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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato , se buscó la manera de cumplir con el derecho de Mariana.
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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Ciudad
Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP
El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva
Por: Redacción
El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.
Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.
González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.
Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.
Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.
La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas
porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.
Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.
La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.
González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.
El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.
La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.
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Ciudad
SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita
La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo
Por: Redacción
La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.
Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.
Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.
El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.
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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles
El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles
Por: Redacción
La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.
Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.
El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.
Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.
La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.
Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.
Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.
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