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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.
El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.
Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.
El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.
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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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Con una inversión inicial de 350 millones de pesos, la obra beneficiará a más de 400 mil usuarios y mejorará la movilidad metropolitana
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la construcción del Puente La Familia, justamente en la glorieta de salida a Guadalajara, una obra estratégica que contará con una inversión inicial de 350 millones de pesos y beneficiará a más de 400 mil usuarios de la zona metropolitana, al reducir los tiempos de traslado y agilizar la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí.
Ante representantes del sector empresarial y habitantes de la zona, el Mandatario Estatal explicó que el proyecto incluirá la instalación de un colector pluvial de dos metros de diámetro y más de 800 metros de longitud, que conducirá el agua de lluvia hacia la planta tratadora del parque Tangamanga I, esta obra de infraestructura permitirá reducir las inundaciones que durante años afectaron la circu lación en este corredor vial.
Ricardo Gallardo destacó que la obra forma parte de la modernización de la infraestructura urbana de San Luis Potosí
El Puente de La Familia se integrará a las obras construidas y rehabilitadas durante la actual administración en el Circuito Potosí, entre ellas los puentes del Hospital del Niño y la Mujer, avenida Juárez, calle 71 y bulevar Valle de los Fantasmas, además del paso inferior vehicular de la Arena Potosí, que será inaugurado próximamente.
La nueva estructura tendrá una longitud total de mil 185 metros, 15 mil 479 metros cuadrados de carpeta asfáltica y un puente superior elevado de 240 metros. También contará con alumbrado público y señalamientos horizontales y verticales para garantizar una circulación ordenada, eficiente y segura.
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