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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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El secretario de Seguridad municipal señaló que más de una veintena de personas han sido detenidas por presunta venta de drogas en la zona
Por: Redacción
Las más de 20 personas detenidas por presunto narcomenudeo en la zona del Centro de Abastos de San Luis Potosí no necesariamente son trabajadores del lugar, pues algunas presuntamente se hacen pasar por diableros o cargadores para pasar desapercibidas, afirmó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que las detenciones se han realizado en la vía pública y que, hasta ahora, ninguno de los presuntos vendedores de droga ha sido sorprendido al interior de una bodega o establecimiento, por lo que consideró que no se puede asegurar que formen parte de la plantilla laboral del mercado.
“Simplemente ayer o antier se detuvo a otros dos jóvenes, disfrazados de diableros, de las personas que apoyan a la gente para llevar sus productos en los diablitos, pero realmente su actividad principal era la venta de la droga”, declaró.
Villa Gutiérrez destacó que los operativos han contado con la colaboración de los propios bodegueros
El secretario señaló que las detenciones que se han registrado en los últimos días son resultado de un trabajo de inteligencia iniciado desde hace años para identificar la presunta red de narcomenudeo que opera en la zona.
Añadió que la información obtenida durante cada intervención permite avanzar en las investigaciones y ubicar a otros posibles responsables, por lo que sostuvo que los resultados recientes forman parte de un proceso de seguimiento y recopilación de datos, más que de acciones aisladas.
Villa Gutiérrez aseguró que las intervenciones y detenciones se han mantenido de manera constante en el Centro de Abastos.
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El alcalde adelantó que solicitará un nuevo incremento presupuestal para mantener la inversión en patrullas, tecnología e infraestructura policial
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que solicitará un nuevo incremento al presupuesto de seguridad pública municipal para 2027, con el objetivo de mantener la inversión en patrullas, motocicletas, tecnología e infraestructura para la corporación.
El edil aseguró que durante los últimos cinco años su administración ha destinado recursos de manera consecutiva al fortalecimiento policial y sostuvo que existen condiciones financieras para continuar con esta estrategia el próximo año.
“En 2027, en el presupuesto, yo estoy pidiendo que se incremente otra vez el presupuesto. Podemos hacerlo, tenemos recursos para hacerlo”, declaró.
Galindo explicó que la renovación del equipamiento debe mantenerse de manera permanente, incluso cuando se hayan adquirido unidades durante el ejercicio anterior. Como ejemplo, señaló que las patrullas necesitan renovarse periódicamente y que también se requiere inversión en tecnología e infraestructura.
El alcalde no especificó el porcentaje ni el monto adicional que solicitará para 2027.
Al referirse al crecimiento del equipamiento policial, Galindo afirmó que al inicio de su administración el Ayuntamiento contaba con 14 patrullas, luego de que se retiraran unidades que habían sido arrendadas durante el gobierno anterior.
En contraste, aseguró que actualmente la corporación dispone de alrededor de 180 unidades, cifra que describió como cercana a los 200 equipos policiales.
El presidente municipal defendió el esquema de arrendamiento utilizado durante los primeros tres años de su gestión, al señalar que la diferencia respecto de otros contratos fue que las patrullas quedaron en posesión del Ayuntamiento al concluir el arrendamiento.
Además de las unidades policiales, destacó la incorporación de motocicletas, ambulancias, equipo para Protección Civil y torres de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad.
En materia de recursos humanos, Galindo informó que 140 cadetes se encuentran en proceso de formación y podrían graduarse dentro de aproximadamente tres meses. Al mismo tiempo, señaló que 91 policías están próximos a jubilarse.
De acuerdo con el alcalde, el proceso de reclutamiento ya comenzó y la incorporación de nuevos elementos se coordinará con las jubilaciones para evitar que las salidas de personal afecten la capacidad de la corporación.
“Cuando jubilemos a los compañeros, pues simplemente vamos a tener incluso un saldo a favor”, sostuvo.
El edil afirmó que el proceso está previsto desde ahora, aunque no precisó cuántos de los nuevos cadetes se incorporarán efectivamente a las labores operativas ni cuál será el estado de fuerza municipal después de las jubilaciones.
Galindo también explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal concentra actualmente distintas áreas, entre ellas la Policía Municipal, Protección Civil, Movilidad y Tránsito, Gerencia Policial, participación ciudadana y Bienestar Animal.
Indicó que esta estructura permite reunir más funciones que las que tenía la antigua Dirección de Seguridad, con áreas dedicadas tanto a la operación como al diseño de programas de fortalecimiento policial.
El incremento presupuestal para 2027, las condiciones de la flota vehicular y el relevo de elementos serán algunos de los aspectos que permitirán conocer el alcance de la estrategia de seguridad municipal para el siguiente ejercicio.
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