La iniciativa plantea dejar atrás el enfoque reactivo y avanzar hacia un modelo de gestión integral del riesgo en ecosistemas forestales

Por: Redacción

Con el fin de modernizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia de incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González propuso expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa contempla abrogar la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, vigente desde 2013, para dar paso a una legislación alineada al paradigma técnico del Manejo Integral del Fuego, a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y a los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El legislador señala que la ley actual ha quedado obsoleta frente a los desafíos recientes, ya que mantiene un enfoque reactivo centrado casi exclusivamente en el combate, lo cual resulta insuficiente ante incendios de gran escala que afectan cada vez con mayor frecuencia e intensidad a los ecosistemas forestales de la entidad. Por ello, la propuesta plantea un cambio de paradigma: pasar del combate a la gestión del riesgo.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo con base científica y técnica, que permita anticipar y gestionar el riesgo de manera proactiva, en lugar de actuar una vez iniciado el fuego.

También se plantea la clarificación y modernización de las atribuciones de las autoridades, definiendo con precisión el rol de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARH) se limitaría a su ámbito de competencia en el sector agropecuario

En materia de regulación, la propuesta distingue entre quemas controladas y quemas prescritas, exigiendo la presentación de planes de trabajo y operativos, la certificación obligatoria del personal y la creación de un Calendario Estatal de Quemas vinculante. Con ello, se busca transformar el uso del fuego de una práctica empírica y riesgosa en una herramienta técnica y segura.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la participación social mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales como órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y productores, con el objetivo de garantizar una política pública consensuada y socialmente aceptada.

Finalmente, la iniciativa establece un régimen sancionador con carácter disuasorio, al sustituir el esquema de multas consideradas laxas por un catálogo de infracciones graduadas —leves, graves y muy graves— con sanciones económicas de hasta 5 mil UMA, la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental causado.

Con este planteamiento, se busca no solo sancionar conductas, sino también restaurar el equilibrio ecológico en las zonas afectadas por incendios forestales en San Luis Potosí.

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La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos

Por: Redacción

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.

Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.

El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos

Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.

Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.

Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.

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Diputada plantea reformas para castigar discriminación y explotación contra jornaleros, migrantes y personas con discapacidad

Por: Redacción

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia y discriminación en el ámbito laboral, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas, o que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformas a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado y al Código Penal del Estado.

La legisladora señaló que es indispensable fortalecer la protección de estos grupos debido a que están expuestos a diversos abusos laborales, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, porque históricamente han sufrido discriminación o porque enfrentan alguna discapacidad.

De esta manera, se propone reformar el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí, para establecer como obligaciones de las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia y en materia laboral, garantizar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen cualquier tipo de discriminación, así como el ac oso y el hostigamiento de carácter sexual, a través de protocolos, campañas informativas, capacitación y mecanismos de atención.

Esto, con especial énfasis en personas trabajadoras del campo, migrantes, personas con discapacidad, personas indígenas o afromexicanas

También se propone adicionar el artículo 350 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de protección de los derechos laborales, dentro del capítulo denominado Delitos contra el Derecho de los Trabajadores. Este artículo tipifica conductas realizadas por el patrón como entregar cantidades inferiores al salario mínimo legal; pagar salarios en mercancías; retener, total o parcialmente, los salarios como sanción económica o por cualquier motivo no autorizado legalmente; u obligar a los trabajadores a realizar jornadas sin descanso que excedan los límites establecidos por la ley.

En este sentido, la iniciativa propone incrementar las sanciones hasta en una mitad cuando la víctima sea persona trabajadora del campo, migrante, persona con discapacidad, persona indígena o afromexicana, o pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad.

Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.

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