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Tere Carrizales acusa al gobierno de Gallardo de promover el aborto
La ex candidata a la alcaldía de la capital se manifestó en contra de la campaña para erradicar el embarazo en niñas y adolescentes
Por: Karina González
Tere Carrizales, ex candidata a la alcaldía de San Luis Potosí por el Partido Encuentro Solidario (PES), acusó a Marcela García, titular del Instituto de las Mujeres (Imes) en el gobierno de Ricardo Gallardo, de “promover una postura proaborto desde la función pública”, agregó que la funcionaria estatal “realiza una gira con recurso de la federación para erradicar el embarazo de adolescentes y niñas, las impulsa a cometer a cometer un delito penado”.
Cuestionada sobre su postura sobre el embarazo adolescente, Carrizales opinó que no se debe erradicar, sino prevenir con educación; no obstante, reconoció que la mayoría de los casos de embarazo temprano ocurren por abuso sexual que en algunos casos se da desde el hogar; pese a ello, señaló que “no es la opción la interrupción legal del embarazo, sino brindar a las niñas y adolescentes de recursos para que puedan criar a sus hijos”.
“Para eso está la prevención, la educación y apoyar en el caso que se dé, también hay que ver las realidades por qué se dan, muchos de ellos son por abusos dentro de sus propios hogares. Aquí hay que castigar al violador, hay que ver las sanciones en la Fiscalía, los legisladores por qué no ponen en la mesa el tema de castración química por ejemplo; hay muchas otras opciones, hay que dar la asesoría jurídica, la psicológica, la atención médica, un parto gratuito, darles una carrera, poner estancias infantiles, escuelas donde puedan llevar a sus hijos y se les dé el derecho a la lactancia, hay emprendimientos, hay miles de opciones, antes de matar a tu hijo…”, dijo la abogada.
Tere Carrizales agregó que las mujeres provida no sienten el respaldo de la actual directora del IMES, por la diferencia ideológica que les antecede: “todos sabemos que es una feminista, que su activismo siempre ha sido en favor del aborto”, dijo en rueda de prensa en donde solicitó al gobernador Ricardo Gallardo que se haga un llamado de atención a Marcela García para que no promueva sus posturas personales en la función pública y agregó que además no ha convocado a las “feministas provida”:
“No nos está protegiendo ni está viendo por nosotros ni somos convocadas a los eventos ni hay acceso de las organizaciones provida a los recursos públicos 
Carrizales hizo un llamado para que el Imes “no tenga dentro de su edificio banderas verdes, que son alusivas a los colectivos proaborto, pues de otra formar interpondremos una denuncia en la Fiscalía General del Estado por impulsar un delito con dinero del recurso público. Está cayendo en apología del delito por lo que podría ser juzgada penalmente porque está alentando a que se cometa un delito incluso con menores de edad. Eso es lo grave, no podemos tener una funcionaria que esté haciendo eso y que aparte manifieste que Ricardo Gallardo la apoya en ese sentido. Nosotros le pedimos al gobernador por medio de los órganos de control y está denuncia, e inclusive si tenemos que ir a la Fiscalía General del Estado iremos, para que ponga en orden a esta funcionaria”.
Finalmente, Carrizales se deslindó del comunicado que emitió el Grupo Nacionalista Reacción Potosina, en donde invitan a cristianos y religiosos a combatir a las “aborteras”, al respecto la abogada señaló que no los conocen y que los provida no actúan de esta manera:
“No los conozco, las organizaciones que estamos en esta denuncia tengo entendido que ninguno tiene relación con ellos y hay muchas veces que es la guerra sucia, los provida no actuamos así no somos reaccionarios, no pintamos, no coincidimos, eso me suena a una cosa así como de feministas. Puede ser posible pero nosotros no actuamos de esa manera con entraña y así, eso no creo que sea legítimo”, indicó.
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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal
Por: Redacción
Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.
El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.
Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.
Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.
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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación
Por: Redacción
Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.
La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica
Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.
Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.
Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.
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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.
Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.
Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.
Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez
De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.
El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.
Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.
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