Se busca desincorporar del dominio público cinco bienes inmuebles y puedan ser donados de manera gratuita a los Servicios de Salud

Por: Redacción

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la LXIV Legislatura, aprobó con modificaciones el dictamen que busca desincorporar del dominio público cinco bienes inmuebles y puedan ser donados de manera gratuita y condicionada en favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).

En sesión de trabajo, el presidente de dicha Comisión Legislativa, diputado César Arturo Lara Rocha, explicó que la iniciativa fue presentada por la doctora Elizabeth Dávila Chávez, Directora General del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado “Servicios de Salud de San Luis Potosí”. Los inmuebles que serían donados, son:

Predio ubicado en calle Centro Médico Nº 8, colonia Tlanepantla, en la localidad de Tlanepantla, perteneciente al municipio de Tamazunchale, S.L.P., con una superficie de 963.32 metros cuadrados.

Predio ubicado en calle Emiliano Zapata s/n, colonia Axhumol, en la localidad de Axhumol, perteneciente al municipio de Tamazunchale, S.L.P., con una superficie de 1458.75 metros cuadrados.

Predio ubicado en calle San Roque Nº 1, en el municipio de Tierranueva, S.L.P., con una superficie total de 1,338.10 metros cuadrados.

Predio ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez Nº 70, Barrio San Isidro, en el municipio de Cárdenas, S.L.P., con una superficie total de 3,193.94 metros cuadrados.

Predio ubicado en la calle Francisco I. Madero s/n, en la Delegación de La Pila, en el municipio de San Luis Potosí, S.L.P., con una superficie total de 1,389.30 metros cuadrados.

Francisco Javier Ruiz aseguró que no fue detenido ni enfrenta cargos por narcotráfico o acopio de armas y  las versiones difundidas son falsas. Emprendió acciones legales por daño moral contra tres comunicadores.

Por: Redacción 

El empresario Francisco Javier Ruiz Rodríguez negó categóricamente haber sido detenido o vinculado a delitos federales, luego del cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en su domicilio del Club de Golf La Loma el pasado 31 de julio, donde —según versiones periodísticas— se habrían encontrado armas, drogas y un supuesto búnker.

Acompañado de su abogado, Rodríguez ofreció una rueda de prensa para aclarar su situación jurídica y anunció la presentación de denuncias civiles y penales por daño moral en contra de tres periodistas locales que —dijo— difundieron información falsa.

“Todas esas publicaciones son evidentemente falsas. Ya presentamos formalmente las demandas y una denuncia penal en su contra. Causaron daños de imposible reparación a mi representado”, señaló su abogado.
Rodríguez explicó que la intervención de la FGR se originó por una denuncia de carácter familiar, que fue “malinterpretada y ventilada de forma dolosa” hasta derivar en un operativo desproporcionado.

“Fue una denuncia familiar falsa que afectó a mi familia, a mis empresas y a la gente que trabaja conmigo. Catearon incluso la casa de mis hijos”, sostuvo el empresario.

El abogado cuestionó la actuación de la autoridad federal:
“No entendemos cómo, a partir de un asunto doméstico, se deriva un cateo como si fuera un caso de delincuencia organizada. Si hubiera existido algo ilegal, mi cliente no estaría en libertad.”

Rodríguez puntualizó que nunca fue detenido, sino únicamente presentado para rendir declaraciones y que posteriormente se retiró libremente del lugar.
“De hecho, no fui detenido, salí caminando de la oficina. Estoy tranquilo, aunque incómodo por todo lo que se ha dicho.”

El empresario también rechazó las versiones que lo vinculan con funcionarios del actual gobierno estatal:
“Intentan relacionarme con el gobernador y el secretario general de Gobierno como si fuéramos amigos o compadres. Los he visto dos veces: una cuando les presenté un proyecto de drones, y otra cuando mostré una plataforma tecnológica para el 911. Nada más.”
Sobre las denuncias contra los comunicadores, el abogado precisó que se procederá por daño moral, daños y perjuicios, además de falsedad de declaraciones, con la expectativa de que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Rodríguez insistió en que confía en la justicia y que su defensa está enfocada en demostrar que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

“Estamos tranquilos. Todo lo que se dijo fue falso. Que los tribunales hagan su trabajo y se restablezca la verdad.”

El secretario General, René Oyarvide Ibarra, explicó que la convocatoria fue autorizada por el Concejo Municipal

Por: Redacción

Villa de Pozos informó que el proceso para la designación de la persona que será comisionada municipal de derechos humanos se desarrolla en tiempo y forma, bajo la conducción de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, encabezada por la Concejal Regidora Mónica López Villagrán.

El secretario General, René Oyarvide Ibarra, explicó que la convocatoria fue autorizada por el Concejo Municipal y publicada tanto en medios locales como en el Periódico Oficial del Estado y destacó que siete aspirantes presentaron la documentación requerida dentro del plazo establecido, cuya fecha límite fue el pasado 18 de septiembre.

Precisó que la Secretaría General fue la encargada de recibir las solicitudes y expedientes, mismos que fueron turnados a la Comisión de Participación Ciudadana y Derechos Humanos para su revisión y análisis.

Oyarvide Ibarra señaló que la comisión llevará a cabo la evaluación de los planteamientos y posturas de aspirantes, para posteriormente someter la decisión a votación y una vez dictaminado, el nombramiento será autorizado en una sesión solemne del Concejo Municipal de Villa de Pozos, para asegurar así un proceso transparente y con apego a la normativa.