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“Sorprenden los elogios de empresarios a Gallardo”: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo aseguraron que lo dicho por “El Chato” López respecto a que el actual es “el único que piensa en grande”, resulta prematuro
Por: Ana G Silva
La semana pasada, después de la presentación del Plan de Recuperación Económica, el constructor Carlos “El Chato” López Medina externó que el sector empresarial de la entidad tiene toda la disposición de trabajar junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, además de dijo el actual mandatario es “el único que piensa en grande, pues los anteriores habían sido bastante regulares”. La Orquesta cuestionó a Israel LM Elizondo y Oswaldo Ríos, ambos analistas políticos, sobre el peso que tiene la declaración y si representa el panorama actual que se vive con el cambio de gobierno, ante lo que expusieron que aún es prematuro hacer ese tipo de evaluaciones.
“Es una declaración sorprendente, porque los empresarios más importantes estuvieron muy críticos en la candidatura de Ricardo Gallardo, creo que no aparecieron nunca en la campaña como aliados y sorprende que haya pasado de una postura tan adversa a una tan elogiosa en tan poco tiempo”, apuntó Oswaldo Ríos.
Israel Elizondo indicó que le parece “especulativo” que en dos meses contrastar con periodos concluidos: “Las dos administraciones pasadas dejaron mucho que desear en infraestructura, no sabemos si los planes de la actual se puedan concretar, se puede hacer una evaluación cuando los planes estén concretados y me parece que hay que ser cautelosos, puedo entender el optimismo de empresarios en cuanto a la visión, el gobierno estatal puede tener muchas intenciones, pero falta concretarlas y que se detenga el presupuesto”. Elizondo agregó que se debe destacar que se elogió a Gallardo porque tiene visión y “eso es un punto para el gobernador”.
Los analistas reiteraron que en el futuro se sabrá si el acercamiento de Carlos López a Ricardo Gallardo podría tener una repercusión en el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito en la cual el empresario tiene intenciones de construir un proyecto inmobiliario. Sin embargo, acotaron que el futuro de ese proyecto depende del gobierno federal.
“Creo que en todo caso es válido que cada actor defienda sus intereses, pero hay que analizar con mayor cuidado las cuestiones públicas y no solamente por una declaración tan jubilosa pensar que ya se ha resuelto completamente el problema”, argumentó Oswaldo; mientras que Israel comentó que “sería una promesa incumplida de Gallardo 
Ríos detalló que podría haber un principio de acuerdo para que el gobierno del estado dé luz verde al proyecto Las Cañadas; no obstante, esto se tendría que confirmar con una postura oficial del gobernador.
LM Elizondo dijo que espera que no haya dicho acuerdo y que prefiere darle el beneficio de la duda a Gallardo Cardona de cumplir su palabra y que no se beneficie a Carlos López, “que durante todas las administraciones se benefició con los permisos, construcciones con irregularidades, con fraccionamientos, sin los cabos que debe de tener y que este gobernador también lo beneficie estaría haciendo más de lo mismo”.
El analista político indicó que siempre es positivo que la iniciativa privada tenga buenas relaciones con los gobiernos, en donde no se vean como adversarios y haya coordinación: “si bien los empresarios o las élites jugaron en contra de Gallardo, creo que este reacomodamiento al fin y al cabo es positivo si se llega a concretar, creo que es en buenos términos y no hay un discurso muy impositivo, ha sido más cordial y amigable”.
Finalmente, Oswaldo Ríos dijo que la crítica de Carlos López hacia Juan Manuel Carreras y Fernando Toranzo “de ser gobernadores regulares” debió hacerla en su tiempo:
“Decir que Gallardo es un gobernador que piensa en cosas grandes, es muy prematuro, porque apenas tiene dos meses en el cargo, me parece que puede ser un buen gobernador, pero habrá que analizar lo que realice”.
También lee: “Gallardo, primer gobernador que piensa en grande”: “Chato” López
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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