mayo 2, 2024

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Congreso del Estado

SLP, entre estados con menos deuda: así compareció Sefin en el Congreso

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Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas, aclaró las dudas y comentarios de los legisladores potosinos.

 

Por: Redacción.

 

Al continuar con la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Finanzas, Salvador González Martínez, compareció ante las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

La comparecencia estuvo encabezada por la Comisión de Hacienda del Estado, presidida por el diputado Roberto Ulices Mendoza Padrón; la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidenta; el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, secretario; y como vocales los vocales, las diputadas Emma Idalia Saldaña Guerrero, Dolores Eliza García Román, y los diputados René Oyarvide Ibarra y Cuauhtli Badillo Moreno.

El secretario de Finanzas, Salvador González Martínez señaló que su dependencia se concentra en tres principales objetivos: fortalecer los ingresos propios, la contención del  gasto de operación y de deuda pública, incremento en la inversión pública.

Respondió a la diputada Emma Saldaña que en el presente año se registró una disminución en las participaciones federales, afectando a todas las entidades del país, por lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso en marcha un Fondo de Estabilización de Participaciones para entidades federativas; para San Luis Potosí, la afectación fue por un monto acumulado de 1400 millones de pesos, que al mes de septiembre, otorgó un monto de 1020 millones de pesos, y se tiene un déficit de 320 millones de pesos.

En relación a los municipios, señaló que también fueron afectadas sus participaciones por un monto de 313 millones al mes de septiembre, por lo cual se puso en marcha el Fondo de Estabilización y se les asignó una parte de esa afectación por 220 millones de pesos.

En relación a la recaudación, indicó que se fortalecieron los mecanismos, logrando al cierre del tercer trimestre un total de 4 mil 584 millones de pesos, por medio de estrategias para regularizar su situación fiscal, además del programa de descuentos de control.

Respondiendo a los cuestionamientos de los diputados René Oyarvide Ibarra y Emma Saldaña, señaló que el regularización de vehículos de procedencia extranjera, al corte del presente mes de octubre, ha dado una alta de 53 mil unidades, lo cual representa una recaudación de 120 millones de pesos para el estado, por concepto de control vehicular; y de 110 millones de pesos de recurso federal, el cual será destinado a los municipios que presentaron propuestas ante la federación para la rehabilitación de pavimentación y vialidades.

En lo relacionado a contención de gasto, y ahorro, respondió a los cuestionamientos del diputado Cuauhtli Badillo e informó que  la cuenta 2022 tenía un importe de 8 mil 314 millones de pesos, para el rubro de servicios personales  y para este ejercicio fiscal 2023, quedó en 8 mil 003 millones de pesos, representa 311 millones de pesos, en el capítulo 1000.

En gastos de operación, 2000 y 3000 capitulo, informó que pasaron de 681 millones de pesos, en el 2022 y para este ejercicio 2023 se tiene un presupuesto 648 millones de pesos, representa un ahorro de 33 millones de pesos. De manera global, se espera tener un ahorro general en 350 millones de pesos en este año.

En relación a los programas de placas y licencias gratuitos, respondió al diputado Alejandro Leal Tovías e  informó que desde su inicio en el año 2021 a agosto de 2023, se han otorgado  718 mil placas gratuitas, con una cobertura del 90 por ciento del padrón vehicular del estado, y el programa de licencias gratuitas y permanentes ha beneficiado a  465 mil usuarios en esta administración.

Señaló que la recaudación no se ha visto afectada, ya que por el contrario, al ser programas gratuitos ha permitido a los propietarios ponerse al corriente con sus derechos de control vehicular.

Respondió a la diputada Lidia Vargas, e indicó que por el apoyo del Congreso, en enero de 2022 se homologó la tasa del impuesto sobre nómina con los estados vecinos del 2.5 al 3 por ciento para cerrar el año con una proyección de 2 mil 910 millones de pesos.

En relación a las calificadoras, respondió al diputado Mauricio Ramírez Konishi, y señaló que se encuentran en octavo lugar de los estados con menor proporción de deuda en relación al PIB y noveno con menor deuda del país.

A cuestionamientos de los legisladores, Edmundo Torrescano, Claudia Tristán, y Mauricio Ramírez Konishi, el funcionario señaló que en el caso de los docentes de telesecundaria, San Luis Potosí es uno de los 3 estados del país que cubren el pago de nómina y de pensiones de este subsistema, y se mantienen las negociaciones con la federación para que sea ésta quien lo absorba.

Informó que la nómina de trabajadores activos y jubilados de telesecundaria, asciende a un monto de 1766 millones de pesos anuales, y si bien no se ha logrado que la federación absorba el total de la nómina en el FONE, si se ha logrado un apoyo extraordinario por el fondo U080 por  998 millones de pesos en este 2023, de los que se recibieron 624 millones de pesos a la fecha que ha permitido transitar sin atraso en el pago de las prestaciones laborales. Se espera que en los próximos días se reciban 374 millones de pesos que corresponden al tercer trimestre de 2023.

En lo relacionado a los adeudos con la Dirección de Pensiones del Estado, y para el fortalecimiento de este fondo, se están realizando mesas de trabajo para fortalecer estos fondos

, brindar liquidez, además de la realización de auditorías por parte de la Contraloría del Estado para próximamente presentar una propuesta al Congreso del Estado para incorporar con recursos estatales al Fondo de Pensiones el próximo año.

Sobre las aportaciones a la Universidad Autónoma de San Luis Potosi, señaló que la administración estatal no ha dejado de cubrir los montos autorizados por el Congreso del Estado, así como la entrega de los recursos federales que le corresponden, y además se ha otorgado algunos préstamos para atender sus requerimientos financieros.

Sobre un posible adeudo de 100 millones de pesos con la UASLP, dijo que esto es motivado por un convenio suscrito con la Secretaría de Educación Pública por medio de un convenio financiero, que obliga al estado a otorgar una cantidad adicional, por lo cual se está trabajando con la UASLP para apoyar con obras y acciones en beneficio de la comunidad universitaria.

A pregunta de la diputada Gabriela Martínez Lárraga, señaló que San Luis Potosí es una de las entidades federativas con menor deuda, y el saldo al  30 de septiembre, es de 3 mil 327 millones de pesos, distribuidos en Banorte, que es una reestructura de años pasados, y otro en la misma institución que absorbió de Santander.

Destacó las políticas de administración de deuda responsable, lo cual quedó demostrado con el abono a capital que ha realizado en algunos créditos, y el pago total de uno con Banobras por 100 millones de pesos de la construcción del penal de Ciudad Valles.

En cuanto a deuda a corto plazo, se adquirió un crédito a finales del 2022, por mil 500 millones de pesos que será liquidado en este mes de octubre; y otro por 150 millones de pesos que se contrató a inicios de año por la disminución de participaciones federales y fue liquidado oportunamente.

En lo relacionado a la venta del terreno de Ford, indicó que fue adquirido por una empresa acerera, por un importe de 112 millones de dólares; actualmente el recurso se encuentra en una bolsa de inversión recursos en moneda extranjera que será ocupado para obras de infraestructura.

Entre los acuerdos, la empresa se comprometió con el estado a generar empleos e infraestructura, para lo cual la Secretaría de Finanzas otorgó también un certificado de promoción con un incentivo de impuesto sobre la nómina por tres años.

Sobre la Arena Potosí, el funcionario indicó que la inversión registrada ante la Secretaría de Finanzas es por un monto de 481 millones de pesos, siendo la Seduvop la secretaría ejecutora.

Respondiendo a las diputadas Gabriela Martínez Lárraga, y Bernarda Reyes, señaló que la Universidad Intercultural, el presupuesto autorizado para este 2023, es por un monto de 18 millones de pesos y se tiene un convenio con el estado, por lo cual se reestructurará a 24 millones de pesos, por lo cual se entregarán 6 millones de pesos por medio de SEGE.

En cuanto a apoyos para pueblos y comunidades indígenas, señaló que la Sedahr ejerció un monto de 911 millones de pesos para beneficio de más de 50 mil productores; y el Indepi cuenta con un presupuesto de 16 millones de pesos, para atención del sector.

La legisladora Liliana Flores Almazán, solicitó información sobre algunos adeudos con las Preparatorias por Cooperación y Centros de Bachillerato Comunitario, a lo que el funcionario indicó que el presupuesto asignado por este Congreso es de más de 28 millones de pesos; a la fecha, se han transferido puntualmente a través de la Secretaría de Educación, y se buscará que éstos sean entregados en tiempo y forma.

A pregunta de la diputada Cecilia Ochoa, el funcionario indicó que dentro del Plan Estatal de Desarrollo ha fortalecido la política púbica para consolidar la paridad transversal, y la atención a grupos vulnerables a través de instituciones como DIF Estatal, Instituto de las Mujeres, Sippina.

A pregunta del diputado Salvador Isais Rodríguez, indicó que son 38 municipios los que han suscrito convenios con el estado para el cobro de su impuesto predial, lo cual les ha representado beneficios como el ingresar a la infraestructura digital de la Secretaría de Finanzas, oficinas recaudadoras, kioskos, y pago en línea haciendo más fácil el pago.

A pregunta de la diputada Gabriela Martínez, el funcionario indicó que la Sedahr cuenta con un presupuesto de 309 millones de pesos para este 2023, y 140 millones de pesos que se están destinando en obras de infraestructura para el combate a la sequía.

Agotadas las participaciones, se dio por concluida la comparecencia.

 

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Congreso del Estado

Congreso propone reformas para garantizar seguridad de quienes han participado en un proceso penal

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Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo

 

Por: Redacción

La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.

En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.

Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.

 

En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.

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Congreso del Estado

Buscan que la ASF reactive convenios con entes fiscalizadores de los estados

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Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades

 

Por: Redacción

En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.

 

Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.

 

Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización

y los entes fiscalizadores en las entidades del país, con el fin de hacer eficiente y eficaz la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

 

Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.

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Congreso del Estado

Se establece acceso al agua como un bien del dominio público

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Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico.

 

Por: Redacción

El Congreso del Estado emitió la  declaratoria de aprobación por el Constituyente Permanente Potosino de Minuta que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para establecer al agua potable como un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable, e imprescriptible.

 

Se indica que su aprovechamiento será regulado, y su explotación deberá respetar el equilibrio ecológico; y las autoridades están obligadas a proveerla para el uso personal y doméstico, debiendo garantizar la suficiencia para evitar el hambre y las enfermedades.

 

Con esto, se eleva al rango de la Constitución Estatal, las disposiciones establecidas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del contenido de la Observación General número 15 que pronuncia el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, respecto al derecho al agua para alcanzar un nivel de vida adecuado.

 

Mediante esta reforma constitucional, se establece que el agua es un bien del dominio público, inalienable, inembargable, irrenunciable e imprescriptible.

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