abril 21, 2026

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Solo tres candidatos a la gubernatura de SLP presentaron su 3 de 3

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En las declaraciones patrimoniales de Octavio Pedroza, Mónica Rangel y Francisco Rico es posible encontrar inconsistencias

Por: Itzel Márquez

A pocos días de la elección por la gubernatura de San Luis Potosí, solo tres de los nueve candidatos a gobernar San Luis Potosí han presentado su declaración 3 de 3 por la integridad: Octavio Pedroza de la coalición “Sí por San Luis”, Mónica Rangel de Morena y Francisco “Profe Rico” Ávalos de Nueva Alianza.

Octavio Pedroza, declaró que sus ingresos mensuales ascienden a $580,932.00; además, por actividad financiera reportó $449,751.00, los cuales corresponden a valores bursátiles, así como $131,181.00 por servicios profesionales, consejos, consultorías y / o asesorías por asesoría en administración.

Las inversiones reportadas por el candidato son de tipo bursátil en la Casa de Bolsa Banorte y en el Banco Mercantil del Norte, así como en Seguros Banorte.

En cuanto a sus propiedades, Pedroza declaró tener cuatro viviendas, una de ellas adquirida en 2019, otra en 2016, una más en 1990 y otra en 2017; así como cuatro automóviles dos los compró en 2015, otro en 2018, así como un menaje de casa adquirido en 2019.

El candidato no reporta préstamos ni adeudos.

Sin embargo, según la investigación presentada por el portal Astrolabio, las cuentas presentadas por Pedroza no cuadran, pues “en Banco de México (Banxico) reporta en su página de internet tasas de interés mensuales para los bonos gubernamentales conocidos como CETES a 28 días de entre 4.22 por ciento en enero a 4.07 por ciento en abril de este año y para que en enero Pedroza Gaitán lograra rendimientos por 449 mil 751 pesos, habría requerido contar con una inversión de 127 millones 891 mil 279.60 pesos.

Pedroza aseguró hace poco vivir de los ahorros desprendidos de los ingresos que ha tenido como servidor público, pero entre lo que reporta y lo que debería haber invertido, la cuenta no es exacta y al haber cuestionado al candidato sobre ello, solo respondió: “no, no lo tengo, no, habría que checar con el contador, son temas tan técnicos que no los tengo en la cabeza”.

Por su parte, la candidata de Morena, Mónica Rangel declaró sus ingresos en 0, pero un ingreso por parte de su pareja es de $22,450.00 mensualmente; sin embargo, en el rubro sobre el año inmediato anterior en que fue servidora pública (1 de enero 2020-31 de enero 2020), la candidata declaró $1,596,510.00, un salario mensual de $136,042.5, solo un poco menos de lo ganado por el presidente López Obrador, quien percibe ingresos mensuales por $161,056.

En cuanto a sus bienes, Rangel declaró tener una casa y tres automóviles, el primero de ellos adquirido en noviembre de 2015, el segundo en marzo de 2018 y el tercero en junio de 2019

Finalmente, Mónica Rangel asegura no tener préstamos, adeudos ni inversiones.

Francisco Rico, candidato de Nueva Alianza, reportó ganar $47,836.00 mensualmente, pero su único empleo reciente es como presidente de Nueva Alianza por el que dijo ganar $22,000 por mes, lo que deja sin explicación de dónde proviene el resto del dinero.

Por otro lado, Francisco Ávalos dijo tener una casa comprada el 17 de febrero de 2017 a crédito el cual, reportó como su único adeudo, así como un vehículo Corolla LE CVT modelo 2020 adquirido el 22 de enero de dicho año.

El candidato no registra inversiones ni préstamos.

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Van 16 centros nocturnos clausurados en SLP en lo que va del año: PC

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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado

Por: Redacción

En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.

Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.

Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.

Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.

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Extracción con fracking “no está en puerta” en SLP: Gallardo

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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.

El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,

por lo que descartó que pueda concretarse en el corto plazo.

“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.

G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina

, una de las regiones más sensibles por su riqueza natural.

“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.

El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.

Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.

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Ciudad

Galindo reconoce limitaciones del municipio frente a anexos

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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.

“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.

Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.

“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.

“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.

Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.

Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.

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