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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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La Guardia Nacional tiene identificados a grupos delictivos de entidades vecinas que llegan a operar en San Luis Potosí; para rastrearlos cuenta con un equipo especializado en inteligencia y análisis de información.
Por: Redacción
La Guardia Nacional confirmó que grupos delictivos originarios de otros estados tienen presencia en San Luis Potosí y participan en actividades criminales dentro del territorio potosino. Así lo reveló el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, al ser cuestionado sobre si tienen identificadas bandas que operan en la entidad.
“Definitivamente sí. No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, afirmó Martínez Medina. El general no precisó cuáles son los grupos ni de qué entidades provienen.
Para hacerles frente, la Guardia Nacional en SLP opera un equipo especializado en inteligencia criminal. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información”, explicó el coordinador estatal.
Las operaciones contra esos grupos se realizan de forma interinstitucional. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano
El general también abordó el protocolo que aplica cuando civiles confrontan a los elementos. “Tenemos una ley de uso de la fuerza. De acuerdo, como les mencionamos, si hay una resistencia a la autoridad, pues se va procediendo”, indicó.
Como parte de la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional complementa sus operativos con acciones de proximidad social en escuelas primarias, secundarias, universidades y oratorios. “Que tengan la confianza en su Guardia Nacional, que sepan que estamos para cuidarlos y para defenderlos de la delincuencia”, sostuvo el coordinador.
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Nancy Jeanine García señaló que tanto SLP como Guanajuato deben presionar a la operadora; recordó que Sheinbaum ya había planteado cancelar el contrato el año pasado
Por: Redacción
Nancy Jeanine García Martínez, diputada local y presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, señaló que las fallas recurrentes del sistema El Realito son responsabilidad de la empresa operadora y llamó a los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato a tomar acciones en su contra.
La legisladora recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había mencionado, desde el año pasado, la posibilidad de cancelar el contrato con la empresa, cuyo nombre no se precisó. “Esto es meramente la empresa la que está incumpliendo”, afirmó García Martínez, quien señaló que corresponde al Estado de San Luis Potosí y a Guanajuato intervenir para exigir el cumplimiento.
Consultada sobre si promovería un exhorto formal al Ejecutivo, la diputada no se comprometió. Explicó que desde la Comisión del Agua
García Martínez calificó como contradictoria la situación: las presas están llenas, pero el agua no llega a la ciudad. Atribuyó el problema estructural a la mala infraestructura, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política. “Sí hay soluciones que se pueden hacer si se tiene voluntad, en que se apliquen realmente las leyes, se apliquen las normas”, dijo.
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La Guardia Nacional mantiene más de 300 elementos en las vías del estado y trabaja con mapas de calor e inteligencia para reducir los robos a autotransporte, que han disminuido de forma significativa según el propio mando
Por: Redacción
La Guardia Nacional despliega permanentemente más de 300 elementos en las carreteras de San Luis Potosí, distribuidos en 7 estaciones instaladas a lo largo de las principales vialidades del estado. Así lo confirmó el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, quien detalló las condiciones actuales del operativo carretero.
“Tenemos un despliegue permanente. En el Estado tenemos 7 estaciones de carreteras. Tenemos más de 300 elementos desplegados en las carreteras”, afirmó Martínez Medina.
Entre las rutas bajo vigilancia destaca la carretera 57. El general precisó que, aunque no es la vía de mayor operatividad para la corporación, su volumen de tráfico la convierte en un foco de atención constante. “La 57 no es realmente la principal, pero ahí circulan aproximadamente entre 19,000 y 30,000 vehículos diarios“, indicó.
La estrategia en carreteras combina presencia física con trabajo de inteligencia. La corporación opera puestos de inspección ciudadana en puntos intermedios entre las estaciones, además de recorridos permanentes a lo largo de los tramos asignados. “Hacemos mapas de calor para evitar los robos principalmente de autotransporte”, explicó el coordinador.
Esa combinación de presencia e inteligencia ha dado resultados medibles. Los robos a vehículos de carga han “disminuido significativamente”, al grado de que el sector privado lo reconoció formalmente. “Esto se ha platicado inclusive con las cámaras de transporte. Nos han hecho un reconocimiento, porque en San Luis Potosí sí han disminuido los robos de autotransporte”, sostuvo Martínez Medina.
El operativo es interinstitucional. La Guardia Nacional trabaja en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal División Carreteras, el personal de las empresas concesionarias de las vías y las fiscalías. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y con las Fiscalías. Principalmente tenemos bases de operaciones mixtas interinstitucionales que están en todo el Estado”, detalló.
Además de los operativos en campo, la corporación cuenta con un grupo especializado en inteligencia. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información“, dijo el general. Ese grupo tiene identificados a grupos delictivos activos, aunque aclaró que su presencia es sobre todo desde estados vecinos. “No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, advirtió Martínez Medina.
La Guardia Nacional trabaja de manera particular con la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de seguridad carretera. “Trabajamos muy de la mano con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, pero particularmente con la Fiscalía General de la República, con las autoridades de seguridad de carreteras”, precisó el coordinador estatal.
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