diciembre 3, 2025

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Tribunal concedió suspensión definitiva a secretario de Salud de Carreras

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La defensa de Miguel Ángel N argumentó que la Fiscalía violó la presunción de inocencia

Por: Redacción

El jueves 16 de febrero, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito concedió una suspensión definitiva a Miguel Ángel “N”, ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, en contra de actos de José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, por violaciones a la presunción de inocencia.

En la demanda de amparo presentada el 16 de noviembre de 2022 por la defensa del ex funcionario se reclamó la violación a la presunción de inocencia, “al exponer y divulgar a medios de comunicación, información falsa de la investigación relacionada con el imputado”, pues el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dio “un trato de culpable” a Miguel Ángel “N”, imputado por ejercicio abusivo de las funciones y asociación delictuosa, en un caso relacionado con la supuesta compra de un plaguicida para combatir el dengue.

La información apareció publicada el 14 de noviembre de 2021 en diversos medios de comunicación, en ellas el fiscal general se refirió al proceso penal contra el ex funcionario y al ser cuestionado sobre el por qué solamente a él se le vinculó a proceso cuando había al menos cuatro personas más involucradas con ese caso, puntualizó: “Se tomó una decisión solo respecto del ex secretario (…) eso por la línea directa de investigación que se enfocaba sobre la disposición y la autorización y la firma que él realizó como titular de la Secretaría”.

La defensa del ex funcionario estatal promovió el juicio de amparo para ordenar a la autoridad responsable abstenerse de “dar información falsa, a cualquier medio de comunicación”, así como evitar dar información en “la que se mande el mensaje o se interprete” que el imputado “es culpable de la comisión de hechos y de delitos”. Dos días después, el Juzgado Sexto de Distrito concedió la suspensión provisional a Miguel Ángel “N”, aunque días después negó la suspensión definitiva, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado.

El pasado jueves el Tribunal Colegiado determinó conceder la suspensión definitiva del acto reclamado para los efectos de que la FGE se “abstenga de exponer al quejoso frente a la sociedad, principalmente como culpable de algún hecho delictivo”, además de que este lunes se repondrá la audiencia inicial de imputación, pues se indica que se vulneraron los derechos de Miguel Ángel “N” a una defensa adecuada cuando fue detenido, pues no se le permitió la consulta de la carpeta de investigación con la debida anticipación para preparar su defensa.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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