Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.

Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.

Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,

“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.

El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.

Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.

“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.

Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.

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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.

Por: Redacción

De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.

El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.

El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.

Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.

En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.

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Además, afirmó que el Ayuntamiento cumplió con todos los requisitos desde marzo y acusó a la Contraloría Estatal de retrasar el proceso de licitación

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, rechazó que el proyecto del paso a desnivel de El Saucito contemple un sobrecosto y aseguró que los retrasos para liberar la licitación obedecen a decisiones de la Contraloría General del Estado que calificó como actuaciones de “mala fe”.

Las declaraciones surgen luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalara que el Ayuntamiento debía solventar observaciones relacionadas con el presupuesto de la obra y sugiriera que el proyecto podría estar contemplando un gasto superior al necesario.

Galindo sostuvo que la Contraloría Estatal no tiene atribuciones para determinar si una obra pública es cara o barata ni para emitir valoraciones técnicas sobre su costo. Explicó que la función de esa dependencia se limita a revisar y autorizar las bases de licitación, por lo que consideró improcedentes los señalamientos sobre un supuesto sobreprecio.

El presidente municipal afirmó que, hasta el momento, la Contraloría no ha emitido observaciones relacionadas con el monto de inversión del proyecto, por lo que insistió en que no existe evidencia técnica que sustente las acusaciones de sobrecosto.

Como argumento, recordó que el mismo proyecto fue licitado en administraciones anteriores por montos superiores a los 250 millones de pesos,

“Es imposible comparar los costos actuales con estimaciones que no toman en cuenta las condiciones reales del proyecto“, sostuvo.

Respecto al avance administrativo, Galindo aseguró que el Ayuntamiento entregó desde marzo toda la documentación y requisitos solicitados por la Contraloría Estatal. Sin embargo, señaló que la dependencia permaneció más de un mes sin emitir respuesta y posteriormente recomendó reiniciar el procedimiento desde el inicio, situación que ha retrasado la publicación de la licitación.

El alcalde lamentó que el debate público se esté centrando en presuntos sobrecostos que, aseguró, no han sido acreditados por ninguna instancia técnica o administrativa, mientras la obra continúa detenida por trámites pendientes.

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