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SLP listo para recibir la vacuna contra el covid
Entre la UASLP y el IPICYT podría almacenar más de 750 mil tratamientos
Por: Redacción
Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), declaró durante el fin de semana que las diferente áreas de la salud de la institución, cuentan con ultracongeladores, donde se podrían conservar a -70ºC las vacunas de Pfizer contra el covid-19. Ante esto, el doctor Andreu Comas García, líder investigador del tema en la UASLP, dijo que estos ultracongeladores, sumados a los del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), tendrían la capacidad de almacenar hasta un millón y medio de dosis, que representan 750 mil tratamientos.
“Aproximadamente en el IPICYT tendría la capacidad de almacenar 800 mil dosis y en el caso de Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (Cicsab) de la UASLP unos 200 o 300 mil, aunque no sé el resto de la universidad, seguramente el número sería muy similar al de Ipicyt”.
El investigador indicó que todavía no sabe cuándo llegarán vacunas a San Luis Potosí, cuántas dosis tendrían en custodia ni cómo se distribuirán, no obstante, dijo que los ultracongeladores con los que cuenta la UASLP y el IPICYT tienen la capacidad para almacenar una buena cantidad de tratamientos. Indicó que lo importante es conocer cómo la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) resguardarán las vacunas:
“No es solo tenerlas guardadas, es todo un sistema bastante complejo en el caso de esta vacuna para tener de manera cercana los ultracongeladores y dónde estarán los congeladores para tener cerca los centros de afiliación . No sabemos exactamente cuál será la logística cuando quieran utilizarlos, tampoco sabemos si querrán que los prestemos”.
Comas García detalló que ya hubo acercamiento con las autoridades federales quienes han preguntado a la universidad y al IPICYT la capacidad de dosis que pueden almacenar.
“La UASLP lo único que puede hacer es prestar el equipo y las instalaciones para almacenar pero siempre y cuando la Secretaría de Salud y la Sedena, se lo permitieran a la universidad”.
El líder investigador en el tema covid dijo que el hecho de que los hospitales y centros de Salud no cuenten con estos ultracongeladores es porque no es requerida esta temperatura ni tampoco se tiene el recurso para su mantenimiento.
“Para nosotros (UASLP e IPICYT) es una herramienta de todos los días que nos permite guardar muestras y reactivos durante muchos años, claro esto implica un gasto grande porque consume mucha energía eléctrica y hay que tener una planta de luz de respaldo y hay que darles mantenimiento, son aparatos que tenemos que cumplen con nuestras necesidades tanto de servicio, como de investigación”.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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