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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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Héctor Serrano indicó que el próximo martes sesionará la Jucopo para analizar y fundamentar jurídicamente la posible destitución de concejales de Pozos exhibidos como corruptos y que promovieron un paquete de prestaciones millonario.
Por: Redacción
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés se manifestó respecto a las recientes revelaciones sobre la aprobación en la comisión de hacienda de Villa de Pozos de un paquete de prestaciones que otorgaría a los concejales más de 240 mil pesos a cada uno.
El legislador dejó en claro que es facultad del Congreso tanto la designación de la presidenta concejal de dicho municipio, como se dio en días pasados, y por lo tanto también tienen facultades de poder destituir concejales en caso de que se sustente jurídicamente y fundamenten los motivos.
El diputado recordó que el municipio de Pozos es un concejo y que sus integrantes no fueron electos y su designación no proviene de la voluntad popular, ya que fueron designados por el legislativo tal como lo marca el decreto que dio vida al nuevo municipio, por lo tanto, se revisará el próximo martes al interior de la Jucopo si existen los elementos jurídicos suficientes para destituir a los concejales exhibidos primero por aprobarse un paquete de prestaciones alejado de las políticas de austeridad y segundo por el audio en que se revela la “venta” de votos a cambio de recursos.
“El Congreso ha sido muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un consejo como el de Pozos es garantizar la estabilidad social y mejorar las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”
Resaltó que este tipo de conductas no corresponde a la dinámica de austeridad que ha establecido la actual administración estatal y adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una convocatoria para tomar una decisión respecto a las medidas que deberán aplicarse.
“Lo tomamos con seriedad; acompañamos la propuesta y actuaremos en consecuencia con base en los hechos, que lamentablemente se han registrado y son atribuibles a la conducta de los integrantes de este consejo”, concluyó.
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“Es una mentada de madre” así se expreso el gobernador sobre los concejales de este municipio de autorizaron 200 mil pesos en prestaciones de fin de año
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló respecto a que los concejales de Villa de Pozos se autorizaron un paquete de prestaciones de fin de año, que se resume en que cada concejal recibirá 200 mil pesos.
“Es una mentada de madre, eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo. El Congreso del Estado tiene que hacer algo ya. Hay una indignación de que estos concejales abusen de esta manera, saqueen de esta manera. El Congreso debe remover a todos esos integrantes
Cabe recordar que los concejales se autorizaron 45 días de aguinaldo, pago del llamado ‘Día 7’, la devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono y compensaciones adicionales contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto.
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La frase clave de la concejal de Villa de Pozos: “votemos todos a favor”, sugiriendo negociación grupal
Por: Redacción
Un audio en poder de este medio revela que la aprobación del millonario aguinaldazo en el recién creado municipio de Villa de Pozos no fue resultado de “convicción”, sino de negociaciones económicas entre regidores que se ostentan como oposición, particularmente los concejeros Maribel Lemoine y Dante Carreón.
En la grabación —que La Orquesta pudo obtener de fuentes cercanas al concejo — se escucha claramente a la regidora Maribel Lemoine condicionar su voto y el de otros regidores de oposición a cambio de un incremento de 200 mil pesos adicionales a sus prestaciones:
“Póngale otros 200 (mil) y puede que votemos a favor” y “primero traemos nosotros 240 (mil)… Entonces yo les digo: Súmanle otros 200 y la votación de noviembre a favor.”
En el fragmento, Lemoine no habla solo por ella, sino por un bloque de regidores de oposición: “votemos todos a favor”.
Esto evidencia que la negociación del aguinaldo no fue individual, sino colectiva, y que involucró votos de integrantes que públicamente se presentan como contrapeso del Cabildo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda —firmado por Dante Carreón, Maribel Lemoine y María Guadalupe Hernández Méndez— los regidores se autorizaron:
- Aguinaldo superior a 200 mil pesos por persona (más de 240 mil en algunos casos).
- 45 días de compensación para sus “asesores”, es decir 45 mil pesos extra.
- Pago del “día 7” (7 días extras por los meses con 31 días).
- Devolución del ISR retenido durante todo 2025, pagado por el municipio.
En total, el paquete navideño representa cerca de 40 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual del nuevo municipio.
La ciudadanía de Pozos enfrenta ahora un Cabildo que, en su primer cierre de año, no discute obras, servicios ni prioridades comunitarias, sino cuánto dinero adicional puede sumarse a sus cuentas personales.
Aquí puedes consultar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjNT572Kw
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