Estado
UASLP y Colsan vs proyecto “Monterrey VI”
Ambas instituciones manifestaron que desde la trinchera científica se aportan pruebas contundentes que imposibilitan la creación de este proyecto hídrico
Por: Redacción
Esta mañana, investigadores representantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Colegio de San Luis (Colsan), enfatizaron su rechazo al proyecto hídrico conocido como “Monterrey VI”, impulsado por los gobiernos federal y los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, que plantea la extracción de hasta 15 metros cúbicos de agua desde el río Pánuco para trasladarlos a la capital de Nuevo León.
El pronunciamiento fue acompañado por los doctores Antonio Cardona Benavides y Fernando Díaz Barriga, ambos como representantes del Grupo Universitario del Agua de la UASLP; además de los doctores Luis Enrique Granados Muñoz y Francisco Peña, pertenecientes al Observatorio Socioambiental del Colsan.
El doctor Francisco Díaz Barriga señaló que el proyecto Monterrey VI no debe ser autorizado por tres elementos principales. El primero es que la aprobación del proyecto está basado en un estudio de impacto ambiental correspondiente al año 2012, que a su vez, contiene información histórica del siglo pasado. El segundo por el derecho humano al agua, que debe privilegiar a la ciudadanía de Monterrey antes que a las empresas de bebidas alcohólicas. Y el tercero, por el impacto ambiental que supone la extracción de 15 mil litros de agua por segundo, tanto al lugar de extracción, como a la zona donde va destinada el recurso hídrico, dado que no resuelven los problemas de fondo.
El doctor Francisco Peña remarcó que este es un llamado de alerta y precaución que se hace desde el área del conocimiento e investigación, con aportes críticos desde el área de la investigación científica . “Convoca a tomar en cuenta de manera fundamental las aportaciones que desde la investigación científica y la academia se pueden plantear para evitar una catástrofe”, señaló.
El grupo de investigadores coincidió en que el proyecto no iría orientado a los intereses sociales, sino a abastecer a los grupos corporativos de aquel estado. Además, el doctor Antonio Cardona consideró que históricamente, las decisiones en torno al agua han sido tomadas de forma unilateral, desde los grupos de poder, de manera poco democrática y dejando a un lado a la sociedad. En particular con una decisión tan importante como la de construir un ducto y extraer tal cantidad de agua antes de considerar otras fuentes existentes.
Finalmente, el doctor Luis Enrique Granados manifestó que buscarán el acercamiento con los otros entes académicos. Sin embargo, otros colegas investigadores, como la Universidad de Nuevo León han planteado la posibilidad de gestionar la demanda de agua antes de buscar nuevas fuentes, o el diagnóstico completo de las principales presas abastecedoras de la ciudad. Mientras que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas han realizado estudios en el río Pánuco relacionados con la salinización y el abasto de agua en Ciudad Madero y Tampico.
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Congreso del Estado
Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP
La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.
La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.
El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.
El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.
La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.
“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.
De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.
La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.
El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto
El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.
El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.
Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.
Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.
El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.
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Destacadas
Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí
El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse
Por: Redacción
Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.
El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.
Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.
La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.
De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.
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