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SLP oculta datos sobre impunidad en homicidios dolosos: IC
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, el 94.5 por ciento de casos de homicidio en el estado en 2017 quedaron impunes, y el Poder Judicial no entregó datos de 2018
Por: Redacción
San Luis Potosí, junto con Campeche y Querétaro, se negó a transparentar información acerca de la cantidad de sentencias que, por el delito de homicidio, emitió el Poder Judicial durante el 2018, lo que impide calcular el nivel de efectividad de las autoridades encargadas de impartir justicia en el estado.
Lo anterior consta en el informe Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019 realizado por la organización Impunidad Cero, donde además queda en evidencia que, a nivel nacional, solo una de cada diez víctimas de homicidio recibe justicia.
Impunidad Cero reconoce que por primera ocasión San Luis Potosí no proporcionó datos (…) y que además respondió que la información solicitada incluye datos que no son reportados, procesados ni registrados en el sistema estadístico del Poder Judicial, ello pese a que en 2018 sí proporcionaron la información correspondiente a 2017.
El documento también expone que la entidad ocupa el lugar 11 entre los estados donde la mayoría de los homicidios se cometen con arma de fuego y que la tasa de incidencia es de 18.7 por cada cien mil habitantes.
Los investigadores apuntaron que, como fuente principal, se tomaron los datos que proporciona y sistematiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, cuyos resultados indican que, en tres años, homicidios en San Luis Potosí se han incrementado en un 105.4%.
Pese a la omisión del Poder Judicial potosino para proporcionar datos sobre el número de sentencias emitidas por el delito de homicidio en 2018, Impunidad Cero destaca que, al menos en 2017, en San Luis Potosí quedaron impunes el 94.5% de los casos.
A nivel nacional, la organización d estaca que “2018 fue el año más violento del que se tenga registro: cada 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta alza en el número de homicidios, observamos una baja en las sentencias condenatorias para este delito, lo que resulta en altos índices de impunidad”.
Sobre ello, menciona que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó recientemente un estudio global sobre homicidio, el cual resalta que los efectos del homicidio doloso van más allá de la pérdida de una vida, ya que permea en las vidas de los familiares de las víctimas y de toda la comunidad, quienes pueden ser descritas como “víctimas secundarias”. Además, crea un ambiente violento con un impacto negativo en la sociedad, la economía y las instituciones”.
De acuerdo con los datos del SESNP sobre víctimas, indica, durante 2018 se registraron en total 33,521 víctimas de homicidio doloso en México, lo que representa una tasa de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes; y de ese total, 92% fueron hombres y 8% mujeres, aunque, puntualizan, el reporte no considera el delito de feminicidio.
Sobre la modalidad de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los mismos fueron cometidos con arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos con otro elemento (18%),25 con arma blanca (10%) y en 1% de los casos no se especificó la modalidad de comisión.
Esta situación, apuntan, “refleja la grave problemática que existe en el país respecto a la portación, —en la mayoría de los casos ilegal— de armas de fuego. Más aún, hacen constar que aunque las autoridades parecen estar invirtiendo mayores recursos en los organismos encargados de impartir justicia, han decrecido el número de condenas y desde 2007 los homicidios se triplicaron.
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El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, mientras que solo 140 pertenecen al sector público.
“Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan dentro de estos pozos privados, como permitir la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, eso ya no soy yo la autoridad. Eso es un delito y además lo cometen en privado”, advirtió.
Galindo aclaró que el huachicol es únicamente cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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Alberto Narváez dijo que el diseño actual de la ciclovía provoca menos estacionamiento, más tráfico y menos ventas
Por: Redacción
La crisis comercial en la avenida Venustiano Carranza se ha profundizado en 2025. De acuerdo con el empresario y representante del Corredor Cultural Carranza, Alberto Narváez Arochi, la emblemática vialidad hoy sobrevive con solo 40 comercios en operación, mientras que 80 locales han cerrado definitivamente, un golpe histórico para una de las zonas que por décadas fue referente económico y cultural en la capital potosina.
Narváez Arochi explicó que la problemática se agravó tras la promesa municipal de replantear el trazo de la ciclovía, instalada durante la pasada administración.
El diseño actual —sostuvo— ha generado más afectaciones que beneficios: menos espacios de estacionamiento, circulación más conflictiva en ambos sentidos y una caída directa en las ventas
“Ojalá no quede como otra promesa más”, advirtió el empresario. Para él, la raíz del problema es la movilidad, no la ciclovía en sí.
Además, señaló que la ciclovía, en su trazo actual, no cumple su función, pues pocos ciclistas la utilizan. La mayoría prefiere circular junto al transporte urbano, lo que evidencia —dijo— que la infraestructura fue mal planeada y no responde a las necesidades reales de quienes se desplazan en bicicleta.
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