Ante el Congreso, el secretario Édgar Amador Zamora presentó un paquete fiscal que profundiza los programas de bienestar y la inversión estratégica sin crear nuevos impuestos

Por: Redacción

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Abraham Amador Zamora, presentó este miércoles 24 de septiembre la arquitectura económica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en una doble comparecencia ante la Cámara de Diputados. En una primera fase, glosó los resultados del primer año de gestión, destacando la disciplina fiscal y una inversión social sin precedentes. Posteriormente, detalló el Paquete Económico para 2026, un proyecto que calificó de “humanista y responsable”, centrado en consolidar los programas de bienestar y la inversión en infraestructura como motores del desarrollo nacional.

Al rendir cuentas sobre el primer año, Amador Zamora sostuvo que la política económica se orientó bajo tres pilares: garantizar el ingreso de los hogares, promover el crecimiento con obras estratégicas y mantener finanzas públicas sanas. Informó que la inversión en educación ascendió a 149 mil millones de pesos, un 36% más en términos reales que enpara que 2024, mientras que el Sistema Nacional de Salud recibió 904 mil millones. Esta estrategia, dijo, junto a más de un billón de pesos en programas de bienestar, fue clave 13.4 millones de personas salieran de la pobreza entre 2018 y 2024, logrando que por primera vez en la historia menos del 30% de la población se encuentre en dicha condición. Subrayó que estos avances se lograron con una estricta disciplina fiscal

, proyectando un superávit primario para el cierre de 2025 y una reducción del déficit presupuestario, sin necesidad de una reforma fiscal, gracias a una recaudación más eficiente y al combate a la evasión.

En la presentación del presupuesto para 2026, el secretario delineó un plan que busca profundizar el modelo de desarrollo

. Anunció la creación de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años, y la ampliación de la Beca Universal “Rita Cetina” para cubrir a 17 millones de estudiantes de primaria y secundaria. El proyecto contempla una inversión social equivalente al 2.7% del PIB, que beneficiará a casi el 82% de las familias, y una inyección de más de 536 mil millones de pesos en infraestructura. Para 2026, se proyecta un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, y se buscará alcanzar un superávit primario por segundo año consecutivo, equivalente al 0.5% del PIB, mientras se estabiliza la deuda pública en torno al 52.3%.

Amador Zamora enfatizó que la solidez fiscal se conseguirá a través de mayor eficiencia y no de más impuestos, buscando que los ingresos tributarios alcancen un nivel histórico del 15.1% del PIB. Para ello, se contempla una reforma a la Ley Aduanera y se establece que las cuotas pagadas por la banca al IPAB por el rescate bancario no serán deducibles. En el sector energético, reafirmó el apoyo a PEMEX para asegurar su sustentabilidad financiera a partir de 2027, destacando que las acciones de capitalización ya lograron que las agencias calificadoras elevaran la calificación crediticia de la petrolera, un hecho que no ocurría desde 2013. El mensaje central del Ejecutivo, concluyó, es claro: proteger a las personas, ordenar las finanzas y fortalecer la capacidad productiva del Estadobajo la divisa “por el bien de todos, primero los pobres.”

También lee: Secretaría de Gobernación defiende estabilidad y crecimiento

El máximo tribunal, en su nueva integración, elimina la obligación de emitir sentencias escritas con fundamentos

​Por: Roberto Mendoza

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha modificado radicalmente su método de trabajo al implementar un sistema sumario de votaciones a mano alzada para resolver sobre su facultad de atracción, eliminando la obligación de emitir una sentencia escrita que explique los motivos de su decisión.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, el tribunal despachó una docena de solicitudes en aproximadamente 10 minutos, un acto que sepulta una tradición deliberativa de tres décadas. De los 12 asuntos resueltos, solo cuatro fueron aceptados para su estudio, redefiniendo no solo el ritmo de la justicia constitucional, sino también su transparencia argumentativa, en un esquema similar al de la Corte Suprema de Estados Unidos.

​El presidente Hugo Aguilar justificó la medida argumentando la necesidad de agilizar los trámites para evitar que los expedientes queden “congelados seis o siete meses”. Según datos de la propia Corte, esta celeridad busca abatir un rezago considerable: de dos mil 224 solicitudes de atracción recibidas en 2024, aún quedan 929 pendientes, a las que se suman 686 de este año. Con el nuevo mecanismo de “votación económica”, ya no se publicarán proyectos de resolución ni sentencias que detallen los elementos de “interés y trascendencia” de un caso, por lo que los ministros no tendrán que dar explicaciones públicas sobre por qué deciden intervenir en un asunto.

​Este paradigma contrasta dramáticamente con el método anterior, vigente desde 1994, que exigía un análisis exhaustivo en la ponencia de un ministro, un debate colegiado sobre un proyecto escrito y una sentencia final que, incluso al rechazar un caso, generaba una valiosa “jurisprudencia de umbral”

que orientaba a jueces y litigantes. La eliminación de esta fase deliberativa y documentada, si bien agiliza las decisiones, extingue una fuente crucial de interpretación constitucional y se enfoca únicamente en el resultado de la votación, sin transparentar el razonamiento detrás de ella.

​El fundamento de esta transformación es el Acuerdo General 4/2025, que articula los nuevos criterios de atracción, enfocados en temas de justicia social. Los casos atraídos este miércoles, todos por votación dividida, ilustran este enfoque: la revisión de una condena por trata de personas, un asunto de delitos contra la salud y un amparo para definir las reglas de nulidad en transferencias bancarias electrónicas. Aunque la “atracción sumaria” ya era utilizada en privado por la extinta Segunda Sala, su implementación como el método estándar y público del Pleno marca el cambio operativo más profundo en el máximo tribunal en treinta años.

También lee: Secretaría de Gobernación defiende estabilidad y crecimiento

La iniciativa busca impedir la privatización del recurso y reforzar la regulación estatal sobre las concesiones

Por: Redacción

El próximo lunes 29 de septiembre, el Gobierno de México enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y una propuesta para expedir una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de fortalecer la regulación estatal sobre el uso del agua y evitar su trato como mercancía.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la intención es que el Estado mantenga el control sobre las concesiones y se prohíba su transferencia entre particulares. Además, se contempla imponer sanciones a quienes extraigan agua de manera ilegal o modifiquen el uso autorizado sin notificar a la autoridad.

Sheinbaum señaló que el agua debe considerarse un bien estratégico, particularmente en un contexto donde gran parte del país enfrenta escasez. Agregó que la nueva Ley General de Aguas establecerá claramente las atribuciones de la federación, estados, municipios y concesionarios, mientras que la actual Ley de Aguas Nacionales será modificada para alinearse con esta visión.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, indicó que estas propuestas forman parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, que contempla medidas como la revisión de títulos, inspecciones, la creación de un nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB)

y la puesta en marcha de una Ventanilla Única de trámites.

Según informó el subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, hasta ahora se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil registrados. En ese proceso se detectaron 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas: títulos vencidos, uso indebido del agua, errores de ubicación geográfica y posibles casos de falsificación.

Las inspecciones derivadas de estas irregularidades han resultado en 3,912 visitas de verificación, así como 490 clausuras o suspensiones.

Además, se presentó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), disponible en app.conagua.gob.mx/podan, para que la ciudadanía pueda reportar irregularidades.

Rodríguez también informó que, como resultado del programa, la recaudación aumentó en 2,938 millones de pesos, al pasar de 19,410.9 mdp en agosto de 2024 a 22,349.3 mdp en agosto de 2025, lo que representa un incremento del 15%. Se exhortó a los usuarios con adeudos a ponerse al corriente con sus pagos.

También lee: Conagua detecta pozos clandestinos en SLP