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#Testimonio | SLP: el derecho al aborto en caso de violación, ¿sí se respeta?
El aborto en SLP es un derecho para quienes han sido víctimas de violación pero la escasa capacitación del funcionariado dificulta su acceso
Por Marcela del Muro
“Es importante relatar los testimonios, aunque sean fallidos, como pruebas de la necesidad que tenemos (en las instituciones) de crear procedimientos internos y protocolos de rutas que faciliten el acceso de las mujeres a sus derechos” comenta Gloria Serrato. En el 2017, ella se desempeñaba como comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí, y fue una pieza clave para la primera aplicación, aunque fallida, de la NOM 046-SSA2-2005 en el estado, un mecanismo diseñado para prevenir y atender los casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en este caso, interrumpir un embarazo, producto de una violación.
La NOM 046 es parte de la Ley General de Víctimas, que es federal, por lo tanto es válida en todo el país. Entró en vigor desde 1999, pero desde el 2006 se mencionó al aborto por violación como un derecho que ampara a la víctima. En el año 2016 se realizó una reforma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto y además dio facilidad a las niñas menores de 12 años para poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor.
EL CASO
Era el año 2017, el violador de Mariana (el nombre fue cambiado por protección de la víctima) ya estaba detenido cuando se solicitó el aborto en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
Para poder realizar el procedimiento, el Ministerio Público necesitaba otorgar a Mariana la calidad de víctima y autorizar a la Secretaría de Salud para la aplicación de la NOM 046.
Mariana inició el trámite por medio de la Dirección Jurídica de la CEEAV, ella tenía seis semanas de embarazo.
Los trámites solicitados por la Secretaría de Salud y el Ministerio Público no eran necesarios, además de que no existían elementos para tardar tanto en emitirlos. La autorización llegó después de seis semanas.
El ultrasonido fue devastador: indicó que el embarazo de Mariana rebasaba las doce semanas, por dos días. Secretaría de Salud se negó a realizar el aborto, pero la CEEAV estaba obligada a reparar el daño.
Con ayuda de la organización civil Las Libres, de Guanajuato 
En compañía del director de asesoría jurídica de la CEEAV, una psicóloga y una asistente social, Mariana viajó a la Ciudad de México para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Todo fue conforme a la ley. Además, en la clínica se guardaron elementos de ADN y pruebas en un banco de congelamiento que requería el Ministerio Público para el caso.
Para la CEEAV fue un caso exitoso porque pudieron hacer válido el derecho de Mariana. Pero, para Gloria Serrato, fue un caso muy complicado pues se demostró la falta de capacitación y preparación de las autoridades locales para la aplicación de la NOM 046, sobretodo, de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado.
La NOM 046, hoy, en SLP
Es relevante que las mujeres conozcan los derechos que tienen en casos de violencia sexual y, sobretodo, de violación.
El Estado debe cumplir sus obligaciones y proteger a las víctimas de cualquier acto que provoque su revictimización.
Por esa razón, es posible solicitar la interrupción del embarazo por violación tomando en cuenta lo siguiente:
- Bajo protesta de decir verdad acerca de que su embarazo es producto de una violación; es decir, el personal de salud debe de actuar inmediatamente y de buena fe.
- A partir de los 12 años, sin el consentimiento de los padres o tutor legal.
- No es requisito denunciar la violación para recibir el servicio de aborto.
Si ocurriera algún problema para la aplicación de la NOM 046, las mujeres pueden solicitar ayuda en la CEEAV o buscar el apoyo de colectivos feministas.
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Nancy Jeanine García aseguró que no existe todavía una sesión de cabildo para aprobar la salida de Soledad del Interapas
Por: Redacción
La diputada local Nancy Jeanine García Martínez aseguró que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal ni acuerdos oficiales para concretar la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas, pese a que autoridades municipales han mencionado públicamente que el proceso podría presentarse antes del 30 de mayo.
La legisladora explicó que, hasta donde tiene conocimiento, ninguno de los cabildos involucrados ha sesionado para abordar el tema, por lo que el procedimiento legal todavía no ha comenzado formalmente.
“No ha habido ni siquiera sesión en los cabildos, en ninguno”, declaró.
García Martínez recordó que la posible salida de Soledad del organismo operador requiere primero la aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente de los cabildos de los municipios involucrados mediante mayoría de votos.
Una vez cumplido ese paso, tendría que ser el propio Interapas quien remita al Congreso del Estado la solicitud oficial de desincorporación para iniciar el análisis legislativo correspondiente.
La diputada señaló que, hasta ahora, el Congreso únicamente se mantiene en espera de que exista un trámite formal y advirtió que el proceso implica una serie de responsabilidades administrativas, financieras y operativas
“No nada más es así como que a la vuelta y mañana ya se me ocurre y quito todo”, expresó.
Entre los aspectos que tendrían que revisarse se encuentran la entrega-recepción del organismo, la definición de responsables administrativos, posibles liquidaciones, manejo financiero y el modelo con el que Soledad garantizaría el suministro de agua potable.
La legisladora insistió en que el Congreso deberá actuar de manera responsable cuando llegue la solicitud formal y aclaró que, mientras no existan acuerdos oficiales en cabildos, no hay ninguna acción legislativa que pueda realizarse.
Finalmente, reiteró que aunque el tema se mantiene en el debate público y político, el procedimiento legal aún no ha comenzado formalmente.
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Según la investigación de la Fiscalía, un hombre fue detenido, ingresado a las celdas municipales… y después entregado a personas armadas. Hasta hoy sigue desaparecido
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ejecutó varias órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada relacionadas con un caso ocurrido en Tamazunchale, donde presuntamente participaron policías municipales y civiles en la entrega de un detenido a un grupo armado, cuyo paradero continúa desconocido.
Entre las personas detenidas se encuentra el exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro “N”, quien actualmente ya se encontraba bajo prisión preventiva por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, luego de una detención previa realizada por la Guardia Civil Estatal.
Además, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó mandamientos judiciales contra los policías activos Antonio “N” y Yadira “N”, así como contra Claudia “N” y Rodolfo “N”, señalados como presuntos participantes en los hechos registrados el 11 de enero de 2026.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima fue ingresada inicialmente a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale. Posteriormente, tres de los implicados habrían entregado al hombre a personas armadas y desde entonces no se conoce su ubicación.
La FGESLP señaló que las indagatorias permitieron reunir líneas de investigación sólidas para obtener las órdenes de aprehensión contra los cinco implicados.
Las autoridades estatales indicaron que todas las personas detenidas permanecerán recluidas en el centro penitenciario correspondiente mientras se desarrollan las audiencias ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público buscará su vinculación a proceso.
El caso ocurre en medio de diversos señalamientos y operativos recientes relacionados con la corporación policiaca de Tamazunchale, uno de los municipios donde las autoridades estatales han reconocido problemas persistentes de seguridad y presencia de grupos delictivos.
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Todos los casos son reportados a autoridades de protección y al Ministerio Público
Por: Redacción
El Hospital General de Ciudad Valles atiende en promedio hasta 10 casos mensuales de embarazos en menores de 15 años, una situación que mantiene en alerta al personal médico debido a los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las adolescentes.
Jesús Guillén Larraga, director del hospital, informó que tan solo durante la semana pasada fueron atendidos dos casos de niñas embarazadas de 12 y 13 años provenientes de colonias periféricas del municipio, lo que refleja la persistencia de este problema en la región Huasteca.
“Todo menor de 15 años se reporta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y menores de 18 años al Ministerio Público”, explicó el médico.
El especialista advirtió que cualquier embarazo en adolescentes representa un riesgo médico importante, incluso cuando existe control prenatal, debido a que el cuerpo de las menores todavía se encuentra en desarrollo y
Además del aspecto clínico, Guillén Larraga señaló que muchos de estos embarazos están relacionados con contextos familiares complejos, violencia o entornos vulnerables que terminan influyendo en las decisiones de las menores.
“A veces los pensamientos de algunas jóvenes son embarazarse para salirse de sus casas porque no toleran el trato de sus papás”, comentó.
El director del Hospital General hizo un llamado a fortalecer la educación sexual, la comunicación familiar y el acompañamiento psicológico para prevenir embarazos a temprana edad y reducir los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes.
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