Estado
SLP entre los cinco estados con más pruebas por COVID-19
El nuevo coronavirus solamente ha arrojado 10% de la población inmune
Por: Redacción
San Luis Potosí es quinta entidad que más pruebas hace por millón de habitantes al llegar a un total de 54 mil 183 análisis para detectar covid-19, esto representa un total de cinco mil pruebas más por cada millón de habitantes que las que se hacen en promedio nacional, informó la titular de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.
A su vez, Rangel Martínez destacó el comentario de la OMS, acerca de que el nuevo coronavirus ha arrojado solamente que un 10 por ciento de la población mundial ha logrado ser inmune, cuando se necesita que al menos alcance a un 70 por ciento, señal de que será una epidemia larga a la que se debe afrontar con medidas de sanidad como el distanciamiento social, lavado de manos constante y uso de cubrebocas, lo anterior para evitar un repunte de casos en época invernal.
Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 143 nuevos casos, lo cual representa un acumulado total de 23 mil 567 confirmados de 54 mil 183 personas estudiadas, de las que se han descartado 28 mil 718; la cifra de pendientes de estudio es de mil 898 sospechosos y el número de decesos subió a mil 939 con un índice de letalidad que se ubica en 8.23 por ciento decesos por cada 100 casos.
La distribución de casos en estado registra 11 mil 552 casos en San Luis Potosí capital, 3 mil 029 en Ciudad Valles, 1 mil 903 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 169 en Matehuala, 1 mil 139 en Tamazunchale, 574 en Rioverde, 286 en Xilitla, 250 en Axtla, 227 en Ciudad Fernández, 221 en Matlapa, 218 en Santa María del Rio, 212 en Mexquitic, 199 en Tamuín, 154 en Villa de Reyes, 147 en Tancanhuitz, 134 en Ébano, 127 en Tanquián, 115 en Charcas, 106 en El Naranjo, 104 en Aquismón, 90 Tanlajás, 87 en Villa de Arista, 84 en Salinas, 85 en Cárdenas, 74 en Ahualulco y Tamasopo, 71 en Cedral, 62 en Coxcatlán, 59 en San Vicente y Huehuetlán, 55 en Ciudad del Maíz, 50 en San Martín Chalchicuautla, 49 Tampacán, 45 en Villa de Arriaga, 39 en Villa de Zaragoza, 38 en Villa Hidalgo, 35 en Moctezuma, 33 en Villa de Ramos y San Ciro, 32 en Cerritos, 31 en Villa de la Paz, 30 en Tampamolón, 27 en Cerro de San Pedro, 25 en Catorce, 23 en Venado, 21 en Guadalcazar,20 en Rayón, 18 en Vanegas y San Antonio, 14 en Tierra Nueva y Armadillo de los Infante, 13 en Villa Juárez, 11 en Santo Domingo, 8 en San Catarina, en San Nicolás Tolentino, 7 en Lagunillas, 6 en Alaquines, 5 en Villa de Guadalupe, además de 250 casos que se consideran contagios en otro estado.
Los 143 nuevos casos están en el rango de 9 a 85 años y se consideran 142 casos de transmisión local y uno foráneo. Los 11 decesos corresponden a ocho hombres y tres mujeres, con residencia en la capital (8), Ciudad Valles, Villa de Reyes y Guadalcázar, factores concomitantes de riesgo como edad (7), hipertensión (5) diabetes (5) obesidad (2).
Actualmente permanecen en hospitalización 332 personas: 81 estables, 198 graves y 53 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 23% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 22%.
También lee: Se registraron 156 nuevos casos de covid y 15 muertes en SLP
Estado
Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Ciudad
Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
Estado
Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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