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SLP oculta datos sobre impunidad en homicidios dolosos: IC
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, el 94.5 por ciento de casos de homicidio en el estado en 2017 quedaron impunes, y el Poder Judicial no entregó datos de 2018
Por: Redacción
San Luis Potosí, junto con Campeche y Querétaro, se negó a transparentar información acerca de la cantidad de sentencias que, por el delito de homicidio, emitió el Poder Judicial durante el 2018, lo que impide calcular el nivel de efectividad de las autoridades encargadas de impartir justicia en el estado.
Lo anterior consta en el informe Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019 realizado por la organización Impunidad Cero, donde además queda en evidencia que, a nivel nacional, solo una de cada diez víctimas de homicidio recibe justicia.
Impunidad Cero reconoce que por primera ocasión San Luis Potosí no proporcionó datos (…) y que además respondió que la información solicitada incluye datos que no son reportados, procesados ni registrados en el sistema estadístico del Poder Judicial, ello pese a que en 2018 sí proporcionaron la información correspondiente a 2017.
El documento también expone que la entidad ocupa el lugar 11 entre los estados donde la mayoría de los homicidios se cometen con arma de fuego y que la tasa de incidencia es de 18.7 por cada cien mil habitantes.
Los investigadores apuntaron que, como fuente principal, se tomaron los datos que proporciona y sistematiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, cuyos resultados indican que, en tres años, homicidios en San Luis Potosí se han incrementado en un 105.4%.
Pese a la omisión del Poder Judicial potosino para proporcionar datos sobre el número de sentencias emitidas por el delito de homicidio en 2018, Impunidad Cero destaca que, al menos en 2017, en San Luis Potosí quedaron impunes el 94.5% de los casos.
A nivel nacional, la organización d estaca que “2018 fue el año más violento del que se tenga registro: cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta alza en el número de homicidios, observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad”.
Sobre ello, menciona que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente un estudio global sobre homicidio, el cual resalta que los efectos del homicidio doloso van más allá de la pérdida de una vida, ya que permea en las vidas de los familiares de las víctimas y de toda la comunidad, quienes pueden ser descritas como “víctimas secundarias”. Además, crea un ambiente violento con un impacto negativo en la sociedad, la economía y las instituciones”.
De acuerdo con los datos del SESNP sobre víctimas, indica, durante 2018 se registraron en total 33,521 víctimas de homicidio doloso en México, lo que representa una tasa de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes; y de ese total, 92% fueron hombres y 8% mujeres, aunque, puntualizan, el reporte no considera el delito de feminicidio.
Sobre la modalidad de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los mismos fueron cometidos con arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos con otro elemento (18%),25 con arma blanca (10%) y en 1% de los casos no se especificó la modalidad de comisión.
Esta situación, apuntan, “refleja la grave problemática que existe en el país respecto a la portación, —en la mayoría de los casos ilegal— de armas de fuego. Más aún, hacen constar que aunque las autoridades parecen estar invirtiendo mayores recursos en los organismos encargados de impartir justicia, han decrecido el número de condenas y desde 2007 los homicidios se triplicaron.
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La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.
La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.
Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.
Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.
La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal,
Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.
Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.
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El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico
Por: Redacción
El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.
La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.
Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.
Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.
Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.
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La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres
Por: Redacción
Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.
Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.
Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.
“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.
La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.
Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.
La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.
Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.
“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.
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