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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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El titular Juan Antonio Villa Gutiérrez aseguró que ambos están identificados y que algunos ya se encuentran “muy disminuidos”
Por: Redacción
En el contexto de los recientes hechos violentos registrados en distintas entidades del país, Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, confirmó que en el municipio se tienen identificados dos grupos del crimen organizado en operación.
Al ser cuestionado sobre la presencia de organizaciones delictivas en la capital potosina, el funcionario precisó que ambas estructuras están plenamente ubicadas por las autoridades y que su actividad ha sido contenida mediante trabajo coordinado.
“Tenemos identificados dos, y sobre eso es que se ha estado trabajando de manera coordinada; algunos ya muy disminuidos en ese sentido”, declaró.
Villa Gutiérrez señaló que las acciones se desarrollan en conjunto con corporaciones estatales y federales,
La declaración se da en un momento en que el país ha registrado episodios de violencia en otras entidades luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho”, lo que ha llevado a reforzar estrategias de coordinación interinstitucional en distintas regiones, incluida la capital potosina.
El titular de la SSPC sostuvo que el trabajo preventivo y la colaboración con fuerzas de otros órdenes de gobierno han permitido mantener estabilidad en el municipio.
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El último reporte marca que el 87% de los potosinos están inmunizados contra el sarampión, pero se desplegaron brigadas para aplicar alguna de las dos dosis a quienes no las tengan
Por: Redacción
Como medida preventiva ante los contagios de sarampión en todo el país, en San Luis Potosí se instauró una medida que establece que los niños que cursan el preescolar no podrán ingresar a las escuelas si no están al corriente con su esquema de vacunación.
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que se trata de un acción de prevención para la población más vulnerable, y que les da la certeza de que la gran mayoría de los niños están al día con sus vacunas.
En cuanto a la aplicación de la inmunización contra el sarampión en los planteles educativos, la semana pasada se desplegaron brigadas para inmunizar a aquellos alumnos que todavía no contaran con alguna de las dos dosis.
Torres Cedillo indicó que establecieron un plazo de 15 días para vacunar a la mayor cantidad de personas posible, recordando que al inicio del periodo, San Luis registraba un 87% de personas con su esquema completo.
Finalmente, el titular de la SEGE señaló que en las escuelas no tienen contagios de sarampión, y para evitar falsas alarmas, capacitaron a los maestros para que fueran capaces de distinguir los síntomas de la enfermedad. Si bien tuvieron algunos casos potenciales, se acabaron descartando tras ser atendidos por la Secretaría de Salud.
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Los niños de 3 y 4 años habrían permanecido encerrados durante al menos un día
Por: Redacción
Dos niños de tres y cuatro años de edad fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) luego de que presuntamente permanecieran encerrados y solos durante al menos un día en un domicilio del municipio de Villa de Pozos.
El operativo fue realizado por la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género de la GCE, cuyos elementos acudieron tras recibir el reporte de que los menores se encontraban sin supervisión adulta, situación que representaba un riesgo para su integridad física y emocional.
De acuerdo con la información oficial, los niños habrían permanecido dentro de la vivienda desde el día anterior. Ante el posible escenario de omisión de cuidados o maltrato infantil, los agentes procedieron a ponerlos bajo resguardo inmediato.
Los menores fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, así como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA
Mientras tanto, los niños fueron trasladados a un albergue seguro, donde reciben atención integral en tanto se esclarecen las circunstancias en que ocurrieron los hechos y se determina la posible responsabilidad de familiares o tutores.
Las autoridades informaron que ya se realizan las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades y, en su caso, proceder conforme a la ley.
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