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SLP, el quinto lugar con más secuestros de mujeres en México
En el Bajío, solo Zacatecas tiene más casos de secuestros de mujeres en lo que va de 2019, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por: El Saxofón
San Luis Potosí ocupa el segundo lugar en secuestros en la región Bajío, donde solo es superado por el estado de Zacatecas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De enero a julio se han cometido 16 plagios en la entidad, mientras que en Zacatecas se han cometido 31.
Muy por debajo de ambas entidades, están Aguascalientes, con 8 carpetas de investigación abiertas por este delito; y Guanajuato y Querétaro solo con 6 cada uno.
A nivel nacional, la entidad donde más se denuncian los secuestros es Veracruz, con 200 casos; le sigue la Ciudad de México, con 127; en tercer puesto el Estado de México, con 120; Puebla se ubica en cuarto puesto, con 49 y Morelos en quinto, con 35 plagios.
En sexto lugar se ubica Guerrero, con 32 investigaciones abiertas por plagio, en séptimo Zacatecas, con 31; en octavo Michoacán con 27, en noveno Tabasco con 21, y en décimo Tamaulipas, también con 21 denuncias.
San Luis Potosí se ubica en la posición número trece, por debajo de Hidalgo, que registra 18 casos de secuestro en lo que va del año y Oaxaca con 17.
De las 16 privaciones ilegales de la libertad denunciadas en lo que va del año en la entidad potosina, 12 han sido en la modalidad de secuestro extorsivo y 4 en han sido casos de secuestro exprés.
En 2019, los meses en los que más se han denunciado secuestros son enero y abril, con cuatro querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado. En julio pasado se presentaron dos denuncias.
Sin embargo, entre enero y julio de 2019, el secuestro registra un aumento del 77 por ciento con respecto al mismo periodo del 2018, ya que en los mismos meses del año pasado solo se denunciaron nueve plagios.
Por otra parte, cabe mencionar que de acuerdo con el SESNSP, si bien en 2019 la Fiscalía solo ha abierto 16 carpetas de investigación por secuestros, el número de víctimas de plagio asciende a 20, lo cual indica que en un caso de plagio, las víctimas pueden ser varias personas.
Por ejemplo, en abril se registraron cuatro secuestros, pero el número de víctimas fue de siete. En junio la fiscalía abrió tres carpetas de investigación, pero el número de personas secuestradas fue de siete . De esta suerte, las víctimas de secuestro extorsivo ascienden a trece y las de secuestro exprés han sido siete, aunque solo se han iniciado cuatro investigaciones por esta modalidad.
En lo que va de año actual, San Luis Potosí es el quinto estado a nivel nacional con mayor número de mujeres víctimas de secuestro , según Información sobre violencia contra las mujeres (junio 2019) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).
En diez de los 16 casos de secuestro que se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas han sido mujeres en diez ocasiones, lo que representa una proporción del 62.5 por ciento.
A nivel nacional, el primer lugar lo ocupa Veracruz con 62 mujeres víctimas de plagio. Le sigue Ciudad de México, con 42, Estado de México con 31, Zacatecas con 11 y San Luis con 10, al igual que Sonora y Zacatecas.
San Luis Potosí tiene una tasa de 0.68 víctimas de secuestro por cada cien mil mujeres, la quinta a nivel nacional, solo por debajo de Veracruz (1.38), Zacatecas (1.19), Morelos (0.77) y Colima (0.76).
La tasa nacional es de 0.32 víctimas de secuestro por cada cien mil mujeres.
A nivel nacional se han denunciado 660 secuestros entre enero y julio, 206 de las víctimas han sido mujeres, lo que equivale al 31.21 por ciento. Es decir, una de cada tres víctimas de secuestro es una mujer.
Entre enero y junio de 2019, el número de secuestros en el país ha aumentado con respecto al mismo periodo del año pasado, y de la misma manera ha aumentado el número de víctimas mujeres.
En el primer semestre de 2018, en México se presentaron 565 denuncias por secuestro, de las cuales en 163 de los casos, las víctimas fueron mujeres. Esta cantidad representó en su momento el 28.84 por ciento del total, lo cual indica que los secuestros de mujeres han aumentado 2.37 por ciento.
La organización Alto al Secuestro reportó que durante el mes de julio se registró un incremento del 50 por ciento en el número de víctimas de secuestro, en comparación con las cifras de junio.
Los estados que han registrado cero secuestros son Campeche, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han cometido mil 265 secuestros, con mil 538 víctimas, y han sido detenidos mil 136 presuntos secuestradores.
Como se ve, el número de presuntos plagiarios detenidos es muy cercano al número de víctimas, y casi similar al número de casos denunciados, sin embargo, el delito de secuestro sigue yendo a la alza.
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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
También lee: Tren de pasajeros usará vías ferroviarias existentes en SLP
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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP
Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso .
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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