”.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó un estudió en el que reiteró que la superficie de la Sierra de San Miguelito que fue declarada como Área Natural Protegida, no afecta en nada el proyecto de construcción.
Durante ese año y pese a que no había aprobación del gobierno federal por la disputa de que sí esta ruta afectaba o no el ANP, Xavier Nava se adelantó e informó como un hecho que la vía alterna a la carretera 57 iría de Prolongación avenida Juárez al Eje 140, aunque eso debía esperar a la conformación del Plan del Centro de Población Estratégico y a que terminarán las consultas.
El presidente de México, el 6 de marzo de 2020, se comprometió para la construcción de Vía Alterna a la carretera 57 y en octubre arrancarían las obras, no obstante, fueron retrasadas nuevamente para marzo de 2021. Se debe agregar que hasta el mismo gobernador Carreras desconocía si la vía alterna era compatible con el hecho de que también se nombraría Área Natural Protegida a la Sierra de San Miguelito, debido a que esta pasaba por el lugar.
Cuando arrancó la obra de la vía alterna los comuneros la bloquearon para continuar su construcción en varias ocasiones, pues manifestaban que esta tocaba un porcentaje importante de las tierras comunales. Se le debe agregar que también hubo paros por parte de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) quienes bloquearon la obra por más de dos meses.
Se contemplaba que la primera etapa de la vía quedaría concluida para diciembre de 2021 y el proyecto final se concretaría en 2024; sin embargo, con los bloqueos y paros, la primera etapa se contemplaba para 2023.
Ya para la gestión de Ricardo Gallardo, el gobierno del estado se comprometió a continuar con la construcción, pues contaba con mil 100 millones de pesos para realizarla. Aunque en octubre reconoció que esta se atrasaría. No fue hasta el 27 de febrero de 2023, que Guadalupe Torres confirmó que no procederá la ruta alterna a la carretera 57 debido a que los propietarios de reservas territoriales, por donde cruza esa ruta, no han accedido a la liberación de los derechos de vía.
Torres Sánchez afirmó que con esas condiciones, es poco probable que pueda continuar con financiamiento estatal o federal, por lo que el gobernador del estado optó por impulsar la construcción de un segundo piso en la carretera federal 57 y desahogar el tráfico en esa zona. Apuntó que sólo fueron desarrollados 5 kilómetros, en una primera etapa, pero no hay conexiones ni al eje 128 ni tampoco al 140, por lo que esa vía quedó prácticamente bloqueada.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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