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SLP oculta datos sobre impunidad en homicidios dolosos: IC
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, el 94.5 por ciento de casos de homicidio en el estado en 2017 quedaron impunes, y el Poder Judicial no entregó datos de 2018
Por: Redacción
San Luis Potosí, junto con Campeche y Querétaro, se negó a transparentar información acerca de la cantidad de sentencias que, por el delito de homicidio, emitió el Poder Judicial durante el 2018, lo que impide calcular el nivel de efectividad de las autoridades encargadas de impartir justicia en el estado.
Lo anterior consta en el informe Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019 realizado por la organización Impunidad Cero, donde además queda en evidencia que, a nivel nacional, solo una de cada diez víctimas de homicidio recibe justicia.
Impunidad Cero reconoce que por primera ocasión San Luis Potosí no proporcionó datos (…) y que además respondió que la información solicitada incluye datos que no son reportados, procesados ni registrados en el sistema estadístico del Poder Judicial, ello pese a que en 2018 sí proporcionaron la información correspondiente a 2017.
El documento también expone que la entidad ocupa el lugar 11 entre los estados donde la mayoría de los homicidios se cometen con arma de fuego y que la tasa de incidencia es de 18.7 por cada cien mil habitantes.
Los investigadores apuntaron que, como fuente principal, se tomaron los datos que proporciona y sistematiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, cuyos resultados indican que, en tres años, homicidios en San Luis Potosí se han incrementado en un 105.4%.
Pese a la omisión del Poder Judicial potosino para proporcionar datos sobre el número de sentencias emitidas por el delito de homicidio en 2018, Impunidad Cero destaca que, al menos en 2017, en San Luis Potosí quedaron impunes el 94.5% de los casos.
A nivel nacional, la organización d estaca que “2018 fue el año más violento del que se tenga registro: cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta alza en el número de homicidios, observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad”.
Sobre ello, menciona que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente un estudio global sobre homicidio, el cual resalta que los efectos del homicidio doloso van más allá de la pérdida de una vida, ya que permea en las vidas de los familiares de las víctimas y de toda la comunidad, quienes pueden ser descritas como “víctimas secundarias”. Además, crea un ambiente violento con un impacto negativo en la sociedad, la economía y las instituciones”.
De acuerdo con los datos del SESNP sobre víctimas, indica, durante 2018 se registraron en total 33,521 víctimas de homicidio doloso en México, lo que representa una tasa de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes; y de ese total, 92% fueron hombres y 8% mujeres, aunque, puntualizan, el reporte no considera el delito de feminicidio.
Sobre la modalidad de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los mismos fueron cometidos con arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos con otro elemento (18%),25 con arma blanca (10%) y en 1% de los casos no se especificó la modalidad de comisión.
Esta situación, apuntan, “refleja la grave problemática que existe en el país respecto a la portación, —en la mayoría de los casos ilegal— de armas de fuego. Más aún, hacen constar que aunque las autoridades parecen estar invirtiendo mayores recursos en los organismos encargados de impartir justicia, han decrecido el número de condenas y desde 2007 los homicidios se triplicaron.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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