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SLP sigue de líder en producción de drogas en México
Durante los primeros tres meses del año SLP mantuvo la tendencia de producción de drogas en 2018, e incluso podría multiplicar por 10 las cifras de 2017
Por: Redacción
Igual que como ocurrió durante el año 2018, San Luis Potosí culminó el primer trimestre de 2019 como el estado con mayor producción de drogas en todo el país, según el reporte de incidencia delictiva del fuero federal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Entre enero y marzo de este año, San Luis Potosí presentó 85 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción, con lo que se colocó en el primer lugar nacional en ese tipo de crímenes.
El segundo lugar lo tiene Sonora, con 79 casos, seguido de Baja California con 64, Sinaloa con 56, Querétaro con 54 y Campeche con 50.
Durante el año pasado, el SNSP registró en el estado de San Luis Potosí 232 casos de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas, superando a todos los demás estados del país. El único que estuvo cerca de esas cifras fue Baja California, que tuvo 213 casos.
De hecho, si San Luis Potosí mantuviera para los nueve meses restantes de 2019 el ritmo de delitos contra la salud, en su modalidad de producción de drogas, terminaría con una cifra muy superior a la obtenida el año pasado, pues alcanzaría 340 casos, lo que se convertiría, nuevamente, en un récord nacional desde 2012, cuando se instauró esa estadística.
De las otras modalidades de delitos contra la salud, San Luis Potosí solo presentó seis casos de “posesión” y una en el tipo de “otros”. En cambio, de transporte, tráfico, comercio y suministro no se presentó ni un solo delito en la entidad.
Los 232 casos de producción de drogas ocurridos en San Luis Potosí durante 2018 superan incluso el número de delitos de ese tipo ocurridos en los estados de Sonora y Michoacán durante todo el año 2012.
Esos estados eran los líderes en producción de drogas en 2012, en el punto más álgido y violento de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón en las primeras semanas de su mandato, en 2006.
Durante 2012, el año en que se comenzó a registrar ese tipo de delitos, Sonora presentó 195 casos de crímenes contra la salud en su modalidad de producción de drogas. Michoacán tuvo 186 delitos de ese tipo. Desde entonces no se habían superado esas cifras.
En 2017, San Luis Potosí había presentado 33 casos de producción de drogas, de acuerdo con estadísticas del SNSP, lo que lo tenía en quinto lugar nacional. Eso significa, que la producción de drogas en la entidad creció siete veces en apenas un año y podría multiplicarse por 10, entre 2017 y 2019, si se mantiene el ritmo de producción de los primeros tres meses de este año.
Hasta entonces, 2017 había sido el año récord en el número de delitos contra la salud en la modalidad de producción de drogas en San Luis Potosí. En 2016 el número había sido de ocho, en 2014 y 2015, de tres cada mes; y de cero en 2012 y 2013.
En su comparecencia ante el Congreso del Estado del pasado mes de noviembre, el gobernador Juan Manuel Carreras señaló que a nivel nacional los incrementos de la violencia y de la incidencia delictiva son ocasionados por una creciente y diversificada producción de drogas.
Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, negó en septiembre pasado que San Luis Potosí ocupe el primer puesto en producción de drogas que registra en SNSP: “no, aquí no es lugar de producción”, dijo el funcionario estatal.
“Lo que pasa es que es el centro del país, la mayoría de la droga pasa y va hacia la zona fronteriza y por la situación geográfica, es una de las atribuciones”, dijo Jaime Pineda, quien defendía el papel que las autoridades han asegurado que mantiene San Luis Potosí en el narcotráfico, como lugar de paso.
En febrero pasado, después de que La Orquesta diera a conocer la cifra total de casos de producción de drogas en 2018 en San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, secretario general del gobierno del estado solo dijo: “lo vamos a revisar“.
No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí, abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).
También en febrero, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, dijo que el primer lugar que tiene el estado de San Luis Potosí como productor de drogas, se debe a la falta de atención por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad.
“A pesar de que la Fiscalía, a raíz de las reformas que hubo y los jueces pueden conocer delitos de la salud, este es un tema que tiene que ver con la Federación, que tiene que ver con la PGR y con la intervención de su delegado y que no estamos viendo la participación ahí”, dijo.
El diputado del Verde agregó que “el fiscal y su policía no son quienes deben que investigar delitos contra la salud, quien debe de investigar, afrontar e inhibir delitos contra la salud, es la Federación pero no lo está haciendo”.
Hernández Contreras señaló que la PGR debería estar implementando programas para la prevención del delito en este rubro, y comentó: “el punto es el consumo habitual en los jóvenes y en las zonas marginadas porque no es muy cara su venta, (…) no veo que trabajen en escuelas para dar información de que puede pasar antes y después por consumir estupefacientes, no veo una inhibición o un programa permanente para la prevención del delito.
UN CASO
Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.
En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.
Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.
La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal experto en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.
https://laorquesta.mx/detienen-en-valles-a-traficante-que-cargaba-hasta-con-la-bascula/
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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