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Tribunal concedió suspensión definitiva a secretario de Salud de Carreras
La defensa de Miguel Ángel N argumentó que la Fiscalía violó la presunción de inocencia
Por: Redacción
El jueves 16 de febrero, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito concedió una suspensión definitiva a Miguel Ángel “N”, ex secretario de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras, en contra de actos de José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, por violaciones a la presunción de inocencia.
En la demanda de amparo presentada el 16 de noviembre de 2022 por la defensa del ex funcionario se reclamó la violación a la presunción de inocencia, “al exponer y divulgar a medios de comunicación, información falsa de la investigación relacionada con el imputado”, pues el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dio “un trato de culpable” a Miguel Ángel “N”, imputado por ejercicio abusivo de las funciones y asociación delictuosa, en un caso relacionado con la supuesta compra de un plaguicida para combatir el dengue.
La información apareció publicada el 14 de noviembre de 2021 en diversos medios de comunicación, en ellas el fiscal general se refirió al proceso penal contra el ex funcionario y al ser cuestionado sobre el por qué solamente a él se le vinculó a proceso cuando había al menos cuatro personas más involucradas con ese caso, puntualizó: “Se tomó una decisión solo respecto del ex secretario (…) eso por la línea directa de investigación que se enfocaba sobre la disposición y la autorización y la firma que él realizó como titular de la Secretaría”. 
La defensa del ex funcionario estatal promovió el juicio de amparo para ordenar a la autoridad responsable abstenerse de “dar información falsa, a cualquier medio de comunicación”, así como evitar dar información en “la que se mande el mensaje o se interprete” que el imputado “es culpable de la comisión de hechos y de delitos”. Dos días después, el Juzgado Sexto de Distrito concedió la suspensión provisional a Miguel Ángel “N”, aunque días después negó la suspensión definitiva, por lo que se presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado.
El pasado jueves el Tribunal Colegiado determinó conceder la suspensión definitiva del acto reclamado para los efectos de que la FGE se “abstenga de exponer al quejoso frente a la sociedad, principalmente como culpable de algún hecho delictivo”, además de que este lunes se repondrá la audiencia inicial de imputación, pues se indica que se vulneraron los derechos de Miguel Ángel “N” a una defensa adecuada cuando fue detenido, pues no se le permitió la consulta de la carpeta de investigación con la debida anticipación para preparar su defensa.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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